OBRAS COMPLETAS

DE

JOAQUIN V. GONZALEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

OBRAS COMPLETAS

DE

- JOAQUIN V. GONZALEZ

- l9 Caracteres excepcionales de la ley minera con r

- LECCION III

- 152. Suiza. 1. En este país, como en Alemania, rig

- 39 Razones de doctrina, dentro ya de la especialid

- LECCION VI

- “El sistema de este proyecto reposa sobre el princ

- LECCION VIII

- LECCION IX

- En la sesión del 21 de abril de 1810, el conde Est

- VI

- VI

- XIII

- I

JOAQUIN V. GONZALEZ

Edición ordenada por el Congreso

de la Nación Argentina

Volumen IV

BUENOS AIRES

1935

Es propiedad. Se ha hecho el depósito de ley. Imprenta Mercatali, Acoyte 271. — Buenos Aires.

LEGISLACION DE MINAS

Lecciones dictadas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Capital.

1900

ALGUNAS PALABRAS CON QUE EL AUTOR INAUGURO LA CATEDRA EN 1894

Cuando el Honorable Congreso de la Nación resolvió crear la cátedra de Legislación de Minas, lo que menos pensó fue, sin duda alguna, que ella debiese ser inaugurada por persona incompetente, y que la explicación del nuevo Código de Minería iba a ser encomendada a quien no tuviese una larga experiencia en los negocios y pleitos mineros; pero no he vacilado en presentarme como aspirante al insigne honor de sentarme entre vosotros, e inaugurar el estudio de tan importante rama de la ciencia jurídica, porque siempre fue uno de mis poderosos anhelos el llegar a ser algún día compañero y amigo vuestro, y miembro de la ilustre y benemérita Universidad de Buenos Aires, después de haber cursado completos mis estudios en la no menos ilustre y benemérita Universidad de San Carlos, de Córdoba, cuna intelectual de tantos varones eminentes que han honrado a la Patria y han echado los cimientos de la legislación política y civil de la República. Y así como Oxford y Cambridge, en Inglaterra, se reconocen por madres de la cultura de la Gran Bretaña, nuestras dos Universidades nacionales, podrán con el tiempo, pero después que conquisten su autonomía y reconquisten sus privilegios, reconocerse las autoras de todo cuanto en la historia llegue a valer nuestro joven país.

No soy maestro en la ciencia cuyas explicaciones vais a escuchar; no lo soy en ciencia alguna; solamente soy un apasionado del estudio de la jurisprudencia cuyos altos vuelos cautivan mi espíritu, y por circunstancias especiales, a las que mi nacimiento no es extraño, contraje singular atención a la jurisprudencia minera, que tantos atractivos ofrece a las inteligencias y tantas promesas entraña para el progreso de la Nación.

Trataremos, pues, de una ciencia nueva para la juventud universitaria, y a vosotros os va a tocar en suerte ser los pioneers en un campo desconocido, pero dominado hasta hoy por un empirismo pretencioso y obstinado, como que se apoya en la costumbre secular; y como ésta no ha sido auxiliada por el conocimiento científico, al arraigar en nuestro suelo se ha convertido en una verdadera conglomeración sedimentaria, amasada con ignorancia, que tenemos que atravesar a fuerza de razón, de luz nueva y fuerza intelectual, para descubrir en el subsuelo donde yacen en abundantes filones y capas los metales preciosos y útiles que impulsan el progreso del mundo.

El Dr. D. Enrique Rodríguez, autor del Código de Minería argentino, es hijo intelectual de aquel Instituto, como lo fue el Dr. Vélez Sársfield, autor del Código Civil; y cuando mediante estudios comunes lleguemos al fin de la tarea que hoy comenzamos, espero que os convenceréis que aquél hizo también obra duradera, porque la levantó sobre el fundamento secular de una verdadera ciencia. Las vicisitudes de la Patria llevaron a nuestro autor a la República de Chile, en compañía de muchos argentinos, que en pago de la hospitalidad ofrecida, dejaron allí fecunda simiente en las instituciones: el foro de Chile abrió sus estrados al Dr. Juan B. Alberdi, al Dr. Vicente F. López y a los doctores Gabriel y Domingo Ocampo, de los cuales el primero colabora en el Código Civil, el segundo en el de Comercio; y dejando otros nombres, para ser breve, debo hablaros de la acción de nuestro autor en la rama especial del derecho a la cual consagró sus días de ostracismo.

La industria de las minas hallábase en su apogeo en la vecina República, dando origen a un activo movimiento de procesos que debían substanciarse sobre las bases de la antigua legislación española y colonial, compuestas por un conjunto inmenso de actos dictados desde la época semi-bárbara, lo que hacía cien veces más prolijo y complicado el estudio de la ciencia jurídica. La minería tuvo desde los tiempos más remotos el carácter especial que han definido los códigos modernos, y regíase por disposiciones propias, dispersas unas o sueltas, y las otras incrustadas a manera de accidentes o dependencias en la legislación general, hasta su codificación, diremos así, en las Ordenanzas de Felipe II, llamadas del Nuevo Cuaderno, y últimamente su perfeccionamiento y aplicación especial a la Nueva España o Méjico, con el título que pasó al Perú, a Chile y que rigió entre nosotros, de Ordenanzas de Méjico.

El doctor Enrique Rodríguez llegó, no sin profundos y pacientes estudios, a ser una autoridad de primera categoría en los tribunales de Chile, en la materia minera, y sus estudios no se limitaron a la faz puramente legal, sino que abordó decididamente la faz científica, indispensable para el jurisconsulto, si ha de ser exacto el precepto de Montesquieu que hace derivar las leyes de la naturaleza de las cosas. Su primer trabajo jurídico, su tesis presentada a la Facultad de Leyes, sobre la Demarcación de las minas, punto principalmente científico, demuestra con cuanta seriedad y decisión habíase consagrado al estudio de la materia minera, en la que practicó y fué casi exclusivo árbitro por algunas décadas, durante las cuales dió a luz notables escritos, algunos que llegan a libros, que conoceremos en el curso de este estudio, hasta que volvió a su patria, dueño de inmensa fortuna, para consagrarse, por encargo del Gobierno, a la redacción del Código de Minería de la República Argentina, en el cual veremos reunida en admirable fusión la sabiduría antigua con las conquistas modernas, las empíricas leyes jurídico-científicas de los viejos códigos españoles, con las preciosas conquistas de la ciencia contemporánea, que en materia minera tiene que enseñarnos mucho, y demostrarnos cómo la naturaleza origina y modifica muchas veces la substancia de los preceptos legales.

LECCION I

INTRODUCCION GENERAL

IMPORTANCIA T EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MINERÍA

- 1. Están de acuerdo los economistas en considerar la minería como la industria extractiva por excelencia, la que suministra al hombre las materias más necesarias y más directamente útiles para la vida individual y colectiva; y por lo tanto, su importancia no puede ponerse en duda, ya se la considere bajo su aspecto económico, ya del punto de vista de la apropiación y explotación de los yacimientos donde se encuentran los minerales útiles, o sea la legislación minera. Porque, como veremos en el curso de estas lecciones, desde los más remotos tiempos los gobiernos y los pueblos han fijado con especialidad su atención en esta industria, que con caracteres tan particulares se presentaba, y que producía las materias más preciosas para la vida de la sociedad y del Estado, y para las necesidades y los gustos del hombre. La legislación minera, ya fuese incidental, ya de fundamento, se consideró siempre como una materia importantísima del gobierno, y una preocupación primordial del jurisconsulto.

No podía ser de otra manera, porque de las minas se obtienen los elementos primos de todas las industrias fabriles y auxiliares de otras extractivas, y por cuya virtud se mueve la humanidad hacia su perfeccionamiento económico y artístico, y porque ellas suministran directamente las materiales de la moneda, de las construcciones y de los objetos más indispensables a los usos de la vida. Así las minas son la fuente de muchas y fundamentales relaciones de la cultura universal, y de las artes, porque le proporcionan los metales, las piedras de construcción y de ornamento y demás substancias de que se labran o fabrican los objetos más bellos y útiles para satisfacer los fines materiales y estéticos; de las ciencias, porque les suministran los materiales que sirven para la elaboración de las substancias, de las fuerzas, de los agentes de sus investigaciones y experimentos, y les ofrece los poderosos materiales para la mecánica que tanta influencia tiene ya en la civilización; de la seguridad y riqueza de las naciones, porque no solamente las provee de las materias con que han de fabricar las armas, proyectiles, buques y explosivos para la defensa de su honra e integridad, sino también del precioso instrumento de los valores y de los cambios, que se llama moneda, con que se mueve el mundo, y la fuerza motriz que perfora las montañas, atraviesa los desiertos y los mares y cada día acerca más la solidaridad humana, sancionada por la religión, la filosofía y la jurisprudencia.

- 2. Nuestro estudio comprende los principios y fórmulas legales que reglan las relaciones del Estado con los particulares, de éstos entre sí, los modos de aprovechar los productos y asegurar los derechos, por causa de la apropiación y trabajo de las minas: materia en sí misma tan antigua casi como el hombre, pero nueva del punto de vista de la ciencia jurídica, porque pertenece al moderno espíritu y a la experiencia la gloria de haberle encontrado sus verdaderos fundamentos, caracteres y proporciones. Precisamente han sido necesarios los portentosos descubrimientos y progresos de la ciencia contemporánea, para que se comprenda que la industria de las minas que abarca la extracción de todas las substancias minerales útiles, tenía para la humanidad fundamental importancia, y que la legislación correspondiente merecía mayor estudio y atención de parte de los gobiernos y de los jurisconsultos. Así se empezó por recorrer los antiguos monumentos legislativos de Roma, de España, Alemania y Francia, para llegar hoy a verdaderos códigos, que mejoran cada día, incorporándose los problemas novísimos de la sociabilidad contemporánea, tan íntimamente vinculados a nuestro estudio, y aproximándose cada vez más a los verdaderos caracteres de esta nueva e interesante rama de la ciencia jurídica, cuya literatura alcanza ya en Francia, Alemania, Bélgica, Italia y España, un desarrollo considerable. Importa, pues, seguir el desenvolvimiento de esta ciencia desde sus orígenes, no solamente porque viene vinculada a la historia misma del género humano y de sus instituciones sociales, sino porque del estudio retrospectivo vamos a arrancar los fundamentos científicos, positivos y tradicionales de nuestra legislación vigente. Podemos dividir la historia de esta evolución de la minería, como industria, en cinco épocas principales, las mismas que marcan la evolución de la cultura universal.

- 3. Epoca prehistórica. — El testimonio de las ciencias auxiliares de la historia, especialmente de la paleontología, la arqueología, la epigrafía y otras, y el de los historiadores y poetas primitivos, afirman que el hombre conoció desde sus primeros pasos algunos minerales que le proporcionaron armas y utensilios para sus usos más indispensables; materiales para construir sus viviendas, templos, ídolos, fortalezas; y ya en algunos poemas como la Iliada, que se refiere a tiempos legendarios, encontramos enumeradas no solamente las principales substancias metálicas, sino los procedimientos metalúrgicos que les hacían susceptibles de aplicación y embellecimientos artísticos. No necesitamos recordar aquí que el conocimiento de los minerales determina las divisiones de la edad prehistórica en cuatro grandes períodos, el de la piedra, bruta y pulida, el del bronce, el del hierro y el del oro. Nuestros historiadores de Indias, como veremos a su tiempo, nos hablan también de los metales que los indi-genas americanos conocían, explotaban y trabajaban para emplearlos en sus usos domésticos y guerreros.

- 4. Epoca antigua. — Casi todos los minerales, metálicos o no metálicos, que más frecuentemente se emplea en las artes y las industrias, se conocieron ya durante la fecunda época antigua. Historiadores, filósofos y naturalistas como Polibio, Tácito, Aristóteles, Plinio, Dioscórides, Teofrasto, nos hablan ya de los minerales conocidos en la ciencia, sus cualidades y aplicaciones, y hasta se ensaya una clasificación que por su empirismo casi infantil no nos interesa. Plinio describe los procedimientos de extracción y elaboración del oro, la plata, el hierro, el plomo, los mármoles y piedras preciosas (1) ; y Teofrasto, discípulo de Aristóteles y gran iniciador de los métodos experimentales, no sólo adelanta la obra general del maestro, sino que observa la acción del fuego sobre los minerales. La legislación se ocupa de ellos, el Estado los considera de primordial importancia, y se convierten las minas y su laboreo en una institución social.

Los hebreos en tiempo de Moisés conocían doce especies de piedras preciosas, y el oro, la plata y el cobre nativos, y el libro de Job está lleno de referencias precisas a determinados metales como los ya citados y el hierro, a la acción del fuego como procedimiento mineralúrgico, a la asociación del oro y las piedras preciosas (zafiros) porque dice: “hay lugar donde las piedras son záfiros y los terrones oro” (2); es decir, que conocían los yacimientos superficiales llamados hoy “placeres”. Y en el libro II, C. 3 y 4, de los Paralipó-menos, donde se describe el templo de Salomón, puede formarse cabal idea de los conocimientos mineralógicos y metalúrgicos del pueblo hebreo, y en muchos otros libros, donde los metales y piedras preciosas, de grande variedad, son el principal elemento decorativo de la sublime poética de la Biblia.

- (1)  Historia natural, L. XXXIII, XXXIV, XXXVI y XXXVII.

- (2)  Job, CXXVIII, v. 1, 2, 6 y otros.

- 5. Apenas es necesario recordar la importancia que tuvieron en las espléndidas civilizaciones romana y griega las minas denominadas canteras, que producían el mármol de los templos, de los palacios y las estatuas, y las de oro y otros metales con que se elaboraba los ornamentos, los vasos sagrados, las armas, la moneda, la vajilla; y apenas es necesario recordar los relatos de Herodoto sobre las inmensas riquezas de templos, reyes y particulares, por más que se atribuya a esas riquezas, como lo hace algún historiador, más valor poético que económico, porque no podía haberse inventado los nombres y las propiedades exteriores de las substancias que se mencionan. Ya en tiempo de Licurgo se empleaban los metales como moneda, y la numismática romana constituye uno de los más valiosos auxiliares de la crítica histórica. Luego, pues, la industria minera, fué la fuente principal de aquella portentosa civilización, cuyo mérito absoluto no ha sido disminuido ni siquiera por la comparación con los progresos contemporáneos, sirviendo más bien todavía, bajo algunos de sus aspectos, de enseñanza y de modelo. Si alguna prueba evidente fuera necesaria sobre la influencia de la minería en la civilización, bastaría exhibir la época de la grandeza de Grecia y Roma. En la primera explotábase las canteras y minas de Paros, del Pentélico, del Laurión, del Pangeo y otras, y en cuanto a la segunda, las colonias de la Galia, España, Africa y Asia, suministraban las materias primas de sus palacios, templos, estatuas y monedas. El mismo Plinio cuenta que en Delfos había 3000 estatuas de mármol, bronce y oro. Nerón se llevó de allí 500 bronces. Pausanias atestigua de 150. Y llama la atención, naturalmente, el régimen legal o administrativo que tales resultados produjera. Otro tanto puede decirse, por lo que respecta a sus caracteres particulares, de la grandeza y esplendidez que alcanzaron la arquitectura y otras artes en Egipto, Babilonia y Caldea, cuyos monumentos aún desafían el tiempo, y aunque sus adornos esculturales y pictóricos hayan desaparecido, o aumentado los tesoros de conquistadores o enemigos, y en

resumen, de esta época puede afirmarse que la historia de aquellas deslumbrantes nacionalidades es la prueba de la importancia que para la cultura y el poderío de los Estados tiene la industria de que nos ocupamos.

- 6. Edad media. — Se manifiestan también con relación a la minería los caracteres particulares que en todos los dominios del saber distinguen esta época histórica, considerada por unos como de paralización del espíritu científico, y por otros como un período importantísimo de germinación latente, de elaboración silenciosa de todos los progresos posteriores. Pero la verdad es que la antigüedad reaparece, aunque a través de los disfraces con que la vistieron la filosofía monástica y los comentadores árabes; pues, abiertos de nuevo los libros de Aristóteles, y unidos los conceptos de la filosofía y las ciencias físicas, no tardarían en revelarse los resultados lógicos del método inductivo y experimental. Fundada sobre las doctrinas de Aristóteles, se define una ciencia que debía ser la generadora de grandes descubrimientos, la Alquimia, limitada desde luego a dos fines principales: la adquisición de la riqueza por la pretendida producción artificial del oro, y la curación de todas las enfermedades o la conservación de la salud. La verdad es que esta ciencia, o Ars Magna, como se la llamaba, en medio de sus desvarios en cuanto a su fin principal, hizo nacer otras de indudable importancia práctica, como la Química y la Metalurgia, de los procedimientos y resultados parciales de los incesantes trabajos a que sometía la persecución de su piedra filosofal.

Avicena en el siglo XI, establece una división de los minerales en cuatro clases: 1% azufre y sus compuestos; 2% piedras; 3% sales; 4% metales; y en cuanto a procedimientos metalúrgicos, al decir de algunos de sus continuadores, fundaba en las virtudes maravillosas del mercurio la suprema propiedad de trasmutar todos los metales, según el principio enunciado por Arnaldo de Villanueva y Raimundo Lulio, de que “todos los metales se resuelven en mercurio, luego este mercurio es la materia prima de todos los metales”; y que ‘"el mercurio, después de su transmutación, cambia todos los metales en metal puro, es decir, en Sol (oro) y en Luna (plata)”, “cambia el mercurio vulgar en medicina que puede transmutar los metales imperfectos en perfectos, y cambia el mercurio vulgar en verdadero Sol y Luna, mejores que los que salen de la mina”.

Rogerio Bacon, por algunos filósofos considerado el verdadero inventor del método experimental, cambia los principios fundamentales de la Alquimia, y reconoce como base de todos los metales el azufre y el mercurio, y analiza las cualidades del oro, plata, estaño, plomo, cobre y hierro. Pero sea lo que fuese de estas observaciones del espíritu de aquella época, y de las más o menos maravillosas magias de los Alberto Magno, Arnaldo de Villanueva, Raimundo Lulio, Rogerio Bacon y Paracelso, la verdad es que “sus discípulos, llenos de entusiasmo al buscar la piedra filosofal y la transmutación de los metales, aprendieron a estudiar el libro de la naturaleza, tanto o más que los de Aristóteles” (3), que constituía la única fuente de la filosofía de aquella época.

- 7. Epoca moderna. — Desvanecidas en parte las nebulosidades de la Alquimia y las más obscuras aún de Aristóteles, transmitidas por los árabes, al amparo de la observación y la experiencia empiezan a aparecer los caracteres propios de las substancias y sus relaciones cualitativas y de yacimiento, que permiten formular clasificaciones más científicas. La verdadera ciencia antigua, puede decirse que fué descubierta a la luz del Renacimiento, en las criptas de los templos, conventos y castillos, donde se ocultara de las preocupaciones

- (3) Fouillée, Historia de la filosofía, t. I, pág. 331. — V. especialmente, de Alberto Magno, el tratado Compositum de compositis; de Arnaldo de Villanueva, el Semita Semitoe; de Raimundo Lulio, la Clavícula; de Rogerio Bacon, el Speculum Alchemice; y de Paracelso, el Thesaurus thesaurorum alchimistorum.

dominantes en la Edad Media; y luego, las expansiones territoriales traen como consecuencia el ensanche de las clasificaciones minerales y de perfeccionamiento de los medios de explotación. La pasión del oro entró por mucho en las empresas relativas a la población y colonización de nuestra América.

- A.  Así, a mediados del siglo XVI, Jorge Agrícola, siguiendo en gran parte las huellas de Teofrasto, expone metódicamente la mineralogía y metalurgia, se le atribuye el descubrimiento del bismuto, y divide los minerales en cuatro grupos:

l^9 Tierras.

2^9 Substancias o jugos concretos (combustibles).

3^9 Piedras.

4^9 Metales (4).

- B.  Otro gran innovador, experimental convencido y ardiente, Cesalpino (1519-1603), mientras revoluciona el campo de la doctrina aristotélica, devolviéndole su sentido positivo, clasifica también los minerales en tres grupos, que corresponden a otras tantas partes de su libro De metallicis —l^9 Tierras; 2^9 Piedras; 3^9 Metales—, y se convierte en precursor de varios importantes descubrimientos mineralógicos, como la cristalografía, el oxígeno, la plombagina y la grafita.

- C.  Contemporáneo de los anteriores, el suizo Paracelso incorpora a la medicina la acción de varios minerales, entre ellos el mercurio, y descubre el zinc y Iob caracteres que le hacen tan importante en las artes modernas.

- D.  Por último, para no abundar en observaciones más prolijas ajenas a esta reseña preliminar, Bernardo de Palissy (1510-1590), abre un nuevo horizonte a la industria de las tierras minerales, llevándolas desde la alfarería y la cerámica comunes, a las más delicadas formas del arte, que mayor [1] imperio haya tenido y sigue adquiriendo hoy en todos los pueblos y tiempos (5).

- E. Holtinguer, en el siglo XVII, emplea definitivamente en las clasificaciones minerales la cristalografía, y Becker (1671) la pirognocia, o sea el conocimiento de los efectos del fuego en el análisis ya presentido por el citado discípulo de Aristóteles. Con los elementos de investigación acumulados hasta entonces, se aumenta sin cesar en adelante el catálogo de los minerales, así como el de las cualidades o caracteres, tanto físicos y químicos como industriales o artísticos, hasta fines del siglo XVIII, en que, tanto para la historia política y social, como para la económica y científica, empieza la

- 8. Epoca contemporánea. — Esta, puede decirse, comienza con los trabajos de Werner (1750-1817), a quien todos reconocen como el metodizador de la ciencia mineralógica; en su Tratado sobre los caracteres de los minerales (1774). Berzelius y Haüy avanzan mucho más en la sistematización y enriquecimiento de la mineralogía y metalurgia, que se desarrollan con la química, y el primero incorpora a los procedimientos analíticos, las propiedades electro-positivas y electro-negativas de los minerales.

No seguiremos adelante en esta enunciación de los sucesivos progresos de la ciencia universal: ella está formada, y sólo es ya cuestión de laboratorio, para abarcar con sus investigaciones el mayor número posible de especies, y sus caracteres y modalidades. Por lo que se refiere a los minerales de nuestro país, ellos han sido objeto de estudios sistemáticos especiales, por Stelzner y Brackebusch, y últimamente por Bodenbender, el joven y sabio catedrático de la Universidad de Córdoba (6), quien adopta los siguientes elementos de

- (5)  Véase las palabras alfarería y cerámica, en el excelente Poca-bulario de términos de arte, de J. Adeline, traducido y aumentado por J. R. Mélida.

- (6)  Los minerales, su descripción y análisis, con especialidad los existentes en la República Argentina, Córdoba 1899.

clasificación: 1. El lustre y el color; 2. El rayado o trazo; 3. La dureza, con los 10 grados de dureza de Mohs; 4. El clivaje; 5. La tenacidad; 6. La fractura; 7. La estructura; 8. La cristalización; 9. Las reacciones químicas, o sean la fusión al fuego y la transformación por ácidos.

Por lo que respecta a algunas especies en particular, o a los grupos más importante de que la ley se ocupa, volveremos sobre la clasificación mineral, cuando nos ocupemos del tít. I, § 1, del Código.

§ II

RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DE LAS CIENCIAS JURIDICAS

Y SOCIALES

- 9. Desde que el hombre supo apreciar la utilidad de los minerales para tan múltiples funciones de la vida civilizada, aparece la lucha por la apropiación de los yacimientos o terrenos donde aquellos se encuentran. La ocupación por el individuo particular que buscaba en ella su lucro, y la absorción por parte del Estado, que vió desde luego en el subsuelo mineral un género especial de propiedad, en cierto modo extraño a la tierra común, son los dos principios que se debaten en el campo del derecho minero; nacen de la naturaleza misma de las cosas y se dividen el dominio de las legislaciones. A medida que la ciencia descubre un nuevo mineral o nuevas cualidades o aplicaciones de los ya conocidos, el derecho positivo lo atesora e incorpora en el conjunto de las cosas susceptibles de apropiación, y según sean aquellos caracteres se determina la posición jurídica de cada uno. Obsérvase que son los znine-rales metálicos, propiamente, los que dan origen al nacimiento y desarrollo de esta rama del derecho, y si se exceptúa las canteras, y especialmente las de mármol, que en Grecia y Roma desempeñaron tan importante papel, los demás minerales no metálicos sólo empiezan a tener influencia visible en las legislaciones, después de los descubrimientos científicos e industriales del presente siglo.

Así, pues, se observa que el desenvolvimiento del derecho minero sigue paso a paso el de la ciencia correlativa, y por ésto, sólo en la época actual se llega a definir o dar límites exactos o determinados y a imprimir método racional a esta materia. Las leyes de todos los países han ido sucesivamente incorporando, ya sea al dominio privado, ya al público, cada una de las substancias nuevamente descubiertas o conocidas; y así se ve, por ejemplos, en las leyes españolas y francesas, cómo al principio sólo legislaron sobre minas metálicas y salinas, sin comprender los combustibles minerales, las substancias de aplicación medicinal o química, las turbas, los salitres y boratos, hasta llegar al sistema del Código argentino, el más comprensivo y sistemático desde este punto de vista, y que establece una clasificación basada a la vez en la ciencia, en la práctica y en los principios del derecho.

- 10. Son de la mayor importancia las relaciones de nuestra ciencia con la economía política y las finanzas públicas; con la primera, por la naturaleza de la producción y de los fenómenos económicos que originan sus múltiples transformaciones, y con las segundas, por la influencia evidente que la mayor o menor suma de esa producción ejerce en el bienestar del Estado, de la sociedad y de las relaciones comerciales.

Según la exposición de Leroy-Beaulieu, son tres los factores principales de la producción: l[2] 3 4, el clima y la configuración geográfica; 2[4], la constitución geológica (suelo y subsuelo); 3[4], las fuerzas de los diversos agentes naturales (7). El segundo de esos factores es el que interesa y da origen a nuestro estudio, porque es el que suministra los minerales, cuya extracción, tan especiales relaciones crea entre los particulares y el Estado. Así, del punto de vista de la utilidad, esos productos nos ofrecen las siguientes divisiones que luego influyen en la modalidad de la ley: 1% metales preciosos, de que se forja la moneda, y se fabrica los objetos de lujo o de arte que el hombre más aprecia; 2% metales útiles que se presentan puros o combinados con los anteriores, como el hierro, el cobre, el plomo, el estaño, el zinc y otros, y que suministran a la industria las materias para sus construcciones, maquinarias e instrumentos con que se impulsa el progreso y la riqueza del mundo; 3% las tierras piritosas, alcalinas, etc., con sus variadas aplicaciones en la agricultura, la medicina, las industrias fabriles, las artes y las ciencias; 4% los minerales pétreos o terrosos, o sea las canteras, cuya importancia ha crecido enormemente para la arquitectura moderna, la pavimentación de las ciudades, la escultura con todos sus refinamientos, la ornamentación y demás; 5% los combustibles, especialmente el carbón de piedra, cuya importancia va siendo cada día mayor, que determinan por sí solos la fuente de riqueza de las naciones que los poseen como Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica y Francia, y cuyas aplicaciones a la locomoción a vapor, a la producción de fuerza motriz en general y sus vinculaciones con los progresos de la electricidad y de todas las ciencias e industrias, los convierten en una substancia verdaderamente preciosa, como el oro; 6% las piedras preciosas, de inmutable valor, porque se funda en las eternas exigencias de la vanidad humana, del culto a la hermosura, y del amor a las pompas y a la esplendidez con que nos gusta adornar nuestras personas, las imágenes sagradas o los emblemas del poder: razones que les dan su carácter de mercadería de valor permanente.

- 11. Aparte de estas consideraciones que afectan o se refieren a la utilidad general de las substancias minerales, metálicas o no metálicas, existe la muy particular de que las primeras sirven para la fabricación de la moneda; y esto da a la minería su importancia más especial, ya como explotación privada, y fuente de fenómenos sociales de grande interés para el legislador, ya como materia de monopolio y regalismo de parte del Estado que, al reservarse la facultad exclusiva de acuñar y sellar moneda, ha creído también asegurarse la propiedad de las fuentes o criaderos de la materia prima.

Han sido siempre considerados el oro, la plata, el cobre y algún otro metal, como los más adecuados para la fabricación de la moneda; y su uso es tan antiguo que, pasado el período de la permuta, o sea la infancia económica, no han sido substituidos por otras substancias en ningún pueblo. El mismo autor antes citado, resume así las cualidades de los metales para su transformación en moneda: 1% utilidad general para satisfacer las necesidades y los gustos del hombre; 2% homogeneidad e identidad entre las piezas de un mismo metal; 3% inalterabilidad, especialmente el oro y la plata; 4% mayor valor en el menor peso, o sea facilidad de transporte y conservación; 5% uniformidad relativa en el valor y gastos de producción; 6% divisibilidad, sin disminuir el valor relativo de la parte al todo; 7% dificultades de falsificación.

Desde otro punto de vista más científico, diremos así, Walras sintetiza las condiciones de la moneda en estas palabras: “La mercadería moneda debe ser una mercadería muy rara, a fin de no llegar a ser excesiva. Debe ser fácil de dividir para proporcionarse a la importancia de todas las compras y ventas. Debe ser fácil de conservar y no alterarse en manos de los cambiadores al recibirla o entregarla. Hay desde luego dos mercaderías, el oro y la plata, o los metales preciosos, que llenan admirablemente estas tres condiciones; de suerte que la cuestión de si sólo el oro o la plata serán numerario y moneda, o si lo serán ambos a la vez, no depende más que de una última condición común al numerario y a la moneda, y es ésta: la mercadería numerario y moneda debe ser rara, y por consiguiente, de valor, tan poco variable o por lo menos lo más regularmente variable que se pueda, en vista de la mayor estabilidad posible de los precios” (8).

A esto podemos agregar su valor industrial como materia de fabricación de infinidad de objetos de lujo, joyería, vajilla, adornos y demás cosas que halagan la vanidad o el gusto, o procuran el confort, y son materia imprescindible en el cálculo de las estadísticas y en el equilibrio de las riquezas.

- 12. Del punto de vista económico, debe todavía tenerse presente la influencia de la producción de metales preciosos o útiles en el comercio universal, en la riqueza y en la moral de las naciones, en las perturbaciones sociales por causa de las alzas y las bajas en los precios, por la mayor o menor producción en épocas determinadas, en la suerte de los Estados en momentos excepcionales para sus finanzas o su política. Del primer punto de vista, el más amplio del problema económico, se cita el caso del descubrimiento de América y de sus tesoros mineros, derramados sobre la Europa (9), y la muy particular y característica influencia que tuvieron en la economía y las finanzas de la nación española, dueña casi exclusiva de las minas de América.

Al decir de una de las recientes historias, “mientras el vulgo se forjaba la ilusión de que España era la más rica de las naciones, viendo lo mucho que en ella abundaban el oro y la plata, los observadores sagaces la veían precipitarse por la pendiente de la ruina. Aquella misma abundancia de metales preciosos encareció sobremanera el trabajo manual, y por ende el precio de los frutos y de todas las mercancías; lo cual imposibilitó a nuestros industriales de luchar con los extranjeros” (10). Y en cuanto a las naciones modernas, muchas de ellas puestas en la vía de los desastres por los errores de sus gobiernos o las prodigalidades de las burocracias, han sido salvadas más de una vez por los inagotables manantiales de oro y plata de sus minas. Así las de oro de Australia y California vinieron providencialmente a levantar de la ruina a aquellos pueblos (H), como las de América habían puesto de pie a la España, extenuada por sus guerras.

En cambio, una sabia política colonial y económica y una acertada legislación administrativa, hacen que la Inglaterra reciba inmensos beneficios de las crecientes explotaciones de oro de Australia, de plata de la India, y que la Francia legisle con especial cuidado las minas de sus posesiones coloniales de Africa y Asia, donde la industria está todavía en su período de desarrollo y formación. Se explica, pues, que a pesar de las crisis momentáneas que la producción abundante provoca, y aun a pesar de la infundada alarma de algunos economistas por la progresión creciente de la producción de oro y plata, las naciones bien gobernadas se preocupan, en primer término, de estimular el trabajo de sus minas de todo género, estudiar su territorio y procurar la mayor producción posible, para adquirir esa privilegiada posición económica de los países productores de metales u otros minerales valiosos.

- 13. En la República Argentina la cuestión minera reviste caracteres originales, no desprovistos de cierta gravedad, no solamente porque poseemos inmensas riquezas inexplotadas, sino porque son tradicionales la apatía y negligencia gubernativas en procurar para esa industria una era de progreso o florecimiento. Causas de esta extraña y perjudicial indiferencia son, sin duda, la enorme extensión de

- (10)  José Coroleu, América; historia de su colonización, dominación e independencia, t. I, pág .114.

- (11)  Leroy-Beaulieu, Science des Finances, t. II, concl.

nuestro territorio y las distancias a que se hallan las regiones mineras, que hacen más difíciles los problemas administrativos y financieros que a aquella industria se refieren; pero ni aun así se justifica el hecho de desconocerle toda importancia actual, y descuidar toda legislación administrativa o económica, tendiente a dar vida a las regiones mineras del país. Se padece entre nosotros el error común a muchos otros gobiernos, de creer que industria que no produce renta directa no vale la pena de ser protegida, y la minería, por lo tanto, que no produce cantidades inmediatas, no merece siquiera la atención de los legisladores. Pero se desconoce un principio fundamental corriente en la materia, cuando se trata de países en que impera el regalismo minero, y es que la minería no es fuente directa de renta fiscal: de tal manera que el autor del Código había proyectado un artículo, suprimido por razones puramente constitucionales, que decía: “Art. 18. La propiedad minera queda, desde la promulgación de este Código, exenta de toda contribución, tributo o pensión”.

Aquel error económico-jurídico causó la ruina de la minería en las colonias españolas, que murió del tributo real; se propaga nuevamente por las naciones libres sudamericanas que han convertido sus códigos mineros en un capítulo de las leyes fiscales, como el Perú (1874), Chile (1888), Bo-livia (1880) y Méjico (1890) ; fue el mismo, aunque transitorio, de nuestro Congreso Constituyente de 1853 que sometió las minas a una patente anual de amparo, causando la paralización de todo trabajo por la expectativa de una venta fácil y provechosa, pero estimulando la pereza y la indolencia nativas de nuestra población. Se ha ignorado, y parece ignorarse aún, que el gran beneficio de la minería está en el trabajo permanente que crea pueblos y ciudades, avalora la tierra por los cultivos necesarios a la industria minera, aumenta la riqueza colectiva por la difusión del metálico en pequeñas cantidades, proporcionalmente distribuidas, y crea una corriente continua de hombres, maquinarias y capitales extranjeros hacia el país. Luego la le-

gislación que rige una materia que tan profundamente afecta las relaciones humanas, la riqueza pública, el bienestar del individuo y de la sociedad, merece la mayor atención, hasta deber convertirse en una de las principales preocupaciones del hombre de Estado.

§ III

RIQUEZA MINERAL DEL TERRITORIO ARGENTINO

- 14. Importa mucho conocer la magnitud y valor exacto de esa riqueza mineral de nuestro suelo, para ver si las leyes deben interesarse por ella, si puede contarse como un patrimonio duradero de la Nación, y al mismo tiempo para conocer la naturaleza de las substancias, su abundancia, las formas de su yacimiento, la importancia y antigüedad de las labores conocidas y la ley de los productos extraídos. Esta parte de nuestro estudio, siendo de tanta significación para los ulteriores desenvolvimientos de la materia, nos detendrá un poco, aun a riesgo de excedernos en las proporciones de esta lección, pero con la seguridad y la convicción de que ha de ser de mucha utilidad para el estudiante y el legislador.

Durante la época prehistórica americana, ya los indios conocían multitud de minas y las aprovechaban, según el testimonio de los historiadores de Indias y de algunos conquistadores que primero conocieron el país. Respecto de la riqueza general del suelo, dice el Padre Acosta, a quien So-lórzano llama el “Plinio del Nuevo Mundo”, y escribió en 1587, que “hay en las Indias Occidentales gran copia de minas, y las hay de todos metales, de cobre, de hierro, de plomo, de azogue, de estaño, de plata y de oro. Y entre todas las partes de Indias, las minas del Perú son las que más abundan en metales, especialmente de plata, oro y azogue, y es en tanta manera que cada día se descubren nuevas minas. Y según es la cualidad de la tierra, es cosa sin duda que son sin comparación, muchas más las que están por descubrir que las descubiertas, y aun parece que toda la tierra está como sembrada de estos metales, más que ninguna otra que se sepa al presente en el mundo, ni que en lo pasado se haya escrito” (12). La ciencia, y sobre todo la experiencia de tres siglos, han dado razón a los cronistas del descubrimiento, sobre la gran riqueza minera de estas tierras, especialmente del Perú, que comprendía casi todo nuestro territorio de hoy.

- 15. Los indios conocieron muchos metales, los extrajeron del seno de la tierra, los beneficiaron y emplearon en varios usos. Un autor notable que ha reunido cuanto se ha escrito sobre antigüedades americanas, y de acuerdo especialmente en este punto con el Padre Acosta (13) y con Cieza de León (14), dice que los indios del Perú conocieron el oro, la plata, el cobre, el hierro, que empleaban en sus adornos, ídolos, vajilla, insignias, armas, instrumentos de labor y otros objetos. El cinabrio era utilizado^ como entre los antiguos del Viejo Mundo, en pinturas del rostro de sus mujeres y en decoraciones de otras especies, pero ignoraban sus cualidades metalúrgicas y su empleo como moneda, que no conocieron (15). Las comarcas que hoy forman las provincias argentinas, desde Mendoza hasta Jujuy, formaban parte del gran imperio Tahuantinsuyo, y se llamaban Anti-suyo, o país o tierra de Anti (Los Andes), y por las huellas de antiguas explotaciones en algunas minas de Fama-tina, y en Catamarca, se ve que los indios sacaron de ellas muchos metales para el templo del Sol, o el palacio del Inca.

- (12)  Padre Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Lib. IV, C. II.

- (13)  Ob. cit. Lib. IV, C. III.

- (14)  Cieza de León, Señorío de los Incas, C. III.

- (15)  Pi Y Margall, Historia General de América, t. I, pág. 425.

El régimen legal de las minas, durante aquella época, bajo el imperio incásico, tenía que seguir la naturaleza del gobierno político, que era el despotismo teocrático. Todas las minas del reino, dice Prescott, pertenecían al Inca (16); pero dado el sistema de colonización de la tierra, se deduce que se hacía, del punto de vista del derecho, una división completa entre la propiedad del suelo y la del subsuelo mineral, porque el indio terrateniente o colono podía disfrutar de la tierra, pero no de los minerales, que pertenecían al Inca.

- 16. Si fuésemos a hacer historia, veríamos la influencia que tuvieron las riquezas minerales de América en las modalidades y caracteres de la política colonial española, y los cronistas de aquellas épocas nos dirían cosas capaces de exaltar las imaginaciones, como sucedió a los hombres de entonces. Tan rápido fué el advenimiento de la fortuna, que los estadistas, puede decirse, fueron sorprendidos por ella, y sus errores legales y económicos obedeben en parte a esa causa. Desde Méjico hasta Mendoza hallábase la tierra sembrada de oro, plata y otros minerales de gran valor, que se explotaba sin cesar al amparo de las leyes y prácticas que a su tiempo analizaremos; pero sin duda las mayores riquezas estaban situadas en lo que entonces se llamaba el Reino del Perú. Los lavaderos de oro de Barlovento, Haití, Cuba, Castilla del Oro y otras regiones, no alcanzaban ni en mucho a los inmensos beneficios que producían las minas de Caravaya en el Perú, de Valdivia en Chile, de plata en Potosí, hasta el punto de convertirse el primero y el último en ponderativo de todas las riquezas.

Verdad es que el sistema inventado por el gobierno para explotar las minas de sus posesiones de América, era el más a propósito para agotarlas en el menor tiempo posible; porque desconociendo las verdaderas nociones sobre el

(16) Padre Ricardo Cappa, Estudios sobre América, Perú.—Prescott, The conquest of Perú, L. I, C. II.

trabajo del hombre, sus derechos sobre los frutos y las ventajas para la riqueza pública, más parece que se preocupaba de amontonar el oro y la plata, extrayéndolos con verdadera prisa, como si hubiese esperado un próximo despojo de sus couquistas. Así, no se atrevió a suprimir la institución de la mita y de la encomienda, que encadenaban al indio con el trabajo personal hasta diezmarlo.

Llegaron los más encumbrados jurisconsultos de la época hasta desplegar prodigios de habilidad, de dialéctica y de escolástica en sostener el derecho de la corona para imponer ese trabajo a los naturales (17). La crítica ha deslindado ya las responsabilidades, y sabe cuánto hicieron algunos monarcas por aliviar la condición de los indios, pero también cuán inútiles eran sus mandatos a través de miles de leguas, y cuando debían ser cumplidos por verdaderos poseídos de la ya conocida enfermedad de la “fiebre del oro”, que ha hecho su crisis en este siglo en California, Australia, Sud Africa, Klondgke (golden feber). Igualmente se conoce hoy las huellas dejadas en la sociabilidad sudamericana, por la desigual distribución de las fuerzas en la producción de la tierra, por la adquisición fácil e inmediata de la fortuna, buscada sólo en las minas, abandonando como improductiva o lenta la labor agrícola, reducida sólo a las exigencias del sustento; y nadie mejor que los mismos economistas españoles comprendieron más tarde las terribles consecuencias de tales errores y aventuras económicas, porque después del delirio y de la alta fiebre de la grandeza, debía llegar la época de las realidades, del cumplimiento de las fatales leyes históricas.

Humboldt, que ha analizado todas las fuentes históricas y estadísticas sobre la producción de América durante la administración colonial, calcula la importación de oro y plata solamente, a España, desde 1492 a 1803, en las siguientes cifras:

(17) Solórzano, Política indiana, L. II, C. XVII y XVIII.

Oro y plata registrados                        $  4.035.156.000

Oro y plata no registrados                    „   816.000.000

Total                       $  4.851.156.000

- 17.  A su vez los jurisconsultos y cronistas de Indias, estudiando esa misma producción, advierten su decadencia progresiva, según ellos explicable por el agotamiento de las minas conocidas, pero no por la inacción para perfeccionar el régimen de las explotaciones o multiplicar los descubrimientos. El sabio y célebre autor de la Política indiana, al exponer las cifras de la producción de Potosí, desde 1545 en que se descubrió, hasta 1704 (18), muy lejos estaba de sospechar que hubiese un medio, ni que debiese el Gobierno preocuparse de contrarrestar aquella disminución con el establecimiento de nuevas explotaciones en otras partes, o con el aumento de las franquicias a los descubridores. Las exploraciones y los conocimientos de nuestro siglo han venido a explicar la verdadera causa de la decadencia minera durante el siglo XVIII, pero que no es en manera alguna el agotamiento del suelo, sino el de las virtudes de una legislación, que levantada sobre principios muy sabios, vino a desnaturalizarse y fracasar por sus formas y detalles, y muy especialmente en todo aquello en que interviene la avaricia fiscal, la desigualdad de los derechos y la interdicción a la libre concurrencia.

- 18.  Cuando estudiemos los sistemas creados por el Código de Minería Argentino para conseguir la mayor producción sin mengua de la libertad industrial y de los derechos particulares, acabaremos de comprender las enseñanzas que en este sentido nos deja la época colonial, enseñanzas que pueden ser, entre otras:

l^9 El habernos dejado una costumbre erigida en ley, sobre las prácticas y usos mineros;

(18) Libro II, C. XVIII, núms. 73 a 78.

2^9 Habernos demostrado que la minería es una industria que necesita más que ninguna otra el ambiente de la libertad;

3^9 Que sus verdaderos beneficios no se sienten en las arcas del fisco, sino en la gran masa social, por la participación de todos en lo que es patrimonio de todos;

4^9 Que la minería no rechaza, sino que necesita a las demás industrias, y muy especialmente a la agricultura, cuando por tanto tiempo se ha creído que la excluía;

5^9 Y por último, que ninguna otra industria como ésta cuando está bien regida, vincula mejor y más íntimamente a las naciones con los progresos de las ciencias y con la civilización en general, porque necesita del concurso de todos los perfeccionamientos y concurre a su vez a desarrollarlos.

La inmensa cifra de la producción de oro y plata para España, citada más arriba, no ha agotado el suelo de América, ni menos el que corresponde a nuestra Patria, porque la ciencia contemporánea y las conquistas de nuestras armas han demostrado la evidencia de que somos propietarios de portentosas riquezas inexplotadas, que a falta de una explotación actual, debemos conservar como una reserva para ir cumpliendo las promesas de nuestra Constitución a todos los hombres de trabajo que quieran venir a esta tierra a fundar su hogar o buscar su fortuna.

- 19. Para demostrar esta afirmación, y también para que se conozca la importancia y magnitud real de nuestra minería, debemos exponer el estado de nuestros conocimientos al respecto, de las minas descubiertas y en explotación, y demás noticias indispensables para que se comprenda que en la República no se ha dado un código teórico, sino una ley práctica, destinada a regir e impulsar una enorme masa de riquezas, de hombres, de derechos y de relaciones sociales.

Desde los primeros años de nuestra emancipación y cuando ya se empezaba a diseñar un pensamiento administrativo, la idea de la restauración minera apareció en los gobiernos, y se realizaron expediciones al interior del país, tendentes a abrir de nuevo la ruta de los capitales y del trabajo, interrumpida por la guerra de la Independencia. La barbarie anárquica de las primeras décadas de nuestra historia nacional, frustró algunas valerosas expediciones a los célebres minerales de los Andes; pero Woodwine Parish publica en 1836 su obra descriptiva, la primera en su género; después Moussy, Bravard, Rickard (1868), Burmeister, llenan lo que podemos llamar la segunda época de las exploraciones del país, estudiando en libros que son clásicos en nuestra ciencia, la geología y mineralogía de nuestro territorio; de modo que los trabajos posteriores versan ya sobre especialidades, o perfeccionamientos, o aclaraciones, o nuevos descubrimientos de sitios o materias no observadas por aquéllos. Después, la ciencia actual, las universidades, las academias, los museos, las sociedades científicas, los hombres de estudio, los mineros ilustrados, nos ofrecen un material riquísimo de información en monografías y libros que enriquecen nuestra ciencia nacional.

Tanto los antiguos como los modernos, los extranjeros como los argentinos están conformes en que la República posee numerosas, vastas y ricas regiones minerales de toda especie y en todas las formas de yacimiento, de manera que no solamente dan firme base a la legislación, sino que confirman las clasificaciones y métodos adoptados por nuestro codificador, en cuanto comprende todas las substancias, y tiene en cuenta todas las condiciones de su existencia en el seno de la tierra. Con todos esos trabajos, y con los nuestros propios, hemos podido construir un cuadro, que nos será de grande utilidad, de la verdadera riqueza mineral de la República, en el presente; y para exponerlo, lo dividiremos en cuatro secciones correspondientes a otras tantas regiones: 1% región andina; 2% región central; 3% región litoral; 4*, territorios.

- 20. Región andina. San Luis. — Existen noticias históricas sobre la minería de esta provincia desde 1786, establecida en los distritos llamados de Carolina, Tomolasta, Ce-rritos Blancos y Cañada Honda. La guerra de la Independencia interrumpió estas labores y se pierde el hilo de las investigaciones, hasta que a mediados del siglo se restauran los antiguos trabajos, y empieza verdaderamente el período de la industria y de las exploraciones. Según los estudios más recientes, San Luis puede dividir su territorio minero en seis distritos principales, cuyos nombres, riqueza y substancias son los siguientes:

l^9 La Carolina. Contiene minas de oro, bronce arse-nical, blenda, galena, etc., todos con mezclas de oro. Este último metal ha alcanzado una ley de 0.835. Las mejores minas de este distrito son las denominadas Mercedes, Bravo y Herrera, con oro, hierro y sus compuestos, llegando el filón principal hasta 1.200 metros.

2^9 Cerro Negro. Abraza este territorio una extensión de 500 hectáreas; su base es de arcilla y cuarzo, y contiene hierro en varias combinaciones, y oro en vetas y en forma de lavaderos, que son accidentales, dependientes de las avenidas, que se dispersan en todas direcciones.

3^9 Cañada Honda. La riqueza de este distrito consiste principalmente en dos clases de minas, las de oro que existen tanto en vetas o filones, como en lavaderos, y los restos fósiles y las turberas que acusan la existencia de combustible mineral y ofrecen campo a la investigación. El oro ha dado una ley de 0.720.

4^9 San Francisco. Comprende varias subdivisiones. En San Francisco, que da nombre al distrito, existe, sobre base de granito, cuarzo, cal y otras materias, el oro que más alta ley haya alcanzado, de 0.977. En el Rincón hay cobre nativo y sus compuestos, en vetas que alcanzan a un espesor o potencia de m. 0.80. En los parajes denominados Piedra Parada y Piedra Grande hay cinco yacimientos de mármol.

5^9 Vivanco. Sobre base de gneis y cuarzo, existe el cobre y sus compuestos.

6^9 Alto Grande. Parece este distrito compartir con el de La Carolina la riqueza y el porvenir de la minería de San Luis. Contiene metales y mármoles en gran abundancia y susceptibles de verdaderas explotaciones; los primeros son principalmente el oro, la plata, el cobre, el hierro y el plomo. Durante los últimos tiempos los mármoles y el ónix de estas minas han sido una verdadera revelación para el gran mercado de Buenos Aires, cuyos más lujosos almacenes y tiendas de artes, han ostentado considerables cantidades de piedras que sorprenden por su belleza y su tamaño. Las minas más conocidas de este distrito son: Tali-ta, Zapaliar, Santa Bárbara, Quinas, Quebrada, Guzmán, Monigote, Gigante, Divisadero y Guayaguas (19).

- 21.  2. Mendoza. — Caracteres particulares presenta la

minería de esta rica provincia. Siendo una de las más antiguas en explotaciones mineras, es hoy quizá una de las que más abandonada tienen esa industria, si bien por razones perfectamente fundadas y claras. La agricultura, y en especial la viticultura, han absorbido casi por completo los capitales y los hombres, y del punto de vista minero, se singulariza por su consagración a la riqueza carbonífera que parece ofrecer al país una verdadera promesa para un porvenir no lejano. En cuanto a los yacimientos minerales, propiamente dichos, pueden constituir 16 distritos, algunos de ellos de gran celebridad y potencia.

Esos distritos son los siguientes: l^9 San Lorenzo de Us-pallata, con cerca de 50 minas de plata y sus diversos compuestos; 2^9, El Peralito, en el departamento de Luján, cuya principal mina se llama El Carmen; 3^9, Cacheuta, descubierto en 1860, cuya mina principal da el nombre al distrito; 4^9, Loma del Medio; 5^9, La Pintada, en San Rafael,

(19) Germán Ave Lalleman, Memoria descriptiva de la provincia de San Luis, 1888.

con más de 10 minas; 6% La Picaza, en el mismo departamento, con 3 minas; 7Q, El Paramillo, con cerca de 10 minas de cobre; 8^9, Tambillos; 9Q, Llaiguarás; 10, La Cantera; 11, Santa Elena; 12, Sacramento y Sud California; 13, Salamanca; 14, Los Charcos, estas seis últimas, de cobre; 15, Pa-ramillo, con 5 minas de oro, y 16, La Tapia, con dos minas (2°).

- 22. Burmeister es el primero que encuentra indicios de yacimientos carboníferos en esta provincia, señalando el derrotero a las exploraciones posteriores que parecen haber dado solución al problema de la existencia del carbón de piedra en condiciones explotables por la gran industria, en nuestro país, porque aparte de la calidad misma del combustible, concuerdan las opiniones de los peritos en que él se encuentra en cantidad bastante como para constituir una fuente de abastecimiento al mercado (21). A ser esto así, y resultar comprobadas por la experiencia tales opiniones, la provincia de Mendoza puede convertirse en el centro de una importantísima y fundamental revolución económica, dada la influencia que el comercio del carbón de piedra ejerce hoy en el mundo, nuestra condición de tributarios en que nos hallamos de Europa, y la misma naturaleza de las labores que exige; porque según un economista, “las minas de carbón en buenas manos, son por decirlo así, minas de trabajo, y el trabajo es la fuente de la riqueza” (22). Este mismo autor les atribuye más valor que a las de metales preciosos, del punto de vista de la riqueza nacional. Inglaterra, Bélgica y Francia han dado tal desarrollo a su minería carbonífera, que casi toda su legislación se funda sobre ella, hasta el grado de constituir por sí sola una legislación es-

- (20)  La Provincia de Mendoza en la Exposición de 1888.

- (21)  Revista del Museo de La Plata, t. IV, págs. 509 y sigs. — Recopilación oficial de publicaciones ilustrativas de la riqueza carbón!-jera de Mendoza, 1894.

- (22)  Michel Chevalier, Ob. cit., V^9 Métaux précieux.

pecial (23). Así, también es cierto, que proveen al mundo de este valioso elemento de la vida moderna. Y todas estas razones han hecho que nuestro Código, apartándose de las leyes de todos los países, comprenda los combustibles minerales en la primera categoría de minas, con sus seguridades y ventajas.

- 23.  3. San Juan. — Se sabe que los indios Huarpes,

primitivos pobladores de esta región, conocieron sus minas y probablemente ellos dieron noticia a los españoles de Mendoza, que en 1561 emprendieron una expedición en su busca, la cual no se sabe si encontró minas, pero sí que fundó una ciudad, la de San Juan. Es uno de los suelos más ricos en minas de oro, y se sabe que antiguamente se trabajaron las de Guachi, Carachas, Calingasta, Pismanta, Rayado y otras. Desde 1561 a 1840 se elaboran 67 minas; se descubren 35 más hasta 1859; en 1860 se descubren y demarcan 302 minas nuevas en las sierras de La Huerta y El Tontal; de 1861 a 1885 se conocen 325 minas nuevas en La Huerta y 23 en El tontal; de 1886 a 1894 se descubren 314 minas más, casi todas de oro y plata.

Del punto de vista de las substancias de que constan, las minas de San Juan, actualmente conocidas, se dividen así: oro 150, oro y plata 71, oro, plata y cobre 7, plata y cobre 26, cobre 23, azufre 2, carbón 22, tierra romana 1, alumbre 1, plata 838 (24) ; total 1.141; que aumentan día a día por la actividad que se ha despertado últimamente en la minería de esta provincia. También en la ciudad de San Juan funciona, costeada por la Nación, la única Escuela de Minas y Metalurgia que existe en el país. En los primeros meses de 1895 se descubrió una mina de amianto, materia no comprendida en la enunciación del Código en sus arta. 3Q y 4^9.

- (23)  Revue de Législation des Mines, et Statistique des Houilléres en France et Belgique, janvier 1894.

- (24)  P. P. Ramírez, Las minas de San Juan, 1894.

24 4. La Rioja. — Esta es la provincia argentina donde la minería industrial, legal y científica ha alcanzado su más alto desarrollo; también es la más antigua, y los historiadores Padres Lozano y Guevara, nos refieren cuán célebre era ya en tiempo de la dominación española. Por su parte, la tradición y la leyenda han hecho de las montañas nevadas de Famatina algo como la cuna de una mitología en que Vul-cano y Plutón ocuparían los primeros puestos. Allí las prácticas legales han formado jurisprudencia, y la topografía y las costumbres han determinado en mucha parte la índole de nuestra ley. Su conocimiento ha de ser, pues, para el que haya de profundizar en este estudio, de la mayor utilidad.

Adoptamos, sin vacilar, las conclusiones de un sabio ingeniero que por más de un cuarto de siglo ha estudiado las minas de la región andina, y dividimos el territorio minero de la provincia, por su excepcional configuración y su extensión, en cuatro secciones, las que a su vez sub dividiremos en distritos (25). Las secciones son: 1% Faldas occidentales de los Andes; 2% Sierra de Famatina; 3*, Sierra de Velasco; 4% Sierra de los Llanos y de las minas designadas por sus nombres geográficos.

- 25. Sección /. — Está comprendida entre los 28Q y 29^9 39’ 1. S. y situada a alturas que varían de 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Comprende tres distritos:

l^9 Guandacol, donde hay vestigios de explotaciones desde 1802. Contiene sobre base de cuarzo, plomo argentífero, galena, óxido de hierro que, en hondura, se transforma en pirita de hiero, carbonatos y sulfatos de plomo. Las vetas alcanzan espesores de 0.25 a 0.95. Se comprende en este distrito las minas de Urcuzún y Cerro de las Vacas —que pueden formar subdivisiones administrativas— conteniendo plomo y sus compuestos.

- (25) Emilio Hüniken, Industria minera y metalúrgica (Provincia de La Rioja), 1894.

2^9 Jagüé. Hace cuarenta años una empresa labró con gran provecho minas de arseniuro de níquel. En el punto llamado Maracunga, hay una pared de filones de cobre con aleaciones de oro y plata. Estas minas han sido abandonadas a pesar de su riqueza, por la dificultad de los transportes y comunicaciones.

3^9 Valle Hermoso (o Humango). Es quizá la región más interesante de la República, del punto de vista científico y minero, por la rareza de las substancias que constituyen sus minas y por la riqueza de sus yacimientos. Contiene principalmente: l^9, la eukarita, o sea seleniuro de plata y cobre; 2^9, la umanguita, mineral absolutamente nuevo, descubierto por nuestro sabio guía, don Emilio Hüniken, y 3^9, la tiomanita, o sea una combinación de mercurio y de selenio (mercurio, 50.20 %). Se ha llamado a esta región la “isla selénica”, por la abundancia de este raro metal.

- 26. Sección II. — Es la región conocida umversalmente por Mineral de Famatina. Se halla entre los 28^9 30’ y 30^9 39” 1. S., abarca una extensión de 100 a 150 kilómetros de longitud, y alcanza alturas hasta 6.400 metros. Presenta esta comarca la petrografía más húndante que puede hallarse y su zona metálica cubre una superficie de 300 kilómetros cuadrados, donde todas las formas de yacimiento, y todos los sistemas de explotación pueden estudiarse y aplicarse. Los distritos principales conocidos, y los que pueden constituirse, son:

l^9 La Mejicana. De este dice el señor Hüniken que “no son intrínsecamente ricos los minerales que da, pero son potentes y constantes sus filones, de gran abundancia de mineral y compuestos de plata y oro. Las vetas son casi todas de idéntica composición. Los filones se cruzan en todas direcciones sin revelar tendencias a un rumbo general. Su ancho es de 0.30 a 1.50” (pág. 16, Ob. cit). Contiene en leyes subidas y en todas sus combinaciones el oro, la plata, el cobre, el bronce, el plomo, el arsénico, y en algunas minas se halla en labores superficiales grandes masas de azufre puro. Este distrito puede comprender dos subdivisiones: 1* El Ampa-yado, mineral de plata, y 2* Los Rayos, con dos filones de gran potencia. En general, el célebre distrito de La Mejicana es el que más atrae los capitales y las empresas; ha hecho proyectar dos ferrocarriles, y a pesar de la enorme cantidad de metal que ha producido, aún parece hallarse en su primera juventud.

2^9 El Tigre. Una leyenda casi fantástica explica su descubrimiento en 1812. Abarca una superficie de 20 kilómetros cuadrados y contiene plata pura y en todos sus compuestos. La Sociedad Francesa establecida en aquel distrito ha extraído ya 200.000 marcos de plata. Comprende dos subdivisiones: 1* El Morado, al S. O., de cobre nativo, y 2* El Oro, un grupo minero de la más difícil explotación por su abrupta topografía.

3^9 Cerro Negro. El Dr. Stelyner, actual rector de la Academia de Minas de Freiberg, que lo visitó en 1870, dice que es el distrito más rico en plata que existe en la República. Contiene cerca de 200 minas, y se hallan a alturas de 3.000 y 3.600 metros. Son notables por sus dimensiones y riquezas las vetas llamadas Peregrina (170 metros de hondura), Santo Domingo y San Andrés. El cerro tiene 20.000 metros cuadrados de superficie.

4^9 Caldera. Tan valioso como el anterior, por su gran riqueza de plata, tiene numerosas minas de las cuales las más trabajadas son la Aragonesa y la Esperanza.

5^9 Minas dispersas, no sujetas a las divisiones anteriores, y llamadas Agua Negra, Portezuelo (cobre), Real Viejo (níquel), Angulos (galena), Campanas, Santa Cruz, pueden constituir un distrito separado, o bien anexarse a los distritos más próximos.

6^9 Regiones auríferas (placeres). Aparte de las minas en forma de vetas o filones, existen en distintos parajes de la misma zona mineral, las que se denominan lavaderos y placeres, de las cuales algunas han producido una verdadera revolución en la minería rioj ana. Son conocidos los yacimientos de: l^9 Río Blanco, donde hubo antiguas explotaciones, hoy abandonadas por su baja ley; 2^9 Corrales, descubrimiento nuevo ocupa 10 leguas cuadradas de terrenos auríferos, con una ley de 15 a 20 gramos por tonelada. Hallándose plenamente comprobada su riqueza, las compañías propietarias proyectan ferrocarriles y acueductos para ayudar su explotación; 3^9 Bayitos, nuevo descubrimiento no bien comprobado; 4^9 Guanchín, a 40 kilómetros de los anteriores, hacia el Sud, contiene valiosos depósitos no explotados.

7^9 Carbón de piedra. A ambos lados de la Sierra de Fama-tina se ha comprobado la existencia de capas carboníferas de buena ley: l^9 En Paganzo, donde se ha practicado exploraciones y ensayos científicos que dan al carbón una intensidad de 3.604 calorías; 2^9 También, al N. O., de la misma clase del de las Imanas, de San Juan. El malogrado geólogo, muerto al servicio de la ciencia argentina, Dr. Juan Valentín, afirma que “el sistema carbonífero ha sido evidenciado desde 1885 por Szaijnocha en el lugar denominado Retamito, de la provincia de San Juan, y se extiende desde Jachal, Ibunco y Trapiche, hasta el Cerro Bola y la Sierra de Famatina, en La Rioja” (26). No han ido los estudios hasta poder asegurar a estos yacimientos una suficiente capacidad industrial.

- 27. Sección III. — Situada al Oeste de la ciudad capital, es conocida con el nombre del fundador, o sea Sierra de Velasco. Ocupa una extensión de 200 kilómetros y alcanza una altura máxima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. No se ha realizado verdaderas exploraciones mineras, por más que los fundadores creyesen que de allí provenían la plata y el oro que los indios trajeron; pero se conoce la existencia de alumbre en abundancia, se explota numerosas

- (26) Bosquejo geológico de la República Argentina, pgs. 15 y 19.— Dr. Guillermo Bodenbender, Sobre la edad de algunas formaciones carboníferas en la República Argentina, 1895.

caleras y se cree en la existencia de lavaderos de oro en el punto denominado Paluque. Lo más acertado es creer que allí se tiene, todavía, un campo virgen para las investigaciones mineras.

Sección IV.—En la orografía riojana, esta sección constituye un sistema aislado, formado por dos sierras que se denominan de los Llanos, y de las Minas, haciendo cada una un distrito minero:

l^9 Sierra de los Llanos, entre los 30^9 y 32^9 1. S. y 66° 5’ longitud O. en dirección general S. N. Comprende dos grupos importantes de minas, denominados: “El Porongo”, con oro y cobre, que se ha explotado antes dando las siguientes leyes: 15 % de cobre y 40 gr. de oro por cada tonelada —17 % de cobre y 160 grs. oro por tonelada—, 8 % cobre y 145 gr. oro por tonelada. Tiene la ventaja de hallarse en las más favorables condiciones climatéricas y ferroviarias. El otro grupo llamado “Almalan”, ha dado también excelentes leyes de oro, plata, cobre y plomo, y goza de las mismas ventajas industriales, que han de determinar en día no lejano la restauración de sus minas.

2^9 Sierra de las Minas. Respecto de la riqueza mineral de este distrito, dice el ingeniero Hüniken, en el libro citado: “En la parte sud y sudoeste de toda la sierra, hasta donde termina, aparecen numerosos criaderos metalíferos, cuya composición es una aleación de oro, plata, cobre y plomo, ya combinados con azufre, antimonio y arsénico, ya con ácidos u oxígeno, formando sales y óxidos, apareciendo el oro, naturalmente, siempre en estado nativo”. Comprende dos subdivisiones o asientos mineros: el de Callana, que contiene seis minas importantes cuyas vetas alcanzan hasta un metro de potencia, y el de Portezuelo Verde, que es una reunión de vetas auríferas que han dado hasta 31 onzas por tonelada de mineral. Alrededor de esta región existen, además, grandes depósitos de cal y salinas, que se explota por procedimientos primitivos, y los cuales abastecen de sal a las provincias vecinas de San Juan, San Luis y sud de Córdoba. El ferrocarril pasa ya por muy cerca de estos parajes y su porvenir es, sin duda, muy seguro.

Para concluir esta reseña, podemos hacer constar que La Rio ja debe en gran parte a su minería el alto grado de cultura social que la caracteriza, porque sus poblaciones mineras han visto llegar desde las primeras décadas del siglo corrientes de ideas y elementos de trabajo extranjeros, y mucho antes que la locomotora, que aún no se interna en los emporios mineros del Oeste, ya las maquinarias a vapor les eran familiares, pues existen establecimientos de fundición y beneficio de minerales, de primera categoría, y difunden sus influencias civilizadoras y sus capitales algunas importantes compañías mineras.

- 28.  5. Catamarca. — La región minera de Catamarca

está constituida por las prolongaciones dentro de su territorio, de las sierras de La Rio ja, y del Aconquija de Tucu-mán. Sus dos centros mineros más poderosos son los de Capi-llitas y Atajo. La división administrativa o geográfica de sus minas puede hacerse en los siguientes distritos:

l^9 Cerro Negro y Valle Hermoso, con ricos filones de cobre y plomo.

2^9 La Oyada, situado a 25 leguas al Norte de Tinogasta, con alturas hasta 3.600 metros. Consiste su riqueza en cobre y plata. Las minas más conocidas son las denominadas Descubridora, de cobre y sus compuestos; Rosario, que ha producido hasta 500 marcos de plata por cajón; Panchita, de cobre y plata. Existen otras 10 minas.

3^9 Culampajá. Este distrito es célebre por su riqueza, y conocido desde muy antiguo. Se encuentra el oro en vetas y placeres, en condiciones de explotación y expedición muy favorables. Sus minas principales son: La Rosario, veta de 0,75 y ley de 80 a 200 gr. de oro por tonelada, y tiene también lavaderos; La Anciana, con vetas auríferas de menor importancia.

4^9 Atajo. Ubicado al oeste del Aconquija. Se compone de cobre y oro principalmente. Sus minas más notables son: l^9 María Eugenia, de oro y cobre, con vetas de 0,90 a 1 metro de espesor, y en buenas condiciones industriales; 2^9 Triunfo, igual a la anterior, con la cual forma entrecruzamiento; 3^9 La Blanca; 4^9 Dos Amigos; 5^9 Carlota, y 6^9 Tucumana, que contiene hierro aurífero.

5^9 Capillitas. Este es uno de los minerales más ricos de la República y célebre desde los tiempos anteriores a la colonización española, pues existen huellas evidentes de explotaciones hechas por los indios. La industria moderna, por medio de sucesivas empresas ha trabajado sus minas, y las trabaja aún con el mismo provecho. Desde 1874 a 1883, produjeron en un año hasta 1.000 toneladas de cobre argentífero y aurífero. Sus riquezas consisten en oro, plata, cobre, plomo, hierro, bronce, galena y blenda. Comprende también escoriales y terreros procedentes de antiguas explotaciones por los indios o los jesuítas (27). Veamos ahora las principales minas que comprende: l^9 Carmelita, que tiene 20 años de laboreo y en la cual existe un socavón de 296 metros de longitud; sus vetas varían de 0.90 a 1.50 metros de espesor; nunca ha cesado su producción mineral, que consiste en oro y cobre. Su explotación es de las más complicadas. El 1? de Abril de 1894 tenía esta mina en sus canchas 600.718 kilogramos de mineral de cobre y oro; 2^9 Carranza, de plata y cobre con vetas de 0.35 a 0.45 m.; 3^9 Esperanza; 4^9 Julia; 5^9 Rosario, de oro, plata y cobre, muy rica y muy explotada; 6^9 Comprendemos bajo este número las siguientes vetas: Catamar-queña, Luisita, Mejicana, Argentina, 25 de Mayo, San Salvador, Clementina y Petrona, Elvira y Ernesto, Laura, Grande, Santa Clara, Bartolina y Dolores, Isabela; 7^9 Restauradora, la cual puede considerarse la mina más trabajada de Sud América, pues no se conoce ninguna que tenga un soca-

- (27) Lafone Quevedo, Relación histórica y descriptiva del mineral de las Capillitas, etc., 1894.

vón como esta, de 1.100 metros de largo, y un laboreo longitudinal aproximado de 4.000 metros. Ha tenido épocas en que ha producido al mes 250 toneladas de mineral, abasteciendo tres hornos de reverbero que fundían y refinaban cobre continuamente (28). Su veta no baja de 50 centímetros, pero aumenta hasta 2 metros.

6^9 Otras regiones minerales. Aunque no existen centros de explotación en ellas, hay regiones de la provincia, como el Cerro Blanco, San Francisco, El Durazno, Gualfin, Cerro Montero y otros, donde se ha encontrado vetas de cobre y oro, “pero —como dice el mismo autor, nuestro guía en esta materia— lo que da valor a estos hallazgos es que demuestran lo oculto que hay todavía referente a la minería de la provincia de Catamarca”, de la cual puede decirse que ofrece el mayor interés para el estudioso que quiera profundizar la parte técnica de nuestra ley.

- 29.  6. Salta. — Con ser el territorio de Salta uno de

los más ricos en diversas especies de minerales valiosísimos, puede decirse que su minería es todavía embrionaria. Sus inmensos depósitos se encuentran inexplotados en su mayoría, aun cuando existen huellas de haber soportado antiguamente profundas labores. Calcúlase que hubo en tiempo de los españoles hasta 200 minas registradas, pero hoy están perdidas, constituyendo la fortuna de futuros restauradores. Sus riquezas principales consisten en oro, ya en filones, ya en lavaderos, y en cobre, hierro y plata; y últimamente han atraído empeñosos trabajos sus ricos depósitos de sal y de boratos que rinden considerables provechos. Encuéntrase además, yacimientos de combustibles minerales, sales alcalinas, caolín, sílice y feldespato, mármoles, etc. (29). La ardua situación topográfica y la prosperidad de otras industrias

- (28)  Emilio Hüniken, Industria minera y metalúrgica (Catamar-ca), págs. 20 y 30.

- (29)  Manuel Sola, Memoria descriptiva de la provincia de Salta, págs. 168 a 197, contiene una abundante información.

mantienen la minería de Salta en ese estado de abandono, pero será sin duda para el porvenir una de las regiones más favorecidas por el capital y la grande industria. Sus principales distritos pueden ser cinco, a saber:

l^9 San Gerónimo, grupo de 15 minas de plata, plomo, cobre, con vetas de 1.25 m. de espesor.

2^9 Acai, con 14 minas de plata, cobre y plomo, con vetas de hasta 1 metro de ancho.

3^9 Cerro Bayo, con 14 minas de las mismas especies, y vetas de hasta 2 metros de potencia.

4^9 Organillo, cinco minas.

5^9 Rangel, cuatro minas.

Hacen todas un total de 52 minas conocidas, en las cuales hay algunas labores de mucha importancia (30).

- 30. 7. — Jujuy. — Es la provincia del oro, que abunda en sus dos formas de yacimiento, en vetas y en lavaderos. Su división administrativa puede hacerse en tres principales distritos :

l^9 Ajedrez. Según informes de prácticos, existen más de 80 minas antiguas sin trabajo. Pero la riqueza de este distrito consiste en oro de lavadero y placeres, de los cuales el ingeniero Hüniken dice: “el oro está diseminado en toda la zona, y sobre una cuarta parte de dichos placeres, tenemos 60 millones de metros cúbicos de conglomerado en codiciones favorables para la explotación... El oro de estos yacimientos tiene una ley de 960.00 y vale 0.635 c. Qro por gramo... siendo el término medio de los ensayos que he practicado, sobre una zona de 8.500.000 metros cúbicos, de gr. 0.504 por metro cúbico”.

2^9 Rinconada. Los lavaderos de oro son tan ricos que “el oro se recoge hasta en las calles del pueblo”, que se halla situa-

- (30) Emilio Hüniken, Industria minera y metalúrgica (Salta), 1894.

do a 3.940 metros sobre el nivel del mar. Esta difusión superficial del oro, que no permite acumulaciones de gran provecho, hace nacer y persistir infinidad de supersticiones y leyendas, pues en todas partes se da con él. Existen pocas labores importantes y sólo una grande empresa podría soportar los gastos.

3^9 Santa Catalina. Este distrito, fronterizo con Bolivia, contiene: oro en vetas —aunque no de grande importancia las conocidas, que dieron unas 300 gramos por tonelada, y otras 40 y 50, según experiencias del ingeniero señor Elía —y en placeres o lavaderos, no explotados; salinas, boratos y fuentes termales y minerales (31).

- 31.  Región central. 8. Santiago del Estero. — Del punto de vista minero, esta provincia hasta ahora ha ofrecido muy poco interés; su topografía es llana en casi toda su extensión, y se halla muy distante de las zonas minerales de los Andes, si bien se ha constatado la existencia de plata en Guazayán, y sus grandes extensiones de terrenos salitrosos pueden constituir una riqueza en el porvenir (32).

- 32.  9. Tucumán. — Tampoco en esta provincia, a pesar de que posee abundantes minas, ha habido explotaciones dignas de mención. Las excepcionales condiciones de su suelo para las industrias agrícolas han absorbido la atención de sus habitantes con tal provecho, que no es de lamentar aquel abandono que cesará cuando naturalmente y sin violencia, el trabajo de las minas se imponga por la ley de las cosas. La riqueza de sus minerales ha sido atestiguada por Sir Wood-wine Parish, que dice que “ella abunda en tesoros minerales, y contiene vetas de oro, plata, cobre y plomo.. • He tenido muestras de plata de singular riqueza y hermosura” (33), y

- (31)  Emilio Hüniken, Industria minera y metalúrgica (Jujuy), 1894.

- (32)  Lorenzo Fació, Memoria descriptiva de la Provincia de San* tiago del Estero, C. III.—Alejandro Gancedo, id^ idn id., pág. 177.

- (33)  Buenos Ayres and the Provinces of the Río de la Plata, etc., C. XIII, pág. 265.

también por diversos ensayos oficiales que han dado leyes excelentes, de plata, cobre, hierro, plomo, estaño, mercurio, zinc, y son conocidos sus yacimientos de yeso y cal, y sus salinas (34).

- 33. 10. Córdoba. — Las noticias históricas sobre la minería cordobesa empiezan solamente a fines del siglo XVIII, sin que encontremos en los historiadores de los colegios y conventos nada que nos autorice a creer que los indios come-chingones, que poblaban sus sierras del Oeste, hubiesen extraído minerales en cantidad perceptible. Pertenece a la exploración contemporánea el estudio y conocimiento de sus riquezas. “Los yacimientos metálicos, que encierran plomo argentífero en abundancia —dice de Moussy— se encuentran al Norte y muy próximos a los cerros volcánicos de Pocho, diseminados en las pequeñas cadenas de Guayco y de la Higuera. Este distrito mineral puede tener de 15 a 16 leguas cuadradas de superficie. Los minerales de cobre se encuentran en la cadena más oriental, a la orilla misma de la pampa, entre Río 2^9 y 3^9. A este macizo oriental pertenecen también los abundantes depósitos de calcáreo sacaroide que dan tanta importancia a la sierra de Córdoba” (35).

Posee esta provincia muchas regiones minerales de toda especie, y son notables las de los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, Calamuchita y Anejos Sud; si bien es de lamentar que la administración no se haya preocupado nunca de esta industria, y por lo tanto, que no exista una literatura descriptiva completa, ni mucho menos, a pesar de algunos trabajos de aficionados, y muy pocos de especialistas, y estos sobre determinadas substancias. De todos los trabajos

- (34)  P. Groussac y otros, Memoria histórica y descriptiva de la provincia de Tucumán, 1882, pág. 490.

- (35)  Martín de Moussy, Description géographique et statistique de la Confédération Argentine, t. I, pág. 227, y t. II, pág. 429, sobre la industria minera en su conjunto.

que conocemos, hemos podido formar la siguiente división en distritos:

- 34. I^9 Guayco, de plomo argentífero, blenda y galena, con labores de 50 metros a lo sumo. Sus minas más conocidas son: Rara Fortuna, Buena Fortuna, Garibaldi, Santiago (dió hasta 251 onzas por tonelada), Mogote Blanco, Bella Americana (275 onzas por tonelada), Asunción, donde hay labores subterráneas de mucha importancia, y muchas otras.

2^9 Argentina, situado a diez y seis y media leguas del anterior, contiene más plata y menos plomo. Sus minas más importantes son: 25 de Mayo y Santa Cruz, que han producido 143,36 onzas la una, y 179 la otra, por tonelada de mineral.

3^9 Cruz del Eje. Su mineral del Niño de Dios es rico en carbonato de plomo y sulfuro de plomo y plata, que ha dado hasta 115 onzas por tonelada. Hay un socavón de 292,60 metros labrado en 1872 sobre una veta de 24 pulgadas de espesor, que ha dado 200 onzas por tonelada.

4^9 Rearte. Los ensayos hechos por el químico doctor Kyle, de los minerales de San Agustín, han dado 174 onzas por tonelada. Comprende muchos otros minerales.

5^9 Calamuchita. En este departamento de la provincia existen quizá los más ricos yacimientos de cobre, de toda la República, al mismo tiempo que el oro en considerable cantidad y ley. Ultimamente se ha hecho descubrimientos importantísimos que dan gran valor a esta región. Según datos de la Compañía “La Industrial", existen allí filones de cuarzo aurífero de m. 0.30 a 2.5 de espesor, y se puede extraer 100 toneladas de mineral por día. De esas vetas se ha obtenido hasta 100 onzas de oro por tonelada.

6^9 El Sauce, en el mismo departamento de Calamuchita. Lo consideramos como un distrito por la especialidad de que su principal especie consiste en el mineral nuevo llamado wolfram, y que se explota ya en aquellos sitios, donde existen cuatro minas, cuyos nombres son: San Virgilio, Santo Tomás, Fischer y Santa Bárbara (36).

7^9 Caleras y canteras. Una de las principales ramas de la minería cordobesa, explotada en grande escala, es la de sus canteras de cal y mármol. Las primeras han producido un considerable movimiento de capitales, ya sea construyendo ferrocarriles locales, ya hornos de calcinación de mucho valor y capacidad; y las segundas han suministrado ya mármol en abundancia para la edificación, la ornamentación y la escultura de los principales templos y edificios públicos y particulares de Córdoba, Tucumán, Rosario, Buenos Aires (37). Cuando adelanten más las exploraciones y estudios científicos que empiezan a realizarse sobre el territorio minero de esta provincia, se hará sin duda de ella una de las más florecientes de la República, no sólo por su riqueza, sino por los adelantos de su vialidad y recursos generales.

- 35.  11. Región litoral. — La naturaleza del suelo de

las provincias que ocupan el litoral de los grandes ríos y del mar, no es de las que se prestan al desarrollo de las materias minerales propiamente dichas, con excepción de algunas substancias, como las cales, las piedras de sillería, algunos fósiles, y en general, las piedras de construcción en las serranías del Sud. Siendo las industrias agrícola y ganadera las que constituyen la inmensa riqueza de esta región de la República, a ella se consagran con razón todos los esfuerzos; pero asimismo la provincia de Entre Ríos suministra abundantes materiales de construcción de sus canteras, y en la provincia de Buenos Aires son notables y ricos los yacimientos graníticos de Olavarría y del Azul, que sostienen una explotación en grande escala (38).

- (36)  Dr. G. Bodenbender, Los criaderos de wolfram y molibdenita de la sierra de Córdoba, 25 pgs.

- (37)  H. D. Hoskold, Memoria general y parcial sobre minas, me* talurgia, etc., G. X.

- (38)  Dr. Juan Valentín, Rápido estudio sobre las sierras de Olava* rria y del Azul, 24 págs.

- 36. 12. Territorios. — Constituyen el dominio nacional, y comprobada su riqueza minera por muchos estudios científicos y prácticos puede afirmarse que reservan estos extensísimos territorios para el porvenir, sus más sólidas riquezas, en sus yacimientos de las principales especies preciosas o útiles. Revisten a la vez la mayor importancia del punto de vista de la legislación, porque son poblaciones nuevas, y la ley puede aplicarse con todo acierto y experimentarse sus ventajas o deficiencias. Los mencionaremos en orden.

- I.  Tierra del Fuego. Son conocidos, comprobados y explotados los lavaderos o placeres auríferos de esta isla. Algunas compañías o empresas industriales han constituido allí concesiones para establecimientos fijos de laboreo. Como en todo mineral nuevo, junto con las minas han nacido los pleitos y las disidencias entre autoridades y particulares. Las minas son placeres y bancos auríferos, con espesor mineral de 5 a 50 centímetros, y su oro es de una ley de 0.850 a 0.920 de fino (39). La Memoria de su gobernador, de 1894, asegura nuevamente la riqueza de estos yacimientos.

- II.  Santa Cruz. De las investigaciones oficiales consta que existen, y han sido pedidas por particulares, minas de oro, en placeres y vetas de cuarzo aurífero, en el Cabo Vírgenes, Gallegos y otros parajes; de sal, en Puerto Deseado y Bahía San Julián y de carbón de piedra en Barrancas Blancas (49).

- III. Chubut. Puede dividirse en tres clases la riqueza mineral de este territorio, destinado a ser un verdadero emporio minero: Ia Oro en placeres o lavaderos que han producido hasta 80 pesos por metro cúbico, excavando de 4 a 12 metros de profundidad. Sus principales minas están en los sitios denominados Teca, Corcovado, Mica, Margarita, Gran For-

- (39)  Memoria del Departamento de Minas y Geología, 1891, página 114.

- (40)  Obra citada, pág. 76.

tuna, Swanddú, y en el Valle 16 de Octubre y Río Canua; 2* Metales de plata, plomo, cobre y hierro. La galena argentífera ha dado 68 % de plomo y 0.12 de plata; 3^ Salinas en la península Valdez de San José, en Laguna Grande y otros parajes. En 1891 había 29 pedimentos de pertenencias mineras.

- IV. Neuquén. Es inmensa, incalculable, la potencia mineral de este territorio, cuyo movimiento administrativo y legal empieza a preocupar al gobierno. Sería apartarnos demasiado del objeto de estas lecciones, estudiar su riqueza minera. Sábese ya experimentalmente que abunda en todas las especies y categorías de minas que pueden interesar a nuestra legislación: oro, plata, plomo, cobre, carbón, turberas, petróleo, canteras de pórfidos, yeso, caolín, etc. Los principales grupos de filones metálicos pueden devidirse: l^9 Campana Mahuida; 2^9 Corral de Piedra; 3^9 Hugulón. El oro existe en aluviones y en vetas en diversos parajes (41).

- V. Rio Negro. Poco explorado en materia de minerales metálicos, se ha constatado solamente algunos indicios; pero existen minas de sal que hacen el objeto de explotaciones formales en Puerto San Antonio y Biedma.

- VI. Pampa Central. Contiene minas de oro, plata y cobre en el distrito de Lihuelcalel, y de sal en la Laguna Colorada.

- VII. Misiones. Se conoce criadores de cobre en La Candelaria y en Posadas, y la historia de las Misiones jesuíticas del siglo pasado, constata la existencia de minas de aquel metal.

Importa, pues, darse exacta cuenta de la importancia minera de los territorios nacionales, donde se desarrolla día por día la industria, pues ha de ser en ellos donde más frecuente aplicación tenga el Código de Minería, y los que más casos suministren a la decisión administrativa o al fallo de los tribunales contenciosos del fuero federal. Sólo el movimiento administrativo de 1890 a 1891 está representado por 1.801 expedientes.

- (41) Memoria del Departamento de Minas y Geología, 1891, páginas 228 y sig.

- VIII. Andes. Territorio de reciente incorporación al dominio nacional; apenas ha sido explorado, pero se sabe que contiene abundantes depósitos de boratos, en la región común a las provincias de Salta y Jujuy.

§ IV

FUENTES DEL DERECHO MINERO

- 37. La evolución positiva del derecho minero se realiza sobre dos principios fundamentales distintos, que persisten en los códigos modernos, dando apenas lugar a un sistema mixto o específico. Esos dos principios son el que considera las minas de cualquier clase como propiedad originaria del dueño del suelo donde están situadas, y el que, desprendiéndolas del concepto de la tierra, atribuye su propiedad al Estado, como representación de la colectividad nacional. Consuetudinaria o escrita, la legislación de los pueblos de la antigüedad, con excepción de Roma, consideraba las minas de dominio del Estado. Los códigos romanos, que analizaremos en el siguiente capítulo, nos darán los caracteres del sistema contrario. El primero se llama regalista, el segundo de accesión, o sistema romano. El sistema mixto consiste sólo en exceptuar algunas substancias, del dominio público, pero con la misma facultad las incluye cuando las necesidades o conveniencias lo exigen.

Durante la Edad Media, la legislación minera sigue los caracteres de la constitución política o social, y se diseñan ya los países que habrían de adoptar uno u otro sistema. De todos los pueblos desvinculados de Roma, desde el siglo IV al VI, y civilizados e independientes después, sólo el anglosajón no modificó sus leyes; los godos, francos y germanos, al realizar su evolución invirtieron también el fundamento de sus códigos; Inglaterra conservó la ley romana, al conservar la organización feudal agraria; Alemania, Francia, España, Italia se hacen regalistas.

- 38.  La legislación minera, que venía tomando cuerpo dentro de los grandes códigos generales de algunas naciones,

•sólo en este siglo se independiza y constituye una especialidad jurídica, un sistema distinto que no cabe ya en los cuerpos comunes. España, cuyo derecho minero nos interesa directamente, que desde las Partidas, Ordenamiento Real, el de Alcalá y el de Felipe II, venía aumentando las prerrogativas de la corona, que dicta los grandes códigos mineros para América, y sus diversas leyes de 1825, 1849 y 1859, se queda al fin con una incompleta y precipitada, obra de una revolución fugaz, la de 1868; Francia, que tenía la ley de 1791, dicta un verdadero código en 1810, reformado parcialmente después; la Alemania se rige en casi todos sus Estados por la ley prusiana de 1865, que ha servido de tipo al regalismo jurídico; la Bélgica sigue la ley francesa, y la Italia, que no ha modificado aún su legislación minera, se rige en su mayor parte por la ley piamontesa de 1859. Los Estados Unidos han heredado de Inglaterra su sistema en lo fundamental, en cuanto corresponde al dominio de la ley común, si bien no estaría lejos de adoptar según las necesidades, un sistema ecléctico y experimental. Ultimamente los países de Sudamérica, revolucionarios en todo, se lanzaron también en las aventuras legislativas de España de 1868, y ya empiezan a convertir las minas en materia de imposición fiscal y su legislación en simples decretos administrativos. Unas y otras serán materia de nuestro análisis, y las mejores fuentes de interpretación de nuestro Código de Minería, único cuerpo sistemático, uniforme y completo de la materia, a pesar de sus errores de adaptación o aplicación en las condiciones actuales de la industria en el mundo, especie de síntesis de todos los conocimientos modernos concurrentes en ella.

- 39.  De todo lo expuesto hasta ahora podemos deducir cuáles son las fuentes de la legislación minera en general, y especialmente de la nuestra, y cómo debemos clasificarlas dada la naturaleza de esta rama del derecho. Esas fuentes pueden dividirse en tres órdenes:

l^9 De derecho natural;                              •

2^9 Históricas;

3^9 Jurídicas.

- 40.  I. Condiciones necesarias e invariables que la naturaleza física impone a la ley escrita, esto es, la manera y forma cómo están colocadas en la tierra las substancias minerales, la mayor o menor longitud, espesor o profundidad de los yacimientos, la esencia o substancia de los mismos, que determinan el método que corresponde a su extracción, y por último, las especialísimas relaciones de derecho que nacen y se desenvuelven de estas condiciones naturales. Así, pues, en este sentido el derecho de minas tiene una base distinta del derecho común, y una fisonomía propia, fundada en la especial naturaleza de las cosas sobre que versan los derechos y las acciones de los hombres que se dedican a su explotación.

- 41.  II El derecho antiguo, tiene importancia en cuanto nos enseña cómo empezó a considerarse por los primeros legisladores esta rama del derecho general, y qué concepto se formaron de las cosas y relaciones que constituían su objeto. Muy especialmente interesa el estudio del derecho romano, no ya como legislación histórica, sino como en otros dominios del derecho civil, porque encierra los orígenes de la sabiduría jurídica del mundo civilizado, y principios eternos de la justicia y de forma no desautorizados aún por la ciencia moderna. Este es uno de los puntos a que dedicaremos principal atención en la lección siguiente.

- 42.  III. El antiguo derecho español, origen más directo y positivo de nuestras leyes mineras actuales, en cuanto establecen los fundamentos del concepto sobre el cual se ha constituido la propiedad en nuestro suelo. Derivado inmediato del derecho romano, y a la vez fruto de una civilización naciente, reúne estas cualidades que lo informan: la herencia de los sabios jurisconsultos de Roma y las nuevas enseñanzas de la propia experiencia. Comprenderemos en esta denominación los códigos españoles desde el Fuero Juzgo hasta la última Recopilación.

- 43.  IV. Aparte de esta legislación general para toda España, viene la especial para sus posesiones de América, que es como una ramificación de aquélla, pero plantada en suelo del Nuevo Mundo, echa raíces propias y se desliga del tronco originario para erigirse en un derecho independiente. Así nacieron los tres principales códigos conocidos en la América Española: la Recopilación de Indias, las Ordenanzas del Perú, las Ordenanzas de Minería de Nueva España, conocidas más generalmente con el título de Ordenanzas de Méjico, aplicadas después al Perú, a Chile, Bolivia y la República Argentina. Y como este último código rigiera durante cerca de un siglo, su jurisprudencia reviste para nosotros grande importancia, y es una de las mejores fuentes de nuestra ley.

- 44.  V. Además de estos orígenes históricos, nuestro Código de Minería reconoce estrecho parentesco con algunas legislaciones extranjeras, y muy especialmente con la alemana, o mejor dicho la de Prusia de 1865, la de Francia de 1810 y sus reformas, la de Italia, o más bien, del Piamonte, de 1859; y a estos cuerpos legales debemos agregar los comentarios y la jurisprudencia producida en sus respectivos tribunales. Comprendemos también en este grupo las leyes españolas sobre minería, del siglo XIX, en que se aparta de sus viejos moldes y da en 1868 la nota revolucionaria con su célebre Decreto-Ley de Bases, y los nuevos códigos de Sud América, que desde hace diez años van renovando casi toda la legislación minera, incluso la de Chile, que tanto ha servido al codificador argentino.

- 45.  VI. Formando sistema aparte, se encuentran las leyes de Inglaterra y Estados Unidos, basadas en el principio romano de la accesión, pero sin poder apartarse de la jurisprudencia general en cuanto se refiere a la explotación misma, a los reglamentos internos y a las modificaciones impuestas en la ley por las condiciones físicas. Más que Inglaterra, nos presentan los Estados Unidos una rica jurisprudencia minera, que nos servirá grandemente en nuestros análisis y críticas.

- 46. El Código de Minería argentino ha venido a suscitar una serie de cuestiones o problemas que debemos resolver en el curso de nuestras lecciones, relativas a la naturaleza propia de esta legislación, y a su papel en frente de nuestra Constitución federal, y de nuestro Código Civil. Por otra parte, la índole científica de las substancias minerales, los métodos necesarios a su exploración y explotación, su yacimiento y manera de distribuirse en el seno o en la superficie del suelo, la importancia excepcional de sus productos y los fenómenos económico-sociales que le son característicos, dan origen a otro género de problemas fundamentales sobre que se ha constituido el Código argentino. Unos y otros pueden condensarse así:

[1]

De Re metallica.

[2]

Traite théorique et pratique d'Economie Politique, P. II, L. I,

[3]

C. II, pág. 127; — F. Martín y Herrera, Curso de Economía Política,

[4]

t. I, núms. 149 y sig.

l^9 Caracteres excepcionales de la ley minera con relación a la civil;

2^9 Definición de este Código ante los principios de gobierno federativo;

3^9 Clasificación de las substancias minerales en atención a su mejor aprovechamiento y a su condición jurídica;

4^9 Determinación del dominio originario de las minas;

5^9 Relaciones y conflictos entre el propietario de la superficie y el de la mina, y de los mineros entre sí;

6^9 Pertenencias, su forma, extensión, demarcación;

7^9 Caducidad o perpetuidad de la propiedad minera;

8^9 Contratos exclusivamente mineros, y modificaciones o limitaciones a los contratos del derecho común, por razón de la especialidad (42).

- (42) Dr. M. A. Saez, El Código de Minería para la Confederación Argentina, 1886.

§ V

ALGUNAS DEFINICIONES PRELIMINARES

- 47. Aunque propiamente la ciencia mineralógica no sea un conocimiento esencial para el jurisconsulto de minas, no podemos desconocer que sin ella le será más difícil darse exacta cuenta de la mayor parte de las disposiciones legales, comprender los fundamentos y los caracteres particulares de esta legislación, que tanto empieza a preocupar a las naciones europeas, y a tomar formas propias y a desarrollarse por sí misma. Por lo menos, y así lo reconocen todos los tratadistas, son necesarias algunas nociones preliminares relativas a las condiciones generales de las substancias sobre que se legisla, los fenómenos más comunes y persistentes en la explotación minera, que influyen en las modalidades de la ley.

Esas nociones establecen la relación indispensable entre la ciencia mineralógica y la ciencia jurídica, y hacen que el abogado pueda en todo caso juzgar del valor de las operaciones periciales que a cada momento ocurren como exi- * gencias de la ley o los juicios de minería. Por otra parte, la antigüedad de esta industria, su inmensa importancia, la absorción que realiza de individuos y colectividades, llegando a constituir, como se ha visto en América, verdaderas sociabilidades exclusivamente mineras, han dado nacimiento a una terminología propia, o tecnicismo, que todas las leyes mineras españolas, desde el Nuevo Cuaderno hasta nuestro Código han incorporado a sus cláusulas. No podía ser de otro modo, puesto que la ley nacía de la costumbre y se formalizaba con todos sus caracteres y atributos propios, resultando así una jurisprudencia sui generis y un estilo jurídico correlativo; y la deducción es lógica en el sentido de que una industria que constituye una sociabilidad peculiar, que se ejercita en un campo de acción distinto del de las industrias

comunes, que tan estrechamente vinculada se halla con las ciencias naturales, tenía que dar origen a un tecnicismo particular que, aparte del de las leyes, se extiende aún a las relaciones sociales y comunes, constituyendo un verdadero dialecto en determinado género de asuntos. Pero lo más importante, sin duda, para nosotros es que esos términos que representan cosas y acciones, o accidentes importantes en la vida jurídica, se hallan incorporados desde muy antiguo, en todos los códigos mineros. Definiremos aquí los más esenciales, dejando para su lugar oportuno el definir cada uno de los vocablos especiales de la ley.

- 48.  El Código, en su artículo l^9, habla de las substancias minerales, y por lo mismo que no las limita, las comprende todas. Estos han sido definidos en su sentido más legal, diciendo que “minerales son todas las materias inorgánicas que forman la corteza terrestre y son susceptibles de aprovechamiento para los usos y necesidades del hombre”. Para distinguirlos geológicamente se atiene la observación a las diversas edades de la tierra, que determinan las clases de los terrenos, y la forma y posición de los minerales en la superficie o en el subsuelo.

- 49.  “La tierra al enfriarse ha dejado una capa sólida llamada suelo, que cultivamos y del cual extraemos los minerales ... La constitución del suelo no es homogénea; se ha hecho en épocas diferentes que corresponden a terrenos especiales cuyo origen se ha investigado. Al enfriarse exterior-mente la tierra como se ha visto, se recubrió de una primera capa sólida que se llama terreno primitivo; después vinieron el terreno primario, el secundario, el terciario y por fin el cuaternario.

“Siendo formada la tierra de aglomeraciones de minerales o rocas susceptibles de homogeneidad en una grande extensión, se las ha agrupado, según su origen, en:

1. Rocas eruptivas

2. Rocas sedimentarias

Graníticas Porfíricas Silicosas Arcillosas Calcáreas

“Del punto de vista de su formación, estas rocas provienen de dos fenómenos distintos: el fuego y el agua; las primeras se llaman ígneas o plutónicas; las segundas arenosas o ineptunianas” (43).

- 50.  Se llaman criaderos “aquellos puntos del globo donde se formaron y existen hoy las substancias minerales que el hombre busca para satisfacer algunas de sus necesidades”. Se dividen en generales y particulares. Los primeros son “los que se compenen de rocas constituyentes de las diversas clases de terrenos gológicos”, y los segundos “los que ocupan espacios mucho más reducidos y están comprendidos en los primeros”. Los criaderos generales forman masas extensas y potentes cuya composición varía poco, y son por lo general, los que suministran a la industria las piedras y tierras de edificación, ornamento y muchas otras aplicables a las artes. Los criaderos particulares “comprenden todos los minerales > metalúrgicos, salvo una parte de minerales de hierro, y las substancias de tanto costo para ser explotadas: tales son, por ejemplo, todas las gemas, desde el diamante hasta el cuarzo hialino y el cristal de roca”. Divídese a su vez los criaderos en: l^9, eruptivos; 2^9, de contacto; 3^9, metamórficos; 4^9, regulares (o filones) o irregulares.

- 51.  Filones (o vetas), según la definición del doctor Brehm, son “cavidades, hendiduras o rendijas del terreno rellenas en épocas distintas por una o varias substancias metálicas, dispuestas en forma de fajas o zonas paralelas y alternadas con otras de naturaleza pétrea”; y según otro autor (44),

- (43)  De Coux, L’or, págs. 3, 4 y 5.

- (44)  Knap, Les minéraux útiles et Vexploitation des mines.

“los filones son masas minerales aplastadas, comprendidas entre dos planos más o menos paralelos que cortan la estratificación de los terrenos en que se encuentran”. Su origen se atribuye a tres diversos procedimientos —según el modo como han obrado las fuerzas de la naturaleza que los produjeron— y son: l^9, inyección; 2^9, sublimación; 3% incrustación. Estas tres acciones han determinado la mayor riqueza o potencia de los filones, y sirven de guía al explorador o cateador en sus investigaciones, así como los caracteres de forma, estructura y distribución, por los cuales se llega al descubrimiento de la substancia buscada, y de sus leyes y cantidad. Pero interesan principalmente al jurisconsulto las siguientes definiciones de otros caracteres de los filones o vetas minerales, es decir, la dirección, inclinación y potencia.

- 52. La dirección (o rumbo) de una veta varía al infinito según la que siguió la fuerza que determinara su formación, y ha sido definida diciendo que “es la misma del horizonte hacia el cual tienden sus elementos”. La inclinación (o echado o recuesto) “se mide por el ángulo que forma el plano de dirección con el horizonte” (45). La potencia, o sea el espesor, o la riqueza de una veta o filón, se mide por la distancia entre una y otra de las caras interiores de la cavidad del terreno, llamadas astiales. Además de estos caracteres se nota lo que los mineros llaman afloramiento o corrida, que “es la parte de la veta que se encuentra sobre la superficie del cerro, y corre en él de manifiesto”. Todavía los mineros llaman cabeza a la parte superior, y cola a la inferior o profunda (46). Hay que tener presente, además, otros caracteres de forma que determinan situaciones jurídicas de verdadera importancia, y que se fundan en que no siempre las vetas son uniformes, ni rectas o poco variables, ni continuas, sino que, por el contrario, todas estas condiciones varían y se pre-

- (45)  J. B. Lira, Exposición de las leyes de minería de Chile (1870), pág. 133.

- (46)  Gamboa, Comentarios a las Ordenanzas Reales, etc., IX, 17.

sentan en tres modos generales: 1% ramificaciones; 2% entrecruzamientos (cruceros); 3% dislocaciones, saltos o fallas; términos que se hallan definidos por sí mismos sin que sea necesaria mayor explicación.

- 53.  Hablan las leyes, y muy especialmente la francesa de 1810, de capas y masas, como formas de criaderos, y conviene definirlas. Las capas (o mantos en el tecnicismo americano) son yacimientos que siguen aparentemente la estratificación de los terrenos en que se hallan, o se presentan intercalados entre dos clases de rocas, siguiendo sus contornos; no tienen una modalidad fija, y como en los filones, se distingue en ellos la dirección, la inclinación y la potencia. Por masas se entiende —según la definición adoptada por Peyret-Lallier— “unas veces filones o capas muy espesas y poco prolongadas en su dirección e inclinación, o ya espacios que habiendo formado primitivamente cavidades subterráneas, fueron rellenadas por depósitos de diversas substancias minerales (47).

- 54.  Aparte de estas formas de criaderos, nuestras leyes mencionan otras diferentes, o menos semejantes a las ya definidas, y que, además de su significado científico, tienen el que les dan el derecho y la costumbre americanos, de que son autorizados expositores el señor Lira en Chile y el doctor Rodríguez entre nosotros.

P Los placeres, o lavaderos, que nuestro Código comprende en su art. 4^9, inc. I^9 —y son los que la ciencia llama yacimientos detríticos, y son aluviones pliocenos (placeres) y cuaternarios (lavaderos)— han sido definidos por aquel jurisconsulto diciendo que son “depósitos de substancias metalíferas, mezcladas con cascajo o arenas comunes”, y se encuentran también en ellos, en capas, el oro, el platino, el estaño, el mercurio, y las piedras preciosas como el dia-

- (47) Traité sur la législation des mines, miniéres, corrieres, etc. (1844), tít. I, núm. 55.

mante y el topacio. Nos parece preferible la definición de nuestro codificador que dice: “Depósitos de piedras y metales preciosos formados por acarreo en las partes bajas de los terrenos flojos, y los que se encuentran en los lechos de las aguas corrientes o remansos de los ríos” (48).

2^9 Los rebosaderos —término empleado en la Ordenanza de Méjico (49) —son “los numerosos depósitos metalíferos que, sin pertenecer a una veta principal, corren en diversas direcciones, cruzándose y entrecruzándose en una extensión más o menos considerable, o que no tienen forma alguna determinada”. Se encuentra así el estaño, y a veces el oro, la plata y el cobre. Acaso correspondan a esta denominación los stockwerks, o masas entrelazadas.

- 55.  A medida que las materias vayan siendo objeto de nuestro estudio, definiremos muchos otros términos que figuran en la ley, ampliaremos los ya conocidos y, sobre todo, conoceremos la importancia científica y jurídica de cada uno de ellos, que a ser reunidos en un cuerpo, formarían un verdadero vocabulario, como lo han hecho algunos autores, entre otros Féraud-Giraud para Francia, y en cuatro idiomas distintos Max Venator en 1894 (50).

- 56.  1. No es posible dar de la palabra mina una definición absolutamente comprensiva, para no dejar sin solu-

- (48)  Código de Minería, art. 4% nota 1.

- (49)  Art. 10, tít. VIII.

- (50)  Por lo que respecta a nuestro idioma y tradición minera, podemos indicar esta sucesión de fuentes, de donde ha venido formándose el tecnicismo vulgar en América: Acricolae, De re metallica, Ed. MDCXXI, fine; Bernardo Pérez de Vargas, De re metallica, L. X, C. 5; R. P. Atanasio Kirker, Mundo Subterráneo, L. X, C. 7; Gamboa, Obra cit., C. IX, y C. XXVII. “De la significación de algunas voces obscuras usadas en los minerales de Nueva España”; J. B. Lira, Obra cit,, tít. V. — Véase además, Féraud-Giraud, Code des mines et mineurs, t. III, fin; Max Venator, Diccionario de las industrias minera y metalúrgica, Leipzig, 1894. En alemán, español, francés e inglés.

ción importantes acepciones que tienen influencia en la ley. La multiplicidad de las aplicaciones de la actividad humana, que concurren a una explotación minera y la naturaleza de la cosa misma, dan lugar a diversas acepciones. Así, científica o geológicamente, una mina es el depósito natural de minerales útiles, más o menos semejantes por su naturaleza, o reunidos o combinados por afinidades de yacimiento o leyes de asociación.

- 2.  En el sentido jurídico llamaremos mina al criadero o depósito de substancias minerales determinadas, susceptibles de apropiación, al conjunto de derechos constitutivos de esa propiedad, a la extensión de terreno mineral, limitado por la ley, a los efectos de la explotación, y aun al título y concesión que la representan. En un sentido más estricto el nombre de mina se conserva mientras ésta se halla en condiciones legales. Así, Gamboa, dice: “despoblada la mina, o perdida, o extinguida por cualquiera de las causas que previenen las Ordenanzas, se acabó el primer registro, se acabó la mina, quedó proderelicto, y para darla al primero que la ocupe, etc.” (51).

- 3.  Del punto de vista industrial o económico, puede definirse diciendo que las minas son los depósitos o agrupaciones de substancias minerales útiles, susceptibles de ser extraídas y aprovechables para los usos de la vida y del comercio, mediante una explotación ordenada.

- 4.  Con respecto al modo cómo se ejerce esta explotación, o laboreo, se llama también mina al conjunto de trabajos o instalaciones destinadas a la extracción de los minerales en un paraje determinado de su yacimiento (52).

- (51)  Comentarios, C. XI, 8.

- (52)  Véase nota al art. I^9 del Código.

LECCION II

LAS MINAS EN EL DERECHO NATURAL E HISTORICO

§ I

DERECHO NATURAL

- 57.  Al enunciar la distinción entre derecho antiguo y derecho romano, siendo éste de la misma época antigua, nos fundamos en la excepcional influencia que esa legislación tiene en el derecho ded todas las naciones modernas, que le han dado existencia universal y permanente^ Por otra parte, una distinción clarísima separa el derecho de Roma del de los demás pueblos cultos de la antigüedad, y una colocación distinta en esta enunciación es justificada.

- 58.  Siendo las leyes que rigen las relaciones humanas, derivaciones positivas de las eternas leyes de la naturaleza, ésta, con todos sus caracteres físicos e ideales, informa el espíritu de aquéllas, hasta el punto que a veces parece cambiar el concepto fundamental del derecho, abstracto e inmutable en esencia (1). Muy particularmente se manifiesta esa influencia de la naturaleza en el derecho de la propiedad sobre las cosas materiales, cuyas cualidades, formas y aprovechamiento no pueden ser alterados por la voluntad del hombre ni del legislador; ellas han sido anteriores a esa

- (1) Montesquieu, UEsprit des lois, L. I, C. I; L. XVIII, C. I a XVII.

volnntad, preexistentes a toda noción de derecho. Este se ha fundado sobre la tierra conocida, sobre la que el hombre podía utilizar para sus primeras necesidades: las substancias minerales que yacen en el subsuelo le fueron reveladas después que nació en su espíritu el concepto primitivo de la propiedad superficial, y aún en tiempos más cercanos en que sólo la ciencia pudo descubrir las verdaderas condiciones de ese yacimiento. Los más remotos documentos legales comprueban este raciocinio. Por consiguiente, podemos concluir diciendo que existe una distinción inicial entre los conceptos de propiedad del subsuelo minero.

- 59.  A su vez, dentro de la misma especialidad, la naturaleza impone a la ley fundamentales distinciones, porque las substancias minerales son muchas, y de especies, aplicaciones y modos de yacimientos diversos; primero, por razón de la materia, porque se aplica a cosas substancialmente distintas, y segundo, porque las diferentes formas de yacimiento imponen modos o procedimientos diferentes de apropiación y aprovechamiento.

- 60.  Bluntschli, tratando de las regalías del derecho alemán, dice en apoyo de esta distinción: “Estos fósiles extienden sus vetas a lo lejos, sin relación con el cultivo y la propiedad de la superficie. Tienen así una existencia propia, un modo y un campo de explotación que no se ligan con los del suelo” (2).

- 61.  Y si consideramos la cuestión desde el punto de vista del derecho público filosófico, aparecerá el principio de la limitación impuesta por el Estado al derecho originario de la propiedad del suelo, en relación con el subsuelo mi» neral. “Las minas, dice un autor reciente, dan lugar a una forma de propiedad especial que no puede ser abandonada al arbitrio del propietario del suelo... La importancia que ha adquirido en nuestro tiempo la personalidad del descu-

- (2) Droit public general, L. VIII, C. III, pág. 325.

bridor, ha hecho empalidecer la del propietario de la superficie, cuyo derecho absoluto, aun sobre el subsuelo, en el modo como lo concibió la tradición romana, puede parecer una creación jurídica artificial, contradicha por los hechos.

El Estado, en fin, al conciliar por una legislación nacional sobre las minas, el derecho del propietario con la libertad de industria y de trabajo del descubridor, no viola ningún derecho de propiedad, sino que regula con ley de libertad aquella concurrencia de derechos a que da lugar la propiedad especial que surge del hecho de una mina descubierta. La garantía de los derechos del descubridor (que el Estado reconoce, pero no crea) y la de los intereses de la industria, no se hallan aún tan bien demostradas que puedan confiarse con éxito al propietario del suelo superficial (3).

- 62. En las varias articulaciones de estos cuerpos que se llaman códigos, y que no son sino unidades científicas reducidas a fórmulas ejecutivas, y aplicando esta regla al Código de Minas, la especial naturaleza de la tierra mineral ejerce influencia directa en el concepto mismo de la ley y en los procedimientos, varía y modifica la extensión de los derechos particulares y las condiciones de equidad inherentes a la ley positiva; lo primero, por la mayor o menor extensión o potencia de los yacimientos; lo segundo, por la acumulación desigual, caprichosa e incierta de sus riquezas. En el sistema de nuestra ley minera, la naturaleza se manifiesta en las siguientes materias y efectos:

- a)  Clasificación de las substancias del punto de vista de los derechos: diversa legislación según las especies o categorías.

- b)  Definición de la propiedad ordinaria, dependiente de las condiciones substanciales de la cosa y de la especialidad de su yacimiento.

- (3) Pietro Chimienti, II dirito di proprietá nello stato constituzio-nale, págs. 39 y 240.

- c)  Extensión y límites del derecho de exploración, o cateo, según la mayor o menor densidad o riqueza de los criaderos, y la profundidad a que se hallan debajo del suelo.

- d)  Relaciones necesarias entre los propietarios del suelo y los explotantes de las minas en él contenidas; conflictos de derechos y obligaciones, responsabilidades y servidumbres recíprocas.

- e)  Modos de adquirir, según la categoría o clase de minas, o sea la condición física de éstas. Así, por ejemplo, la ley distingue: l^9 Mina descubierta, o simplemente, descubrimiento; 2Q Mina contigua (o estaca) ; 3^9 Mina abandonada o despoblada (denuncio) ; 4Q Minas superficiales, o adheridas a la superficie a muy escasa profundidad (placeres, lavaderos, terreros, relaves, escoriales) ; 5^9 Canteras; 6Q Modalidades o variantes del concepto originario de “mina”, por los derechos accesorios que envuelven, como las demasías, mejoras, ampliaciones y socavones.

- f)  Determinación de un límite al ejercicio o aprovechamiento de la propiedad, por la designación de un perímetro, y su mensura y demarcación.

- g)  Modo y forma de la explotación, relaciones entre mineros, higiene, seguridad, moralidad, policía y vigilancia técnica.

- h)  Modificaciones necesarias a las leyes comunes sobre contratos y derechos y obligaciones, como sociedades y avíos, y arrendamiento, usufructo, compraventa, sociedad conyugal y prescripción.

Cada una de estas circunstancias importa o entraña una serie de relaciones o conflictos de índole particular, que hacen nacer una jurisdicción administrativa, contenciosa o mixta, jurisprudencia y doctrina que constituyen una verdadera ciencia.

- 63. Veamos aún, en derecho natural, cómo se ha formado este concepto de la propiedad minera, y cuál es la idea informativa de la misma. Como dice Blackstone, en el principio fue la ocupación la manera como se estableció el dominio, el hombre se apoderó para su vivienda del terreno necesario, y luego, por el trabajo de sus manos, por su industria, le dió utilidad y valor (4). Esta ocupación tenía su límite forzoso, el de las mismas necesidades y de la acción individual, y ese límite es de dos especies, en cuanto a la tierra en sí, porque no podía imponer su voluntad sino sobre lo conocido, y en cuanto a su extensión y utilidad, porque no debía ocupar más tierra que la que podía labrar o cosechar, ni imponer el sello de su dominio sobre aquello en que no ejercía ninguna potestad ni labor, no hallándose regulada la propiedad ni revestida con título alguno anterior.

Por eso los jurisconsultos y los filósofos deducen, y Locke introduce en la ciencia ese nuevo elemento, que el trabajo es el verdadero origen y fundamento primitivo del derecho de la propiedad, porque con el esfuerzo personal se sacan las cosas del estado de naturaleza para hacerlas susceptibles de aplicación, utilidad y verdadero dominio (5). Esto no quiere decir, por cierto, que no tengan más firme y positivo fundamento en el derecho moderno, que a la apropiación de derecho natural ha agregado otro origen que ha reemplazado a los antiguos: los títulos, que son la consagración histórica del dominio.

En ningún otro caso es tan evidente esta doctrina como en el de la propiedad minera, oculta a la acción humana cuando se dirigió sobre el suelo fundando el derecho de dominio, y que sólo vive y puede ser útil a la sociedad cuando el trabajo la ampara. Así se ha desarrollado este derecho de las minas, principalmente regalista, pues, desde que los conocimientos científicos y la observación enseñaron sus excepcionales ventajas para la sociedad y el Estado, éste se apoderó de ellas, y, o las conservó en su dominio, o las cedió originariamente a los particulares. El monopolio de la mo-

- (4)  Comentarios sobre las leyes inglesas, L. II, C. I.

- (5)  Fouillée, Historia de la Filosofía, C. VI, I.

neda se extendió hasta la materia que la producía, dando origen a diversas instituciones jurídicas o categorías de bienes, excluidos generalmente del dominio individual. Luego, del punto de vista del derecho natural y filosófico, la propiedad minera es substancialmente distinta de la propiedad común; exige una legislación especial, como se ha hecho desde los tiempos más antiguos y que en seguida demostraremos, y el trabajo es la condición esencial de su existencia.

§ II

DERECHO ANTIGUO

- 64. Que las minas fueron objeto principal de las atenciones de los gobiernos y pueblos de la antigüedad, nos lo refieren los historiadores y los poetas, y los monumentos legales transmitidos a la posteridad, y descubiertos por la investigación moderna. Por su explotación activísima e inteligente, se levantaron tantos palacios y templos, y maravillas de Arte; y Herodoto nos cuenta cómo se trabajaban las canteras de Etiopía, de donde vinieron los gigantescos monolitos de las pirámides y las enormes riquezas acumuladas dentro de los templos y viviendas de los poderosos (6). Sólo el imperio despótico, y militar o teocrático, pudo realizar esas acumulaciones; y la historia demuestra que los esclavos y los ejércitos labraban las minas de toda especie para el soberano, dueño absoluto de las tierras minerales.

“Las primeras minas explotadas fueron las que aparecían en la superficie del suelo o estaban situadas a muy poca profundidad; debieron ser consideradas como accesorio de la superficie, y después, a medida que aumentó su importancia, convertida en propiedad de los príncipes. En lo que, según Diodoro de Sicilia ocurrió entre los egipcios, cuyos

- (6) Las nueve musas, L. II, núms. 124, 129. reyes se apropiaron desde luego las minas de oro situadas en los confines de la Arabia y la Etiopía" (7).

En general, durante esta larga época, no bien definida para nuestro derecho, las prácticas legales y los principios reguladores de la propiedad pública y privada de las minas, han debido necesariamente ser los que se derivaban de las formas y de las doctrinas absolutistas del gobierno, que concentrando la soberanía en la persona singular del príncipe, absorbió gradualmente la vida nacional, hasta erigir en regla la servidumbre, empleada en obras suntuarias a título de homenaje a la grandeza o al esplendor de los reyes o de los dioses.

- 65.  La Grecia es, sin duda alguna, fuera de Roma, el Estado que mejor puede sintetizar los principios dominantes en la alta antigüedad, en materia minera, como en muchos otros aspectos de su interesante historia; y cuando se recuerda la profusión con que se difundieron sus mármoles, bronces y oro, en todas las formas del arte y de la industria, no se puede menos de buscar el régimen en cuya virtud fué fomentada y desarrollada tan abundante producción. Conocido como es hoy su sistema político, puede afirmarse que en punto a minería, realizaba la fórmula de un regalismo perfecto, ordenado y bien definido, según el cual eran explotadas las variadas riquezas minerales de oro, plata, bronce, hierro, tierras, granitos y mármoles del Laurión, del Penté-lico, de Paros, del Pangeo, y otros lugares privilegiados por la naturaleza.

- 66.  Desde el punto de vista de la propiedad de las minas, como de la común, era evidente que sufría la influencia socialista, o si se quiere, comunista, de la constitución helénica en la cual, como en ninguna otra nación de la época, el Estado realizó mejor la concentración representativa de las unidades atómicas de la sociedad. La propiedad

- (7) Krug-Base, Etude sur la propriété des mines, pág. 27. de las minas, ya como una derivación de ese concepto general del dominio social, ya como una institución económica o financiera, en vista de las necesidades actuales que debía satisfacer en aquella civilización, era una propiedad privada del Estado, de cuyas manos se transmitía a los particulares, a títulos más o menos duraderos, pero que llevaban siempre la condición inherente de la reversión a su dueño originaria (8).

“En Atenas, dice un autor especial, el Estado era el único propietario de las minas; sólo que, en lugar de explotarlas directamente, las cedía en explotación mediante una suma fija y una contribución proporcional perpetua de V24 del producto bruto. La República de Atenas ejercía un verdadero derecho regalista sobre las minas. El que quería emprender la excavación de una mina de plata, debía declararlo a los empleados encargados de oir estas proposiciones, hacerse inscribir, obtener la autorización y comprometerse a pagar al tesoro público la V24 parte del producto, o sea más o menos, un 4 %. El que se excediese de los límites que se hubiese fijado, sería castigado conforme a la ley” (9). Las penas consistían en la caducidad del derecho acordado, y aun también en multas y confiscaciones de lo extraído fuera de la autorización legal. Shoeman agrega que el tributo debía pagarse por cada nueva parte de mina puesta en explotación (10).

- 67. “En tiempo de Xenofonte, agrega este último autor citado, las minas eran una fuente importante de rentas públicas, y en el de Demóstenes, esto es, sesenta años más tarde, el gobierno disminuyó los impuestos con que se hallaban gravadas, y estimuló a los particulares a trabajarlas bajo la vigilancia de sus inspectores”. Y en cuanto al destino que

- (8)  Letourneau, Evolution de la propriété, C.

- (9)  Alfred Caillaux, Resume historique sur les législations minié* res, anciennes et modernes.

- (10)  Antiquités grecques, t. I, págs. 399, 403, 510, 551.

se le daba a esa renta, fundado en Herodoto y en Curtius, dice el mismo historiador, que era antes distribuida entre los ciudadanos, pero Temístocles obtuvo que fuese consagrada al sostenimiento de la armada.

Por lo que respecta a la percepción de la renta de las minas, ella se hacía por los recolectores de los impuestos generales, quienes llevaban un registro prolijo de todas las minas concedidas en explotación, una estadística completa y minuciosa del rendimiento de cada una, y la anotación exacta de los plazos y obligaciones de cada contrato, a los efectos de las sanciones penales antes referidas.

- 68.  La explotación propiamente dicha, esto es, la extracción del mineral del seno de la tierra, se hacía por medio de los soldados o de los esclavos. Esta última clase, la de los esclavos mineros, era muy numerosa. “Sólo Nicias poseía 1.000, y Xenofonte asegura que había varias decenas de mil en las excavaciones”. Este mismo historiador refiere que él propuso al Estado un negocio que consistía en comprarle los esclavos prácticos en las minas, para alquilarlos a los propietarios o empresarios de éstos.

Por razón de la especialidad, y por semejanza con los asuntos del comercio, y sin duda, en atención al vasto desarrollo adquirido, los negocios de minas tenían ley y fuero excepcionales, y en cuanto a los juicios en sí, debían todos ser breves y sumarios, y no durar nunca más de treinta días.

§ III

DERECHO ROMANO

A. Los orígenes

- 69.  1. Hemos creído de la mayor importancia la inclusión de un parágrafo especial destinado a estudiar el derecho minero romano, porque él sirve de fundamento al sistema jurídico que ha disputado el dominio de la legislación al sistema regalista; porque se funda, en cuanto a sus relaciones con el derecho común, en los sabios principios de la jurisprudencia clásica de Roma, y porque informa las leyes positivas vigentes de dos poderosas y cultas nacionalidades, modelos nuestros en instituciones políticas: la Inglaterra y los Estados Unidos. No tiene esta materia interés solamente histórico, sino esencial y permanente, como en el derecho civil, con el cual tanto se relaciona nuestro estudio. Para formar un cuerpo de doctrina y reunir fuentes y textos, tan dispersos y confundidos entre la inmensa obra de los códigos romanos, se ha debido registrar muchas obras, infinidad de leyes, y recurrir no solamente a los jurisconsultos, sino también a los historiadores, tan grandes en Roma como aquéllos, y tan sabios como aquéllos en la ciencia de la justicia. Nos ha auxiliado muy principalmente la obra de Krug-Base, abogado de la Corte de apelaciones de Nancy, la más completa que conocemos, en el estudio de las fuentes romanas.

- 70. Según todos los expositores, el derecho minero de Roma puede dividirse en tres épocas:

1* Desde la fundación hasta la segunda guerra púnica. Durante este largo período la formación jurídica minera se confunde con la del derecho general, sin que asome ley alguna que singularice la propiedad del subsuelo mineral. Este sujetábase, por tanto, a la del suelo superficial, a lo que venía a agregarse este doble hecho que confirma esa conclusión: l^9, la industria principal de los primeros tiempos de Roma era la agrícola; de lo cual surgía la condición de dependencia y aun de desprestigio social de los trabajos mineros; 2^9, la pobreza del suelo primitivo de la República Romana, contra lo aseverado por Plinio, que atribuye la falta de expansión de la industria mineral a leyes prohibitivas que se hubiesen dictado en el siglo IV. La posesión de este género de riquezas sólo proviene de la futura extensión colonial, en España, en Galia, Africa y Asia.

2^ Desde esta última hasta el reinado de Tiberio. Entonces se ensanchan los límites del Imperio, se descubre o se apropia valiosos territorios que ingresan al dominio con todas sus riquezas y sus costumbres, despertando el interés del legislador común o fiscal;

3* Desde la segunda hasta la caída del Imperio y su disolución en las naciones bárbaras en el siglo V de nuestra era. Esta tercera época es la de mayor fecundidad para nuestra ciencia, la de mayor esplendidez en la jurisprudencia general y en la industria, y en ella, si bien se multiplican las aplicaciones de la ley y se extienden las atribuciones del Estado, no se llega, sin embargo, a modificar el sentido fundamental de la propiedad, como la habían establecido los legistas y los emperadores.

- 71.  Los romanos designaban las minas, así en sus sentidos más amplios como en los más especiales, con la palabra metallum; y cuando debían designarse las substancias mismas conocidas, ya fuesen metales propiamente dichos, ya minerales de otras especies, se denominaban metalla. Aquélla designaba la generalidad, y ésta las especies. Esto resulta de los textos y de las referencias históricas.

- 72.  Como el derecho general, el de las minas se divide también en público y privado, en administrativo y civil; y no pocas veces es difícil establecer con claridad la línea divisoria entre los dos conceptos, por la obscuridad que en muchos textos se advierte respecto de las facultades que los emperadores se atribuyeron sobre determinadas clases de minas, hasta el punto que hay escuelas que sostienen que un verdadero regalismo fué ejercido por éstos durante la tercera época. Esta opinión se creyó triunfante hasta el descubrimiento, ocurrido en 1876, cerca de Aljustrel (Portugal), de una tabla que contiene la Lex metalli Vipsacensis, la cual aclaró la cuestión, pues trata solamente de la explotación de las minas de propiedad del emperador, bajo la vigilancia de un procurator metallorum (H).

No es extraño, por otra parte, que haya nacido la confusión en este concepto de nuestro derecho, si se tiene presentes las continuas alternativas porque pasó el principio del poder en Roma, según la genialidad de aquellos Césares que pretendían disponer de facultades divinas, y cuyos variables despotismos cambiaban tan a menudo la apariencia de las instituciones. Pero las leyes tiránicas son siempre transitorias, y tienen la providencial virtud de exaltar más los principios que hollaron en el tiempo de su preponderancia. Así sucedió en Roma, cuyo derecho común, profundamente arraigado en los espíritus y en las costumbres, y defendido por sus autores, resistió las mareas de los despotismos, como las rocas submarinas se mantienen inmóviles debajo de las tempestades de la superficie. Pero las fórmulas del derecho público de la inconstante legislación administrativa, nos sirven grandemente de auxiliares en la interpretación de los textos que nos conciernen.

- 73. Para estudiar el origen de la propiedad minera en Roma, debemos referirnos a la propiedad de la tierra en general, cuyo régimen se extiende a ella y la comprende.

Ya fuese porque el suelo itálico tenía pocas minas, o no se conociese su existencia, la verdad es que no se preocupó el Estado de legislar sobre ellas; pero es racional afirmar que su condición jurídica era la misma que la de las tierras en general en que estaban contenidas. En su origen, la mina fué considerada como una propiedad del dueño del suelo, sin que el legislador se hubiese preocupado de darle una razón jurídica; su condición era puramente de hecho, como casi todas las cosas que Roma fundaba, como lo había sido su tierra pública, cuyo origen era la fuerza, la conquista, como medio de apropiación. “La propiedad más legítima

- (11) Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, pág. 233, nota.

a los ojos de nuestros antepasados era la que habían adquirido en la guerra” (Gayo, IV, 16). Y esta doctrina que tan amplio desarrollo alcanzó con ayuda de la política y las armas romanas, y aun en los tiempos modernos, se fundaba a su vez en la otra que consideraba las tierras no ocupadas o aprovechadas como res nullius.

- 74.  La condición legal de las minas siguió a la de las tierras. Según ésta, el suelo primitivo de Roma (ager roma-ñus) se dividía en público y privado (ager publicas, agri privati). El primero se reservaba al rey, a los sacerdotes, al Estado; el segundo se distribuía o adjudicaba a los ciudadanos. Esta es la propiedad privada, “absoluta, plena y entera”, y que se extendía usque ad inferos, es decir, que comprendía todo lo que se encontrase debajo de la superficie hasta su mayor profundidad. Las tierras que se conquistaban iban ingresando en la doble categoría enunciada, sometiéndose al derecho romano, y adjudicándose al Estado y a los que por su brazo las habían arrebatado al enemigo.

- 75.  Además de otra particularidad que ya notamos sobre el origen de la propiedad minera, tengamos presente también, que las disposiciones legislativas no recayeron sobre las minas metálicas, sino sobre materias terrosas o pétreas como las canteras, y sobre las salinas y otras substancias de fácil explotación. Cuando las minas metálicas, fueron incorporadas al dominio romano, ya no se preocuparon de darles el sitio correspondiente a sus cualidades, utilidad y condiciones de laboreo, sino que hicieron, sin análisis, extensiva a ellas la legislación anterior.

- 76.  Según el principio de la división administrativa agraria, y el que consistía en considerar los minerales como una accesión del suelo, y teniendo en cuenta algunas razones de utilidad fiscal, las minas pueden clasificarse bajo tres categorías legales:

1* Minas de propiedad del Estado, situadas en tierras del dominio público.

2* Minas de los particulares, comprendidas en tierras del dominio privado.

3* Minas simplemente poseídas por los particulares a título temporario o provisorio.

Respecto a las de la primera categoría, ellas serán explotadas administrativamente, si puede decirse, por cuenta del Estado y por sus oficiales públicos, sus esclavos o los condenados a minas (metallarii), los cuales con su descendencia se destinaban a esa cruel servidumbre, y para capturarlos, si fugaban, se les marcaba (12). La explotación se hallaba vigilada en las diversas provincias o distritos donde había trabajos mineros, por un funcionario denominado comes metallorum. Además, las funciones de agentes fiscales de la autoridad sobre las explotaciones y los rendimientos que pagaban al tesoro público, eran desempeñadas por los procuradores metallorum, nombrados en las provincias por los decuriones (13).

No consta en parte alguna, o al menos no resulta de nuestras investigaciones, la extensión superficial, ni otro género de medida de lo que constituía una mina en el sentido legal de esta palabra; pero fácil es deducir que por ella se entendía una instalación, una labor sobre veta determinada, y con unidad de explotación, sin excluir los grupos o reunión de varias minas bajo una sola dirección o control.

En cuanto a las minas de particulares, o que éstos poseían a título precario, se sabe que ninguna obligación pesaba sobre ellos respecto a los métodos o procedimientos de explotación, si no eran los impuestos fiscales para las primeras, y la contribución proporcional o fija de los productos para los segundos.

- (12)  Cód. Theod., 1, 5, 6, 9, 15; — L. 2, De Poenis; etc.

- (13)  Serrigny, Droit public et administratif romain, t. II, §§ 874*884.

B. En el derecho privado

- 77. Analizar los caracteres de las minas en el derecho privado romano, es definir la segunda época, la del predominio de los grandes- jurisconsultos y del derecho clásico perpetuado para enseñanza de nuestros días. Sus reglas, en cuanto tenían de fundamentales e inherentes a la naturaleza de las instituciones, son, respecto de las minas, las mismas de hoy, salvo ciertas nociones empíricas propias de la infancia de la ciencia.

- 1. Las minas eran bienes inmuebles. Ninguna disposición expresa lo sanciona, pero se contiene en el concepto de su adherencia a la superficie, y se desprende claramente de los textos. Pero ante todo conviene mencionar la singular creencia de aquellos tiempos en la reproducción de los minerales a que esos textos se refieren, confirmados por Plinio; creencia, por otra parte, no desaparecida sino muchos siglos después. Así Ulpiano, hablando de los frutos del fundo dotal, dice que se comprende en ellos el mármol, y pertenecen al marido si no se habían separado de la cantera, y no está obligado a los gastos “porque no está comprendido en los frutos; a no ser que se reproduzcan (renascatur) en el fundo, como sucede en Galia y en Asia” (14). Y esta circunstancia es del mayor interés en nuestro análisis por ser punto de partida de numerosas e importantes deducciones. Las podríamos abonar con otras fuentes de prueba, pero es el texto citado bastante explícito para que merezca mayor esclarecimiento.

- 2. Siendo así, pues, es lógica la regla que considera los minerales extraídos como los frutos de la mina; y aparte de este criterio, tenemos textos expresos que así lo declaran. Paulo, por ejemplo, define: “F rugeos pro reditu apellari non solum quod frumentis aut leguminibus, verum et quod

- (14) L. 7, 13, D., 24, 3. — V. además, 1, 18,    23, 5, in fine. ex vino, silvis coeduis, cretifodinis, lapidicinis capitur” (15). Y como las leyes se habían escrito en el concepto, o sobre el tipo de las minas de mármol, o en general, las que forman canteras, y no se hacía excepción de las de otras substancias, la ficción legal de considerarlas como frutos debía hacerse extensiva también a las últimas (16), y lo hizo expresamente la L. 7, 14, Dig. 24, 3, diciendo: “sed si cretifodinae, argenti-fodinoe, vel auri, vel cujus alterius materioe, vel arenae, utique in fructu habebuntur”; de donde resulta, además, comprobado cuán escasas nociones se tenía entonces sobre la importancia y naturaleza de las minas metálicas, que las subordinaban a las canteras, y por otra parte, no nos queda duda sobre la absoluta extensión que al término frutos, aplicado a las minas, daba la ley romana.

- 78.  Todas las minas eran susceptibles de apropiación privada. Varios textos están acordes en el caso de la mujer que aportó en dote un fundo que contenía canteras; lo que demuestra que eran un bien privado, y que el marido podía ejercer sobre ellas sus derechos de dominus dotis (17). Y en otro caso, podía ser propiedad del pupilo, porque la ley hablando de la prohibición de enajenar las cosas de los que están bajo tutela o cúratela, incluye este caso: “si lapidicinas vel quoe alia metalla pupillus habuit stipterioe, vel cujus alterius materioe, vel si cretifodinas, vel quid aliud huic simile" (18). Donde vemos nuevamente comprendidas todas las substancias minerales, pues habla de “cualquiera otra materia”; y la ley 5* del mismo libro y título, agrega todavía las salinas: “sed et si salinas habeat pupillus, idem erit dicendum”.

- 79.  La doctrina más importante, que da existencia al sistema romano sobre la propiedad, es la que consiste en

- (15)  L. 77, D., 50, 16.

- (16)  L. 9, 2-3, D., 7, 1; 1, 3, 6, D., 27, 9.

- (17)  L. 18, D., 23, 5; 1, 7, 13, 14, y 1. 8, D., 24, 3.

- (18)  L. 3, 6, D., 27, 9.

considerar las minas como una accesión del suelo superficial^ y aunque de los textos anteriormente citados sé puede deducir este carácter, debemos dedicarle una especial demostración, con el auxilio de las mismas leyes. Este principio, desde luego, se desprende de la asimilación que expresamente hace la ley, de toda clase de mina a las canteras, declaradas por ella como una dependencia de la superficie (19). En principio, pues, las minas pertenecían al propietario del suelo en que se hallaban.

- 80.  En el caso del usufructo legado sobre un fundo, dice Ulpiano que “todo lo que nace en él, y todo lo que de él se percibe es fruto suyo”, y debe gozar de él como vir bcnus, y agrega: “si hay cantera, y quiere sacar piedra o minas de greda, o arena... ha de usar de todas estas cosas como buen padre de familia”; “pero si después de legado el usufructo, se encontrase mina de metal, se contiene en el legado, porque se le dejó el usufructo de toda la heredad, y no de sus partes". Por último dice que esta doctrina “es semejante a aquella en que se trata de la accesión (20).

De donde podemos sentar, como principios generales: l^9, que el usufructuario tiene derecho a las minas descubiertas posteriormente en el fundo legado, y 2^9, que los yacimientos minerales, según el final del citado parágrafo 4^9, eran considerados como un crecimiento lento o invisible del suelo, y no como un bien distinto: “nam ubi latitet incrementum, et ususfructus augetur, ubi autem apparet separatum, fructuario non accedit".

- 81.  Es de la mayor importancia exponer las facultades del usufructuario según los textos. No debe empeorar la condición del propietario, pero sí la puede mejorar; y a este respecto la ley es explícita, según Ulpiano, quien dice: “Por esto se preguntó si (el usufructuario) podrá hacer canteras,

- (19)  Krug-Base, Etude sur la proprieté des mines, pág. 41.

- (20)   L. 9, 2, 3, 4, D., 7, 1.

O minas de greda, o arena: y juzgo que puede, con tal que no haya de ocupar la parte necesaria del predio, con este fin: por tanto, podrá también buscar las vetas de piedra, y de otros metales; luego podrá usar de las minas de oro, plata, azufre, bronce, hierro y otros metales que el padre de familia descubrió, o él podrá abrirlas de nuevo, si no impide el cultivo del predio; y si acaso el descubrimiento de estas minas produjese más interés que las viñas, árboles u olivos que había, también podrá arrancarlos, porque se permite mejorar la propiedad” (21).

Encontramos en esta ley una noción que ha de ser en el derecho minero contemporáneo materia de ardiente controversia, y es aquella parte necesaria del predio, que no puede tocar la explotación minera, como las habitaciones, huertos y jardines que las leyes actuales protegen contra la invasión u ocupación del minero; y en la última cláusula vemos, además, la excepción también hoy admitida, cuando el provecho es tan considerable que no importe un perjuicio la destrucción de los sitios reservados.

Luego, si el usufructuario podía explotar las minas abiertas en el fundo, abrir nuevas minas, sin necesidad de autorización alguna, con más razón el propietario, cuyo derecho es absoluto y exclusivo (22) 9 y así lo declara también la ley cuando dice: “si consta que hay canteras en tu campo, ninguno puede sacar piedra contra tu voluntad ni en nombre público, ni privado, porque no tiene derecho a ello...” (23) lo que importa nueva y expresa sanción del dominio del dueño de la superficie.

- 82. Es esencial al usufruto la condición de ser ejercido sin destruir la substancia de las cosas que forman su objeto (salva rerum substantia) (24). Solamente recordando que

(21) (22)

- (23)

- (24)

L. 13, 5, D„ 7, 1. Krug-Base, Ob. cit., pág. 42.

L. 13, 1, D., 8, 4.

Pr. J„ II, 4, 1. 1, D., 7, 1.

para los jurisconsultos romanos, las minas se reproducían en el seno de la tierra, podemos admitir que las hiciesen objeto de aquel derecho, y así está expresamente consignado en los textos. Los minerales eran, pues, frutos de la tierra usufructuada, según hemos visto, y lo confirma otra ley diciendo sobre los derechos del usufructuario: “sed si lapidicinas habeat, et lapidem coedere velit, vel cretifodinas habeat, vel arenas, ómnibus his usurum, Sabinus ait, quasi bonum patrem familiam..(25). Luego hay dos reglas que deducir: 1% que las minas están comprendidas como accesión en el derecho de usufructo sobre la tierra, y 2% que este derecho se ejerce sobre ellas como buen padre de familia, es decir, con las restricciones que este concepto entraña, o sea sin deteriorar la cosa, ni modificar su forma, ni alterar su destino, pero sí con la obligación de mejorarla, con más la prohibición de cortar los árboles frutales o de simple recreación (26).

- 83. Parece entrañar una contradicción con esta regla el texto siguiente (I. 13, § 5) ya citado (27) 9 pero que conviene reproducir aquí por su transcendencia ulterior, y dice: “Por esto se preguntó si éste (el usufructuario) podrá hacer canteras, o minas de greda o arena; y juzgo que sí puede, con tal que no haya de ocupar, para este fin, la parte necesaria del predio; por tanto, podrá también buscar las vetas de piedra y de otros metales; y por consiguiente, podrá aprovechar las minas de oro, plata, azufre, cobre, hierro y otros metales que el padre de familia descubrió, o él podrá abrirlas de nuevo, si no impide el cultivo del predio; y si acaso el descubrimiento de estas minas produjese más interés que las viñas, árboles u olivos que había, también podrá arrancarlos, porque se le permite mejorar la propiedad". Luego no puede decirse que haya contradicción, sino una excepción inspirada

- (25)   L. 9, 2, D., 7, 1.

- (26)   L. 13, 4, D., 7, 1.

- (27)  Krug-Base, Ob. cit., pág. 46.

en el interés del propietario; pero, como siempre, en materia de minas, fundadas en falsas o incompletas nociones sobre su naturaleza, yacimiento y modo de explotación. Tampoco se comprende que creyesen mejorar la propiedad misma, sino darle mayor valor comercial, por el descubrimiento y labor de las minas en ella comprendidas, pues, es evidente que toda explotación importa un deterioro del suelo, y en el derecho moderno es causa de indemnización en favor del propietario.

- 84.  Además del usufructuario, podían abrir canteras o minas en los fundos ajenos los tutores y los curadores en los de sus pupilos o incapaces bajo su potestad, con la prohibición de enajenarlas. Así, vemos en el tít. 9, lib. 27, ley 1, que entre las cosas que se prohíbe a los tutores y curadores, se comprende el caso: “Si el pupilo tenía canteras de piedra, o algún metal, v. gr. el alumbre, o cualquiera otra materia, o de plata, o greda o alguna cosa semejante (§ 6) ; lo cual también es permitido a los particulares poseer (ley 4) ; Ul-piano confirma la prohibición de enajenar y la extiende al caso en que el pupilo tiene salinas (§1, ley 5). ¿En virtud de qué facultad, se dice, la ley hace tales prohibiciones? ¿Es porque se atribuye el Estado, el dominio y derecho de disponer de la propiedad minera? Seguramente no, porque sólo se propone la ley conservar el patrimonio de los menores o incapaces y estas disposiciones que están perfectamente dentro del derecho civil, sólo se inspiran en el bien de aquéllos.

- 85.  Admitido que para los romanos los minerales eran frutos de la tierra, y las minas una accesión de la superficie, ellas eran también susceptibles de hipoteca, como lo eran de compra y venta: “Quod emtione venditionemque recipit, etiam pignerationem recipere potes" (28); y podía aplicarse a los productos de la mina lo que dice la ley 1% § 2, del

- (28) L. 9, 1, D., 20, 1.

mismo libro y título: “Quum proedium pignori daretur, nominatim, ut fructus quoque pignori essent”. Más claramente resulta este concepto del texto de Marciano (§ 16) que dice, que “si se dió el fundo en hipoteca, y después se hiciese mayor por aluvión, todo quedará obligado”; el cual, “comparado con la ley 9, § 4, lib. 7, tít. 1, que considera las minas como un acrecimiento invisible del fundo primitivo, se vé que la mina abierta después de la constitución de la hipoteca, se encuentra hipotecada” (29).

- 86. Tratándose de la dote, no faltan textos confirmativos de los anteriores, según los cuales las minas son accesorios del suelo, y sus productos son sus frutos.

I^9 El jurisconsulto Paulo dice: “Si dió (la mujer) en dote un fundo del cual se sacaba piedra, conste que la utilidad de las canteras pertenece al marido, porque es claro que la mujer lo dió con el ánimo de que estos frutos correspondiesen al marido: a no ser que al tiempo de dar la dote expresase lo contrario” (30). Refiérese el texto, como se ve, al caso en que las minas del fundo estaban ya abiertas.

•2^9 Sobre el caso contrario, en que el descubrimiento es posterior a la constitución de la dote, versa un debate del cual debe resolverse: si el marido puede emprender la explotación, y si a título de frutos le corresponden los minerales extraídos. Javolenus, comentando las obras de Labeon, expone el caso: “El marido descubrió unas canteras de mármol en el fundo dotal: se pregunta, si se verificase divorcio, de quién será el mármol que ya estaba cortado y aún no se había sacado del fundo, y si los gastos hechos en las canteras corresponderán al marido o a la mujer. Labeon dice que el mármol es del marido, y que la mujer no debe pagar cosa alguna, porque no fueron gastos necesarios y se deterioró el fundo. Yo juzgo que no sólo ha de abonar la mujer los gastos

- (29)  Krug-Base, Ob. cit., pág. 48.

- (30)  L. 8, D., 24, 3.

necesarios, sino también los útiles; y que el fundo no se deterioró, si las canteras son de la calidad en que crece la piedra" (31).

3^9 Ulpiano, sobre esta misma cuestión, sentencia y decide como Javolenus: “Si el marido hallase alguna cantera de mármol en el fundo dotal de la mujer y lo hiciese más fructífero, el mármol que se había sacado, y aún no se había transportado, es del marido; y no se han de abonar los gastos, porque no está comprendido en los frutos, a no ser que crezca en el fundo, como sucede en algunas canteras de la Galia y Asia” (32). No vemos la confusión que creen encontrar algunos autores entre éste y los demás textos citados, a causa de las palabras quia nec in fructu et marmor, porque evidentemente se refiere al mármol que no se extrajo de la cantera misma de que se trata, y porque el parágrafo siguiente quita toda razón de ser a la controversia, del punto de vista del derecho minero, cuando dice: “Las minas de greda, plata, oro, arena, u otra materia, se comprenden en los frutos” (33). Aparte de esta consideración, debe recordarse que el mármol, especialmente desde la segunda época, es objeto casi exclusivo de la legislación minera, por el inmenso desarrollo de la edificación y la escultura, hasta el punto que un emperador pretendiese hacer de Antioquía una ciudad de mármol (34), y no es extraño, entonces, que la abundante legislación administrativa, o la preocupación sobre la especialidad de esa substancia, empezase a influir en el ánimo de los jurisconsultos hasta inducirlos a hacer de ella un objeto de excepción: circunstancias que estudiaremos en el siguiente número, que comprende lo que hemos llamado la tercera época del derecho minero de Roma.

- (31)

- (32)

- (33)

- (34)

L. 18, D., 23, 5.

L. 7, 13, D., 24, 3.

L. 7, 13, 14, D., 24, 3.

Merlin, Questions de Droit, V^9 Mines,

C. Epoca imperial

- 87. Podemos caracterizar la tercera época diciendo que es la del despotismo de los emperadores, durante la cual se advierte una persistente absorción de los derechos privados por parte del príncipe, hasta llegar a introducir confusión en los conceptos de derecho público y derecho privado sobre ciertas materias. Así, pues, algunos autores han creído encontrar perfectamente definido el regalismo jurídico sobre las minas, fundándose en algunas disposiciones del Código; pero analizando sus textos, y aclarando su sentido con el auxilio de la historia, llegamos a la conclusión general de que, a pesar de las múltiples leyes de carácter absorbente dictadas por los emperadores, el antiguo derecho privado quedó intacto, y la propiedad originaria de las minas, en manos de sus antiguos dueños, los que lo eran de la tierra.

“Bajo el régimen republicano —dice Bouché-Leclercq (35)—, el Estado poseía algunas minas y canteras (metalla) en las provincias, pero lejos de tratar de modificar la explotación minera, prefería contentarse con la contribución pagada por la industria particular... El Imperio, por el contrario, sin proclamar en derecho, el monopolio del Estado, trató de establecerlo en el hecho. Tiberio quitó a muchas dudadas y particulares el derecho de explotar sus minas (jus metallorum), lo que era el medio más seguro para obligarlos a cederlas. Sea como heredero de antiguos reyes y dinastías, sea por conquista, compra, confiscación, el príncipe concluyó por englobar en su dominio — propiedades del fisco, o patrimonio privado— casi todas las minas y canteras del reino” (3ó). Pero, a pesar de todo, si bien se observa,

- (35)  Manuel des Institutions Romaines, pág. 233.

- (36)  V. Gastón Boissier, ISA frique Romaine (Promenades archéo* logiques en Algérie et en Tunisie) 1895, pág. 168: “El dominio imperial no se componía solamente de estos inmensos saltus, semejantes a Provincias; las minas también, o mejor dicho, lo que se denominaba con el nombre general de metalla, hacían parte de él: entendíase por ésto no siempre el título por el cual se quería legitimar esas adquisiciones era de derecho privado, y nunca en nombre de facultades soberanas, o prioridad de dominio sobre las tierras minerales.

- 88.  En presencia de algunos textos de los códigos de Justiniano y el Theodosiano, hay comentadores que pretenden encontrar las pruebas de un declarado regalismo imperial, pero siguiendo en nuestra investigaciones demostraremos su inconsistencia. En efecto, sabido es que la condición de las tierras no cambió bajo los emperadores; subsisten la desigualdad entre los fundos provinciales y quiritarios, y la división en tierras del Senado y del Emperador, hasta que Justiniano las hace desaparecer por la constitución “de nudo jure quiritium tollendo” (C. 7.25) (37), sin introducir modificación alguna en el dominio privado sobre las minas. ¿Cómo se explica entonces la existencia de ciertos textos dudosos, o la creencia de la apropiación imperial de las minas? El mismo autor citado nos dice que “sin duda los emperadores, obligados a procurarse los recursos que necesitaba la administración de un imperio como el de Roma, y también para satisfacer sus caprichos, no vacilaron en invocar el derecho de propiedad que había conservado el Estado, sobre las tierras adquiridas por conquista, y con frecuencia extrajeron la riqueza mineral de las que se les había abandonado hasta entonces; sin duda, también inauguraron un régimen especial para las canteras de mármol, pero el ejercicio legítimo de un derecho riguroso, y el carácter excepcional de la modificación... no hacen sino confirmar el principio mismo de la legislación vigente hasta entonces”.

- 89.  Veamos ahora los textos. El lib. VI, tít. 6, del Código, que trata de metallariis et metallis et procuratoribus sólo las minas de oro, plata, cobre, plomo, sino las canteras de mármol y de piedra, y aun las salinas. Casi todas las metalla, en el mundo entero, fueron adquiridas o confiscadas por el Emperador y administradas por sus intendentes**.

- (37) Krug-Base, Ob. cit., pág. 58.

metallorum, apenas contiene un indicio de nuestra cuestión; pero la const. 1* acuerda a todos el derecho de extraer mármol de cualesquiera canteras: “secandorum marmorum et quibuscumque metallis volentibus tribuimus facultatem”; lo que, a primera vista, parece invadir el dominio privado, declarando esas minas de común apropiación. Pero está explicado que esta ley era exclusiva para el Africa del dominio imperial, según el comentario de Godofredo, citado por Krug-Base; opinión confirmada, además, por las constituciones 2, 3, 12, 13, 14, que legislan para determinadas comarcas o provincias, y comprobada por la constitución 8, C. Theod., que dice: “Potestatem eruendi vel exsecandi de privatis lapi-dicinis jampridem per Macedoniam et Illyricum tractum, certa sub conditione permisimus...”

Por lo demás, ya Merlin, en el pasaje citado, nos explica a qué se debía esta legislación excepcional: preocupaba a los emperadores el embellecimiento de las ciudades predilectas; el deseo de los magnates y senadores de lucir en sus moradas los prodigios del arte escultural, como que la ley 8, C. Theod., h. t., establece un privilegio en favor de los senadores, por el cual podían, sin cargo ninguno, extraer mármol de las canteras. Y hasta qué punto fué ésta, no solamente una preocupación gubernativa, sino que inquietaba a los espíritus superiores por la moral fundamental de la sociedad romana, nos lo sugiere el gran lírico venusino, cuando hacía resaltar el contraste con la austera edad pasada:

Privatus illi scensus erat brevis;

Commune magnum: nulla decempedis

Metata privatis opacam Porticus excipiebat Arcton: Nec fortuitum spernere cespitem Leges sinebant, oppida publico Sumtu jubentes et Deorum Templa novo decorare saxo (38).

- (38) Horacio, Odas, L. II, XV.

Tampoco en el régimen de las contribuciones hállase la razón del pretendido derecho del Estado sobre las minas, porque ni el vectigal ni el tributum_9 eran impuestos a título de propietario sobre esos bienes, sino en virtud del dominio eminente y la soberanía política, tanto sobre las tierras públicas como las de particulares; y la misma ley designa al contribuyente con la palabra dominus, que expresa toda la amplitud del derecho de propiedad.

Concluiremos, pues, sobre esta cuestión, de acuerdo con Merlin y dejando de lado otros textos concordantes, que toda esta legislación era excepcional para las canteras de mármol, y obedecía a la preocupación reinante, al florecimiento de las artes suntuarias y al excesivo desarrollo del lujo en la sociedad romana; pero en ninguna forma los eternos principios del derecho civil clásico fueron modificados por aquellas leyes, pasajeras o inconsistentes, como todo lo que surge de los despotismos.

- 90. Concretándonos a las minas de oro y otros metales, tampoco se advierte cambio alguno sobre el antiguo derecho. Las leyes 3, 4, 12, C. Theod. (1, 2, 5, C. J.) legislan sobre los impuestos que deben pagar, pero sin determinar precisamente su condición jurídica. Según estas y otras leyes, la investigación o exploración era libre para todos como en las minas de mármol. Algunos historiadores, como Suetonio y Tácito, hablan de minas de oro, plata, cobre y plomo, que pertenecían al dominio privado, y Estrabón refiere que las de cobre de España fueron vendidas a particulares.

Había una clase de industriales, destinados a buscar oro, llamados aurileguli_9 profesión libre, pero sometida por el Estado a las siguientes obligaciones: 1% entregar al Fisco una parte del oro extraído, en bruto (canon mettallicus)9 que debía entregarse al comes metallorum de cada provincia; 2% pagar un impuesto en dinero per annos singulos per hominem (1. 12, C. Th.), que consistía en 8 escrúpulos, es decir, que era éste un impuesto permanente a la profesión de explorador de minas; 3% entregar al Fisco todo el oro extraído o descubierto, mediante un precio convencional; esto es, una venta obligada o preferente, o un monopolio comercial (39).

- 91. Aparte de todas estas disposiciones que afectaban el derecho particular, existían algunas prescripciones de índole privada, que pertenecen más al dominio del derecho minero:

- 1. Derecho del dueño de la superficie. Cuando se explotaba minas en tierras del dominio privado, el propietario de éstas era tenido en cuenta, pues la 1; 10, C. Tt., imponía al explotante la obligación de abonar a aquél el undécimo del producto de las excavaciones, no a título de indemnización por expropiación en nombre del estado, que estaba prohibida (1. 13, 1, D., 8, 4), sino como compensación por los daños y la depreciación o desgaste de la superficie.

- 2. La libre explotación del mármol, como hemos dicho, excepcionalmente acordada al público, fué sometida a dos restricciones, de tiempo y espacio; desde el año 393 se prohibió ya hacer excavaciones debajo de los edificios ajenos. Lo dice así la const. 14, C. Th. (6, C. J.) : “Quosdam operta humo esse saxa dicentes id agere cognovimus, ut defossis in altum cuniculis, alienarum oedium fundamenta labe factent. Qua de re, si quando hujusmodi marmora sub oedificiis latere dicantur, perquirendi eadem copia denegatur”.

- 3. Prohíbe absolutamente extraer mármol de las canteras de particulares la ley 13 del mismo título anterior, y está concebida en estos términos: “Privatorum manus ab exercen-do quolibet marmóreo metállo prohiberi praecipimus, ut fiscalibus instantia liberior relaxetur. Si qui vero clandestino opere vetita deinceps exercere tentaverit, omne id, quidquid exciderit, juri fisci et publico vindicandum”. Como pudiera creerse que esta ley fuese derogatoria de la libertad acordada para explorar canteras, debe tenerse presente también que se

- (39) Serrigny, Droit public et administratif romain, t. II, N^9 878.

refiere a una localidad determinada, a la Prefectura de Oriente, así como la anterior se había dirigido a la de Occidente.

- 92.  Hemos hablado varias veces de los impuestos a que se hallaba sometida la industria minera en Roma; tócanos ahora especificarlos. Podemos clasificarlos en dos categorías:

1* Impuestos comunes a todas las tierras, ya contuviesen o no minas, y estos eran el vectigal_9 el stipendium y el tributum.

2* Impuestos especiales sobre las minas, los que pueden dividirse en cuatro clases: 1* Contribución de 1/io del producto; 2‘7 Contribución en dinero de 8 escrúpulos sobre la profesión. Esta tasa era variable; 3* Entrega de la totalidad del producto mediante un precio convencional de venta; 4* Compensación al propietario por los deterioros o desgastes de la superficie o del suelo.

La percepción de todos los impuestos en favor del fisco la hacía el comes metallorum de cada distrito o provincia.

- 93.  Tratemos, pues, de reducir a una síntesis metódica la legislación administrativa romana sobre las minas, y de fijar sus caracteres generales. Ella ha variado constantemente dentro de cierta órbita, limitada, de un lado por el derecho clásico de la República, y de otro por las exigencias del lujo o la ambición de los emperadores de la decadencia. Pero en toda su evolución ese derecho se manifiesta siempre con caracteres transitorios o específicos, que en los momentos de su mayor expansión no llega a desvirtuar el derecho común, y se aplicaba distintamente según fuese para el suelo romano o para las provincias, así las dos grandes divisiones administrativas de las minas, son:

- 1. Minas de propiedad particular, o del dominio privado. Se hallaban sujetas al impuesto territorial y sobre la producción, y se adquirían ex jure quiritium, por adjudicación, por compra y otros medios jurídicos, de particulares o del Estado.

- 2. Minas del Estado, o de tierras reservadas que habían sido adquiridas por conquista, confiscación u otra causa, y entraban al dominio público o privado del príncipe. Estas minas se pueden subdividir también en:

- a) Minas simplemente poseídas por particulares, bajo cualquier título precario, arrendamiento, usufructo, comisión simple o tenencia, entregando el producto al fisco. Se comprende en esta categoría los empresarios de explotación de minas, conductores metali.

- b) Minas explotadas por el Estado, administrativamente, por medio de sus empleados, o procuratores metallorum.

- c) Minas cuya explotación se adjudicaba en pública subasta a los particulares (quizás los mismos conductores me-talli). Según la lex metálli Vispascensis, de que antes hablamos, el procurador de minas las adjudicaba en el sitio mismo en que se hallaban; y contiene la misma ley las condiciones en que debía practicarse esa explotación. A esto se le llama sistema mixto (40).

- 94. El régimen legal de las minas de sal, semejante, y en muchos aspectos idéntico al de las otras substancias, presenta, no obstante, caracteres especiales que debemos señar-lar brevísimamente.

Tuvieron las salinas su legislación propia, eminentemente fiscal o administrativa. Dividíanse lo mismo que las minas en públicas y privadas, según la tierra que las contenía, pero el Estado llegó a establecer su monopolio, para su extracción, elaboración y venta. Hallábanse sometidas al mismo régimen fiscal. Según la ley 17, C. Theod. parece que la contribución correspondía a 16 céntimos por litro de las medidas modernas (41).

- (40)  Bouché-Leclercq, Ob. cit., pág. 233.

- (41)  Tito Livio, II, 9; C. J., 1. 11; 1. 4, 7, D., 50, 15, y otros.

- 95. Después de esta exposición, acaso demasiado prolija, de la legislación romana, conviene exponer en un resumen los principios fundamentales sobre que se desarrolló el derecho minero. Estos pueden dividirse en generales y especiales.

- 1.  Principios o caracteres generales. — 1. Prevaleció durante las tres épocas el derecho del dueño del suelo, y la mina se consideró como una accesión de la superficie. Aquel derecho del propietario era usque ad inferos, es decir, hasta la mayor profundidad dentro de los límites materiales del dominio, y éste, como el de la tierra privada, era pleno y absoluto.

- 2. El Estado no ejerció derechos de propietario sino sobre las minas situadas en tierras de su dominio privado, o del dominio público.

- 3. El impuesto en especie (vectigal) y el pecuniario fstí-pendium) no subsistieron en ejercicio de un dominio absoluto o pleno de derecho privado, sino en el del dominio eminente del Estado.

- 4. Las disposiciones permisivas, restrictivas y prohibitivas de los diversos códigos romanos en materia de propiedad, exploración y explotación de minas, se refieren principalmente, o a la especie de las canteras de mármol, o a determinadas provincias o regiones, y con fines transitorios y limitados.

II. Principios especiales. — La legislación de carácter público se mantuvo, según antes se dijo, en los límites puramente administrativos, sin alterar en caso alguno el jus pri-vatum de los jurisconsultos, y consistió en:

- 1. Recobrar las minas cedidas a particulares cuando las necesidades del tesoro, o las conveniencias públicas lo exigían, lo que, sin duda, ha hecho creer a muchos autores que se tratase de verdaderos despojos (42).

(42) Accarias, Précis de droit romain, 1, N^9 202.

- 2. Enajenar a los particulares las minas de propiedad del Estado, según las mismas consideraciones anteriores.

- 3. Establecer impuestos, aumentarlos y disminuirlos según las circuntsancias y las localidades.

- 4. Conceder franquicias o dictar prohibiones de naturaleza tutelar o policial.

- 5. Explotar directamente y por su cuenta, o por empresarios especiales, las minas de propiedad del Estado.

LECCION III

EXPOSICION Y COMPARACION DE LAS FUENTES DE LAS LEYES DE MINAS

§ I

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ANTIGUA

- 96.  Caracteres singulares presenta, del punto de vista del derecho minero, esa época intermediaria entre la edad antigua y la Edad Media, acaso la más interesante para la civilización contemporánea, en que el Imperio romano se disuelve y nacen de sus cenizas o de sus miembros dispersos, naciones nuevas, llenas del vigor de sus bosques seculares y enriquecidas con el legado de civilización y de sabiduría de su antiguo dominador. Durante ese largo interregno se elabora la transición de los elementos latinos a los góticos, germánicos, francos y sajones, y el derecho clásico de Roma, diluido en medio de aquellas sociedades llamadas bárbaras, renace con formas y sangre nuevas, y siempre impregnado del sabio espíritu que lo engendrara. Destruida poco a poco la autoridad de las leyes romanas en las provincias, empiezan a invadir sus arterias las costumbres y prácticas nativas, que siguen su lenta evolución hasta condensarse también en fórmulas legales.

- 97.  1. En cuanto a los principios o formas legales vigentes en las sociedades bárbaras que invadieron el Imperio romano, no es fácil determinarlos con exactitud, pues. si tuvieron leyes escritas, ellas no son conocidas sino desde el siglo IV, entre los visigodos, y la misma investigación histórica no adelanta muchos indicios sobre punto tan importante. Pero no puede dudarse que existió una forma, derivada de su misma constitución social o política embrionaria, relativa a la propiedad de la tierra y a la explotación de los minerales, de donde extraían las materias primas para sus armas, útiles, adornos y construcciones.

Los germanos establecíanse en cada territorio por medio de una distribución proporcional de lotes entre las jerarquías militares, sacerdotales y políticas, y considerábase incluido en el patrimonio o dominio directo del rey, todo el que quedaba desocupado o vacante. Consta en algunos documentos, que él conservaba la regalía de la sal y de otras minas, de la caza, la pesca y otros ramos.

2. Tanto los francos, como los godos, reúnen caracteres sociales semejantes a los germanos, en aquella época de su primera aparición en el escenario de la historia. Los segundos nos interesan en línea más directa. España fué ocupada por los romanos desde muy antiguo, pero no podemos decir que todo el territorio se hallase en poder de ellos, ni que alcanzasen a dominar todos los pueblos de esa rama gótica. El tesoro imperial recaudaba inmensas entradas de la rica tierra española; era la colonia más abundante en metales de oro y plata. Como España fué incorporada al derecho clásico de Roma en tiempo de Vespasiano (d. 7 a 79 d. J. C.) (1), es indudable que en la población latina, o en la sometida a su dominio, regía el sistema que hemos expuesto, relativo a la administración de las minas del dominio público. Y esta deducción se halla confirmada por un autor que escribe especialmente sobre la antigüedad legislativa minera de la península, diciendo: “los emperadores se reservaron la explotación de algunas minas, dando el

- (1) Manrique, Historia de la legislación, (España), tomo I, página 115.

resto en arrendamiento a compañías de publicanos, que las subarrendaban a los habitantes del país. Estaba prohibido emplear en los trabajos más de 5.000 operarios, que eran esclavos o criminales, y pueblos había a quienes se daba tierras de que vivir, a condición de que labrasen las minas de plomo en beneficio del Estado: por lo cual fueron llamados plumbar” (2).

- 3. Durante la época goda, las explotaciones mineras fueron abandonadas por causa de las continuas guerras, o cuando más, se ocupaban de extraer aquellos minerales de directa aplicación en las artes bélicas, y en caso de insuficiencia de la producción propia, los adquirían en el extranjero.

- 98. Procuremos sintetizar el estado de la legislación en la época intermediaria descripta. Sabemos que los últimos códigos romanos fueron:

l^9 Codex Gregorianus et Hermogenianus, desde Adriano hasta Constantino;

2^9 Codex Theodosianus, desde Constantino a Teodosio II (a. 435), aceptado por occidente y vigente en las colonias;

3^9 Digesto o Pandectas (a. 533).

Pero la población nativa hallábase muy desarrollada, así como sus instituciones generales; de manera que al lado de la sociedad latina existía ya una considerable porción de la nacionalidad, en la que predominaban los elementos originarios y exigían una ley propia, o no aceptaban o no respetaban la ley ya desprestigiada del conquistador. A este doble orden social, correspondía, pues, un doble orden jurídico representado por:

l^9 El Código de Eurico, para las leyes, usos y costumbres de la sociedad nativa;

2^9 El Breviario de Alarico (a. 506), principalmente para la sociedad latina, y el que se formaba de una selección de

- (2) Alcocer, La propiedad minera ante la ley civil* pág. 31. los códigos romanos, antes citados, y de sentencias de los jurisconsultos clásicos, en particular, de Gayo, Paulo y Papi-niano.

Tanto en el anterior como en este último, la legislación se desarrolla con una prolijidad indescriptible a las menores subdivisiones y detalles de la vida, y no obstante, dice un historiador, “sorprende en medio de tanta minuciosidad, el silencio casi completo sobre el ramo de minería, tan importante en España en épocas anteriores. Explotábase todavía las salinas de Cardona, y una piedra preciosa llamada lapis fulminis” (3).

3° El Fuero Juzgo (Forum Judicum) formado dos siglos después, pero que por sus principios, y por los elementos sociales y políticos que lo inspiraron, corresponde todavía a la larga época de la transición, transformación y fusión de las razas que han de constituir la nueva nacionalidad española en el siglo IX. Este código nacional tampoco habla de minas, sin duda porque aceptaba como un hecho social preexistente, la condición de las tierras legadas por los siglos anteriores. Así, pues, debe admitirse, que bajo su imperio, la propiedad de las minas hallábase sometida a este doble régimen: el de la ley romana, para las propiedades fundadas y per-petuadas en ella desde antiguo; el de la ley y tradición godas, para las constituidas en el establecimiento primitivo, o derivadas del dominio de los señores, por donaciones, prescripciones u otros títulos.

En resumen, por lo tanto, en la extensa época intermediaria entre la disolución del Imperio romano y la definitiva constitución de la nueva sociedad española, la legislación vigente, respecto del dominio minero, como de todos los demás órdenes de bienes y derechos, era la siguiente:

l^9 Leyes romanas o inspiradas en ellas, para la sociedad latina, o que de ellas derivaban sus patrimonios;

- (3) Dr. Félix Dahn, Historia primitiva de los pueblos germáni-eos y romanos (Oncken, tomo IV).

2^9 Derecho nacional, procedente de Eurico, extendido en el Fuero Juzgo, a través de múltiples cambios durante cuatro siglos;

3Q Tradiciones, usos y costumbres, originarios de la raza primitiva, perpetuados y erigidos en leyes, reconocidos por el derecho político y consolidados después en el régimen feudal.

- 99.  Tres siglos más tarde, en el Fuero viejo de Castilla (1128), se establece la primera definición del dominio de las minas —si bien inspirado en la misma doctrina de las antiguas leyes de Roma, de que tanto tardan en emanciparse— diciendo: “que todas las minas de oro, e de plata, e de plomo, e de otra guisa cualquier que minera sea en el Señorío del Rey, ninguno non sea osado de labrar en ellas, sin mandado del Rey”. En donde aparece, como se ve, la división entre minas del dominio público y del dominio privado, que vamos a ver extendida en el código de las Siete Partidas.

- 100.  Tampoco en los códigos posteriores —al Fuero Viejo de Castilla, como el Fuero Real y el Espéculo— se encuentra disposiciones expresas sobre esta materia. Necesitamos Regar al año 1256, al código inmortal de las Partidas de don Alfonso el Sabio, para encontrar las primera? bases concretas del futuro derecho regalista, desarroUado en España, quizá como en ninguna otra nación. Si bien confundida con la doctrina romana, la noción del dominio real, o regalismo, se desprende claramente del texto de la ley, aunque, siguiendo una buena regla de interpretación, el glosador ha preferido, en la duda, el sentido más estricto y favorable al particular. Definiendo, pues, lo que constituye el señorío del Rey y sus caracteres, dice la

Ley 5% tít. XV, P. II, entre otras cláusulas: “que quando el Rey quisiesse dar eredamiento á algunos, que non lo pu-diesse fazer de derecho, á menos que non retouiesse y aque-Uas cosas que pertenescen al señorío: (enumera en seguida esas prerrogativas y sigue): e que le finque y justicia enteramente, é las aleadas de los pleitos, é mineras, si las y ouiere; é magüer en el privilegio del donadío non dixesse que retenía el Rey estas cosas sobredichas para sí, non debe por esso entender aquel á quien lo da, que gana derecho en ellas. E esto es porque son de tal natura, que ninguno non las puede ganar, sin usar derechamente dellas”; en donde se advierte aún las influencias del derecho romano confundidas con las tendencias regalistas de la raza nueva. Pero se desprenden de esta ley conceptos que nos interesa consignar; por ejemplo: l^9, la distinción entre el señorío de la tierra y el de la mina; 2^9, que formaban las mineras, si las y ouiere, parte del dominio reservado, aunque se enajenase el de las tierras; 3^9, que la donación llevaba como condición resolutoria el labrarlas o trabajarlas; esto es, usar derechamente de ellas.

Por otra parte, la ley 11, tít. XXVIII, P. III, que habla de “en quales cosas los Emperadores, e los Reyes, han señorío propriamente”; o, en otros términos, qué cosas forman el dominio privado de la corona, enumera las “rentas de las salinas, e de las pesqueras, e de las ferrerias, e de los otros metales”, dando por razón del privilegio la necesidad de mantenerse decorosamente, de guerrear contra los enemigos de la fe, y para excusar a sus pueblos los “pechos, ó de fazelles otros agravamientos”. Disposiciones que apenas necesitan por nuestra parte un comentario, cuando vamos a hablar del de Gregorio López.

- 101. El célebre glosador de las Partidas parece, al comentar la ley 5* citada, que establece un sistema mixto. Concluye, en general, que el dominio depende de la situación de las minas: son del Rey si están en tierras de su dominio, y de los particulares si están en tierras del dominio privado: “nam si essent, in locis privatorum, non essent Regis, nisi talia loca privatorum fuerunt donata a Principe, reservando sibi eas, et per dispositionem istius legis intelligun-tur esse reservatoe in donatione”. Luego enumera los derechos que puede percibir el Príncipe sobre las minas, y muy partí-cularmente llama la atención la segunda de las siguientes reglas:

1* Las rentas de las minas son del Rey, de Vio cuando son ajenas, y de 2/io cuando son propias del real patrimonio y se hallan explotadas por particulares;

2* La facultad de dar permiso o concesión para buscar metales bajo tierra —dice el comentador— “pertinet Prin-cipi ratione publicce utilitatis, et dominus predii debet pati, quando damnum non est grave”.

Es decir, que respecto del derecho de exploración entra en pleno dominio regalista, pues la utilidad pública impone la obligación de descubir minas, para entregarlas a la industria, y el dueño del suelo debe soportar, en obsequio de la sociedad, salvo caso de daño grave, las invasiones a su propiedad. Además, el dueño del suelo tiene derecho a los descubrimientos que en él se hicieren, salvo los casos de previo consentimiento o convención.

Respecto a las salinas, de que se habla en la ley, el glosador dice que ellas son de diverso dominio, según los países, pero que en España pertenecen al Rey las que se hallan en tierras del Rey, y las que están en tierra de particulares deben su producto al Rey, previo pago, o están sus dueños obligados a venderlas a los salineros del fisco.

- 102. Un siglo más tarde, en 1348, el Ordenamiento de Alcalá de don Alonso XI, define más claramente el dominio, en la ley 47, tít. 32, denominada: “ley que fabla de las minas de oro, e de plata, e de plomo, que son del Rey”, y dice: “todos los mineros de oro, e de plata, e de plomo, e de otra guisa cualquier que minera sea en el Señorío del Rey, ninguno non sea osado de labrar en ella sin mandado del Rey”; y la ley 48, del mismo título, declara incorporadas al dominio real todas las salinas, diciendo que todas las “aguas e pogos salados que son para facer sal, e todas las rentas de ellos rindan al Rey, salvo las que dio el Rey por privilegio, o las que ganó alguno por tiempo en la manera que debía”.

Los señores Asso y de Manuel, anotadores del Ordenamiento, agregan que “Don Alonso el Sabio estableció y aseguró esta regalía, incorporando en el Real Patrimonio las salinas que tenían en sus estados los Ricos Hombres; de cuya novedad formaron éstos queja, y le suplicaron que dejase la sal y el hierro, conforme había estado en el reinado de su Padre. Y agregan que en las cortes que su hijo don Pedro tuvo en Valladolid, año de 1351, representaron los prelados que don Alonso había tomado las salinas a las iglesias y monasterios, y pidieron ser reintegrados en ellas. El Rey no tuvo por conveniente el condescender, alegando que se disminuirían considerablemente sus rentas. Todos estos agravios se repitieron en las cortes de Burgos, en tiempo de don Juan I, pero parece que en nada se alteraron las providencias de don Alonso".

- 103. El primer gran paso legislativo, es de carácter fundamental; fué dado en 1387 por don Juan I, en Bribies-ca, y ese acto fué incorporado a las Ordenanzas Reales de Castilla, ley 8, tít. 12, lib. VI. Por dicha ley, fundado en pri-. vilegios inherentes y heredados, declara el rey reservadas a su dominio las minas y condede a todo vecino o morador-del reino, ya eclesiástico, ya civil, “que pueden buscar y catar y cavar en sus tierras y heredades las dichas minas de oro y plata, y azogue y estaño, y de piedras y de otros metales", no haciendo perjuicios a otros exploradores o explotantes, “faciéndolo con licencia de su dueño", y después de pagar los gastos de explotación, debía apropiarse la tercera parte y las otras dos entregarlas al tesoro real.

“Mas estas disposiciones encontraron gran resistencia por parte de los nobles, dueños de la riqueza territorial, por conceptuar que dañaban sus intereses; por lo cual, y a fin de vencer los obstáculos que oponían las resistencias de los poseedores al desarrollo de la industria minera" (4), dictó Felipe II, en Valladolid, el 10 de enero de 1559, la ley por

- (4) Ocaña, La legislación minera, etc., pág. 20. la cual incorporaba a la Corona y Patrimonio Real todas las minas, y declaraba libre su descubrimiento y explotación por nacionales y extranjeros, en cualquier terreno que se encuentren, “no embargante las mercedes que... se hayan hecho a cualquier persona... y por cualesquier causa y razones, así de por vida y a tiempo y debaxo de condición, como perpetuas y libres de condición; las cuales todas mercedes ... las revocamos y anulamos y damos por ningunas”.

El mismo párrafo declara que los desposeídos serán indemnizados. Por el párrafo 2 se establece y se define el principio de la libertad, tanto respecto de las personas como de los lugares y substancias; y la condición adquisitiva del dominio particular de las minas de oro y plata —el registro verificado con arreglo a la ley— demuestra desde luego la separación de las minas propiamente dichas, de metales preciosos, sujetas hasta hoy al dominio exclusivo del Estado.

- 104. Después de tantos ensayos, y que la experiencia fué dando origen a la complicada legislación que el laboreo de minas reclamaba, el primer cuerpo de doctrina que aparece con toda la importancia de un Código especial es la ordenanza de agosto de 1584, llamada del Nuevo Cuaderno, y que forma la ley 4% tít. 18, lib. 9, de la Novísima Recopilación. Comprende casi todas las fases actuales de la jurisprudencia minera, y sobre sus fundamentos se ha desarrollado la legislación hispanoamericana.. Nuestro Código la ha tenido en cuenta en muchas de sus disposiciones y ha informado las leyes de todos los países de origen español.

Fundó esta ordenanza “un sistema completo de concesiones y explotación legal de las minas”; declaró la prioridad en el descubrimiento como base del derecho de propiedad (ord. 22) estableciéndose el Registro ante la justicia minera; fijó las reglas para estacar y demarcar las pertenencias; puso la explotación como condición para conservar la propiedad; acordó a los mineros la facultad de aprovecharse de los bosques públicos para las provisiones (ord. 49); ordenó que no se suspendiese el trabajo de la mina litigiosa (ord. 63); proveyó los reglamentos de las casas de beneficio y afinación (ord. 52 y siguientes); dictó las medidas referentes a demarcación y mensura (ord. 24 y siguientes) ; estableció como condición indispensable de la concesión el pueble de las minas por lo menos con cuatro operarios (ord. 37), y las reglas para el denuncio de las desamparadas (ord. 38); se crea y organiza un sistema administrativo y contencioso para los juicios (ord. 77) ; se dispone lo conveniente a los casos de contraminación y socavoneo, y las obligaciones de los mineros colindantes (ord. 79) y finalmente, se constituye ya con estas ordenanzas un cuerpo de doctrina completo, dadas las ideas de la época y los conocimientos alcanzados en materia de explotaciones mineras.

“Aquellas Ordenanzas, inspiradas en el principio rega-lista, único posible en el antiguo régimen, vienen a poner coto a un sistema de concesiones caprichosas en alto grado, y desarraigando el favoritismo y la intriga que se habían entronizado en esta importante materia, establece... substituyendo así el arbitrario sistema de complacencias y liberalidades con el de un verdadero derecho” (5).

- 105. Por ordenanza del 10 de agosto de 1564, el mismo monarca declara incorporadas a la corona y patrimonio real todas las minas de sal del reino; y esta ley es complementada por la ley posterior de don Felipe V, de febrero de 1728, que fija la penalidad para los contraventores.

Diferentes leyes dictadas en 1780, 1789, 1790, 1792 y 1793, fijan la legislación referente a las minas de carbón de piedra y a su aprovechamiento y comercio; la 1% concede grandes franquicias a los descubridores y explotantes, sujetándose a las leyes generales mineras, con exclusión del derecho fiscal del quinto, diezmo, treintena y otros; la 2% hace la clasificación legal de esa substancia, declarando libre su

- (5) Mario de Basterra, Vizcaya minera, su historia, legislación foral y derecho vigente, pág. 38.                        '

beneficio y tráfico por mar y tierra, y que “estas minas deben pertenecer a los propietarios de los terrenos donde están, entendiéndose por propietario el dueño directo”; por la 3% se permite a cualquiera hacer catas y calicatas para buscar minas de carbón, pagando a los dueños de los terrenos los daños, si los hubiere, y una vez descubiertas, tendría preferencia para su adjudicación el dueño del terreno; finalmente la 4* y 5% declaran terminantemente comprendidas las minas de carbón de piedra entre las de libre aprovechamiento, conservando la Corona “la suprema regalía de incorporar en sí la mina o minas que necesitase, o le conviniere para el uso de la Marina Real, fundiciones, máquinas u otro cualquier objeto del servicio público”.

§ H

LEGISLACIÓN COLONIAL

- 106. Al hablar de la riqueza minera de estas que fueron antiguas colonias españolas, mencionamos de paso su legislación. Ahora nos corresponde analizar sus códigos, o exponer su contenido, para establecer el vínculo tradicional y jurídico con que a ellas se liga la actual propiedad de las minas de esta América y las leyes de las nuevas nacionalidades (6). Ellas fueron la ley y la costumbre dominantes por tres siglos; ellas engendraron en nuestras poblaciones los

- (6) Por lo que respecta al régimen legal de las minas bajo los reyes incas, y que los españoles encontraron en práctica al tiempo de la conquista, si él no tiene un interés jurídico directo, lo tiene histórico, en cuanto completa el cuadro que venimos trazando. “Todas las minas del reino pertenecían al Inca. Eran explotadas exclusivamente para su beneficio, por personas habituadas a este trabajo, que eran elegidas en los mismos distritos donde se hallaban las minas.” Prescott, Conquest of Perú, L. I, C. II; R. P. Ricardo Cappa, Estudios críticos sobre América (Perú). Por lo menos el dato contribuirá a demostrar la teoría primitiva del regalismo absoluto, como propia de las sociedades nacientes. hábitos mineros, el lenguaje, las relaciones de derecho, y a su amparo se constituyeron los títulos de los Estados y de los individuos sobre las minas de nuestro territorio que se han explotado; luego, su importancia para nosotros es evidente, y mucho más cuando se recuerda que uno de esos códigos, el de las Ordenanzas de Nueva España, fué la ley de la República hasta la sanción del Código de Minería que hoy nos rige.

Bajo dos aspectos fundamentales puede y debe juzgarse la legislación minera que España dictó para sus colonias de América: con relación a los intereses fiscales del gobierno central, y con relación a la materia misma del derecho minero interno, es decir, el régimen legal de la apropiación, explotación, relaciones entre mineros y propietarios, de los mineros entre sí, y en fin, todo ese conjunto de reglas especiales que erigen a esta, materia en una rama del derecho en general. Los efectos desastrosos de la avaricia fiscal sobre la fortuna pública y la de la Corona fueron reconocidos por los mismos estadista de España, por sus economistas e historiadores; ella causó la ruina de las poblaciones y de las labores mineras, y acostumbró al industrial americano a ese pernicioso fatalismo del hombre que sabe que el fruto de su trabajo no le pertenece. La contribución ahogaba la industria, el quinto real, absorbía la sangre del minero, y todas las franquicias, privilegios y seguridades otorgadas por las sabias leyes de Indias, que parecían calculadas para dar vida al trabajo individual, lo eran en efecto, pero con el fin de aumentar el producto imponible. ¡Error funesto que ha persistido durante una mitad de nuestro siglo, y que, mientras aparezca entre nosotros, ha de ser una amenaza contra el trabajo del minero que necesita más que ningún otro, la protección de la libertad!

En cambio, bajo su aspecto intrínseco, aquellas leyes consultaban los progresos de la ciencia, se inspiraban en la más fina observación de la naturaleza, y ya se refiriesen a las clasificaciones de minas y su modo de apropiación, ya a las reglas para su aprovechamiento, han sido y seguirán siendo fuente autorizada de experiencia y de doctrina. Así tenemos que nuestro codificador muchas veces ha ido a buscar en ellas la solución de los mil problemas técnicos o legales que se presentaban a su estudio, y ya en forma de cláusulas imperativas, ya en notas doctrinales llenas de ciencia, los antiguos jurisconsultos de Indias todavía viven en espíritu en nuestras leyes. Al Consejo de Indias le estaba confiada la suprema jurisdicción sobre todas estas comarcas, la aplicación de las leyes generales y particulares, y a él debían ser sometidas todas “las ordenanzas, constituciones y otros estatutos que hiciesen los prelados, cabildos y conventos de religiosos, y nuestros virreyes, audiencias, consejos y otras comunidades” (7).

102. Resumamos, pues, la legislación vigente en América del siguiente modo, tal como está mandado en sus propios códigos. En cuanto a la de carácter general, regían: I^9, las leyes, cédulas y ordenanzas, contenidas en la Recopilación, y 2^9, las leyes del Reino de Castilla, tanto en el fondo como en la manera de proceder y aplicar. En materia de minas, la legislación es más múltiple, y el orden de su vigencia era el siguiente:

l^9 Los códigos y leyes especiales para cada reino o provincia (Ordenanzas del Perú, Ordenanzas de Nueva España);

2^9 Los mismos, con las modificaciones de detalles introducidas por las corporaciones, autoridades, o gobiernos provinciales o municipales para el régimen inmediato de los reales o asientos de minas (8);

3^9 Las costumbres locales, y los reglamentos municipales o provinciales, mientras no excediesen su jurisdicción;

4^9 Las leyes generales sobre minas contenidas en la Re-copilación de Indias;

5^9 Las leyes generales sobre minas, del Reino de Castilla;

- (7)  Recopilación de Indias, L. 2, Lib. II, Tít. I.

- (8)  Recopilación de Indias, L. 3, Lib. II, Tít. III.

Hasta dónde iban las facultades de los virreyes en esta materia, y en representación del soberano, nos lo dicen las mismas leyes; y por alta que fuera su potestad, no era absoluta ni legislativa, y las ordenanzas de ese carácter no tenían valor si no eran confirmadas por el rey (9) ; pero bastaba la autoridad policial o municipal que las localidades ejercían sobre sus respectivos distritos, para imprimir a las prácticas mineras sus modalidades locales.

- 108.  El código denominado Recopilación de Indias, que tanta influencia ha ejercido en toda la legislación y en la sociedad hispano-americana, tuvo una larga elaboración y tomaron parte en él los más notables jurisconsultos del foro del Gran Consejo y la Casa de Contratación, hasta que fue concluida su ordenación en 1680 y promulgada con especial mandamiento de que toda legislación anterior quedaba revocada. Más de medio siglo se empleó en prepararlo, habiendo empezado en el reinado de Felipe III. “Tomó parte principal en él un argentino, don Antonio León de Pinedo, nacido en Córdoba, educado en Lima, que fué relator y fiscal de aquellos cuerpos (Consejo de Indias y Casa de Contratación), a principios del siglo XVII (10)". El principio fundamental sobre dominio minero era el del rega-lismo, fundado ya por las Ordenanzas reales, y el del interés fiscal, según queda expuesto. Veamos, ahora, lo que sobre minas contienen tan célebres cuerpos de leyes.

- 109.  Se permitía (11) a todo español o indio vasallo descubrir y beneficiar minas de oro, plata, azogue y otros metales, sin limitación de lugar, ni especie, ni condición, salvo el perjuicio de tercero y las prohibiciones a los empleados públicos; y respecto a las formalidades y procedimientos de ubicación, deslinde y posesión, regían los regla-

- (9)  J. B. Lira, Exposición de las leyes de minería de Chile, pág. 11.

- (10)  L. L. Domínguez, Estudios sobre las leyes de las Indias (Revista Argentina, tomo VI, pág. 395).

- (11)  Lib. IV, Tít. 19.

mentos locales (ley 1); pero esos descubridores debían prestar juramento de manifestar el oro que extrajeran en minas, ríos (lavaderos), quebradas (placeres), y cualesquiera otras partes; y para las operaciones de explotación debía preceder el permiso correspondiente del gobernador (ley 2). Los que hallándose al servicio de otras personas, descubriesen minas, adquieren para aquellos (ley 5).

La ley 6^7 del mismo título, reproducía la prescripción referente al amparo de las minas; trata de las minas desiertas por falta de trabajo, y manda que las que no se trabajasen durante cuatro meses, fuesen denunciadas y adjudicadas al denunciante, siendo absolutamente prohibido a las autoridades locales prorrogar aquel término. Transportábase a América el principio del amparo o pueble con trabajo, que tanta importancia ha adquirido hoy en la doctrina, y que aún se discute con apasionamiento; y si bien ese sistema contribuyó a no cortar por un momento la corriente de exportación de metales preciosos a la Península, aplicado hoy a las nuevas ideas y en provecho de la sociedad, no podemos negar sus grandes ventajas del punto de vista de la producción. Y a aumentarla constantemente tendían todas las prescripciones de la ley, ya se refiriesen a las personas, ya a las cosas.

Así, la ley 7% mandaba que no fuesen desperdiciados los desmontes, relaves y escoriales, y las siguientes consignan exenciones y privilegios del gremio minero. Las leyes 13, 14 y 15 se proponen, según el texto, favorecer a los españoles pobres y especialmente a los indios, colocándolos en iguales condiciones respecto a descubrimientos, adquisición y beneficio de minas de oro, plata, azogue, etc., y manda a los virreyes, presidentes y gobernadores que para los descubrimientos se hagan asesorar por indios conocedores, otorgándoles todo género de franquicias y exenciones con tal que no modificasen su estado civil; por ejemplo, debía guardarse a su respecto la concesión que otorga la ley en favor del descubridor, y de la adjudicación de estacas o minas nuevas (ley 16). La ley

17, tít. XV, lib. VI, que consagra los derechos personales reconocidos a los indios, manda que se formen pueblos de indios para el servicio de las minas.

- 110.  Consignan importantes privilegios para el ramo de minería las leyes 1, 2, 3, 4 y 5 del tít. XX, que mandan que en caso de ejecución, por deudas contra algún minero, no se tomen los instrumentos de trabajo, debiendo el embargo ejecutarse en el producido de la mina; que las prisiones se cumpliesen en el mismo asiento o real de la mina; que los mineros de Potosí no fuesen detenidos en Lima, ni viceversa, porque fueran deudores a la Real Hacienda; que los artículos de consumo indispensables les fuesen vendidos a los precios más justos, y por último, que los pleitos entre mineros fuesen substanciados y fallados con la mayor brevedad.

- 111.  El tít. XXI, lib. VI, trata de las autoridades, sus requisitos y prohibiciones, y la ley 1* exige que los alcaldes mayores de minas sean capaces y prácticos y tengan todas las calidades necesarias para el oficio, es decir, competencia, instrucción y honorabilidad; y manda a los virreyes y presidentes que los provean en tales condiciones. Los alcaldes por sí, ni por interpósita persona, no podían tratar ni contratar con los mineros “con pretexto de avío u otro cualquier color”; no podían rescatar (12) 9 comprar, ni adquirir oro, plata, etc., de los mineros a ningún título bajo pena de pérdida del oficio y multa del cuadruplo, destierro para los mineros y pérdida de lo contratado; los alcaldes mayores, jueces y escribanos no podían tener compañía de minas con ningún propietario, ya sea para su explotación, ya para su laboreo, bajo pena de pérdida del oficio y multa de 1.000 pesos en oro para la Corona y el fisco; los salarios de los alcaldes y veedores

- (12) “Aquella llamaron rescatar, y todavía dura este nombre que usan por término general en Potosí, cuando se trata de comprar metales a diferente persona que al propio y verdadero dueño”. Relación del Marqués de Montesclaros, Virrey del Perú, etc., 1615. Documentos iné* ditos del Archivo de Indias, tomo VI, pág. 239.

debían pagarse del producto líquido de las minas y no de la real hacienda.

- 112.  Puede distinguirse en el sistema de la Recopilación como en las leyes romanas, dos categorías: una especial de minas del Rey, y otra de minas concedidas a los particulares. De las primeras trata el título XI, libro VIII, y de las contribuciones de las segundas, el título XX del mismo libro. Como dueño directo de aquellas, el Rey manda a los virreyes, presidentes y gobernadores que procuren descubrir nuevas minas, y los faculta para explotarlas directamente, o para venderlas y arrendarlas según las conveniencias del tesoro; por la ley 5* de ese título se reserva para el rey las minas de alcrebite (azufre), y manda que las administren funcionarios reales, pues su producto se destinaba a la fabricación de municiones de guerra.

- 113.  La contribución impuesta a las minas por el título X, libro VIII, importaba absorber casi todo el producto en provecho de la Corona. El derecho del fisco se extendía hasta los más mínimos detalles de la industria y las más insignificantes labores, y la ley 1* de este título mandaba “que todos los vecinos y moradores de nuestras Indias que sacaren en cualquier provincia oro, plata, plomo, estaño, azogue, hierro u otro cualquier metal, paguen la 5* parte del producto bruto... ”, lo cual corresponde al diezmo que imponían las leyes romanas a las minas de igual clase; “porque nuestra voluntad, agrega la ley, es hacerles merced de las otras cuatro partes para que cada uno pueda disponer de ellas como de cosa suya propia...” Las demás leyes del título contienen las especificaciones de todas las maneras de adquirir y extraer minerales, que caían bajo el imperio de la absorbente contribución, de manera que los agentes de la Corona eran para el infeliz minero de América, especie de gigantes fabulosos con miles de ojos para vigilar en todos los sitios al mismo tiempo, los descubrimientos de nuevas vetas, los alcances, beneficios, etc., para aplicar la terrible ley del quinto real, y para que las contribuciones en metales o minerales en general, se redujesen a barra y se remitiesen a España (13).

La ley 51 del mismo título consignaba una excepción en apariencia protectora, pero, en realidad, tendente a procurar en seguida mayores y más positivos rendimientos al real tesoro; ordenaba “que las minas que de nuevo se descubrieren”; es decir, los decubrimientos que requerían gastos de primer establecimiento e instalación de las labores, se pague los dies primeros años solamente un décimo, en vez del quinto, de manera que la franquicia, que, aun siendo de 1/10, absorbería toda la producción, sólo era un recurso para estimular al iluso minero hasta que ponía su explotación en buen camino, y entonces duplicaba el monto de la contribución real, esterilizando lo mejor de sus esfuerzos.

- 114. He aquí una breve síntesis del sistema de tributos impuestos a la minería en beneficio de la Corona. Se componía de tres órdenes de contribuciones: l^9, minas propias e inalienables; 2^9 minas reservadas; 3^9, minas áridas o particulares en explotación.

- 1. Regalías. En las minas de mercurio (azogue), sólo se concedía el usufructo al descubridor por treinta años. “La propiedad de estas minas de tal suerte es inseparable del patrimonio real, que de ninguna suerte ni por causa alguna pueden los virreyes venderlas ni enajenarlas” (14).

Al principio, las salinas formaban parte de la regalía; pero una cédula de 1609 las entregó al aprovechamiento; y en

- (13)  “Así, por ejemplo, las dos provincias argentinas pagaban 6 pesos corrientes, lo que equivale a 4 % pesos de plata por cabeza, los de la provincia de Cuyo (dependiente entonces de Chile) pagaban 8 pesos. El rey cedía entonces este derecho a los encomenderos para que aquéllos satisfacieran las cargas de su repartimiento. El tributo de Cuyo se distribuía de este modo: 5 pesos para el encomendero, 1 para el doctrinero, 1 ¥2 al protector y 1 % al corregidor.” Domínguez, Ob. cit., lug. cit., pág. 507.

- (14)  Escalona, Gazofilacio real del Perú, L. II, P. II, C. II, números 1-12.

cuanto al salitre y azufre, se monopolizan en atención a los usos de esas substancias para la fabricación de artículos bélicos.

- 2. Reservas. En todo descubrimiento debía reservarse, para el dominio inmediato del jefe del Estado, una pertenencia de 50 varas si era de oro, y de 60 si era de plata. No siempre las explotaba el Estado; esto sólo se hacía en caso de evidente y gran riqueza. En los demás, esos lotes eran vendidos o arrendados para su explotación por los particulares.

- 3. Quintos reales. Se cobraba sobre el oro, plata, cobre, estaño, hierro, plomo, latón, alumbre, salitre, caparrosa y tierras fósiles (carbones), betunes, piedras preciosas, etc. “Cóbrase este derecho, dice Escalona, por razón de la regalía y señorío supremo que umversalmente compete a los príncipes, en los minerales que la naturaleza cría en (los dominios de) su corona.”

115 Entre las compilaciones tan uniformes y sistemáticas, al estilo de los códigos romanos, que tanto se acostumbraron en España, merece nuestra particular atención la denominada Ordenanzas del Perú, empezada en tiempos del Virrey don Francisco de Toledo, que, al decir de Solórzano, era “tan advertido y entendido en estas materias”; él vio manuscritos de Fr. Gerónimo de Loaysa, “arzobispo que fué de la Santa Iglesia de Lima en el Perú, y del doctor don Pedro Mu-ñiz insigne teólogo, Deán de ella, y otros doctos y graves varones, que para esto juntó y consultó el Virrey don Francisco de Toledo...” Hizo luego las ordenanzas, “así para las minas de plata de Potosí, y otras de aquel reino, como para las de azogue de Guancavélica. Y habiendo dado cuenta de todo lo proveído, no sólo se le aprobó, pero aún halló que se mandó ampliar, y extender a las demás que se fuesen descubriendo por un capítulo de carta de 20 de enero de 1589...” (15). Y tal fué la base de las célebres Ordenanzas del Perú,

- (15) Política indiana, Lib. II, Cap. XV, núms. 2, 39, 40.

que se formó por la “compilación de estatutos dictados por los virreyes para el régimen administrativo y judicial del Virreinato del Perú. Esta compilación fue formada en 1683 por don Tomás de Ballesteros, de orden del Virrey don Melchor de Navarra y Rocafull (16). La materia de minas está tratada en el libro III, materia en la cual esas ordenanzas fueron expresamente confirmadas por el soberano” (17). La importancia de este código resulta para nosotros de haber regido por un tiempo considerable en nuestro suelo, y además, por haber servido de fuente doctrinal para un gran número de artículos de nuestro código; y esa autoridad científica aún no se ha extinguido (18).

- 116. Tanta fué la decadencia a que condujo la legislación de las Indias al ramo de minería, que, a fines del siglo XVIII, los gremios mineros de Méjico y el Perú hicieron presente, por intermedio de sus virreyes, al Supremo Consejo de Indias, la necesidad de la protección de leyes liberales y generosas, de corregir los abusos entre mineros y operarios, y de dar, en fin, a la minería la importancia que en la legislación y en la práctica debía tener. En consecuencia, se dictó las Ordenanzas de Minería de Nueva España, que han regido por espacio de un siglo sobre casi toda la América española, desde 1783. Su importancia es esencial en nuestro estudio, porque ha sido la ley que recibimos con la herencia de la tierra, y porque allí constan los derechos que los Esta-

- (16)  J. B. Lira, Exposición de las leyes de minería de Chile, página 11.

- (17)  Rec. de Ind.9 Ley 37, Tít. I^9, Lib. II.

- (18)  Respecto de la historia y contenido de esta célebre compilación, puede verse: M. Loaiza, La nueva legislación de minas de la República de Bolivia, etc., P. XXIII, y Escalona, Ob. cit., L. II, P. II, C. II. Las Ordenanzas del Perú se dividen en diez títulos, enunciados así: I, Descubrimientos; II, Demasías; III, Medidas; IV, Cuadros; V, Cómo se han de labrar las minas; VI, Internaciones; VII, Despoblados; VIII, Socavones; IX, Pleitos de minas; X, Desmontes, trabajos y paga de indios.

dos, tanto nacional como provinciales, tienen sobre las minas de todo el territorio por sucesión de la Corona real de España (19), así como la Unión norteamericana heredó los derechos sobre las tierras que poseían los reyes de Inglaterra (20). “Las Ordenanzas de Nueva España, decía el señor Lira en 1869 (21), hasta hoy el más importante de todos los cuerpos de nuestra legislación minera, fueron mandadas adoptar en el Perú y Chile, previas las modificaciones que, atendidos los usos y costumbres de estos países, debía de introducir en ellas el Virrey..

- 117.  Este célebre código, que fué también por espacio de treinta y cuatro años ley de la República Argentina, contiene 19 títulos, que tratan: I al IV, de la organización del Real Tribunal General del Cuerpo de Minería, de los jueces y diputados de los reales de minas y la manera de elegir a unos y otros y de la jurisdicción y procedimientos en las tres instancias; V, del dominio y concesión de las minas; VI, de los modos de adquirir, nuevos descubrimientos, registros y denuncios; VII, de las personas con relación a la adquisición; VIII, de las pertenencias y demasías; IX, de la explotación legal; X, de las minas de desagüe; XI al XVIII comprenden la legislación relativa a los contratos, operarios, servidumbres públicas, negocios en metales, provisionamiento y avíos, personal técnico y enseñanza especial minera; el XIX trata, finalmente, de los privilegios de los mineros, que tendía a formar una clase especial destinada al laboreo y servicio de la minería.

- 118.  Pueden considerarse, además, adiciones o complementos indispensables de este código las reales órdenes de 29 de diciembre de 1777, 31 de mayo de 1790, 10 de junio de 1797, 18 de julio de 1789, 5 de febrero de 1793, 12 de fe-

- (19)  Ordenanzas de minería de Nueva España, art. I^9, tít. V.

- (20)  Bouvier, A law dictionnary, V^9 Mines,

- (21)  Exposición de las leyes de minería de Chile, pág. 12.

brero de 1796, resoluciones de las Cortes de 26 de enero y 2 de febrero de 1811 concediendo el dominio y adquisición de las minas de azogue, favoreciéndolas con exenciones y privilegios, y otras muchas de carácter declaratorio o derogatorio dictadas hasta el derrocamiento del poder real por la revolución de la independencia.

•

- 119.  Las nuevas nacionalidades desprendidas del coloniaje, empezaron a introducir en el código minero de Nueva España aquellas modificaciones indispensables exigidas por su nueva situación y formas de gobierno, pero no así en el fondo técnico de la materia independiente de toda forma política. Siguiendo el mismo procedimiento de Méjico, el Perú continúa rigiéndose por la conocida Ordenanza, si bien la autoridad judicial y administrativa cambió de organización, y desaparecieron los privilegios y restricciones incompatibles con un régimen de igualdad y libertad.

- 120.  Caídas en olvido, o reconocidas ineficaces las viejas Ordenanzas del Perú, de 1683, un siglo más tarde, el 8 de diciembre de 1785, “persuadido el Rey del estado de decadencia a que ha venido en ese reino el importante ramo de minería, por la falta de método con que se gobiernan los reales de minas, y también por los frecuentes pleitos que siguen los individuos de esta útil profesión...” se dispone que la Ordenanza General de Nueva España se ponga en práctica y adapte a las circunstancias locales del Perú, previo el cumplimiento de algunas bases que se indican al Virrey. Este las publica en Lima el 7 de octubre de 1786, adicionadas con 56 Declaraciones, que tienen por objeto cumplir el mandato de adaptar las Ordenanzas al nuevo medio en que debían aplicarse, introduciendo a la vez en ciertos puntos modificaciones de doctrina de alguna importancia.

§ III

LEGISLACIÓN MODERNA LATINO-AMERICANA

- 121.  La República del Perú se rige durante medio siglo por la Ordenanza de Méjico como ley general de la Nación, complementada por las Declaraciones de 1786, e interpretada en los casos dudosos, obscuros o no legislados, por su derecho consuetudinario —del que eran monumento valiosísimo las antiguas Ordenanzas del Perú— hasta 1877, en que el Congreso dicta una ley de minería provisoria, mientras se reformaba el código vigente, e inspirada como las de todos los gobiernos que siguieron a la Revolución, en una errada y falsa idea de lucro fiscal, pretendiendo como los antiguos monarcas obtener de la minería, exhausta y anémica por las exacciones y cargas gubernativas, toda la renta que no podían por un arreglo más sabio y acertado de sus finanzas.

- 122.  Por eso la reforma de 1877 se propuso crear el impuesto a las minas, obtener una fuente de renta cambiando el sistema de amparo con trabajo de la ley antigua, por el impuesto de 15 soles por cada cuadratura o pertenencia (art. I^9), pues el art. 5^9 declara que “el pago puntual y continuo del impuesto es requisito esencial para la posesión y propiedad legal de una mina, sea que se trabaje o no. El dueño que dejase de pagarlo en un semestre perderá indefectiblemente su derecho de posesión y propiedad”. Deja subsistente esta ley las diputaciones territoriales de la Ordenanza; crea y organiza un Padrón General de todas las minas, o sea el Registro, tendiente a hacer constar el amparo o abandono de las minas; determina la jurisdicción contenciosa; declara a los extranjeros en igualdad de condición con los nacionales (art. 22) y establece algunas prescripciones de doctrina, como la contenida en el art. 23, que designa la categoría, o clasificación legal de las piedras de construcción, arenas, cales, arcillas, pizarras y demás substancias de esta clase, declarándolas pertenecientes

al propietario del terreno, de aprovechamiento común en los del Estado o municipios, aunque con la reserva de estos para conceder su explotación a los particulares ([1]).

- 123.  En cuanto a la legislación contemporánea del Perú, tenemos noticias de las siguientes leyes: de 22 de diciembre de 1888, en que se acuerda privilegios especiales a los descubridores de salitres o nitratos, a quienes se conceden hasta 50 pertenencias; de 1890, adicional de la de 1877, que reconoce el procedimiento de la Ordenanza de Méjico, y declara que los extranjeros pueden obtener y explotar minas, si bien no pueden tomar parte en su administración; de 19 de diciembre de 1895, sobre revalidación de pertenencias de petróleo en el Departamento de Piura, y cuyo art. 1? establece: “Los denunciantes de pertenencias de petróleo que hubiesen perdido su título de posesión, por falta de pago de la contribución, podrán revalidarlo y obtener su reinscripción en el Padrón General de Minas, pagando previamente la contribución del semestre siguiente al de la reinscripción de dichas pertenencias, si no hubiesen sido antes denunciadas por otras personas”; de 23 de diciembre de 1895, por la cual se establece un recurso para pedir la adjudicación de minas abandonadas substituyéndose al anterior concesionario.

- 124.  Pero, indudablemente, donde las Ordenanzas de Nueva España tuvieron más vastas interpretaciones, desarrollo y aplicación, ha sido en Chile, país esencialmente minero, y que desde muy antiguo fundó en esa industria su principal fuente de riqueza. Allí ha formado una rica literatura jurídica minera y una abundante jurisprudencia y legislación, cuyos expositores y comentadores han ejercido sobre nuestro codificador una notable influencia. La misma Real Orden de 1785, mandaba que la Ordenanza de Méjico pasase al Virrey de Chile con el mismo objeto, y él dictó 50 Declaraciones con el fin de su adaptación a las necesidades locales.

La legislación minera de Chile hasta 1875, en que se dicta el primer Código de Minería, consistió, pues: l^9, en la Ordenanza de Méjico, adicionada por las Declaraciones de 1787; 2^9, leyes dictadas durante la República sobre puntos especiales, de reformas, aclaraciones, franquicias, etc.; 3^9, legislación consuetudinaria, en que debe contarse la ley común de Indias y las Nuevas Ordenanzas de Minas para el Reino de Chile, dictadas en 1754, y con la autoridad legal, según el señor Lira, aunque no hubieran sido aprobadas expresamente por el soberano.

- 125.  El código de 1875, que ha servido de comparación al autor del nuestro, ha sido a su vez reformado en 1888, bajo el gobierno del presidente Balmaceda, y su innovación capital consiste en reemplazar el amparo con trabajo de las minas, por la patente anual (tít. XII), que es condición resolutiva de la propiedad. En el curso de este estudio, tendremos frecuentes ocasiones de comparar este código con el nuestro, y analizar la gran cuestión relativa al amparo, ya con patente, ya con trabajo, de cuyo último sistema nuestro codificador se ha erigido en defensor autorizado. En cuanto al sistema de clasificación, este nuevo código crea cinco categorías: 1* Minas metálicas, y vacantes, concedibles; 2* Carbón y substancias fósiles, y depósitos de sal marina, lagunas y lagos, que pertenecen al dueño del suelo; 3* Huano, nitratos y sales amoniacales, que constituyen una reserva del Estado; 4^9 Placeres y lavaderos, declarados de común aprovechamiento; 5a Metales sueltos en la superficie y piedras preciosas, que se acuerdan al primer ocupante.

- 126.  MÉJICO. 1. Adviértese en casi todos los demás códigos y leyes de los otros países hispano-americanos, la influencia del espíritu revolucionario, que no aquilata ni selecciona, y tiende a destruir todo lo que al viejo régimen pertenecía, aunque la razón demuestra a veces que muchas de sus leyes fuesen sabias y dignas de perpetuidad. Pero hay que esperar que, perdido el impulso revolucionario y entrados en la propia evolución sociológica, empezarán a ordenar sobre bases más sólidas y científicas sus códigos mineros.

- 2. Muchas y varias son las disposiciones administrativas y legales que desde la independencia se ha dictado, ya sea aclarando o derogando puntos especiales de la antigua legislación, ya creando casos nuevos, de acuerdo con las instituciones nacionales republicanas, pero sin alterar el fondo de aquélla. A esta primera época, que abarca de 1826 a 1844, y hasta el primer código minero, pertenecen numerosas disposiciones de ese carácter, no recopiladas, pero que fueron formando los antecedentes del nuevo código, sancionado el 22 de noviembre de 1884.

- 3. Este comprendía cuatro clases principales de minas: 1* Minas y depósitos de toda substancia inorgánica en filones, capas o masas de cualquier forma, y toda substancia similar para cuya explotación se necesiten labores mineras; 2* Placeres o depósitos de oro y platino con los metales que los acompañan, y las piedras preciosas; 3^ Las haciendas o establecimientos de beneficio o reducción de minerales; 4* Las aguas que salen de las minas, y las que se necesitan para obreros, animales y fuerza motriz (tít. I, art. 4^9). La propiedad particular se obtenía por descubrimiento y por denuncio, por tiempo ilimitado y sujeta a la condición resolutoria del trabajo (tít. I, art. 4^9).

- 4. En 1887, con el propósito de combatir la crisis universal de la plata, que tan directamente afectaba la industria minera de Méjico, se dictó una ley para procurar la explotación de ese metal por grandes compañías, es decir, destruyendo el sistema secular de descubrimientos y de apropiación particular en pequeñas medidas, y autorizando al gobierno para hacer contratos por extensiones considerables; y al mis, mo tiempo se trataba de estimular el desarrollo de otras distintas industrias.

- 5. Hasta que en 1892, el 4 de junio, se promulgaba el Código vigente fundado sobre un sistema muy distinto de la legislación tradicional, y que se caracteriza así: a) Comprende dos clases de minas: 1% las substancias para cuya explotación y aprovechamiento se necesita concesión previa; 2* aquellas para cuyo aprovechamiento se necesita un laboreo capaz de perjudicar la vida de los operarios, y la seguridad y estabilidad de las mismas minas, o del suelo (art. 2^9) ; b) El propietario del suelo puede explotar libremente las aguas y aceites minerales, las piedras y las tierras, y los minerales no comprendidos entre los concesibles (art. 4^9) ; c) La propiedad de la mina es distinta de la del suelo, es perpetua e irrevocable mientras pague el impuesto federal o patente que constituye el título de propiedad (arts. 5^9 y 6^9). Sobre estos fundamentos calculados para convertir la minería en una fuente de renta fiscal, se levanta hoy la legislación de aquella tierra clásica del derecho minero.

- 6.  Un autor inglés juzga así este nuevo Código: “Comparando la reciente legislación con la anterior, se verá que Méjico ha logrado en gran parte libertarse de las trabas impuestas por la tradición y la costumbre; y en lugar de un irritante sistema de control, ha entregado sus recursos minerales a la libertad industrial; las antiguas limitaciones de área, condiciones de trabajo, y sujeción general del trabajo de las minas a la vigilancia de los empleados del Estado, han sido substituidos por una libertad ilimitada en cuanto al área y condiciones de trabajo, sujetos solamente a un simple y moderado impuesto del gobierno federal, y a los comunes reglamentos y derecho de inspección gubernativa dirigida a asegurar a los obreros y proteger la propiedad, al mismo tiempo que el riesgo de caducidad ha sido reducido a un mínimum” (23).

- 127. Centro América. — En general el espíritu de las leyes mineras de las repúblicas centro-americanas es el mis-

- (23) Walmesley, Mining laws of the World, 1894, pág. 198. mo del antiguo derecho español, y con excepción de las de Ni caragua y Honduras, no se han dado en ellas casos muy notables en esta materia.

- 1. Guatemala. Se rige por el Código de 15 de setiembre de 1881. Las minas son propiedad del Estado, y el dominio particular se establece por concesión, descubrimiento y denuncio.

- 2. Costa Rica. Sus leyes son las antiguas, modificadas no substancialmente en 1830. Reina en ellas confusión y obscuridad; su principio fundamental es el regalismo.

- 3. San Salvador. Tiene una compilación denominada Código de Minería cuyas disposiciones son substancialmente las mismas que las de los Estados vecinos.

- 4. Nicaragua. El Código de Minería de 11 de febrero de 1876, consta de 431 artículos; se funda sobre el principio regalista y la propiedad particular se establece por descubrimiento, concesión y denuncio.

- 5. Honduras. Es considerado su Código como uno de los más perfectos. Su legislación minera es la siguiente: a) Códi-» go de Minas de 27 de agosto de 1880, y su reforma de 20 de marzo de 1885. Se asemejan mucho sus doctrinas y forma al nuestro, y sus principios son el regalismo como fundamento de la propiedad, y la ciencia como base de la clasificación, laboreo legal y aprovechamiento, b) Decreto explicativo y reglamentario de 24 de setiembre de 1888. c) Decretos de 18 de noviembre de 1882 y 17 de marzo de 1887, acordando facilidades, exenciones y ventajas a la industria minera en general.

*

- 128. Venezuela. Rige el Código de Minas de 30 de junio de 1891, que consta de 107 secciones o artículos, y se funda sobre el principio regalista estricto: “Sec. 6*. Ninguna mina puede ser trabajada, ni aun por el dueño del suelo, sin previa concesión acordada por el Ejecutivo Federal." Las demás disposiciones son semejantes a las de los demás códigos de América, si bien interesa conocer su sistema de clasificación legal. Reconoce cuatro categorías:

1* Minas, esto es, toda acumulación de substancias inorgánicas metalíferas, o de materia combustible, depositada en la superficie o en el interior de la tierra, o de piedras preciosas que requieren laboreo minero, ordenado; se adquieren por concesión del Estado, y cuya propiedad comienza a los 15 metros de la superficie y continúa en profundidad indefinida; las concesiones se hacen por 90 años que pueden ser prorrogados ;

2* Metales y piedras preciosas que no requieren laboreo ordenado, cuando se hallan en la superficie de tierras no pertenecientes a propietarios particulares; se acuerdan al primer ocupante;

3* Piedras de edificación, arena, y otras materias de este género; pertenecen al dueño del terreno;

4* Arenas auríferas y estanníferas y otras producciones minerales de ríos y placeres, así como el carbón llamado “de greda”, situados en terrenos vacantes, o pertenecientes a la nación y no apropiados; están a la disposición del público (son de común aprovechamiento) ; pero si el laboreo se ha de hacer en establecimientos permanentes, serán necesarias concesiones especiales (24).

- 129. Colombia. Cada Estado de la antigua Confederación dictaba su código, pero la mayor parte de ellos habían adoptado el Código de Antioquía, de 21 de octubre de 1867, que por una ley de 1887 ha sido declarado Código Nacional.

- 1. Según su art. I^9, las minas existentes en el territorio del Estado pertenecen como sigue: a) a la nación; b) a los departamentos o provincias; c) al dueño del suelo.

- 2. La propiedad particular se establece: l^9, por adjudicación del Poder Ejecutivo, y 2^9, por los demás medios de adquisición de las leyes comunes.

- (24) V. Féraud-Giraud, Code des mines de Venezuela. Exposé ana* lytique de la loi de juin 1891 (Revue de législation des mines, 1882, pág. 193).

- 3. La concesión de la mina lleva consigo la tierra en que está situada, y la necesaria para el laboreo y demás operaciones conexas con la explotación (25).

- 130.  Ecuador. Puede condensarse su legislación hasta 1892, en los siguientes actos, complementarios unos de otros: l^9 Títulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de las Ordenanzas de Minería de Nueva España, de 1783, con las leyes y decretos españoles y mejicanos, aclaratorios y reformatorios; 2^9 Reglamento de Minas promulgado por Simón Bolívar, en Quito, el 24 de octubre de 1829 como Presidente de la entonces República de Colombia; 3^9 El Código de Minería de 26 de agosto de 1886. El 15 de agosto de 1892, el Congreso ecuatoriano sancionó una nueva ley en que reforma el Código de 1886, cuya principal innovación consiste en la adopción del sistema de la patente anual como medio de conservar la propiedad de la mina concedida.

- 131.  Bolivia. La historia legislativa minera de esta República vecina cuyo territorio austral formó parte hasta 1824 de la República Argentina, nos interesa tanto como la del Perú y Chile, pues vivió bajo el imperio del mismo derecho clásico, y su minería alcanzó un desarrollo extraordinario. Esa historia puede dividirse en cuatro períodos: l^9, desde sus orígenes hasta 1783, en que rigen las Ordenanzas del Perú; 2^9, de 1786 a 1834 en que rigen las Ordenanzas de Nueva España, aplicadas al Virreynato del Perú; 3^9, de 1834 a 1880, durante el cual experimenta la legislación minera muchos cambios, como el Código de 1834 suspendido de 1836, y el de 1852, reformado a su vez; 4^9 de 1880 hasta el presente. En aquel año, 13 de octubre, se adopta la Ley de Bases española de 1868, con las diferencias siguientes que un ilustrado autor expone: 1% la ley española comprende todas las materias útiles del reino mineral, y la ley boliviana se limita sólo a las

- (25) Bullman, The mining laws of the Republic of Colombia. N. Y. S. P. C.

substancias metalíferas propiamente dichas; 2% la ley española no pone límite a las concesiones con tal que se soliciten más de cuatro, y la boliviana permite conceder una o más pertenencias, con tal que no pasen de treinta en minerales recién descubiertos; 3% en España, la ley no permite el cateo en terreno privado, sin el previo permiso del dueño, y en Solivia la prohibición sólo alcanza a terrenos cercados y huertos o jardines (26). Como aconteció en España, pronto resultó insuficiente la ley, y para llenar sus grandes vacíos, se dictó en 1882, 28 de octubre, el Reglamento de la ley de minería, que con ésta forman el verdadero Código. Y como cuando se entra en el campo accidentado de las reformas revolucionarias, cada día trae una nueva tendencia, el régimen de las concesiones ha sido modificado y reglamentado nuevamente el 24 de octubre de 1894 (27). Según esta legislación, la propiedad originaria de las minas es del Estado; la propiedad particular, una vez establecida por concesión, es perpetua e irrevocable sin más condición que el pago de un canon o patente anual, invención con que creen los partidarios de ese sistema que aseguran la perpetuidad y dan a la industria la libertad que necesita. Por la citada ley de 1894 se introducen algunos cambios en el procedimiento de las concesiones y se abrevian notablemente los trámites.

- 132. Brasil. 1. Hasta este tiempo no tenemos noticia de que el Congreso de la República haya dictado la ley de minas, pero la múltiple y variada legislación del Imperio no fué tampoco reunida en Código, ni fué uniforme y sistemática, sino aislada y específica. Indudablemente rigen aun las leyes del Imperio como legislación común, en cuanto no sean incompatibles con la nueva Constitución. Según una compilación administrativa de 1859, se sabe que las minas eran bie-

- (26)  M. Loaiza. La nueva legislación de minas de la República de Bolivia, conc., com. y anot., pág. 29.

- (27)  Registro Oficial de la República de Bolivia, año II, N’ 251, 20 nov. 1894.

nes de la Nación o del Estado, y que no se podían explorar ni explotar sin permiso del gobierno. Las minas de diamante estaban sometidas a un régimen especial, el del decreto de 23 de junio de 1875, en el cual se define los terrenos diamantíferos, se regla su exploración y arrendamiento, se establece disposiciones sobre las sociedades, sobre la penalidad contra los infractores y se organiza la administración de ese ramo de la minería. Por lo demás, la inmensa variedad de actos y documentos gubernativos anteriores a la revolución republicana mantenían en pie la duda sobre los verdaderos derechos del Estado, aunque en nuestro concepto, después de leídos y comparados, el regalismo transmitido por la antigua legislación portuguesa, y una serie más o menos incoherente de concesiones, formaban el fundamento de la propiedad minera del Brasil antes de la República (28).

2. La Constitución de los Estados Unidos del Brasil ha definido su sistema en materia de propiedad y sentado las bases fundamentales de su derecho minero, que lo colocan entre la Inglaterra y los Estados Unidos de Norte América: l^9 El segundo párrafo del art. 72, § 17, dice: “Las minas pertenecen a los propietarios del suelo, con las reservas y las restricciones que establecerá la ley en el interés de la explotación. .. 2^9 “Las minas y las tierras desocupadas forman parte del dominio de los Estados sobre cuyos territorios están situadas.,. ” 3^9 La atribución 29, art. 34, del Congreso, manda “legislar sobre las tierras y las minas pertenecientes a la T\.T • '   ??

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- 133. República Oriental del Uruguay. Se rige por el Código de Minería de 1884, fundado sobre el régimen político

- (28) A. de Bovet, De la constitution de la propriété miniére au Brésil. (Revue de la législation des mines, 1887, pág. 17). Alendar Ara-ripe, Codigo civil brazileiro, ou Leis civis do Brazil, etc., págs. 486 a 511. — V. respecto de la propiedad en la época imperial, sobre las minas en general, las leyes transcriptas en la pág. 486, y la de 7 de febrero de 1871 en la pág. 510 del autor antes citado.

unitario, y consagra el principio de la ley francesa de 1791: “Art. 2^9 — Las Minas pertenecen a la Nación”. Es un Código sencillo, claro, metódico y práctico. Se compone de 282 artículos y le precede un informe explicativo de la Comisión redactara, que facilita su inteligencia.

§ IV

LEGISLACIÓN VIGENTE EN EUROPA ¥ AMÉRICA DEL NORTE

- 134. Observan con razón los autores que se han ocupado de la legislación comparada en materia minera, que no es posible establecer un sistema fijo para exponer las leyes de las naciones europeas, porque su fisonomía cambia muchas veces sin sujeción a ningún plan, y porque dentro de una misma nación, como sucede en Alemania, Italia y Suiza, hay diferencias fundamentales que romperían toda unidad de método. Otra de las razones que impide esta fijación de los sistemas legales, es la movilidad inherente a esta rama del derecho, esencialmente evolutiva, porque rige una de las industrias más vinculadas con los fenómenos económicos, con los problemas sociales del día y con los adelantos de las ciencias físicas, químicas, metalúrgicas e industriales en general. Además, la variedad de la legislación en los países coloniales se ha extendido tanto, que se vuelve tarea casi insuperable reducir a método tanta diversidad. Así, creemos que no debemos adoptar nosotros más sistema que el que marcan las afinidades de raza y la semejanza de doctrinas con nuestro Código, según que profesen más o menos definidamente el principio romano de accesión, como Inglaterra, Estados Unidos y Rusia; o en forma más o menos definida el sistema regalista. Sin embargo, un reciente autor francés expone un cuadro sinóptico de la legislación vigente en Europa y América, agrupando los Estados según los siguientes sistemas: 1Q Accesión: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ginebra, Dos Sici-lias; 2^9 Descubrimiento: Méjico, Perú, Chile, Suecia y Noruega, Austria, Prusia, España, Portugal; 3^9 Dominial: Berna, Japón, Venezuela, Turquía; 4^9 Regalismo: Bélgica, Holanda, Grecia, Cerdeña y Piamonte (29). Las expondremos, pues, por su orden, como hicimos con las naciones hispanoamericanas.

- 135. España. — Hasta 1825 rigieron en España los antiguos códigos que hemos analizado al principio de esta lección, para dar paso entonces a lo que llamamos la época contemporánea de su derecho minero, tan importante para nosotros como el antiguo, no solamente por la directa vinculación legislativa que nos une, sino porque esas leyes son valiosas como ciencia y observación, y han inspirado muchas de las disposiciones de nuestro Código.

Fecunda e importante es la labor legislativa de España en lo que va de este siglo, y sus diversos cuerpos de leyes pueden reunirse, en los siguientes, adoptando la enumeración de uno de sus más eruditos compiladores (30) : Real Decreto de 4 de julio de 1825, y su Instrucción de 18 de diciembre del mismo año; 2^9 Ley de Minería de 11 de abril de 1849 y Reglamento para su ejecución, de la misma fecha; 3^9 Reglamento de 25 de febrero de 1863; 4^9 Ley de 6 de julio de 1859, reformada por la de 4 de marzo de 1863; 5^9 Reglamento de 24 de julio de 1868; 6^9 Decreto-Ley de Bases de 29 de diciembre de 1868. A estos actos legislativos deben ser agregadas las numerosas órdenes, circulares, instrucciones, reales órdenes, reales decretos y leyes dictados sobre materias especiales desde 1828 hasta la fecha, y que no formando cuerpo con aquéllas, son, no obstante, valiosos elementos de interpretación y muchos de fondo que, cuando se codifique la materia, deberán ingresar como reglas de derecho. Es igualmente rica y

- (29)  Gaillard, Législation des mines, pág. 224.

- (30)  Sánchez de Ocaña, La legislación minera, Colección completa, etc., págs. 125 a 346.

valiosa la jurisprudencia contencioso administrativa emanada de reales órdenes, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de Estado, y al estudiar sus resoluciones y fallos, se llega a la convicción de que esta rama del derecho se aparta cada vez más de las comunes para constituir una propia y distinta que, por sus mil caracteres particulares, toma cuerpo y relieve en medio de las ciencias jurídicas modernas.

- 136. Corresponde a la revolución republicana de 1868, la obra de haber introducido en la vieja y constante legislación española, que desde 1825 había entrado en el camino de las reformas fundamentales y científicas, los elementos de la más rápida perturbación en el sistema tradicional, con el célebre Decreto-Ley de Bases presentado por el ministro Zorrilla, el cual se proponía dos cosas principales: hacer, según sus palabras, de la propiedad minera una propiedad firmísima, y dar a esta industria más aire de libertad, o en otro sentido, y según sus propias palabras: “facilidad para conceder, seguridad en la posesión, deslinde claro y preciso entre el suelo y el subsuelo, son los tres principios en que se funda este decreto” (31)). Si se realizaron o no estas promesas lo demuestra la necesidad de dar vida y vigor a todas las leyes anteriores, la complicada jurisprudencia, que hizo nacer, y el que la minería de España siguiera como antes, movida por su propio impulso, el del espíritu de empresa y de ciencia de las nuevas explotaciones. Pero sí logró enamorar y contagiar con su aire de libertad a algunos Estados Sud-Americanos, según hemos visto. Al viejo sistema de la propiedad amparada con trabajo, ha reemplazado el novísimo sistema fiscal de la patente o canon anual, cuya falta de pago entraña la caducidad, y cuya acumulación en manos de los ricos importa el monopolio y, en su caso, la paralización absoluta de las labores, como aconteció en algunos centros mineros de nuestro país. Esta es la reforma fundamental del Decreto-Ley de Bases, cuyo man-

- (31) Proemio del Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1868.

dato del art. 33, de presentar un proyecto de ley de minería, aún no se ha cumplido, aunque la restauración hubiese aceptado las bases de 1868 (32).

- 137.  Debe señalarse como un paso muy avanzado en el derecho minero, el principio de separación entre la ley civil y la de minas, que establece el Código Civil español de 1868. Aquí se deja reconocido el derecho del superficiario para detener al explorador que invade su propiedad, y se define con claridad suficiente el dominio de la ley minera, que va hasta reglar los límites del derecho de cateo, en terrenos del dominio público. El procedimiento, la clasificación legal de los minerales y la determinación de los derechos que corresponden al dueño del suelo y a los descubridores, en caso de concesión (33). Queda así trazado el campo de acción de la legislación minera en relación con la civil.

- 138.  Francia. 1. Dividen los autores el antiguo derecho francés en cuatro períodos principales, según el principio fundamental que lo informa: l^9 Desde los orígenes hasta 1548, durante el cual, con muy pequeñas variantes, impera el sistema romano de accesión: 2^9 de 1548 a 1601, en que el derecho del dueño del suelo es arsorbido, o poco menos, por el poder real; 3^9 De 1601 a 1722, en que se reacciona contra el derecho absoluto del soberano (34) ; 49 De 1722 hasta la Revolución, en que se vuelve al antiguo regalismo. A éstos podemos agregar un 5^9: desde la Revolución hasta nuestros días, que comprende las leyes fundamentales y sus reformas. Esta época está llena de profundo interés para el legislador; pues, no sólo comprende las luminosas discusiones de la ley de 28 de julio de 1791, en la Asamblea Nacional, sino los estudios sientífico-

- (32)  F. de Madrazo, La nueva legislación de minas, Madrid 1869, págs. 4 y 5.

- (33)  Código Civil de España, arts. 426 y 427. V. además 552 francés, 591 chileno, 557 de Guatemala y 465 y 466 de Portugal.

- (34)  Krug-Base, Etude sur la propriété des mines, págs. 75 a 102.

legales que prepararon su reforma, la sanción de la ley de 21 de abril de 1810 y la discusión de esta misma (35).

- 139. La legislación moderna y contemporánea se reduce a los siguientes principales actos, que, a partir de 1791, constituyen un verdadero derecho consuetudinario:

l^9 Ley de 28 de julio de 1791, cuyo fundamento está en su art. I^9: “Las minas y mineras, metálicas y no metálicas, carbones de tierra o de piedra, y piritas, están a la disposición de la Nación, en el sentido de que estas substancias no podrán ser explotadas sino con su consentimiento y bajo su vigilancia, y a cargo de...99 indemnizar al dueño del suelo, según los casos que expresa. Tiene esta ley el mérito de haber sentado las bases del derecho minero, no solamente por sus clasificaciones metódicas, sino porque su discusión produjo las doctrinas sobre que se funda hasta el día y que tendremos ocasión de exponer más adelante.

2^9 Ley de 21 de abril de 1810, contemporánea del Código Napoleón, y como él, vigente todavía, a pesar de las varias reformas y tentativas de nueva codificación. Está llena del espíritu napoleónico y hace de la propiedad minera una propiedad nueva; su importancia científica y jurídica, y su gran espíritu positivo, son la principal razón de su subsistencia. Es la fundadora de una clasificación completa, que satisface, en principio, la ciencia y la ley, y se levanta igualmente sobre el sistema que atribuye al Estado la propiedad originaria de las minas, aunque la ley sólo hable de concesiones.

3^9 Aparte de algunas disposiciones complementarias o reglamentarias de la ley de 1810, que no afectan su fondo, son notables las siguientes leyes, que la completan o la reforman substancialmente en algunos de sus detalles: la de 27 de abril de 1838, sobre desagotamiento obligatorio de minas, bajo la [2] 3 4 cláusula penal de la pérdida de la propiedad o concesión; la de 17 de junio de 1840, que incluye en la clasificación las minas de sal gema y fuentes de agua salada; el decreto de 23 de octubre de 1852, que regla las condiciones de venta de los minerales, y adopta medidas contra los acaparamientos o monopolios; la ley de 17 de mayo de 1866, que deroga la de 1810 sobre usinas y hornos de fundición y beneficio, y los arts. 57 y 58 sobre mineros; por fin, la de 27 de junio de 1880, la más fundamental, y que puede considerarse como un complemento de la de 1810, pues modifica y aclara lo relativo a los derechos del dueño del suelo en frente de la mina. Las enmiendas versan sobre las arts. 11, 42, 50, 70, 81, 82, 23, 26, 43 y 44.

- 140. Creemos de la mayor importancia dar a conocer los diversos proyectos de reforma de la ley de 21 de abril de 1810, presentados en las cámaras francesas desde 1883, porque aparte de su valor científico, demuestran la evolución que la legislación minera experimenta junto con la del espíritu público.

I^9 El primero es de Mr. Reyneau et Gillot, de 1883, en que se proponía agregar a la ley vigente varias disposiciones relativas a las obligaciones de los concesionarios y al ejercicio de la vigilancia de la administración (36).

2^9 Proyecto de Mr. Laur, del 15 de febrero de 1886. Acaso es éste una de los más meditados estudios sobre la materia, y se funda sobre las siguientes bases: 1* Mantenimiento del actual principio sobre que reposa la propiedad minera; 2* Modificaciones del punto de vista científico; 3* Supresión de las disposiciones transitorias sobre los mineros; 4* Reconocimiento de derechos del trabajador; 5* Mayor desarrollo de las minas metálicas por la reglamentación de los derechos del descubridor y restauración de concesiones abandonadas.

- (36) Gaillard, Etude historique et critique sur législation des mines, pág. 146.

La obra del sabio ingeniero Mr. Francisco Laur, es una de las que con más provecho puede consultar el estudiante, el abogado y el juez (37).

3^9 El 25 de mayo de 1886, el Ministro de Obras Públicas, Mr. Baihaut, presentó un nuevo proyecto en que suprime también las mineras de la clasificación de 1810; atribuye la propiedad al descubridor, establece la caducidad de la concesión por el no trabajo de la mina y suprime el impuesto del subsuelo.

4^9 Mr. Dé jar din Verkinder presenta otro proyecto en 23 de octubre de 1886, en oposición al anterior, pues se limita a suprimir la adjudicación pública que se establecía a falta de descubridor, a aumentar hasta 4.000 hectáreas, en vez de 800 para las minas de combustible; a reducir a un impuesto único de diez céntimos la contribución de las minas y a dificultar los casos de caducidad de la concesión.

5^9 Después de otro proyecto de M. Vickersheimer, de 18 de noviembre de 1886, que no toca cuestiones fundamentales, todas las presentadas hasta entonces pasaron al estudio de una comisión parlamentaria, que se expide en 1889. Se funda sobre las bases del proyecto Baihaut, y sus principales disposiciones pueden resumirse en éstas: “el descubridor autorizado a explorar, obtiene la propiedad de la mina descubierta, la explota libremente, bien o mal, sin incurrir en caducidad; sólo en caso de abandono la mina es vendida por orden judicial y el precio de venta es entregado al propietario. La administración no tiene que ver con la propiedad de la mina, no hace sino verificarla y hacer constar el derecho del descubridor. Los propietarios de la superficie deben soportar los trabajos de exploración autorizados, pues el permiso de exploración faculta para ocuparla temporalmente, salvo el derecho a indemnización reconocido a los primeros. Libres de toda contribución, en favor de los dueños del suelo, los explotantes que-

- (37) Laur, La revisión des lois sur les mines en Franee, 1886. — V. además, del mismo autor, La mine aux mineurs, 1887.

dan sometidos a los impuestos especiales en favor del Estado: el uno sobre la extensión de la concesión, el otro sobre el producto líquido” (38).

6^9 Los últimos proyectos de que tenemos noticia, son los de M. Goblet, de 15 de diciembre de 1893 y de M. Jonnart, Ministro de Obras Públicas, de 5 de mayo de 1894. El primero, se propone modificar o completar los arts. 49 y 50 de la ley de 1810, estableciendo un régimen de reversión al Estado, de la mina abandonada por causas de orden o seguridad pública, y en particular por huelgas, en cuyo caso, la mina, vuelta al poder del Estado, sería explotada por sus agentes o cedida a terceros a título precario. El segundo, sólo es una resurrección modificada en detalle, del de la comisión legislativa de 1889. Todos estos proyectos esperan la sanción del Parlamento, y entre tanto, han contribuido a enriquecer extraordinariamente la ciencia jurídica minera.

- 141. Francia, además, nos ofrece otro orden no menos interesante de leyes, decretos y reglamentos mineros: El referente a sus dominios coloniales, que como campos nuevos de acción, tienen para nosotros todo el valor de los ensayos experimentales. Si bien existe mucha variedad local en los detalles y formas, es evidente que tiende a generalizarse la ley de la metrópoli, esto es, la clásica ley de 21 de abril de 1810, cuyos principios dominan en lo fundamental. Puede condesarse, pues, la legislación colonial francesa, en los siguientes grupos:

l^9 Nueva Caledonia. Decreto de 17 de octubre de 1896;

2^9 Establecimientos franceses de la India. Decreto de 7 de noviembre de 1884;

3^9 Annam-Tonkin. Decreto de 25 de febrero de 1897;

4^9 Madagascar. Decretos de 17 de julio de 1896 para las minas de metales preciosos, y de 20 de julio de 1897 para las de otras substancias.

- (38) Gaillard, Ob. cit., pág. 156.

5^9 Africa Occidental Francesa (Senegal, Soudan y Guinea). Decretos de 14 de agosto de 1896 y 11 de diciembre de 1897.

6^9 Guayana Francesa. Rige la ley de 1810, con excepción de los yacimientos auríferos superficiales, que se rigen por el decreto de 18 de marzo de 1881 (39).

7^9 Argelia. Por lo general se observa la ley de la metrópoli; pero en cuanto a las minas de fosfatos en que es tan rico aquel territorio, están sometidas a un régimen especial de adjudicación pública en terrenos del dominio público del Estado, y de los departamentos y de las comunas, y en cuanto al principio fundamental de la propiedad, se asemeja al de las canteras de la ley de 1810 (40).

- 142. Bélgica. — Comprende tres épocas el derecho minero belga, casi tan importante para nosotros como el francés; la antigua y la moderna, separadas por la revolución y su incorporación a la Francia, y la contemporánea:

1* En la antigua época regían dos sistemas: el del derecho señorial de Hénaut, que consistía en ceder a particulares la explotación de las minas, mediante una renta denominada censo y entrecenso, según que fuese fija y por año, o proporcional al producto extraído; el de Lieja, que consagraba el derecho del dueño del suelo aunque se pudiese explotar una capa en terreno ajeno, sin licencia del dueño (41).

2’ En 1796 es aplicada a la Bélgica la ley francesa de 1791, y sigue rigiéndose por la de 1810 y sus reglamentos, hasta 1830, en que reconquista su independencia política, pero

- (39)  Valroger, Etude sur la législation des mines dans les colo* nies frangaises, 1899, pág. 25.

- (40)  Decreto de 12 de octubre de 1895. Les phosphates d’Algérie. Rapport, par M. L. Aguillon (Revue de législation des mines, 1896, págs. 3 a 16).

- (41)  Aguillon, Législation des mines frangaises et étrangéres, III, N^9 1150.

no así la legislativa. Su jurisprudencia y doctrina son comunes con la de Francia. En 1837, el 2 de mayo, se dicta una ley de reforma, que aclara los derechos del dueño del suelo, establece la preferencia en las concesiones, funda un régimen especial para las minas de hierro y declara de utilidad pública los terrenos ocupados por los trabajos mineros. Una ley de 1865 modifica el art. 11 de la ley de 1810, declarando necesario el consentimiento del dueño del suelo, para emprender trabajos mineros dentro del radio de 100 metros de las habitaciones, y otros detalles.

3* La legislación posterior versa casi toda sobre higiene, policía, seguridad, trabajo de los obreros, materias que no afectan el fondo de la materia minera propiamente dicha; pero son dignas de notarse, además de las leyes de 18 de mayo de 1873 y 22 de mayo de 1886 sobre sociedades minerales y de minas, el Reglamento general de policía minera, de 28 de abril de 1884, considerado el más completo que existe sobre la materia y la ley de 13 de noviembre de 1889 sobre trabajo de las mujeres y los niños en las minas.

- 143. Italia. — No ha fundado aún Italia la unidad legislativa en todos sus ramos, y la de minas es una de las que aun faltan. Así es como rigen en ella diversas legislaciones que pueden clasificarse por las tres principales influencias que sobre ellas obraron: l^9, el derecho antiguo: 2Q, el derecho napoleónico, y 3^9 el derecho austríaco. Antiguamente existieron los dos sistemas principales, el de accesión en la Toscana, y el regalista en los Estados Pontificios, que a su tiempo adoptan la ley sardo-piamontesa de 30 de noviembre de 1859, inspirada en la austríaca de 1854. Aquella ley parece que es la dominadora en toda la península y tiende a erigirse en tipo único. Es opinión de los legistas que ella debe ser adoptada por todos los Estados, conservando, en cuanto al principio originario de la propiedad, la costumbre o el derecho de cada región.

- 144.  Su legislación vigente, tal como ha sido expuesta por un erudito autor (42), es la siguiente, cuya simple enumeración hasta para comprender cuánta es la necesidad de una ley uniforme: l^9 Régimen de la ley piamontesa de 30 de noviembre de 1859, aplicada en las provincias de Alejandría, Cuneo, Novara y Torino (Antiguo Piamonte) ; Génova y Porto Maurizio (Liguria); Cagliari y Sassari (Cerdeña) ; Bérga-mo, Brescia, Como, Cremona, Milán, Pavía y Soudrio (Lom-bardía) ; Ancona, Ascoli, Macerata y Pesaro (Marchas); 2^9 Régimen toscano del “motu-propio gran-ducal” de 13 de mayo de 1788, aunque con variantes fundamentales dentro del mismo; 3^9 Régimen de la ley napoleónica de 9 de agosto de 1808, aplicada en Módena y Regio; 4^9 Régimen de la ley napolitana de 17 de octubre de 1826, aplicada íntegramente en las provincias de tierra firme procedentes del antiguo reino de Nápoles, y con ciertas modificaciones referentes a las minas de azufre, en las provincias de la Sicilia; 5^9 Régimen de la ley de Lucca, de 3 de mayo de 1847, aplicado en esta Provincia y en algunas regiones de Massa-Carrara; 6^9 Régimen de la ley parmesana de 21 de junio de 1852, vigente en Parma, Piacenza y en una parte de Massa-Carrara; 7’ Régimen de la ley austríaca de 1854 (23 de mayo), vigente en las provincias derivadas de la Venecia y de Mantua; 8^9 Régimen de Este, modificado o complementado con dos reglamentos, uno de 1851, para los mármoles de Carrara, y otro de 1846, para Maesa; 9^9 Régimen de los Estados Pontificios.

- 145.  En medio de esta anarquía de leyes, el gobierno trata de vincular las diversas regiones y territorios por reglamentos uniformes que preparen el campo a la reforma legislativa que no tardará en producirse. Desde luego el régimen de vigilancia, policía y administración es unitario, y fué fijado por el decreto de 23 de diciembre de 1865, que aparte de su propósito, puramente administrativo, bajo algunos conceptos,

- (42) Aguillon, Ob. cit., tomo III, N^9 1311.

se introduce en la legislación de fondo. Los proyectos hasta ahora presentados se fundan sobre los dos principios conocidos, si bien se advierte la tendencia a optar por un sistema que respete los derechos originarios de cada región, pero sobre el modelo del derecho regalista en cuanto a las formas le la ley y a las facultades supremas del Estado.

- 146. Es notable la tentativa de legislación uniforme realizada en noviembre de 1889, por el Ministro de Agricultura, Industria y Comercio, y tomada en consideración en marzo de 1890 por una comisión parlamentaria, la cual expidió un ilustrado informe, aunque no consiguiera hacer votar ninguna fórmula. “El ministro, dice Walmesley, proponía la unificación de las leyes del país respecto a la propiedad de las minas, adoptando el sistema de la concesión, para todo el país, y dando al propietario del suelo derecho de preferencia sobre la concesión. La mayoría de la Comisión decidió contra esta parte del proyecto, y resolvió eliminar todas las cláusulas que afectasen derechos de propiedad existentes.” La Comisión entra en seguida “en una laboriosa exposición de los varios principios sobre que puede fundarse la propiedad minera, y clasifica las diferentes leyes del país, según se basen en l^9 El derecho industrial, que concede la propiedad de la mina al descubridor; 2^9 El derecho territorial, que reconoce al propietario del suelo al mismo tiempo de la mina, y 3^9 El derecho mixto, que reconoce en el dueño del suelo el derecho de explotar los minerales que se encuentren debajo de sus terrenos sin necesidad de concesión, pero que si no los trabaja, da al gobierno el derecho de acordar por decreto, la concesión de dichos minerales al descubridor, dejando, sin embargo, al dueño del suelo cierto tiempo para emprender la explotación por sí mismo, lo que equivale a un verdadero derecho de preferencia. Si un tercero obtiene la concesión, está obligado a compensar al propietario del suelo” (43). Este es,

- (43) Walmesley, Mining laws of the world, pág. 118.

en definitiva, el actual estado de la propiedad minera en Italia, es decir, la vigencia de los tres sistemas expuestos, sin que los decretos y leyes posteriores hayan innovado cosa alguna al respecto.

- 147.  La ley de 30 de marzo de 1893 que refunde el decreto citado de 1865, sobre la policía de las minas, mineras y canteras; el Reglamento de 14 de enero de 1894, para la aplicación de la ley anterior y la ley de 2 de julio de 1896, sobre expropiaciones y la formación de consorcios mineros obligatorios, cuando más, se limitan a reglar las relaciones de los mineros entre sí y con el superficiario, pero sin referirse al origen y naturaleza de la propiedad que reconocen como un hecho existente. Así, por ejemplo, el art. 5^9, de la referida ley de 1896, dice que, “donde la propiedad o la posesión de la mina deriva de una concesión distinta de la del suelo, la expropiación deberá recaer sobre la dicha concesión. Donde por ley la propiedad de la mina sea conjunta con la del suelo, la expropiación deberá comprender el suelo y el subsuelo, extendiéndose a la porción del fundo que contiene a la mina, o la parte de mina que puede participar de las ventajas del consorcio” (44).

- 148.  Alemania. — La historia del derecho minero alemán no es sino el desarrollo natural y lógico de la doctrina regalista, que empieza en el siglo XII, sigue el desenvolvimiento del derecho político, se codifica varias veces en 1208, 1249, 1255, 1275 y 1300, en la llamada Ordenanza de Kuttem-berg, que se cree ejerció influencia directa en el antiguo derecho minero español, pues coincide su introducción en España con los primeros códigos regalistas de esta nación (45). Por lo demás, un autor clásico, en el mismo pasaje que ya ci-

- (44)  Luigi Franchi, Codici e leggi del Regno d^9 Italia, tomo II, págs. 1575 a 1606; Giorgio Loris, Diritto amministrativo, 1807, paga. 285 a 295.

- (45)  Aguillon, Ob. cit., t. III, N^9 1031, pág. 20, nota 1.

tamos con otro motivo, establece así los fundamentos de ese regalismo, nacido en la Edad Media: “Tal opinión podía considerarse inherente a la índole natural de las minas. Los filones y las capas de fósiles se extienden bajo la tierra sin relación alguna con el cultivo y la propiedad de la superficie. Tienen, por tanto, existencia propia, y un modo y un campo de explotación enteramente distintos de los del suelo. Además, las íntimas relaciones de los metales con la moneda y el armamento, el considerable interés que importa la explotación de las minas, autorizan una reglamentación especial y parecen justificar las pretensiones del Estado. Aun en nuestros días las minas forman una propiedad distinta del suelo; y esta regla de derecho privado prevalece, porque se funda en la naturaleza de las cosas” (46).

- 149. Es vario, aunque menos heterogéneo que el italiano, el derecho alemán vigente que ha sido clasificado en tres tipos distintos: l^9, el de la ley de Prusia de 24 de junio de 1865, adoptada por 12 Estados. 2^9, el de la ley de Sajonia, observada con pocas desemejanzas por tres Estados, y 3^9, en los once restantes, de fisonomía diferente en detalle, pero que se puede considerar adherido al del antiguo derecho alemán. Aunque no ha uniformado su derecho minero, por la forma federativa del gobierno, es indudable que tiende a unificarse sobre el tipo de la ley prusiana, formando así, por sucesivas adopciones y su codificación definida, el Código de Minas del Imperio. (Allgemeines deutsches Bergrecht). Una importante modificación, o más bien, ampliación, se ha introducido en la ley de 1865 por la de igual origen de 24 de junio de 1892 (47) 9 en la sección III, título III, incorporando en aquella la legislación relativa: l^9, a la condición de los obreros y empleados; 2^9, atribuciones de las autoridades mineras; 3^9,

- (46)  Bluntschli, Droit public general, lib. VIII, C. III, c.; — L. yon Stein, La Scienza della Publica Amministrazione; Ed. de la Biblioteca Bonniatti, pág. 902.

- (47)  Annuaire de législation étrangere, 1892, pág. 200.

disposiciones penales y generales, tan necesitas hoy^ilada la tendencia de las nuevas ideas y la misión ca«g¿>rez más con> plicada del Estado.

- 150. La ley prusiana de 24 de junio de lSo^Srlíalla fundada sobre el principio de la libertad del trabajo de las minas por el primer ocupante, y sin control por parte del dueño del suelo; da el libre derecho de investigación a todos y en cualquier terreno, salvo la protección de los edificios y sitios murados; la mina constituye una propiedad inmueble, distinta de la del suelo, como en la legislación francesa. Las minas se dividen en dos grandes categorías: l^9, los principales metales, los sulfurosos, aluminosos y vitriólicos, el carbón, la lignita, y la grafita, la sal y fuentes saladas, se acuerdan al descubridor o solicitante, instituido por el gobierno; 2^9, todos los demás metales y minerales no enumerados en la primera clase, se reconocen de propiedad del dueño de la superficie (48).

- 151. Austria. — Vivió bajo el régimen alemán hasta la ley de 23 de mayo de 1854, dictada para toda el Austria-Hungría, que daba unidad completa al derecho disperso y fundaba un verdadero código que ha influido notablemente en las naciones vecinas, y muy especialmente en nuestra ley. Se divide en 16 secciones y 286 artículos y constituye una verdadera unidad científica. Leyes y actos imperiales posteriores no se han propuesto propiamente legislar o reglamentar la materia minera en su fondo, sino en cuanto se relacionaba con la administración pública, la condición de los obreros y los empleados, los salarios y la policía, y las instituciones de previsión o de auxilio para las gentes de minas; y en tal sentido debe mencionarse las leyes de 28 de julio de 1889, 30 de diciembre de 1891 y 17 de diciembre de 1892 sobre asociaciones entre mineros (49). Aunque la ley de 1854

- (48)  Walmesley, Ob. cit., paga. 66 y 67.

- (49)  Annuaire de législation étrangére, 1892, págs. 351 y siguientes.

vigente, tenga grandes y generales semejanzas con la de Prusia, antes referida, existe entre ellas diferencias que conviene hacer notar, y son precisamente aquellas en que nuestro Código prefirió seguir el modelo austríaco. La propiedad de la mina se concede aquí al primer solicitante; la investigación se realiza previo permiso de la autoridad; el concesionario tiene derecho a explotar todas las substancias no comprendidas en la propiedad del suelo, dentro de los límites señalados a su concesión, y no, como en Francia y Prusia, sólo la substancia especificada en el acto de concesión (50).

[1]

V. en la Revue de la législation des mines, etc., 1884, pág. 193, un estudio de M. L. Aguillon, titulado La législation des mines au Pérou.

[2]

Locré, Législation sur les mines, etc,, 1828. Exposición de

[3]

motivos y demás documentos concernientes a la preparación de la ley

[4]

referida.

- 152. Suiza. 1. En este país, como en Alemania, rigen tantas leyes como Estados o Cantones, que tienen plena autonomía legislativa. Hay algunos que no han dictado ley especial sobre minas, y los restantes que han estatuido al respecto, son los siguientes: Vaud (51), Zurich, Ginebra, Friburgo, Berna, Tessino, Valois, Neufchatel. En todos domina el sistema del regalismo, con pocas variantes, y en la última ley suiza que conocemos, la del cantón de Vaud, este principio supera a los más absolutistas en materia de propiedad.

- 2. Suecia. Se rige por la ley de 16 de mayo de 1884, una de las más breves y prácticas conocidas. Su sistema de propiedad se asemeja grandemente al de la ley de la Prusia. El gobierno concede la propiedad con independencia del dueño del suelo. “Se ha considerado que éste explotaría muy rara vez la mina, pues en Suecia no hay capitales a su disposición. Si se quiere tener minas, es necesario concederlas a los industriales, que saben encontrarlas y explotarlas. El interés público es aquí la medida de los derechos del propietario territorial...” Esta ley contiene disposiciones especiales sobre sociedades mineras y respecto a la capacidad de los extranjeros para obtener minas, lo que depende del Rey (52).

- (50)  Código de Minería argentino, arts. 111, 24 y 222.

- (51)  La ley vigente, de 13 de febrero de 1800, ha sido reemplazada por la de 9 de febrero de 1891.

- (52)  P. Dareste, La loi suédoise sur les mines du 16 mai 1884 (Texto íntegro en la Revue de la législation des mines, págs. 1, a 25).

- 3. Países balcánicos. Entre los diversos pueblos que ocupan la región balcánica, se disputan el predominio de la legislación dos tipos principales, el de la ley francesa de 1810 y Código Napoleón, y el de la ley austríaca de 1854. Turquía y Grecia pertenecen decididamente al primero; Rumania aun no parece haber resuelto el problema, que tenía agitado al Parlamento de 1894, debatiéndose entre el derecho moderno y los resabios señoriales de su constitución política; Bulgaria ha legislado en 12 de diciembre de 1891, declarando que todos los minerales, donde quiera que se descubran, son propiedad del Estado: los divide en minas y canteras, entre las cuales comprende las piritas de hierro, fosfatos de cal, yeso, turbas, escorias de antiguas explotaciones, arenas, piedras, etc., en el mismo sentido que la ley argentina, en cuanto a los derechos que acuerda a los particulares y al Estado (53).

- 4. Portugal. Se rige por su ley de 1852, basada en el 8Ís-¡ tema de las concesiones por el Estado, dejando a la libre disposición del dueño del suelo las canteras, que, no obstante aquél, puede adjudicar a un tercero a título de utilidad pública. La ley portuguesa, aparte de muchas particularidades dignas de estudio, reconoce dos especies de exploraciones, las superficiales y las que requieren pozos y galerías.

- 5. Japón. Merece especial mención la ley japonesa de 1873, que funda un sistema perfectamente jurídico sobre la base del dominio del Estado, único soberano de las minas y minerales, con excepción de las canteras de construcción, que pueden explotar los particulares. Por lo demás, la ley es sistemática y está científicamente concebida y desarrollada (54).

- (53)  Annuaire de la législation étrangére, 1892, pág. 828.

- (54)  Aguillon, Ob. cit., tomo III, núms. 1349, 1356.

§ V

LEGISLACIÓN VIGENTE EN EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE

( Continuación)

PAISES DE DERECHO DE ACCESIÓN

- 153. Por razones de método, bien comprensibles, hemos debido agrupar en un solo parágrafo las legislaciones de los pocos países que mantienen el principio de accesión como fundamento de sus leyes mineras, con excepción de aquellos que forman parte integrante de otros Estados, como el Cantón de Ginebra en Suiza, y las Dos Sicilias en Italia. Una consideración de orden geográfico nos obligó a enunciar la ley brasileña entre las naciones sudamericanas, siendo que, por su nueva constitución política, se ha incorporado al derecho accesionista, por más que toda su antigua legislación, aun vigente en mucha parte pertenezca al de regalía.

Una clasificación estricta no es posible tampoco entre los Estados del sistema romano, primero, por el carácter experimental, parcial o regional de las diversas leyes que introducen innumerables variantes de detalle en cada localidad; segundo, por las excepciones del principio mismo de la accesión, fundadas en motivos históricos o tradicionales, en privilegios antiguos o en circunstancias de hecho, hasta el grado de existir en ellas verdaderos regalismos; tercero, porque ninguna de estas naciones ha reunido en un verdadero código su legislación minera, pues las compilaciones existentes o carecen como tales de autoridad legal, o se hallan a su vez tan adicionadas, que han dejado de ser tales codificaciones.

Así, pues, los Estados que se rigen por el sistema llamado del derecho romano, el de accesión, son la Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y últimamente el Brasil.

A. Inglaterra

- 154. Una excursión histórica por los orígenes de las leyes y costumbres mineras de Inglaterra, sería de los más interesantes estudios que pudieran realizarse; pero, para no alejarnos demasiado del objeto directo de estas lecciones, limitémonos a fijar las líneas principales del proceso de la legislación evolutiva sobre la propiedad. Esta puede muy bien dividirse en tres grandes épocas: la primera desde los orígenes hasta la constitución del Estado; la segunda, desde aquí hasta 1842; la última, desde esta fecha hasta nuestros días. Durante la primera, rigen las costumbres locales originarias, o las formas impuestas por las diversas invasiones y dominaciones extranjeras, de sajones, daneses y normandos; en la segunda, se desarrolla y arraiga la constitución feudal, que alcanza el más largo imperio que en ningún otro país; y la última, puede denominarse el período de la legislación económica, social e industrial. Entre la primera y la segunda época corresponde colocar la formación del monumental registro de la propiedad, especie de catastro o rol de todos los señoríos y dominios privados, el Domesday-Book, que puede considerarse como el tronco genealógico de todo el derecho territorial inglés. El Rey, origen de todo derecho, investidura o privilegio, concedía las tierras a las varias jerarquías sociales, militares o políticas, iglesias, nobles, guerreros (55), que imponían luego en su feudo su propia ley, substrayendo así de la corona real, una buena parte de su soberanía legislativa y judicial. La distribución se asemejaba, pues, a la que Roma hacía de sus conquistas, y como allí, se reservaba al Estado determinadas porciones de tierra. En aquella época se dió en esa forma más de tres mil manors o feudos.

Así como los grandes propietarios de la tierra en el Reino Unido son los de las minas en ella contenidas con excepción de las de oro y plata, que son de la corona; y este dere-

- (55) Gneist, Constitutional history of England, t. I, págs. 124 a 137, cho “está fundado sobre la prerrogativa del Rey de acuñar moneda, de donde deriva la necesidad de que los metales le sean suministrados. Así, pues, las minas propiamente reales, aquellas sobre las que el Rey tiene derecho, cuando son descubiertas, son solamente las de oro y plata^9 (56). Llámanse éstas comúnmente minas reales.

- 155. En cuatro partes podemos dividir, para su mejor inteligencia, la exposición del derecho minero inglés: 1% derecho común (common law); 2% costumbres regionales o locales; 3% derecho público; 4% derecho colonial.

1. Freehold lands. Son las tierras del dominio privado, a la libre disposición del dueño, y se dividen a su vez en tres clases según la extensión del derecho: a) Tenant in fee simple. Es el verdadero y pleno propietario, “es un derecho sucesorio puro, limpio de toda modalidad o condición... Es un título a perpetuidad, y confiere un poder ilimitado de enajenación, y ninguna persona es capaz de tener en la tierra derecho o interés mayor (57). Su dueño puede explotar libremente todas las substancias minerales sin más limitación que el derecho del vecino, b) Tenant in tail. Es la propiedad plena en el ejercicio pero limitada en el tiempo, y durante éste se considera de la misma naturaleza que el anterior, c) Tenant for Ufe. Posesión vitalicia de la tierra del señor, que puede ser por convenio de las partes o por mandato de la ley (58), y con respecto al uso de las minas se divide en dos clases: 1% witch impeachment of waste, es decir $ con prohibición de abrir para sí nuevas minas, sino explotar las ya abiertas; y 2% without impeachment of waste, que puede no solamente explotar las minas abiertas, sino excavar y aprovechar las

- (56)  Blackstone, Comentarios sobre las leyes inglesas, L. I, C. VIII, pág. 12.

- (57)  Kent’s, Commentaries on american law, P. VI, lect. LIV, 1.

- (58)  Kent’s Comm., id. id., lect. LV, 1.

- (59)  Kent’s, Comm., id. id., P. VI, lect. LVI, 2.

que descubriere, bajo la condición del quasi bonus pater familias de la ley romana.

II. Copyhold lands. Tierras poseídas a título condicional o precario, dependientes de una convención, de la voluntad del propietario o por una obligación de la ley. Su nombre significa “de registro", que se otorgaba en el feudo. El lord o señor, tiene la propiedad, el copyholder, sólo la posesión. Salvo las costumbres tradicionales del feudo, o convención, ni uno ni otro podían sin mutuo consentimiento, explotar las minas contenidas en el feudo. La tenencia era at will, lo que quiere decir, no solamente que dependía de la voluntad del señor, sino que implicaba un principio de antiguo derecho común fundado “en justicia y en derecho de que las posesiones at will se sujetaban igualmente a la voluntad de las dos partes, en cuanto que ninguna de ellas podía hacer su voluntad o usar la tierra contra la equidad y buena fe (59). Así, la explotación de las minas queda sometida a estos principios.

- 156.  Además del derecho común, que hace la regla general, existen regímenes especiales, o de excepción, para regiones o condados determinados, y son éstos: l^9 y 2^9, para los condados de Cornouailles y Devonshire, cuyas minas de estaño gozan de ese privilegio y de fuero especial para sus litigios (60); 3^9, las minas de hulla y hierro en la selva de Deán (Gloucestershire); 4^9, explotación de minas de plomo en el Dersbyshire; 5^9, Isla de Man, donde la propiedad minera es distinta de la del suelo, las minas de todas clases son del Estado y éste dispone de ellas según sus conveniencias.

- 157.  Los actos de dominio del Estado, o la legislación administrativa inglesa sobre las minas, se limitan, pues, a dos aspectos: reglamentar la manera de explotar y adjudicar las minas de la Corona, las atribuciones y deberes de las au-

- (60) Franqueville, Le systéme judiciaire de la Grande Bretagne, t. II, pág. 542.

toridades, y la vigilancia y tutela sobre los obreros, dejando a los particulares plena libertad en cuanto a los métodos de explotación, y la disposición de sus derechos, sujetos a la ley común. La ley de 10 de Agosto de 1842 es la primera por la cual el Parlamento se decide a imponer algunas restricciones muy tímidas al principio, a la absoluta libertad de que hasta entonces había gozado el explotante de minas (61). Aquí, como en casi todas las naciones mineras de Europa, la legislación sobre el trabajo y las relaciones entre obreros y patrones o empleados, ha tomado un carácter importantísimo, pero que se confunde con el del derecho civil y político, a los cuales corresponde en primer término. Inglaterra ha legislado sobre las dos grandes fases de su industria: las minas metálicas y las de carbón, en que especialmente consiste su riqueza; sobre las primeras por el Metalliferous mines act_9 1872, y sobre las segundas por el Coal mines act_9 1872, (62). Pero la nueva ley de 16 de Septiembre de 1887, deroga toda la legislación anterior, y constituirá por sí sola el nuevo Código para la policía de la explotación de las minas de hulla y otras substancias legalmente asimiladas a ésta, que son el hierro en capas, el esquisto arcilloso y la arcilla refractaria. En general, “todas las leyes inglesas dictadas hasta ahora en materia de minas no son más que leyes de policía para evitar accidentes, garantir la seguridad de las personas y las obras y reglar las relaciones entre patrones y empleados (63).

B. Colonias

- 158. Comprendemos, por exigencias de método expositivo, bajo la denominación británica, todas las posesiones que se hallan sujetas a su dominio, protectorado o influencia eco-

- (61)  Aguillon, Loi anglaise sur les mines de houille, (Rev, de lég. des mines, 1888, pág. 321).

- (62)  Aguillon, Ob. cit., t. III, núms. 1266 a 1273. — R. J. Mac Swinney, The law of mines, quarries and minerals, Chap. XXIV.

- (63)  Aguillon, Ob. cit., nota 1.

nómica y política en la Oceanía, América, Asia y Africa del Sud, por más que algunas de estas regiones no formen parte integrante del imperio. Esos países innumerables, algunos de ellos como la Australasia, India, Colonia del Cabo y América Británica, que asumen una forma constitucional completa y autonómica, serán representados a los objetos de nuestro estudio por aquellos que mayor importancia revisten para nosotros desde el doble punto de vista de las instituciones jurídicas y de la riqueza mineral que encierran y producen al amparo de sus sistemas legales.

Por grande que sea la diversidad regional de los pueblos que la Gran Bretaña subre con su pabellón o con su influencia directa, hay que observar el predominio casi total del principio de accesión como fundamento de la propiedad minera, sin que en casi ninguna de sus dependencias coloniales hubiese desarrollado notable o excepcionalmente los derechos de regalía, inherentes, por otra parte, a todo Estado jurídicamente constituido. En todas ellas subsiste la división general en pu-blic mineral lands, y prívate mineral lands, así como la antigua prerrogativa según la cual la corona percibe su impuesto sobre las minas de oro y plata de cualquiera propiedad fro-yalty). Para no recargar este cuadro con detalles excesivos, tomaremos uno solo, el más importante de los Estados de cada contienente donde la ley británica impera. No entraremos en este punto sin llamar la atención sobre la última ley de Victoria (Australia), de 1891, en la cual se abandona el sistema antiguo de las transmisiones de minas junto con las tierras, para constituir la gran reserva del Estado, esto es, el dominio sobre todas las minas situadas en aquéllas. Subsistirá, por lo tanto allí un doble régimen: el vigente hasta 1892, y el que el nuevo estatuto establece a partir de esa fecha.

- 159.  1. Australasia. Victoria. Rige el Mining Statute de

1865, con algunas modificaciones posteriores, especialmente el Drainageof mines act, de 1877, que reglamenta las relaciones de los explotantes con los vecinos, y se considera un suplemento del primero. Aparte de éstas, hay otras leyes sobre sociedades mineras, y de policía o tutelaje, como el Regulation of mines and mining machinery act_9 de 1883, que regla el empleo de explosivos y de máquinas en las explotaciones. Como todos estos reconocen la prerrogativa real sobre las minas de oro y plata, se ha dictado para las explotaciones de oro en los dominios particulares el Mining on prívate pro per ty act_9 de 1884. Salvo detalles que no son de este sitio, los procedimientos para la adjudicación de minas a los particulares son los mismos que rigen en el Reino Unido. Por último, existe el Mines act_9 de 1891, un verdadero Código de minería, de 399 artículos, cuyo principio fundamental se halla enunciado en estos términos: “En las tierras enajenadas por la Corona antes del 1Q de Marzo de 1892, la propiedad de todo mineral, excepto el oro y la plata, es del dueño de la superficie; pero desde esa fecha, todos los minerales son reservados, en las concesiones de tierras a la Corona”.

- 160.  2. América. Nos son conocidas las legislaciones de

casi todos los Estados de la Confederación canadense y de las demás dependencias británicas de América, pero nos limitamos a la de los más importantes en tal sentido, las de Que-bec y Ontario; debiendo advertir que allí el Estado legisla sobre las minas de su propiedad, las de oro y plata, reservadas a la Corona.

- 1. Quebec. Esta provincia se rige por la ley de 24 de Julio de 1850, reformada en 1881 y refundidas ambas en el Estatuto de 1892, cap. 20 (64). Su régimen es el de concesión por locaciones mineras para las minas de cualquier clase situadas en tierras públicas, y de permisos para obtener claims o pertenencias de oro y plata solamente, en tierras públicas y privadas en su caso. Dadas las condiciones, en cierto modo precarias de estas concesiones, el espíritu de la ley no es de los más desprendidos, y como la antigua española, se propone

- (64) 55-56, Victoria XX, s. 1421, 1582.

principalmente mantener en constante producción las minas. En cuanto a las condiciones de la explotación, son las que impone la seguridad de las labores, de los obreros y de las minas vecinas, y están sometidas a la vigilancia y gobierno inmediato de los inspectores oficiales.

- 2. Ontario. En 1892 reunió en un solo cuerpo de ley sus diversos actos y reglamentos sobre minas, dividido el Mining act (65) en cuatro partes que comprende: 1%- generalidades, es decir, derechos generales de investigación, de adquisición y trabajo de las minas en tierras de la Corona (crown lands); todas éstas quedan sometidas a un derecho regalista, en favor de la provincia, que puede ser dispensado por tiempo en recompensa del nuevo descubrimiento; organiza las autoridades generales y locales de las minas, que asisten a todas las incidencias del oficio; 2% reglamenta las locations, les fija su extensión, término y cargas, que consisten en el trabajo obligatorio en cierta medida bajo pena de caducidad; 3% habla de los mining claims, los define, fija sus condiciones y extensión, la cual varía de 160 a 1.320 pies de largo por 330 de ancho; deben ser trabajadas bajo pena de caducidad; nadie puede tener a la vez más de un claim, excepto el descubridor de nuevo filón, que puede adquirir dos, pero la ley les permite asociarse y trabajar en común varias parcelas o claims; 4% por último, reglamenta el trabajo, la edad y demás condiciones de los obreros, la moralidad e higiene de las explotaciones, sujetas a la vigilancia facultativa de la inspección (66).

- 161. 3. India. — Un doble régimen, como el que se ha establecido en Victoria, de Australia, rige también en casi todas las provincias de la India inglesa, esto es, la propiedad del dueño de la superficie sobre todas las minas situadas en tierras enajenadas antes del Land acquisition (Mines) act.9 de 1885, y después de esa fecha, el derecho de dominio so-

- (65)  Statute of Ontario, 55, Victoria, C. 9.

- (66)  Annuaire de législation étrangére, 1892, pág. 1045.

bre las minas de tierras no enajenadas ha sido reservado al Estado. Pero este sistema no es uniforme sino regional, pues hay provincias donde el derecho de accesión está aún vigente como en Bengala, Nor-Oeste y parte de Madras, y en el resto rige un bien definido regalismo. “Aun en los casos en que los minerales pertenecen al propietario de la mina, el gobierno, en posesión del derecho de adquirir o expropiar tierras para fines de utilidad pública (tengan o no minas), previa compensación según la ley, puede ejercer y ha ejercido esa facultad con el propósito de obtener y entregar minas de carbón a una compañía pública (67).

- 162. 4. Sud Africa. — Colonia del Cabo. — Las minas de oro, piedras preciosas, cobre, hierro, carbón y otras substancias, pertenecen a los dueños de la superficie, a menos de hallarse expresamente reservadas a la Corona. “Y, agrega Walmesley, aun en el caso en que las minas hayan sido reservadas a la Corona, el superficiario tiene derecho a percibir la mitad de los dineros cobrados por el gobierno a título de permisos, rentas o contribuciones”. Varios son los Estatutos que rigen la exploración y la explotación de las tierras minerales de la Colonia del Cabo, y ellas han sido dictadas en 1883, 1885, 1886, 1887, 1888 y 1889.

La principal industria en los Estados del Sud de Africa consiste en la extracción de diamantes, casi monopolizada hoy por la “De Beers Consolidated Mines Co.”, después de haber pasado, desde 1870 hasta ahora, por las más curiosas y sorprendentes vicisitudes. Pero interesa conocer las primeras formas jurídicas adoptadas sobre el campo de las explotaciones. “Cuando se encontraron los primeros diamantes no se tenía idea alguna respecto de este género de yacimientos nuevos, y para establecer un poco de orden en el trabajo, los mineros comenzaron, pues, naturalmente, por adoptar los usos de los lavaderos de aluviones diamantíferos, que marcan por lo general, sobre el suelo, un cuadrado o claim, de

- (67) Walmesley, Ob. cit., pág. 229.

9.45 metros de lado (31 pies), donde trabajan personalmente y sin interrupción, excavándolo y agotándolo, para pasar a otro. Estos claims fueron delimitados en la superficie por una red de líneas en ángulo recto, unas sobre otras, formando un damero. En cuanto a los derechos del propietario del suelo, ellos fueron sencillamente regulados por la violencia (68). La explotación debía ser tan continua que no podía el minero “ni ausentarse, ni enfermarse sin perder su posesión, pues cualquier advenedizo tenía el derecho, según la regla del jump, de apoderarse del claim que había quedado sin trabajo". Este estado de verdadero desorden no podía durar, y no se trató en consentir, a consecuencia de ciertos desastres comunes, en la ocupación de un número ilimitado de claims, lo que dió origen a una nueva época en la historia de la industria diamantífera: la de las compañías, que han alcanzado hoy un desarrollo tan extraordinario que la sola de Beers había producido en 1896, 2.363.437 kanats y vendido por valor de 79.134.500 francos. Entre las diversas sociedades que poseen las minas de diamantes de toda la región, alcanzan a un capital de libras esterlinas 15.000.000, o sea 75.000.000 oro de nuestra moneda.

- 163. Transvaal. — La legislación formal transvaalense sobre sus ricas minas de oro y otras substancias, data sólo de 1885, pues los comienzos se caracterizan por el sistema, si así puede llamarse de la krorchanta que se puso en práctica, de hecho, en California, en Australia, en Kimberley y últimamente en el Klondyke inglés y americano. Pero este procedimiento de las pequeñas parcelas para dar acceso al mayor número de concurrentes, si puede ser muy expeditivo en los primeros tiempos de un hallazgo y para placeres, lavaderos o afloramientos de vetas, no puede subsistir jamás para las explotaciones profundas, en que por fuerza deberán intervenir la ciencia y los grandes capitales. Aquí está marcada la evolución que siguió la legislación del Transvaal durante

- (68) L. de Launay, Les diamants du Cap, págs. 1, 72 y 176. aquella primera época, pues a partir de 1885, se dicta verdaderos códigos legales, que definen la propiedad, regulan las explotaciones, deslindan los derechos de mineros y super-ficiarios y crean el régimen financiero que tan grandes resultados ha producido para el tesoro fiscal. No obstante, el principal defecto de la ley ha quedado subsistente a pesar de todos los cambios: la pequenez extrema de las pertenencias o claims, pues consisten en un rectángulo de 47,10 por 125,60 metros de lado, en lo cual se ve el resabio del origen del sistema.

Desde el punto de vista de la propiedad originaria, si es verdad que existe la división entre minas situadas en tierra del dominio público y las que se hallan en propiedad privada, muy pronto desaparece la distinción, pues el Estado tiene la facultad de declarar, en seguida de la manifestación del descubridor, que la referida tierra debe ser tenida por un campo aurífero. Debe advertirse que la ley minera sólo se refiere al oro y a los metales y piedras preciosas, pues los demás minerales, entre los que se cuenta la hulla, pertenecen al dueño del suelo. “Entre las minas de reefs (filones) auríferos y las de aluviones o piedras preciosas, la única diferencia consiste en la dimensión de las pertenencias que se acuerda. El Código de Transvaal comienza por establecer que el derecho de explotar las piedras y los metales preciosos pertenece al Estado, distinguiendo así la propiedad de las substancias situadas en el subsuelo, de las de la superficie" (69). Las concesiones otorgadas (mynpachts) son temporarias, de veinte años renovables por otro período igual. El descubridor de un “campo de oro” tiene derecho a tomar seis unidades de 47,10 por 125,60 metros. Estos no pagan impuesto mientras permanecen en manos del descubridor. Los propietarios de 12 claims limítrofes pueden asociarse y constituir un solo cuerpo con unos solos linderos (70).

- (69)  L. de Launa Y, Les mines d’or du Transvaal, págs. 52 y 65.

- (70)  V. leyes de 22 de agosto de 1891; junio de 1893 (para lo administrativo; l^9 de noviembre de 1895.

- 164. Rusia. — Antes de pasar a la exposición de las leyes de los Estados Unidos, debemos consignar los principios fundamentales de la legislación rusa, perteneciente al grupo del sistema inglés, y que ofrece alguna originalidad en medio de sus generales semejanzas.

- 1.  El dueño del suelo, es el único que puede explotar libremente las minas de su dominio, o ceder su derecho a terceros sin intervención de la autoridad. Pero existe el derecho extensísimo de la Corona en las tierras de su propiedad, y en determinadas regiones de su vasto territorio.

- 2.  Aguillon (71) ha resumido su sistema en tres reglas principales: 1% el Estado, como dueño, cede el derecho de explotación, ya por contrato, ya en monopolio como lo hace con las piedras preciosas de determinadas tierras; 2% y es el caso más común, se concede la explotación al descubridor o primer ocupante; 3% en los terrenos concedidos a las usinas llamadas de posesión, el derecho pertenece a los dueños de éstas, salvo el caso de nuevo descubrimiento, que se adjudica al descubridor, pero siempre con la obligación de vender a la usina el mineral extraído, si es de los que en ella se benefician; en caso contrario, no hay condición alguna.

- 3.  La extensión superficial acordada a la mina es por lo general un rectángulo de 100 hectáreas de superficie a lo más, y en algunas regiones como la Transcaucasia, las pertenencias de minas en filones son de 500 m. de largo por 100 de ancho. Para las arenas auríferas el radio se extiende a 5 kilómetros; para las explotaciones de petróleo, el área concedida es un círculo de 160 metros de diámetro. Si se ha abandonado los trabajos durante un año, o si no se ha extraído más de 1.600 kilos de mineral, la mina vuelve a la disposición del Estado. En cuanto a los tributos fiscales ellos son complicados y no nos interesan directamente.

- 4.  En resumen, las leyes principales de la Rusia, que reunidas forman su Código Minero, sin contar la antigua le-

- (71) Obra cit., t. III, N^9 1407.

gislación, que unos hacen comenzar en las Ordenanzas de Pedro el Grande, de 1718, otros desde 1869 (72), hasta el Código de 1857, contenido en el tomo VII de la Recopilación Imperial, puede resumirse en los siguientes actos: l^9 Código de Minas (tomo VII de la Recopilación Imperial) ; 2^9 Ley sobre libertad de los siervos empleados en las minas del Estado; 3^9 Ordenanza de 1864 sobre las minas de los Cosacos y del Don; 4^9 Ley sobre aluviones auríferos particulares, de junio de 1870; 5^9 Ley de febrero de 1872, sobre petróleo e impuestos de las usinas de esta materia; 6^9 Ley vigente en el Gran Ducado de Finlandia, de 12 de noviembre de 1883; 7^9 Resolución del Consejo del Imperio, aprobada en 6 de enero de 1892 reglamentando la explotación de oro en el radio de las aldeas y tierras de paisanos; 8^9 Resolución aprobada en febrero de 1892, reformando las reglas sobre explotación de minas en tierras del Estado; 9^9 Varias resoluciones del mismo año sobre reglamentación del trabajo de los obreros y mujeres, y sobre usinas metalúrgicas y explotación de nafta (73).

- 165. Estados Unidos. — 1. La relación que existe entre la legislación de los Estados Unidos y la de Inglaterra, es la misma que entre la nuestra y la de España; solamente que el cambio fundamental de la forma de gobierno ha hecho también cambiar de formas y mecanismo a los derechos de particulares con relación al Estado y entre sí conservándose el mismo en cuanto a su naturaleza especial e intrínseca. También allí hay un origen histórico de la propiedad de la tierra, y éste nos explicará la razón del dominio originario sobre las minas en la Unión, según las tierras en que se encuentren. “Es un principio fundamental en el derecho inglés, derivado de las máximas de los señoríos feudales, que

- (72)  A. Stoff, Précis comparatif de la législation miniére en Russie, etc., Chap. VII. — Y muy principalmente: E. Dalloz, De la propriété des mines, t. II, pág. 696: Codes miniers, Russie 1895. Aper^u general.

- (73)  Annuaire de législation étrangére, 1892, pág. 696.

el Rey fué el dueño originario o señor único de toda la tierra del Reino, y la verdadera y única fuente de los títulos. En este país hemos adoptado el mismo principio y lo hemos aplicado a nuestros gobiernos republicanos; y es un doctrina establecida y fundamental entre nosotros que todo título particular válido sobre la tierra dentro de los Estados Unidos, es derivado de la concesión de nuestros propios gobiernos locales, o de los Estados Unidos, o de la Corona, o de gobiernos fundados aquí por Cartas reales, antes de la Revolución. Esta fué la doctrina declarada en Nueva York en el caso de Jackson v. Ingraham, y se decidió, como regla permanente, que los tribunales no tomasen en cuenta ningún título sobre la tierra que no se derivase de nuestro propio estado, o gobierno colonial, y no fuese debidamente verificado por registro (patent). Este fué también un principio fundamental en la jurisprudencia de la colonia. Todos estos títulos de la tierra pasaron de la Corona a los individuos, por medio de las corporaciones y las autoridades coloniales y propietarios” (74).

- 166.  2. Luego aquel que recibió en el principio la pro

piedad de la tierra, adquirió la de las minas en ella comprendidas —porque tal era la ley común inglesa— por accesión; y las tierras minerales que eran de la Corona, y no habían sido enajenadas ni concedidas, pasaron al pueblo de los Estados Unidos, o de los Estados particulares, “en virtud de su derecho de soberanía”. La excepción tradicional de las minas de oro y plata, fué consignada en los Estatutos de Nueva York, expuestos por la misma ilustre autoridad antes citada.

- 3. Dice Kent, en la nota al parágrafo anterior: “El Estatuto de Nueva York, ha sancionado el derecho del Estado como soberano sobre las minas, con la extensión de los Estatutos ingleses y con límites más definidos. El precepto es

- (74) Kent’s, Commentaries, P. VI, lee. LI, § 1; Ch. G. Tiedeman, An elementar? treatise on the american law of real property, especialmente los §§ 2 y 75.

que todas las minas de oro y plata descubiertas o que se descubriese en este Estado pertenecen al pueblo por su derecho de soberanía; y también todas las minas de otros metales en tierras de propiedad de personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos; y también todas las minas de otros metales descubiertas en tierras de un ciudadano de cualquiera de los Estados Unidos, cuyos minerales contengan menos de dos terceras partes de su valor en cobré, estaño, hierro y plomo, o cualquiera de esos metales; y también todas las minas, minerales y fósiles descubiertos en tierras de propiedad del Estado, serán propiedad del pueblo. Pero todas las minas de cualquier clase, que no sean las de oro y plata, descubiertas en tierras pertenecientes a un ciudadano de los Estados Unidos, y cuyo mineral contenga dos terceras partes o más, de su valor en cobre, estaño, hierro y plomo, o cualquiera de esos metales, pertenecen al dueño de dichas tierras” (75).

- 4.  Así, pues, distinguiendo el dominio federal y el dominio de cada Estado, y concretándonos al primero porque es más uniforme y general, las minas siguen la condición de las tierras, y éstas clasifican a aquéllas, en públicas y privadas. El gobierno legisla solamente sobre las primeras, quedando las segundas bajo el derecho común, que, como sabemos, es del resorte de cada Estado particular.

- 5.  El principio fundamental de la ley federal es el de la dependencia de la mina respecto de la tierra, aunque las propiedades de una y otra se hallen perfectamente separadas en el concepto. La misma colocación que el legislador ha dado a la ley de minas prueba esa calidad, pues es una subdivisión del título de las tierras públicas (76).

- 167.  6. Los Estados Unidos no se preocuparon de su le

gislación minera hasta 1866, rigiéndose durante aquella larga

- (75)  Political code of New-York, §§ 251, 258.

- (76)  Revised statutes of the United States (1878), Tít. XXX (The public lands), Cap. 6 t. (Mineral lands and mining resources), Sec. 2318, 2352.

época por el derecho común y por la costumbre local; pero los descubrimientos de oro en California, trajeron con el tiempo la necesidad de dictar leyes, pues los numerosos inmigrantes e industriales que de toda la América acudían, especialmente de su porción española, iban ocupando sin método y sin orden la tierra mineral y trayendo cada uno la costumbre de su origen. El Estado, cuando se apercibió de ésto, no hizo más que legalizar la ocupación que cada uno realizara. Se pensó entonces en adoptar la Ordenanza de Nueva España de 1783, pero se volvió al sistema de la madre patria, dictando entonces la primera ley, la de 28 de Julio de 1866, que fué reformada varias veces hasta 1873, en que se incorpora a los Estatutos generales.

- 168.  7. Según esta ley, se declara libre la exploración y

ocupación de las public lands. Estas se dividen en: a) Agri-cultural lands, y b) Mining o mineral lands. Estas últimas se subdividen a su vez en: l^9 Terrenos de filones y capas (veins or lodes), 2^9 Terrenos de placeres (placers lands), y 3^9 Terrenos de combustible (coal lands). Veamos ahora cuáles son los derechos de los particulares sobre las minas del dominio público, para su adquisición y trabajo.

- 8.  La institución de la propiedad particular sobre una tierra mineral, no es más que su venta por el gobierno, previa comprobación de haber sido primer ocupante (first in time, first in right). Tres grados o categorías reconoce una ley en materia de apropiación privada de una mineral land: 1* Título de posesión del locator de un claim, 2^9 Título de fee simple del que ha registrado su concesión (patent), que es el verdadero título originario; 3^9 Título de derecho o equidad, que se adquiére una vez verificado el pago.

- 9.  Un claim en un terreno de filón o capa, es el espacio señalado por la concesión dentro del cual el minero ejecuta sus trabajos; es la pertenencia española y nuestra, sujeta a medidas determinadas. Literalmente significa —y trae de allí su nueva acepción juris— pedimento, solicitud, reclamación.

La adquisición de un claim da derecho a todas las vetas que dentro de sus medidas se descubre, y a seguirlas (y esta es la especialidad de la ley americana) en toda su profundidad, y en todos sus “pliegues, repliegues y variantes”, según el texto (77). Salvo costumbres o leyes locales, una persona puede pedir cualquier número de claims consecutivos.

- 10. Respecto de los yacimientos en placeres (placers lands), las condiciones varían en ciertos casos; por ejemplo, las medidas son menores, y el derecho del minero se limita exclusivamente al perímetro de la concesión.

- 169.  11. La legislación sobre minas de carbón es especial. Un solo individuo puede pedir la cuarta parte de una unidad de medida (640 acres, o 256 hect.); una sociedad puede obtener una media unidad; uno solo no puede obtener del Estado más de una pertenencia, pero no le prohíbe la ley reunir muchas por compra u otros medios, de terceros adqui-rentes. La concesión para hacer túnel, o galería (o socavón, según nuestras leyes), lleva comprendida la propiedad de todos los filones o vetas que corte. Pierden los concesionarios todo derecho si suspenden el trabajo por seis meses, y no pueden las labores exceder de 914 metros de profundidad.

- 170.  12. Además: a) El concesionario de un claim puede obtener también, aparte del terreno que ocupa la mina, el necesario para talleres, depósitos, usina y trabajos de extracción de los minerales, pero no puede pedir más de dos hectáreas (5 acres); b) Las relaciones de los explotantes entre sí son regidas por las leyes o reglamentos locales, a falta de ley general; c) El Estado general no percibe impuestos sobre las

- (77) “Pueden constituirse distintas propiedades en los minerales comprendidos en una misma parcela de tierra. Un arrendatario puede adquirir el hierro, otro la caliza. Así, uno puede poseer una veta de carbón, y otro una veta distinta, siempre que sean separables, y que se hallen debajo o al lado de la otra, dentro de la misma porción de tierra.” H. Austin, The law concerning farm, farmers and farm laborers, C. VIII.

minas, pero los Estados particulares pueden establecerlos; d) La ciudadanía es necesaria para adquirir originariamente un claim o un patent; e) Las demás disposiciones de detalle, de procedimientos, requisitos, etc., se hallan minuciosamente expuestas en el título y capítulo correspondientes de los Revised Statutes, o de las leyes locales (78).

- (78) Para todo lo relativo a la legislación de los Estados Unidos, en sus tres divisiones jurisdiccionales, Federal, de los Estados y los Territorios, puede consultarse el American Mining Code de Henry Copp, que comprende las leyes administrativas, la jurisprudencia de las Cortes de Justicia y las resoluciones de las oficinas de tierras respectivas.

LECCION IV

LEGISLACION NACIONAL

§ I

PRELIMINAR

- 171. Ha sido poco explorada la historia de nuestros antecedentes nacionales en punto a legislación minera, si bien se conocía algunos jalones muy prominentes del camino recorrido desde 1810; pero no es de extrañar esta ausencia de investigaciones, cuando tan poco nos hemos preocupado de hacer recopilaciones de nuestras leyes en esta y otras materias. No obstante, los objetos positivos del historiador estaban satisfechos con dos documentos primordiales: el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación, de 1853, y la ley de agosto de 1875, que mandaba redactar el Código de Minería, actos legislativos tan importantes como antagónicos entre sí, según oportunamente se verá. Pero entre uno y otro, y antes de ellos, se ha producido hechos y situaciones de derecho, que han influido en el desenvolvimiento de la industria minera argentina y en la situación de los actuales propietarios de minas en todas las regiones mineras de la República. Además, el habernos desprendido de España por medio de un proceso revolucionario que duró mucho tiempo, y los sucesivos interregnos de disolución, anarquía y guerra civil que hemos atravesado desde la declaración de la Independencia, y el subsiguiente período de organización y arreglo interior, dan a la historia de nuestra legislación minera, marcadas divisiones que nos servirán para metodizar nuestros estudios. Así, dividiremos esa legislación en cuatro períodos:

l^9 De la legislación colonial.

2^9 Revolucionario y anárquico, desde 1810 hasta 1853.

3^9 Orgánico y legislativo, desde 1853 hasta 1871, en que se pone en vigencia el Código Civil.

4^9 Desde la vigencia del Código Civil hasta la del Código de Minería (1887).

Ahora bien, pasada la época de disolución del sistema colonial, la evolución jurídica de la minería argentina gira desde 1810 hasta 1887 sobre estos principios fundamentales: l^9 Estímulos económicos para el desarrollo de la industria, con fines sociales y sobre bases de la mayor libertad; 2^9 Principio fundamental de la propiedad originaria de las minas, o sea evolución del regalismo argentino; 3^9 Lucha entre los sistemas de conservar la propiedad, trabajo obligatorio, o pago de un canon o patente anual; 4^9 Preponderancia de 1$ legislación nacional sobre la de las provincias.

§ II

LEYES COLONIALES

- 172. Mientras el Río de la Plata se halló sujeto a la jurisdicción del virreynato del Perú, es evidente que la legislación ya estudiada para los países que más de inmediato constituían aquel vasto organismo administrativo, tuvo su imperio en las poblaciones mineras de este territorio, si bien nada cuesta creer que las distancias enormes y la diseminación de la población, hacían que la influencia de esas leyes llegase muy debilitada. Así debió comprenderlo el legislador absoluto de entonces, cuando, como veremos más adelante, hubo necesidad de confirmar expresamente la vigencia de las antiguas Ordenanzas del Perú.

La creación del virreynato del Río de la Plata, hecha por Real Cédula de 12 de agosto de 1776, introdujo un nuevo orden en el régimen administrativo y jurídico de este territorio, pues hizo necesario dictar para él ordenanzas especiales. Pero como esta tarea no podía realizarse en un día, el Rey dispuso, en virtud de las razones generales que motivaron la Real Ordenanza de Intendentes de 28 de julio de 1782, en su artículo 135:

“Entre tanto que por mí se apruebe y publique una nueva Ordenanza que haré formar para el arreglo, fomento y protección de la minería, deberán cuidar los Intendentes de que en los Reales de minas de sus Provincias se observan las que rigen en el Perú, y las leyes del tít. 19, lib. IV, de la Recopilación de Indias, en cuanto fueren adaptables a la práctica actual, y después se arreglarán en todo a la nueva Ordenanza, velando que los mineros, sus sirvientes y operarios guarden y ejecuten puntualmente todas las disposiciones de ellas”.

Propúsose la misma Ordenanza de Intendentes organizar en estas provincias el estanco de la sal, tal como lo establecía la Recopilación de Indias, L. 13, tít. 23, lib. VIII y como por antiguo derecho y preeminencia de la Corona le correspondía, y al ordenarlo declara que nunca se hizo efectiva esa regalía “en ninguna de las (salinas) que hay en distrito del virreynato de Buenos Aires, y que debieran haberse sujetado a la dicha providencia”.

Sólo una limitación se reconocía al monopolio fiscal, y era la de las reservas en favor de los indios, de aquellas minas que ellos hubiesen tenido costumbre de explotar desde antiguo, y en que consistía uno de sus principales ramos de comercio. Sin embargo, debían pagar a la Real Hacienda un impuesto por el permiso de explotación, llamado “derecho de licencia”. Y agrega la Ordenanza “que las demás salinas de que no se aprovechasen los naturales, las hagan administrar (los Intendentes) como propias de mi suprema regalía, teniendo siempre presente lo mucho que importa la abundancia de sales, y que se vendan a precios cómodos en aquel país, por ser género muy necesario a todos sus habitantes, y especialmente a los ganaderos para sus ganados, y a los mineros para la lava y beneficio de metales”.

Ocurrió con esta Ordenanza que al año siguiente (1783) con fecha 5 de agosto, fué modificada por otra de “declaraciones”, en las cuales se daba satisfacción a diversas observaciones emanadas de las autoridades locales respecto de la anterior, sobre todos los asuntos de la administración. El artículo 11 de esta nueva ley cumple la promesa de una especial Ordenanza de minería, si bien cree más conveniente experimentar la aplicación de la que en 22 de mayo del mismo año se había dictado para Méjico, que ya conocemos y que fué adoptada para el Perú y Chile.

Dice aquel nuevo mandato real que, “teniendo en la debida consideración lo Utilísimo y conducente que será para el fomento del recomendable ramo de la minería de aquellos mis dominios, la nueva Ordenanza ofrecida por el art. 135 de la de Intendentes, he resuelto que de la que mandé expedir, y con fecha de 22 de mayo se expidió, y ha impreso, para la dirección, régimen y gobierno del cuerpo de la de Nueva España y de su Real Tribunal General, se remitan ejemplares a los Gobernadores-Intendentes para que, comunicándola éstos a los Reales o Asientos de minas situadas en las Provincias de su mando..se observen las ventajas de su adopción definitiva, debiendo informar sobre sus resultados al rey, por la vía reservada de Indias. Y agrega esta nueva promesa que nunca llegó a cumplirse: “en inteligencia de que tengo dispuesto se soliciten en Suecia, Sajonia y otros países de Alemania, hombres hábiles y sabios en las ciencias conducentes a esta profesión, para enviarlos a aquella América meridional, con el fin de restablecer en ella el apreciable ramo de la minería”.

Que las Ordenanzas de Méjico fueran en realidad aplicables a nuestras labores mineras, lo prueban suficientemente las hondas raíces que echaron en las costumbres y en la inteligencia de las gentes de minas en todo el país, hasta el grado que aun en las épocas en que ningún poder nacional les daba imperio uniforme, ellas continuaron rigiendo e informando la legislación y ordenamientos locales en las respectivas Provincias.

§ III

DESDE LA REVOLUCIÓN HASTA LA CONSTITUCIÓN (1810-1853)

- 173. Al pronunciarse la Revolución Argentina de 1810, se hallaban en vigencia los códigos españoles que antes mencionamos, en cuanto eran ley general de la monarquía y no estuviesen derogados por las especiales para estos países, cuando no por las costumbres y las prácticas de los diferentes distritos, provincias o virreinatos. Pero a pesar de cualesquiera modificaciones de forma o procedimiento, el régimen fundamental de las minas era, al iniciarse nuestra nacionalidad, el del regalismo definido por las leyes de la metrópoli transmitido con más vigor a América por las leyes consuetudinarias, convertidas después en códigos en la Recopilación de Indias, y en las Ordenanzas de Méjico; pero desde 1810, en que la antigua colonia se revela contra la metrópoli, negando obediencia a sus leyes, y se levanta en armas rompiendo todo vínculo jurídico, el régimen de las leyes de minas desaparece naturalmente como mandato nacional, para ser reemplazado por dos elementos que mantuvieron, sin variación sensible, la tradición legislativa hasta que fueron confirmadas por la autoridad republicana, la aceptación tácita de las Ordenanzas de Méjico, por la cual se regían, y las costumbres y prácticas sostenidas y vigorizadas por la acción de los cabildos locales, con jurisdicción, por lo general, sobre todo el territorio de las actuales Provincias.

Por otra parte, el estado de la industria durante ese interregno, no exigía imperiosamente la atención legislativa o administrativa, puesto que las labores quedaron casi del todo suspendidas durante la guerra de la Independencia, que no daba tregua para dedicarse a las pacientes ocupaciones de la minería. Quedaron los distritos sin gobierno, las minas sin amparo, los litigios suspendidos, y en esa época se producen en los más ricos centros minerales del país, descubrimientos valiosísimos hechos por extranjeros, abandonos de minas que dieron luego semilla a muchos pleitos y enredos, y han impreso un carácter especial al gremio de propietarios de minas de los viejos y ricos distritos del interior.

- 174.  En esta época se encuentra, pues, lo que llamaremos el origen histórico y jurídico de nuestro regalismo minero: 1Q, porque la Nación Argentina es sucesora universal de los soberanos de España sobre el territorio que desligó de la Corona por la guerra, y por lo tanto, de todo aquello sobre lo cual el Rey, o la Corona, o el real Tesoro tenían dominio, con todo lo que a ese dominio le fuese accesorio; 2Q, por disposición expresa de los arts. I^9 y 2^9, tít. V, de las Ordenanzas de Méjico, que dicen: “Las minas son propiedad de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como por su reunión”, y que la concesión de ellas a los vasallos, en propiedad y posesión, se entiende que ha de ser “sin separarlas de mi real patrimonio”.

Luego, todos los derechos pertenecientes, desde la antigüedad, a la Real Corona se transmitieron al pueblo argentino, único depositario de la soberanía en cuya virtud existe la entidad del Estado, en su doble capacidad de derecho internacional y de derecho común.

- 175.  No pasó mucho tiempo sin que la voluntad nacional manifestase, por intermedio de sus representantes, un pensamiento relativo a la minería; y tal fué la iniciativa del ministro García ante la Asamblea memorable de 1813, que en medio de los combates se preocupaba de procurar la reforma de la legislación, y de impulsar ya, legislativamente, la más rápida separación de la madre patria.

Aquella inmortal Asamblea dicta el llamado Reglamento de Mayo, de ese año, que contiene un cuádruple pensamiento: l^9, el de la igualdad absoluta entre nacionales y extranjeros para cuanto se refiera a los beneficios de las industrias, otorgándoles todo género de franquicias y exenciones ya en sus personas, ya en sus bienes; 2^9, el fomento de la industria minera extractiva y comercial por todo género de franquicias aduaneras, tanto para los minerales mismos, como para los útiles e instrumentos de labor; 3^9, la reforma liberal de las antiguas leyes en cuanto se referían a materias económicas ligadas con el ramo de minería; y 4^9, procurar el desarrollo y enriquecimiento de la renta fiscal.

- 176. El proyecto fué sometido a la consideración de la Asamblea General Constituyente de 1813, el 26 de abril, con los fundamentos siguientes:

“No se puede pensar sobre la importante materia de Rentas públicas, sin que ocurra desde luego el ramo de las minas, en un país que parece ser el depósito común de las riquezas minerales. Ellas forman, después del crédito público, la base más sólida del sistema de hacienda; porque es imposible que haya agricultura, población y comercio... sin un fomento poderoso y bien entendido de sus minas; pero, al mismo tiempo, es forzoso convencerse de la extrema importancia de adoptar principios nuevos y contrarios a los que una política tan absurda, como ignorante, ha consagrado bajo la antigua administración. Los inmensos depósitos de plata y oro que contienen estas cordilleras deben quedar abiertos para cuantos hombres quieran venir a extraerlos desde todos los puntos del globo. Los artículos de todas clases que sean necesarios para las operaciones mineralógicas deben ser libres, y protegidos de modo que sea posible su introducción y la comodidad de sus precios; los hombres dedicados a estos Utilísimos trabajos, no serán retraídos jamás por ningún género de trabas, y el fruto de sus labores podrá ser conducido libremente a donde quiera que más ventajas proporcione a sus dueños, y en la forma que mejor convenga a sus intereses (1).

Si bien es cierto que este importante acto legislativo parece consagrarse exclusivamente al aspecto económico y político del problema, no deja de interesarnos del punto de vista jurídico por algunas pasajeras insinuaciones que afectan la substancia del asunto. Así, el mensaje habla de derogar la antigua legislación, o sea, adoptar principios enteramente nuevos, y el texto (art. 11) ordena establecer en Potosí un Tribunal de Minería sobre la base del de Méjico, y en general, le encomendaba la preparación de una ley que mejorase la condición de los mineros. Si no fuese que no hallamos confirmada en ninguna forma nuestra observación, diríamos que el art. I[1] 2 3 4 5 6 entraña un pensamiento fundamental, al hablar solamente de la libertad de catear o explorar “en los cerros minerales dentro de la comprensión del estado”, como si quisiese dejar a salvo los derechos de los propietarios particulares sobre las minas situadas dentro de su respectiva “comprensión”. Pero, indudablemente, no ha sido ésta la intención del legislador de 1813, porque no podía, en un documento de índole económico-política, hacer una renuncia de derechos del pueblo, adquiridos en virtud de su soberanía de parte de los reyes de España, renuncia para la cual habría necesitado, en aquella época, por lo menos una autorización plebiscitaria o constitucional; y aparte de esta consideración, el sentido liso y llano del texto es que se refiere a los límites de la Nación, o Estado. Tampoco se habla de la ley que debía regir la materia privada de las minas, es decir, de la ley de fondo que se ponía en vigencia; pero del sentido general del documento se desprende que daba por sobreentendida la vigencia de las leyes españolas en cuanto no se opusiesen a las declaraciones allí contenidas.

- 177. Con todo, esta ley importantísima —como pensamiento económico y político, digno de eterna memoria, y que en ciertos puntos aún reclama ejecución— dictada en plena revolución, mientras se derrumbaba el régimen secular de las colonias, nos recuerda a la Asamblea Nacional francesa de 1791, que en medio de la más tormentosa y sangrienta de las revoluciones, se ocupaba también de dictar una ley sobre minas, ilustrada por la elocuencia de Mirabeau, que lo mismo fulminaba en las oraciones políticas que discurría como sabio jurisconsulto al echar los fundamentos del moderno derecho minero, sosteniendo las facultades del Estado sobre la propiedad del subsuelo mineral; nos da idea, igualmente, de cómo para los hombres de nuestra Revolución, las minas “eran la base más sólida del sistema de hacienda”, coincidiendo en esto con los legisladores franceses de 1791 y de 1810. Indudablemente se advirtió la falta de una declaración que diese fuerza y autoridad a las leyes españolas en general, y fué lo que hizo el Reglamento provisorio de 1817, diciendo que: “Hasta que la Constitución determine lo conveniente, subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones generales y particulares del antiguo gobierno español, que no estén en oposición directa o indirecta con la libertad e independencia de estas provincias, ni con este reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas desde el veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos diez” (2). En ninguno de los ensayos constitucionales anteriores a éste, ni en la Constitución histórica de 1826, se encuentra cláusula alguna que directa ni indirectamente estatuya sobre la propiedad minera; luego el regalismo de la Nueva España seguía siendo el sistema argentino.

- 178. ¿Cuál era la situación legal de la minería durante ese largo y penoso período de nuestra historia que empieza en 1820 y termina con la victoria de Caseros y la Constitución de 1853? Indudablemente la misma que la de todas las relaciones sociales, hondamente perturbadas por el desorden institucional, por la guerra civil general y local, que no dejaba sino muy cortas soluciones de continuidad, y éstas, para que el despotismo centralizador echase más profundas raíces. Entregadas a sí mismas las Provincias, cada una puso en vigencia, por medio del poder público más dominante, o se limitaba a sancionar como hecho consumado, la legislación de las Ordenanzas de Méjico, introduciendo en ellas modificaciones aconsejadas por la forma de gobierno o por los intereses de la minería local. Pero lo más general era que la fuerza imperativa de esos actos públicos no fuese muy grande, porque el espíritu de desobediencia o alzamiento erigido en derecho de resistencia, amenazaba constantemente a gobiernos sin recursos y sin autoridad moral. Más valía, para mantener en vigor la vieja legislación, el poder de la costumbre y de los intereses de los particulares a quienes les convenía reconocer o someterse a alguna jurisdicción que regulase las relaciones entre mineros. Lo cierto es que en algunas provincias largos períodos pasaron sin autoridad alguna. Durante ese tiempo, los antiguos dueños de minas las conservaban, ya sea porque nadie se aventurase a pleitos de denuncio por despueble o abandono, ya porque, refugiados ellos mismos en las soledades de los montes, sirviesen de amparo a sus

- (2) Reglamento Provisorio, etc., 1817, Sección II, art. 11.

propias concesiones. Otras fueron explotadas por extranjeros que hicieron buena cosecha de nuestros metales. Difícil, sino imposible, es conocer el texto de ley alguna dictada por las provincias en esta época: muy pocas de ellas han hecho colecciones de sus leyes, esas son generalmente las no mineras, y las otras, o no dictaron ley alguna, o vieron dispersos o incendiados sus archivos. Así, pues, debe considerarse que durante toda esta época, rige la misma antigua legislación, con las modificaciones que los poderes lócales les introducían por una u otra causa, o más acertado sería aceptar una especie de suspensión o statu quo en el desenvolvimiento de la minería ya como industria, ya como legislación.

§ IV

PERÍODO ORGÁNICO Y LEGISLATIVO

(1853-1871)

- 179. La promulgación de la Constitución de 1853, al mismo tiempo que ponía fin a ese estado anárquico, traía para la industria minera la promesa de un Código que diese unidad y método a la legislación histórica, de acuerdo con nuestro sistema de gobierno y las aspiraciones de orden, de progreso legislativo y de riqueza pública de la Nación. Desde luego, organizaba los gobiernos, los poderes públicos, órganos reguladores de las relaciones jurídicas, y la propiedad adquirida sería pues, asegurada ante la justicia del país. El art. 64, inciso 11 de la Constitución, prescribía al Congreso la obligación de “dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería...” y el art. 5^9 establecía como condición del amparo y auxilio del Gobierno Federal a las Provincias, que las constituciones que éstas debían darse, habrían de asegurar su administración de justicia. Vagas y generales eran con respecto a la legislación de minas las cláusulas de la Constitución, pero eran una solemne promesa que sería cumplida en breve por el mismo Congreso Constituyente, facultado para legislar sobre todos los demás asuntos del gobierno creado. Desde luego, bajo la vigencia de aquella Carta orgánica, todas las provincias de la Confederación dictaron sus constituciones y fundaron sus gobiernos regulares. En cuanto a la minería, el Congreso dictó el mismo año el primer estatuto general, que ha adquirido celebridad en nuestra historia legislativa.

- 180. Como lo indica su leyenda, el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación, se proponía organizar el sistema rentístico y financiero de la República, y su título X, está consagrado a la materia minera. Fué su autor el Ministro de Hacienda, doctor Mariano Fragueiro, y su sanción lleva la fecha de 9 de diciembre de 1853. Si la Constitución se había distinguido por su espíritu centralizador en materia de legislación, el Estatuto reconocía la atribución de las provincias para legislar también sobre la materia minera, diciendo en su art. I^9 que Ínterin el Congreso dictase el Código, regirán las Ordenanzas de Méjico con las modificaciones que las Legislaturas de provincia hubiesen introducido en ellas; reconociendo así una situación de hecho que podía tener grande importancia, y que la tuvo, pues por mucho tiempo en algunas provincias se discutió la supre-macia de sus leyes locales. Aquel reconocimiento era, sin embargo, solamente temporal, porque dependía de la sanción del Código que se mandaba dictar, por la Constitución.

Trata el Título X del Estatuto, “de las propiedades subterráneas o de minas", y da en once artículos las bases de la legislación en materia de propiedad o régimen mineros, reconociendo la soberanía del Estado sobre las minas propiamente dichas, o sea metálicas, pues el art. 2^9 decía textualmente: “Entiéndase por mina, la explotación del terreno por medio de excavaciones superficiales o subterráneas para explotar piedras preciosas, o cualquiera substancia metálica, o mineral reducible a metal. De consiguiente, no se comprende en la palabra mina las canteras, salinas, huaneras, carbón de piedra (3), (incluido después, ley N^9 6, 1? de diciembre de 1854, en el art. I^9), tierras arcillosas o de tinte, piedras silíceas, azufre, etc.”. Los lavaderos de oro eran comprendidos entre las minas (art. 2^9) y sujetos a las mismas reglas.

Era libre para toda persona o sociedad el derecho de denunciar y explotar minas (art. 5^9) ; no se modificaba la extensión superficial que comprendía cada mina según la Ordenanza (art. 4^9) y no se limitaba el número de pertenencias que cada persona podía poseer, contiguas o separadamente, con tal que cada pertenencia tuviese su título aparte (art. 6^9).

Se instituía el registro de los títulos de propiedad de las minas en la administración del Banco Nacional en cada Provincia, y en ese registro debía anotarse: el nombre del dueño, la clase del mineral, el lugar, el rumbo o corrida de la veta, la fecha del título y la del registro, y constancia de haber satisfecho la contribución anual (arts. 7^9 y 8^9) de 20 pesos que debía pagar “toda mina con laboreo o sin él, con beneficio o sin él, con tal que esté poseída” (art. 9^9), y los poseedores de minas que no pagasen la contribución 120 días después de cerrado el tiempo señalado para el registro y pago, “abandonan por este hecho su propiedad y puede ser denunciada por un tercero, en los términos de la Ordenanza (art. 10) ; y el art. 11, definía, por fin, lo que debía entenderse por título legal de la mina, es decir, el registro y el pago de la contribución. La mina poseída por este título no podrá ser denunciada por ningún otro artículo o disposición de las Ordenanzas.

- 181. La discusión que en el seno del Congreso Constituyente se produjo sobre los arts. 10 y 11 del título X del

- (3) La ley N^9 6, de l^9 de diciembre de 1854, dispone: “Art. I^9 Las minas de carbón de piedra quedan comprendidas en el art. I^9 del Tít. X del Estatuto de Hacienda y Crédito. Art. 2^9 Queda derogado el árt. 2^9 del citado título, en la parte que está en oposición del artículo anterior?* V. Florentino Barros, Legislación minera vigente en la República Argentina, 1883, pág. 71.

Estatuto, demuestra claramente el espíritu general de esta ley transitoria; discusión en que tomaron parte los doctores Fra-gueiro, Zapata y Gorostiaga, y de la cual se desprende la convicción de que para sus autores eran esenciales al progreso y eficacia de la industria minera el trabajo y la explotación permanentes, y que la patente era un impuesto con cláusula penal de pérdida de la propiedad por falta de pago en cierto tiempo.

Al discutirse el art. 10, el doctor Gorostiaga observó que ^establecía una confiscación de la propiedad de la mina por falta de pago de la contribución, pasados los 90 días después del registro; tratándose de una propiedad tan importante, como podía ser una mina, sería cruel confiscarla o perderla por no haber pagado veinte pesos en los tres meses o noventa días señalados al efecto, y creía más equitativo duplicar la contribución y extender a un año el término para el pago, y pérdida de la mina en caso de no realizarlo, creyendo que así se conciliaban los intereses del minero con los fiscales”.

Contesta el señor Zapata diciendo que “la Ordenanza (de Méjico, vigente) de minas señalaba plazos perentorios para la pérdida de una mina por falta de trabajo, es decir, para que pudiese ser adjudicada a poder de otro que quisiera trabajarla; que estas disposiciones no eran una confiscación sino un amparo en favor de un tercero, en obsequio del trabajo y labores de las minas; que lo que la Ordenanza disponía por este principio, disponía el artículo en favor de la contribución^9. Reabierta la discusión en la sesión del 7 del mismo, sobre el art. 10, el ministro formula importantes declaraciones que revelan en qué concepto jurídico se tenía a las minas por el Congreso Constituyente y el alcance de la ley denominada del Estatuto. El ministro, autor de ese proyecto, dijo:

“Que las minas eran propiedades del gobierno y pasaban al dominio particular en condiciones tales, como de no abandonar su trabajo en cierto tiempo, hacerlo en cierta forma determinada; y en otras más, que constan en las Ordenanzas de Minas; que en uso de este dominio, y en protección del trabajo, con el objeto de estimularlo, se habían puesto aquellas restricciones y se proponía el artículo, que sin el pago de la contribución en cierto tiempo, la mina se reputa abandonada; que no puede compararse una mina con un campo o una casa; que el descuido en el trabajo de estas últimas no importaría la pérdida de una fortuna, como sucede con las minas, que ocultando un tesoro, queda perdida para la sociedad y su dueño, si éste la abandona”. Creía el ministro que su artículo llenaba estas exigencias de orden económico, y creía fundarlo agregando: “Que la cuota de la contribución era más suave que el trabajo exigido por la Ordenanza; por consiguiente, favorecía más al pobre, porque a poca costa podía mantener la propiedad de su mina; que si se le exigieran las condiciones de la Ordenanza, tendría que venderla o perderla; que no hay mina de interés que no facilite el pago de la contribución y aún el trabajo, pues que los Bancos iban a ser protectores de esta industria y que ocurriendo al Banco a nadie le faltaría cómo trabajarla; de modo que no habría quien no encontrase cómo trabajar y. que en esto se fundaba la enmienda que se proponía^9 (4).

- 182. A tan monstruosas conclusiones, que demuestran, o bien los apuros de un debate sobre materia no bien conocida, o bien muy imperfectas nociones sobre el destino económico de las minas y de los Bancos, contestó el doctor Go-rostiaga, sosteniendo la buena y acertada doctrina del derecho minero:

“Que reconoce la propiedad de las minas como pertenencia del soberano; que por lo mismo debía procurarse su trabajo constante, en vez de facilitar su abandono; que se conformaba con las disposiciones de la Ordenanza en cuanto facilitan ese objeto, pero que en el artículo propuesto se señalaba otro modo más de perder la mina, que no estaba en relación con su trabajo; que le parece mucho más dura la

- (4) Diario de Sesiones del Congreso General Constituyente de la Confederación Argentina, 1853-1854, págs. 337 y 338.

disposición del art. 11 (“La mina poseída con título legal no puede denunciarse por ningún otro artículo o disposición de las Ordenanzas de Minas”) porque era la labor constante de las minas lo que debíamos proponernos, y que no se monopolizase esta industria, por cuya razón no aceptaría una disposición que autoriza el monopolio con tal que se pague contribución; que ya se había sancionado (art. 6^9) que pudiesen poseerse muchas minas y por tiempo indefinido, y si establecíamos la nueva enmienda mataríamos la industria, en vez de fomentarla".

- 183. Desalojados los sostenedores de la teoría de la contribución, en el terreno de la doctrina económica, inicia el ministro un nuevo argumento, fundado en el carácter actual y transitorio de aquella ley, en estas palabras: “que ésta (la contribución) era la necesidad de la actualidad, y que, aunque con el tiempo sería otra cosa, el código que después se dictara daría un remedio eficaz para entonces; a cuya doctrina adhiere el señor Zapata, diciendo que: “plazo por plazo, el de la contribución era preferible por ahora; que esta disposición favorecía al pobre, porque la contribución era más barata que el amparo, porque la industria minera era nueva y debíamos relajar en su favor las leyes dictadas para casos distintos; que un código era la expresión de las necesidades de la época; que éste se dictaría dentro de uno o dos años, y que en él serían consultadas las necesidades de entonces”. Agrega aún el ministro: “que el Código de Méjico todo estaba calculado para el capital; que había un depósito de combos y todo género de herramientas, y un Banco para facilitar todas estas cosas, y entre nosotros ésta era la primera falta. Con la mita de los indios allí establecida, había razón para establecer la pérdida de una mina por falta de trabajo, cuando se facilitaban los medios de obtenerla, pero que ahora, entre nosotros, no se puede hacer lo mismo, por falta de brazos, de herramientos y de todo; que había entonces pocos capitales dedicados a las minas, que es hoy una industria de las principales, y era justo que al que no tra-baj ase se le impusiera en la contribución un estímulo para hacerlo; que al que trabajase no le sería duro ni difícil el pago de la contribución”.

- 184. El doctor Gorostiaga, a quien la confusión y contradicción de las ideas de sus adversarios acaba por iluminarle y ponerle en pleno dominio de la cuestión, termina el debate con estas palabras que por su acierto, sencillez y severa elocuencia, le revelan una de las grandes figuras de nuestra historia legislativa, y que en aquella época, y aun en la presente, son una de tantas pruebas irrefutables del sistema de nuestro Código respecto al amparo de las minas. El redactor de la sesión, da cuenta de sus últimas palabras del modo siguiente :

“El señor Gorostiaga: Comprende que las Ordenanzas de Méjico, en su aplicación a la República Argentina, no deben sufrir modificaciones; que no se trata de sancionar un código; que es naciente la industria minera, pero que por lo mismo debía el legislador fomentar el laboreo, lo que no se hacía por el artículo 11; que tanto en esté artículo como en el anterior, se sacrificaba el trabajo a la renta fiscal; el gobierno decía: no me importa del trabajo de las minas como me paguen renta; que si al pobre se favorecía, al rico se favorecía mil veces más, porque si al primero no le faltarían 20 pesos para amparar la propiedad de la mina, no le faltarían al rico muchos 20 pesos para abarcar cerros enteros monopolizando así, en perjuicio de la riqueza pública, la industria de las minas. Hizo una comparación con la enfiteusis sin limitación de suertes y sin condición de mejoramientos y trabajo, sin más pensión que la solución del cánon, podría acumularse en manos de los ricos todas las propiedades enfi-téuticas sin que mejorasen los campos por la industria, esperando a que tomasen más valor con el tiempo que les indemnizara los cánones; en lo cual no habría conveniencia ni economía” (5).

- (5) Ob. y lug. cit., pág. 339.

- 185. Tratándose de esta ley, en cuya virtud se ha constituido las propiedades de las minas existentes en la República, conviene resumir las doctrinas del debate anterior, y deducir sus principios y caracteres generales:

l^9 Las nociones que los legisladores poseían respecto a derecho minero eran muy deficientes, y en general erróneas y limitadas al conocimiento práctico de los textos sin análisis jurídico, desconociendo las múltiples relaciones de esta rama de la ciencia con las otras, la economía política, las finanzas y la administración, principalmente.

2^9 La ley se denomina Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación, y se proponía, en primer término, determinar las fuentes y materias imponibles para la formación de la renta pública, y el título X comprendía “la propiedad subterránea o de minas” sobre la cual se creaba una patente de 20 pesos anuales, creyendo, por vía accesoria, aliviar la condición del minero y fomentar su industria, pero siendo su principal objeto la creación de una renta.

3^9 Respecto de su carácter general, el mismo autor del Código de Minería juzgaba esa ley, abarcando su raciocinio múltiples puntos de vista: como ley de fondo y de carácter permanente, “el Estatuto, estableciendo en su título X la ley de minas que debía regir en la República hasta la promulgación de un nuevo código, dictaba una ley de fondo. El Código de Minas reviste, por su naturaleza, como el Código Civil, como el Código de Comercio, el carácter de permanente. En efecto, leyes que fundan una industria de alta importancia social que sólo pueden conservarse, desarrollarse y cumplir su destino sobre bases firmes y durables; leyes que crean una propiedad nueva con espectativas realizables en un porvenir más o menos remoto y que en cambio de esas espectativas imponen condiciones onerosas bajo garantías, cuya alteración comprometería el interés público... no pueden desaparecer con una ley transitoria de impuestos. La ley de Minas adoptada por el Estatuto, sólo podía quedar sin efecto en presencia del nuevo Código que debía dictarse o de una ley especial que expresa o directamente la derogase”.

4Q En cuanto afecta al amparo de las minas, el mismo jurisconsulto agrega: “Las Ordenanzas de Méjico exigían, para la conservación del derecho de propiedad de las minas, un trabajo especial llamado, por esto mismo de amparo: La imposición del canon anual reemplaza esa obligación y ampara la propiedad" (6).

5[7] 8 9 10 De la discusión en el Congreso Constituyente, tanto de los discursos del ministro como de los demás oradores que sostienen o atacan el proyecto, se desprende clara y distintamente que dictaban una ley, en cuanto a las minas se refería, de carácter transitorio, y subordinada a lo que las legislaturas provinciales hubiesen modificado en las Ordenanzas, y hasta que se dictase el código ordenado por el inc. 11, art. 64 de la Constitución de 1853; y resulta, además, que fué un propósito de la Asamblea propender al fomento y desarrollo de la industria.

6[10] Por consecuencia, y ateniéndose al texto de la ley, arts. 10 y 11, importaba dos hechos fundamentales: reemplazar el trabajo de amparo por una patente, como medio de' conservar la propiedad, y reconocer los títulos existentes sobre minas de la República, que hubiesen sido adquiridas en virtud de las Ordenanzas y las modificaciones que las legislaciones de las Provincias hubiesen introducido en ellas durante la época en que carecieron de ley.

- 186.  1. El caso judicial que motivó las opiniones con

signadas del Dr. Rodríguez, consistía en un conflicto entre la ley nacional del Estatuto y una ley de la Provincia de La Rio ja, que declaraba vigentes las Ordenanzas de Méjico, habiendo el Tribunal Superior de esa Provincia entendido que la propiedad de un socavón se pierde por despueble según aquellas Ordenanzas, aún hallándose vigente el título X del Estatuto que estableció el cánon anual como medio de amparo (art. 11). Sostuvo el abogado apelante, Dr. Adolfo E. Dávila, la supremacía de la ley nacional, y así lo decidió la Suprema Corte de Justicia Nacional, resolviendo en 16 de enero de 1883 que la ley del Estatuto de 17 de diciembre de 1853 se hallaba en vigencia en la República, no habiendo' sido derogada por otra posterior; principio confirmado en otra sentencia de 7 de marzo de 1884, en apelación de los tribunales de San Juan.

2. En varios otros casos, durante la vigencia de las Ordenanzas de Méjico, modificadas por el Estatuto y las leyes provinciales, la Suprema Corte ha dictado fallos cuya doctrina se ha expuesto en las siguientes reglas:

1* Avíos. Los contratos de aviación de minas están sujetos a las leyes generales sobre interpretación de los contratos, en la parte en que la Ordenanza de Minería no ha establecido reglas particulares (7).

2* Despueble. Si por falta de recursos los mineros suspenden la explotación de sus minas, éstas no se tienen por desamparadas, aun después de vencido el término legal, pero sus dueños no siguen gozando de la exención de prisión (artículo 3Q, tít. 19, Ord. de M.) (8).

3* Denuncio. La mina poseída con título legal, no puede denunciarse, y tampoco son denunciables los socavones, pues son éstos, labores o trabajos que se practican en las minas (9).

4* Embargo sobre minas. No son embargables (19). Las minas con sus útiles y frutos, deducidos los costos, quedan afectadas al pago de las cantidades suministradas para sus beneficios (avíos) ; y el tercero a quien pagan con este gravamen, no puede pedir que se le alce el embargo trabado en la ejecución del aviador contra el causante de aquél; máxime si este tercero, siendo una sociedad, ha reconocido en el contrato social la existencia del crédito que ha fundado la ejecución (U).

5* Legislación vigente. Mientras se dicte el Código de Minería, la legislación de minas se compone: l^9 de las Ordenanzas de Méjico; 2^9 de las modificaciones hechas en ellas por las legislaturas de Provincia, y por la ley de 17 de diciembre de 1853, denominada Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación (12).

6<l Privilegios de mineros. La exención de prisión de que gozan los mineros, no puede hacerse efectiva si se ocupan actualmente de la explotación dé sus minas (véase regla 2*) (13).

7^ Título de propiedad. El título de propiedad sobre una mina no es legal si no está registrado, o si no se ha pagado la contribución correspondiente (14).

- 187. En ejecución del mandato de la Constitución de 1860, inc. 11, art. 67, el Gobierno encomendó en 1862 al señor don Domingo de Oro la redacción de un proyecto de Código de Minas, que fué presentado en 1863 y pasado a estudio de una Comisión especial constituida por los señores Fra-gueiro, Dávila, Agote, Correa y Martínez, la cual se expidió el mismo año. El Poder Ejecutivo remitió el proyecto al Congreso en setiembre de 1864, haciendo algunas reservas de opinión y fundando la remisión sin examen a la conveniencia de mantener la unidad del trabajo (15).

Los principios fundamentales del proyecto del señor Oro,

- (11)  Fallos, Serie 2^9, t. XIX, pág. 287.

- (12)  Fallos, Serie 2% t. XVI, pág. 13.

- (13)  Fallos, Serie 1?, t. III, pág. 124.

- (14)  Fallos, Serie 2?, t. XVI, pág. 13.

- (15)  Eleodoro Lobos, De la propiedad de las minas, Tesis, págs. 59 y 61.

pueden reducirse a los siguientes: l^9 las minas son depósitos naturales y las substancias que contienen pertenecen a la Nación; 2^9 la propiedad particular sobre las minas se establece originariamente mediante una concesión de la autoridad sujeta a las condiciones y formas de la ley especial; 3^9 caducidad y extinción de la propiedad minera por desamparo, por falta de alinderamiento dentro de diez días y por falta de posesión y mensura.

Juzgando el proyecto la Comisión revisora agregaba que las minas, según él, debían considerarse entre las “cosas que forman los bienes de la Nación y cuyo uso puede ser indistintamente de todos sus habitantes en propio beneficio bajo los términos y condiciones que la ley fije”; que “esta doctrina está fundada en la legislación universal, en la filosofía y en la conveniencia de los Estados”; y que “la legislación de minas no puede reposar sino sobre una de estas bases: el derecho de la Nación, el derecho del primer ocupante”. “Si observamos lo que forma la propiedad de una Nación en su territorio y cuanto él comprende, encontramos que los pueblos han poseído esos bienes en su origen, sin trabajo anterior, ocupando el suelo y demás producciones primitivas, como dones que la naturaleza les ofrecía en calidad de fondo común, del que debían usar para vivir con su trabajo. Si así mismo observamos la propiedad particular, notamos que ella no puede existir sino como resultado de un trabajo actual o anterior, es decir, como el producto de un trabajo directo o indirecto, y de consiguiente, sólo a condición de que el hombre aplique sus facultades sobre la materia, que es lo que se llama trabajo, puede apropiarse el objeto en que ha impreso su voluntad y sus fuerzas; y sólo desde entonces posee, con exclusión de otros, y la sociedad sanciona y sostiene el derecho a su propiedad.

Admitía, pues, la Comisión, el principio regalista como origen de la propiedad minera, desconociendo al propietario de la superficie el derecho de oponerse a las explotaciones subterráneas, y esta facultad de catear y buscar minas por medio de excavaciones está limitada por el derecho de integridad de la propiedad del suelo, que se extiende “a todo lo que pueda interesar su conservación y solidez, y la de las obras que en él hubiere hecho para gozar tranquilo de sus frutos. El que explora o explota el subsuelo, se apodera de las substancias minerales que descubre a título de trabajo, como primer ocupante o descubridor, pertenciendo a la Nación sólo en sentido originario”.

Fué sin duda este proyecto, a pesar de la confusión de teorías que en él se advierte, un paso muy avanzado en el camino de la codificación de esta nueva rama del derecho, y aunque condensaba, metodizaba y adaptaba la antigua ordenanza a las nuevas instituciones políticas del país, su mérito es indiscutible y sus huellas se observan en algunos pasajes del Código vigente.

- 188. El desorden e irregularidades que aún subsisten en muchos asientos mineros, en cuanto respecta a los títulos de minas actuales, proceden en gran parte de la época intermediaria entre la sanción del Estatuto y la del Código Civil, que vino con sus prescripciones relativas a la propiedad y a los derechos en general, a poner cierto límite a las caprichosas formas imperantes en cuanto a minería. Si bien es verdad que el Estatuto se dictó como ley general, es decir, que ponía en vigencia con ciertas modificaciones la Ordenanza de Méjico, lo es también que limitaba su aplicación en cuanto las legislaturas de las Provincias hubiesen modificado en ella. Y de aquí el origen de la anarquía de las relaciones mineras, ya sobre propiedad, ya sobre su amparo y explotación, porque cada gobierno de provincia con el fin de aumentar sus rentas, o por espíritu de innovación o acomodaticios propósitos, introdujo en la Ordenanza las modificaciones que quiso, fijó impuestos que diezmaron a los pobres dueños de minas sin mayor provecho para la sociedad, o sembró en los usos y prácticas mineras, así legales como técnicas, la mayor confusión, porque ni se olvidaron del todo las antiguas, ni se atinaba lo bastante con las nuevas.

§ V

DESDE EL CÓDIGO CIVIL HASTA EL CÓDIGO DE MINERIA (1881-1887)

- 189.  1. La razón por la cual fijamos en la vigencia del Código Civil el principio de la cuarta época, es clara: él vino a regularizar, cuando no a crear, las relaciones del derecho privado entre los habitantes de la Nación, a definir los contratos y obligaciones, las cosas y los derechos reales y personales en armonía con nuestras instituciones democráticas. Pero no podía hacer que no existiesen derechos adquiridos por el Estado y el pueblo en virtud de su entidad tutelar el primero, y en virtud de su soberanía el segundo. Al ordenar las relaciones de derecho en cuanto al ejercicio del dominio público en coexistencia o conflicto con el particular, y al fijar a los derechos reales sus límites o sus alcances, debía encontrarse con este derecho especial de propiedad del subsuelo, que bien definido en las leys romanas, había sido alterado por los códigos modernos. Pero aún sin legislar sobre la materia minera, pues debía, según la Constitución, dejar esta obra al legislador especial, contribuyó inmensamente a ordenar las relaciones en ese sentido, por la influencia necesaria de las demás esferas del orden social, regulados y encauzados por la ley común. Verdad es que si se examinan los dos únicos artículos del Código Civil en que la materia minera se menciona, se deduce la vacilación o la incertidumbre del codificador para dar al derecho de propiedad de las substancias minerales una posición jurídica, clara y terminante; y difícilmente podremos salvar la fundamental contradicción que ellos entrañan.

- 190.  Concuerda perfectamente con la tradición jurídica argentina el texto del art. 2342, inc. 2^9, cuando dice: “Son bienes privados del Estado general, o de los Estados particulares ... 2^9 las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y substancias fósiles, no obstante él dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra,.

Es decir, que el dominio del Estado comprende todas las substancias minerales enumeradas, con exclusión del dueño del suelo, y que por tanto, queda establecida una separación completa entre la propiedad de la superficie y la de la mina. La limitación contenida en la enumeración de materias, no afecta el dominio sobre las no enumeradas, pues que correspondía, en último grado, a la ley de minas decidir sobre esto. Entre tanto, veamos cómo, el mismo Código Civil, al tratar de definir la propiedad sobre la tierra, cambia de concepto e introduce en la ley la contradicción de que hemos hablado.

- 191.  El art* 2518 dice: “La propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad, y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas por las leyes especiales sobre ambos objetos”. Luego, según este artículo, en principio, la propiedad de la superficie comprende la de las minas, y sólo como excepción o modificación podrían disponer de éstas las leyes especiales; pero se olvidaba que tales modificaciones no deberían ir hasta invertir el concepto fundamental de la propiedad, que comprendía toda la profundidad, incluso las minas, poniendo así al mismo tiempo una afirmación y una negación, es decir, que no decía nada sobre la propiedad del subsuelo mineral. Podía entenderse que el concepto del artículo abarcaría las minas de substancias no enumeradas en él, que son muchas, pero al mismo tiempo las leyes especiales, mejor dicho, el Código de Minería, que la Constitución mandaba dictar, podía anular aquellas exclusiones y comprender a todas las substancias minerales en el dominio.

- 192.  Tratando de explicar, ya que no de fundar la redacción de este artículo, no tenemos más que recorrer sus

fuentes. En primer término, en cuanto a la doctrina, se ve la influencia teórica del derecho romano, que domina en toda esta materia del Código Civil, y en cuanto a su contexto formal, no es sino la translación del art. 552 del Código de Napoleón, con escasas variantes, pero en las cuales se profundizó el conflicto. Este último fundaba claramente el principio de que la propiedad de la superficie se extendía al subsuelo minero, y al hablar de aquélla, se refiere “a las modificaciones que resulten de las leyes y reglamentos sobre las minas”. Pero se refería a excepciones expresas contenidas en leyes anteriores, especialmente en la de 1791.

- 193.  Por otra parte, los comentadores concluyen que la excepción confirma el derecho del propietario. “El derecho de éste no podría ser desconocido. Pero, por otra parte, la sociedad está interesada en que las riquezas minerales, tan necesarias a la industria y aun a las diarias necesidades del hombre, no se pierdan, o sean mal explotadas por la obstinación o la ignorancia de los propietarios” (16). La ley de Minas de 1810 ha sido bastante lógica con el principio general, porque ha salvado el derecho de los dueños del suelo, y no hace de la mina una verdadera propiedad del Estado, sino que sólo le da la facultad de conceder a un tercero su explotación, separándola del dominio superficial.

El mismo Laurent, explica y define la situación de ambos interesados: “Se ha decidido aún, que el derecho del propietario sobre las minas no puede ser modificado sino por un acto de concesión; así, pues, una persona cualquiera que emprendiese la explotación de una mina en el suelo de otro, sin una concesión regular, violaría el derecho del propietario y quedaría obligado a una indemnización, según el derecho común” (17).

- 194.  Como quiera que nó sea de este lugar hacer iguales dilucidaciones sobre nuestros artículos 2342 y 2518, de-

- (16)  Laurent, Principes de droit civil, t. VI, N^9 247.

- (17)  V. además, Dalloz, Répertoire, V^9 Mines N^9 55.

hemos, para terminar, fijar nuestra atención en la substancial distinción del concepto del dominio originario sobre el subsuelo mineral en una y otra legislación. En la ley francesa prevalece el derecho del superficiario, y en nuestra ley se hace de él completa prescindencia, pues el art. 2342 dice: “No obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra". Las apropiaciones indebidas de minas no hieren el derecho del dueño del suelo, pues que no tiene ninguno, sino el derecho originario del Estado nacional o provincial, único dueño.

Debemos, pues, entender nuestros artículos en esta forma: l^9 Prevalece la disposición expresa y definida del artículo 2342, inc. 2^9, que concuerda con los orígenes históricos de la propiedad nacional; 2^9 El art. 2518 debe entenderse, con excepción de las substancias minerales que pertenecen al Estado, según el Código de Minería, por hallarse así resuelto por éste y ser más lógico.

- 195. Consagró de modo definitivo y concreto el principio fundamental de la legislación minera, y el sentido del Código Civil sobre el fundamento de la propiedad, la ley nacional de 26 de agosto de 1875, que dispone, en cumplimiento del mandato constitucional, que se redactase un Código de Minería, tomando como base la doctrina de que “las minas son bienes privados de la Nación y de las Provincias según el territorio en que se encuentren", y tal lo consignó el codificador en su art. 7^9, confirmando por la segunda vez en este caso, el principio del art. 2342 del Código Civil, que como hemos dicho, debía prevalecer sobre la declaración teórica del art. 2518. Con sujeción a aquella doctrina de la ley citada, debía desempeñarse el jurisconsulto nombrado para preparar el Código, y el doctor Enrique Rodríguez, designado para este trabajo, eruditísimo en la ciencia legislativa minera, y de tradición regalista por la legislación española, dió cima a su proyecto en 1885, siendo ese mismo año sometido a la consideración del Congreso.

- 196. De 20 títulos y 414 artículos consta el proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, como es costumbre entre nosotros, sin examen, ni opinión alguna sobre la materia que informa los códigos. Del estudio de la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados resultó reducido a XVII títulos y 375 artículos, por la supresión de los títulos X, XVII y XIX.

Sometido el proyecto, desde que fué conocido, más bien a la crítica pública que a la legislativa, advirtióse desde luego, por algunos publicistas, que él desconocía las facultades de las Provincias respecto a la legislación formularia, que concurría unas veces o pugnaba otras con el Código Civil, en términos tales que los hacían incompatibles, y que en materia de minas propiamente, se llegaba o a extremar exageradamente la supremacía de la ley minera sobre la común o a introducir confusión y demoras perjudiciales a la industria, y los puntos de vista en que se colocó la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados al proyectar su planilla de reformas, pueden reducirse a estos:

l^9 Conservación del principio federativo, según el cual las Provincias aplican las leyes de fondo y dictan las de organización y procedimiento judicial y administrativo. En este concepto se suprimieron los títulos X y XIV que trataban: el primero sobre los ingenieros de minas, siguiendo las leyes francesas de 1810 y españolas de 1849 y 1859, y en el cual organiza un cuerpo nacional de minas, con jurisdicción dentro de cada provincia, en donde, según el art. 305, habría “un número competente de ingenieros, convenientemente distribuidos en las secciones o distritos mineros”, y les fija sus atribuciones y funciones principales para el cumplimiento del Código; el segundo sobre la “autoridad minera” que organiza bajo las fases administrativa y contenciosa (arts. 404 a 414). La supresión del art. 18, que declaraba a las minas exentas de contribución, respondía al mismo criterio.

2^9 Casos en que el Código Civil rige, sin diferencias substanciales que exijan la derogación especial de la ley común enfrente de la exclusivamente minera, como se advierte en el artículo de las servidumbres (art. 63), en el tít. XVII, respecto del secuestro y de la ejecución en las minas.

[1]

9[2] — Las pastas de plata y oro podrán ser extraídas del Estado co

[2]

mo cualquier otro fruto por los dueños de minas e ingenios.

[3]

— El negocio de las pastas de plata con las colonias portuguesas confinantes se franqueará bajo los términos más convenientes a ambas naciones, cuyo arreglo será del cargo del Supremo Poder Ejecutivo.

[4]

— Se establecerá un Tribunal de Minería en la Villa de Potosí y en los minerales en que se crea necesario por el Poder Ejecutivo, bajo las reglas adoptadas para igual establecimiento en Méjico, y con las mejoras que se consideren más convenientes para mayor fomento y comodidad de los mineros, siendo del cargo del Poder Ejecutivo presentar a la mayor brevedad posible el Reglamento de dicho Tribunal.

[5]

A fin de proporcionar a las minerías de Potosí un compensativo de la mitad y a los demás azogueros un pronto fomento, se reduce el precio del quintal de azogue existente en los almacenes del Estado al de treinta pesos; tomándose por el Poder Ejecutivo las precauciones necesarias a evitar el fraude y monopolio que pudieran hacerse con este motivo.

[6]

— Será igualmente del cargo del Poder Ejecutivo proponer los medios más justos y convenientes a proporcionar manos útiles en todos los minerales sin agravio de la libertad y con ventaja de la minería.”

Y en la sesión del 7 de mayo del mismo año, la Asamblea dictó la siguiente ley:

“La Asamblea General sanciona el Reglamento formado por el Ministro de Hacienda sobre el modo de fomentar la minería, etc., debiéndose suprimir el artículo 10 que trata del comercio de pastas de plata con las colonias portuguesas, y con adición de un articulo en que se exprese que la introducción de azogue a todos los puertos del territorio del Estado, será absolutamente libre de derechos. — Juan Larrea, Presidente. — Hipólito Vieytes, Dip. Secr.

[7]

Proyecto de construcción de un tranway en el Mineral de Fa-

[8]

matina, y Algunos antecedentes sobre la legislación de minas en la Repú*

[9]

blica, por el Dr. Adolfo E. Dávila (carta al autor por el Dr. Enrique

[10]

- (7)  Fallos, Serie 1% t. IX, pág. 258.

- (8)  Fallos, Serie 1% t. III, pág. 124.

- (9)  Fallos, Serie 2% t. XVI, pág. 13.

- (10)  Fallos, Serie 2% t. XVIII, pág. 16.

3^9 Razones de doctrina, dentro ya de la especialidad misma, según las cuales la Comisión ha creído deber colocar al minero en la mayor igualdad posible respecto al dueño de la superficie, suprimiendo algunos de los formidables privilegios, como el contenido en el art. 47, según el cual la concesión de la mina, comprendía ipso jure la concesión del terreno donde estuviese situada, e importaba “el aprovechamiento libre, exclusivo e irresponsable del suelo que, con el criadero, constituye la propiedad minera” (18). En general, la Comisión de Códigos se limitó a concordar el proyecto con las instituciones políticas, administrativas y civiles de la República, en cuanto no destruían la especialidad técnica, y dentro de ésta, a introducir aquellas modificaciones que la simplicidad del texto o las concordancias con el Código mismo hacían indispensables. Veremos en cada caso si, a nuestro juicio, fué o no feliz la reforma.

- 197. En la sesión del 15 de noviembre de 1886, la Cámara de Diputados tomó en consideración el plan de reformas de la Comisión de Códigos, y de allí se reflejó en forma de objeciones a su sanción inmediata y sin examen, la crítica pública, aunque no sintetizada en trabajos de aliento, si se exceptúa la obra que con el título de El Código de Minería de la Confederación Argentina, dió a luz D. Manuel A. Saez, obra llena de erudición y de dialéctica, pero no práctica y concreta en sus indicaciones, como habría sido de desear para contribuir eficazmente a la obra del legislador.

Procurando un estudio más detenido con el concurso de la ingeniería de minas y de la jurisprudencia, propuso el diputado por Tucumán, Dr. Delfín Gallo, un proyecto por el cual se disponía lo siguiente: “Art. I^9 El Poder Ejecutivo

- (18) E. Rodríguez, Proyecto de Código de Minería, art. 47, págs. 98 a 101.

nombrará una Comisión revisora del Código de Minería redactado por el Dr. D. Enrique Rodríguez, de la cual deberá formar parte, por lo menos, un ingeniero de minas, y a la que pasarán también los estudios hechos por la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados”, y agregaba que “si bien la Comisión ha mejorado el Código en todo lo que se relaciona con el derecho político y el Código Civil, no ha podido hacer innovación ninguna respecto a los errores que pueden existir en la parte técnica”, y a eso respondía la prescripción proyectada de nombrar un ingeniero de minas en la Comisión revisora.

Formaba parte de la Comisión de Códigos que revisó el proyecto del Dr. Rodríguez, el eminente jurisconsulto Dr. Filemón Posse, malogrado para la ciencia patria en los momentos de la plena labor de su espíritu, y procediendo con acierto, dentro del sistema de no discutir los códigos, se limitó a lo que ya dejamos expuesto, reservando a la experiencia de los tribunales y de la industria misma las reformas que debieran perfeccionarlo, como se había hecho con el Código Civil y con el Código Penal; y este fué el criterio que dominó en el Congreso, el cual, con fecha 25 de noviembre de 1886, declaró ley de la República el proyecto del Dr. Enrique Rodríguez, con las reformas de la Comisión, desde el l^9 de mayo de 1887.

LECCION V

LA LEGISLACION DE MINAS EN EL DERECHO PUBLICO NACIONAL

§ I

DERECHO CONSTITUCIONAL

- 198. Materia sobre la cual nuestro derecho público se ha apartado de su modelo, es esta de la legislación, que en los Estados Unidos es facultad no delegada por los Estados, y así cada uno, al darse sus propias instituciones políticas, dicta a la vez los códigos o leyes comunes. En la facultad que la Constitución argentina atribuye al Congreso de legislar para toda la República, esto es, en el inc. 11 del art. 67, se encuentra el origen constitucional de nuestro Código de Minería, junto con los códigos Civil, Penal y Comercial. Nunca se ha desconocido la conveniencia de haber unificado la legislación de fondo de la Nación, cuando se adoptaba un gobierno federal; pero tratándose de dar la correspondiente y debida ejecución y difusión al Código de Minería, y por su propia naturaleza, han surgido cuestiones que afectan el precepto constitucional y la materia misma de ese Código. De ahí la importancia de ocuparnos de este aspecto de nuestra legislación, íntimamente relacionado con todas las ramas del derecho, que en alguna forma se rocen con el derecho de propiedad y las aplicaciones y frutos del trabajo. En este examen deben quedar resueltos diversos problemas, sintetizados así:

l^9 Subsistencia del Código de Minería como materia jurídica distinta e independiente de la legislación común.

2^9 Carácter que reviste, y papel que desempeña el Código de Minería ante nuestro gobierno federal, que reconoce en cada Provincia y en la Nación fueros contenciosos y administrativos independientes.

3^9 Cuáles son las bases de la legislación judicial y administrativa de cada Provincia, dadas las íntimas vinculaciones de esas materias con las de fondo del Código de Minería.

- 199.  La razón por la cual se dió al Congreso Nacional la facultad de dictar los Códigos, ha sido expuesta por el miembro informante de la Comisión, doctor José A. Goros-tiaga, diciendo en el seno del Congreso Constituyente de 1853: “La mente de la Comisión, en este artículo, no era que el Gobierno Federal hubiese dé dictar leyes en el interior de las Provincias, sino que el Congreso sancionase los códigos Civil, Mineral, Penal y demás leyes generales para toda la Confederación; que si se dejaba a cada Provincia esta facultad, la legislación del país sería un inmenso laberinto de donde resultarían males incalculables... Inútil es detenerse a probar la necesidad de una nueva legislación, después de las experiencias de dos siglos en que ha estado el país abandonado a las leyes españolas, confusas por su número e incoherentes entre sí... En cuanto a las particularidades de cada Provincia (que, según se objetaba, debían determinar una legislación local) ellas serían consultadas en un Código de Procedimientos, y una vez organizado el Poder Judicial con sus diversas ramificaciones, quedaría a cada Provincia la facultad de establecerlo según sus atribuciones, pero sin romper por esto su unidad” (19).

- 200.  Quedó redactado y sancionado el inc. 11, art. 64, en esta forma, entre las atribuciones del Congreso: “Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería; y especial-

- (19) Diario de Sesiones del Congreso Constituyente, 1853, pág. 175.

mente, leyes generales para toda la Confederación, etc.”; quedando como propósito declarado el de unificar la inmensa cantidad de leyes dispersas de España sobre cada una de esas materias, que la Constitución quería reducir a códigos, reconociéndoles existencia científica distinta, sin que se hubiese manifestado opinión alguna contraria a la inclusión del de Minería entre los Códigos que debían dictarse.

- 201.  Hasta aquí, pues, la legislación de fondo era perfectamente unitaria, pues que ninguna cláusula dejaba a salvo el papel que se reservaba a las Legislaturas de Provincias respecto de esta rama de sus facultades legislativas. Fué obra de la Convención elegida por el Estado de Buenos Aires para proyectar las reformas a la Constitución de 1853, la aclaración de ese concepto tan fundamental en nuestro sistema de gobierno. La reforma de 1860 dejó en salvo el vínculo federativo en cuanto a las jurisdicciones de cada Provincia, pero no innovó substancialmente la condición de los códigos en el conjunto de la legislación nacional (20).

El texto de la reforma quedó redactado así: “Art. 67 inc. 11: Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Mi nería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo su respectiva jurisdicción".

- 202.  Se creyó que esta atribución no fundaba una facultad permanente, inherente al Congreso de la Nación, sino que era de carácter meramente transitorio; que no era privativa de ese cuerpo sino ocasional, y que por lo tanto, podían las Provincias legislar también sobre esos mismos Códigos modificándolos en detalle a los efectos de su aplicación. Pero la cláusula, si bien se aparta del sistema federal, qui-

- (20) Diario de Sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, encargada del examen de la Constitución Federal, 1860, páginas 225 y 226.

tando a las legislaturas provinciales una gran porción de su soberanía, es claramente imperativa, y se halla, además, defendida en el hecho por una prohibición contraria, en el art. 108; y en cuanto a la facultad de modificar, ella significa lo mismo que la de legislar, a los efectos de las facultades que confiere (21).

- 203.  Verdad es que el mismo Congreso Constituyente había autorizado la duda, o más bien, el hecho, porque ya el Estatuto de Hacienda y Crédito había reconocido las modificaciones que las Legislaturas de Provincia hubiesen introducido en la Ordenanza de Minería, declarada nacional, y porque las autorizaba para darse sus códigos mientras no cumpliese el Congreso con esa obligación. Pero, repetimos, toda argumentación debía cesar ante la prohibición del art. 108 (105 de la Constitución de 1853) que dice: “Las Provincias ... no pueden... tu dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya san? donado". En el interregno algunas provincias dictaron algunos de sus códigos, y en cuanto a la materia de minas, sigue en vigencia el Estatuto de Hacienda y Crédito de 1853, como ley nacional, según queda dicho.

Luego, pues, sobre las bases constitucionales de nuestra legislación minera debemos concluir: l^9, que el Código de Minería tiene existencia independiente, separada y equiparada a los otros tres códigos y demás leyes nacionales, como unidad científica de la legislación dispersa de España y de los principios del derecho natural ya analizados; 2^9, que su existencia procede de una cláusula imperativa de la Constitución, cumplida por el Congreso al dictar el Código de Minería vigente.

- 204.  Ahora bien, con respecto al papel que debe desempeñar este cuerpo de leyes con relación a las Provincias, o sea, tratándose de las jurisdicciones locales en materia de

- (21) J. M. Estrada, Nociones de derecho federal, N^9 25 y 26.

minas, la cuestión, difícil del punto de vista de la materia en sí misma, se resuelve fácilmente ante el texto del inciso citado del art. 67. Las palabras “sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales”, definen con claridad las atribuciones, que se entenderán las mismas que las Provincias se han reservado y puesto en práctica con respecto a los demás códigos. En la ley de minas, la distinción de las jurisdicciones ratione materice, es algo más complicada, porque su naturaleza es tal que concurren a su cumplimiento mayor número de factores y de direcciones de la acción humana. Así, por ejemplo, el Código requerirá una jurisdicción puramente contenciosa para los deslindes de derecho privado de mineros entre sí, entre mineros y propietarios, contratos; una jurisdicción puramente administrativa para la parte correspondiente al Estado o a la autoridad, y últimamente una jurisdicción contencioso-administrativa para los conflictos indudables entre ambas. Pero la Constitución ha dejado a salvo el principio de las jurisdicciones locales, si bien no ha penetrado en el problema hasta deslindar, dentro del Código mismo, qué materias debían reservarse a las Provincias; cuestión para cuyo análisis saldríamos de las proporciones de estas conferencias ([1]).

- 205. Una de las cuestiones que vive latente en nuestro derecho público provincial es la organización que ha de darse a la justicia minera para la aplicación del Código de la materia, y antes que todo, si se ha de establecer una jurisdicción especial para ésta. La última la trataremos oportunamente; en cuanto a la primera, encontramos su solución en el mismo artículo constitucional, que establece las bases de todo el derecho procesal: “correspondiendo su aplicación, dice, a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones”.

Por cosas del derecho minero se entiende los bienes llamados minas, los derechos reales fundados o establecidos sobre ellas y los demás accesorios asimilados a aquella designación, por destino. El inciso 2^9 del art. 2342 del Código Civil contiene, además, la base real de la jurisdicción, al atribuir la propiedad de las minas a la Nación o a las Provincias, según el territorio en que se hallen; En cuanto a las personas, la regla para el fuero es la misma del derecho común, con más los caracteres excepcionales que se desprenden de la ley de minas, para la cual es posible que personas sujetas a tal jurisdicción territorial en materia civil, puedan hallarse bajo otra distinta en materia de minas; y además, de la manera de formarse las agrupaciones de mineros, se desprenden casos particulares de jurisdicción de excepción, no posibles en la ley común. Según aquel artículo, las Provincias y la Nación, respectivamente, pueden legislar para organizar sus tribunales de justicia o sus autoridades administrativas, dentro de su territorio correspondiente, siempre en el límite de la legislación formularia o de aplicación.

- 206. Así, pues, de esta cláusula constitucional se deriva las consecuencias siguientes:

1* Organización de tribunales provinciales para los procesos que se desprendan del Código de minería, y de tribunales o autoridades administrativas en igual sentido (23).

(23) Igarzábal y González, Proyecto de Constitución para la Provincia de la Rioja (1887), art. 9.

2* La Nación debe determinar a qué tribunales corresponde el juzgamiento de los pleitos de minas en los Territorios Nacionales, y debe organizar sus autoridades administrativas y dictar el correspondiente procedimiento.

Hay que notar que esta jurisdicción es también doble del punto de vista puramente administrativo, porque el Estado federal y las Provincias, tienen, además de sus derechos de dueños a título privado de las minas, el que les da el dominio eminente sobre toda propiedad, y su misión de garantía de todos los derechos privados, así en el orden económico, como en el estrictamente jurídico.

- 207.  Se ha dicho que el Código de Minería es inconstitucional porque legisla sobre la manera de disponer de bienes que son de las Provincias y define la extensión de los derechos que sobre esos bienes acuerda a los particulares; en una palabra, se ha sostenido que era unitario contra la naturaleza de nuestras instituciones. Esta cuestión, que a ser fundada, importaría gravísimas consecuencias de hecho y de derecho, nos induce a aclarar este concepto y determinar cómo un Código de Minería no puede ser federal en cuanto a las materias científicas que contiene, y sí sólo en cuanto a su aplicación contenciosa y administrativa, que es lo que únicamente ha querido la Constitución. Nuestra proposición es que el Código: l^9, es unitario en su esencia, por la naturaleza de las cosas y los derechos que regla; 2^9, es federal en cuanto a los poderes que acuerdan esos derechos y vigilan el cumplimiento de las obligaciones hacia el Estado, y en cuanto a las personas o tribunales que aplican la ley en los casos litigiosos.

- 208.  Las vinculaciones del derecho de minas con la naturaleza física son de tal género, que superan a la voluntad del legislador, se anteponen a ella y determinan su acción. Una mitad de su modalidad está dispuesta por la ciencia, la otra por la ley. El hombre no puede hacer que los minerales se encuentren distribuidos sobre la tierra al alcance de la mano y en cantidades regulares, cuando las fuerzas que originaron su formación los distribuyeron desigualmente y a grandes profundidades, ya sobre la tierra o entre las aguas de los ríos; y esta fatal disposición tiene sobre el carácter de la ley minera una influencia que ninguna voluntad constitucional podrá destruir. La ley fundamental acepta y se conforma con las conclusiones de la ciencia y la irreparabilidad de los hechos: sanciona y arregla los actos humanos a esas condiciones. La ciencia es inmutable, la ley varía siempre; la primera es hecho, la segunda albedrío.

En materia minera lo que se llama la ley de fondo, o substantiva, es inseparable, en cierta extensión, de la ley de forma o adjetiva, primero, porque se refiere a una clase de bienes que están íntimamente ligados a la constitución del suelo y a la naturaleza de las substancias; y segundo, porque por la manera propia, peculiar e inalterable de su yacimiento, no pueden ser apropiadas, ni explotadas, ni extraídas sino por los procedimientos o modos que la ciencia y la naturaleza prescriben, con prescindencia de la libertad humana aplicada a esas operaciones. Luego, pues, del punto de vista de la ciencia, todo Código de Minería es esencialmente una ley unitaria, es decir, en el sentido filosófico del concepto.

- 209. Aplicando a la materia los anteriores raciocinios, citemos algunos ejemplos. Las medidas de superficie concedidas al cateador y las de tiempo para ejercer su derecho de exploración, están reguladas por la necesidad de practicar excavaciones según cierto orden científico, las primeras, y por la observación y la experiencia las segundas (tít. III) ; la determinación de los descubrimientos de mineral, mina o veta, y las reglas de concesión y garantía en cada caso están prescriptas por la manera de distribuirse los filones y capas metálicos en el seno de la tierra, sus direcciones, inclinaciones y desigual potencia (tít. V) ; la fijación de dimensiones a las pertenencias, su mensura y amojonamiento, y la limitación de los derechos dentro de esas líneas, no son hechos que el legislador puede modificar a capricho, y si en que debe someterse a los resultados de la ciencia (tít. VII); las condiciones generales de toda explotación debajo de la tierra, sometida a los mayores riesgos y accidentes, modifica los caracteres de la vigilancia de las labores comunes superficiales, y prevalecen las exigencias de la naturaleza sobre las atribuciones de las policías, y de acuerdo con la observación científica, el Código dicta las reglas generales de seguridad y vigilancia que deben ser cumplidas por las autoridades locales (tít. IX); y lo mismo puede decirse de las servidumbres mineras, de los socavones, las estacas, las ampliaciones y muchas otras circunstancias referentes a las minas de segunda y tercera categoría (tít. IV).

Por lo tanto, se puede deducir una doctrina general: que en cuanto las condiciones físicas imponen sus caracteres, o en cuanto sean inseparables y se compenetren los elementos substantivos y los adjetivos, el Código conserva su unidad. Esta unidad es principalmente técnica, o impuesta por los numerosos elementos científicos que en él concurren.

Pero el Código es federal en el sentido de que es Una ley uniforme para toda la República, por mandato expreso de la Constitución, porque es aplicado, en su caso, por los tribunales federales, y exclusivamente, como ley nacional en los Territorios. Ahora, según lo hemos explicado, se hallan completamente separadas en todo su cuerpo las materias que corresponden a una y otra jurisdicción.

- 210. Conviene, a manera de resumen y deducción, reunir en un artículo las facultades que respecto a legislación minera pueden usar las Provincias, después de haber cedido a la Nación la de dictar el Código general. Esas facultades son:

1* Organización de las autoridades judiciales, administrativas y técnicas que deben aplicar la ley y ejecutar los mandatos del Juez y cumplir los que expresamente les fije aquélla, y dictar el procedimiento correspondiente a cada una de esas jurisdicciones.

2* Dictar leyes y decretos, resoluciones de carácter policial, higiénico, de moralidad y protección dentro de las labores, o en los centros que en ellas se forman.

3* Como dueños de las minas, y como Estados de derecho y poseedores del dominio eminente sobre toda propiedad, gravar con impuestos o contribuciones los productos líquidos de las explotaciones, si bien, por las más altas nociones económicas, la minería es una industria exenta de esas cargas fiscales en los países nuevos como el nuestro, cuya legislación fiscal tiene que ser por mucho tiempo protectora y de estímulo.

- 211.  Procediendo a la inversa, es decir, de lo especial a lo general, consignemos igualmente las conclusiones generales respecto de las cuestiones que planteamos al comienzo de esta lección, y fundándonos en los textos y antecedentes constitucionales argentinos, digamos:

l^9 Que tanto la Constitución de 1853 como la reforma de 1860, quisieron hacer de la legislación minera una rama especial, separada e independiente de la legislación común.

2^9 Que el Código de Minería es una ley de fondo, permanente y uniforme para toda la Nación, y debe ser apli-' cado, en su caso, por los tribunales federales y provinciales.

3^9 Que nuestro Código de Minería, como el Civil, y el Comercial y el Penal, crea relaciones jurídicas especiales, un procedimiento judicial propio, y exige igualmente organizaciones administrativas de acuerdo con las instituciones y funciones que ha establecido.

§ II

DERECHO ADMINISTRATIVO

- 212.  Las diversas leyes patrias que hemos citado, y especial y definitivamente el Código Civil, al declarar las minas propiedad privada del Estado nacional o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren, han echado los fundamentos del derecho administrativo minero, o sea, han establecido los caracteres de las minas en esta división de la jurisprudencia general. Pero al mismo tiempo derívase de allí una nueva división que tiene su importancia y su fundamento en las dos jurisdicciones, nacional y provincial. El primero es por su naturaleza sencillo, uniforme, permanente, porque el origen es uno; el segundo, que debe nacer de tantas fuentes legislativas como Provincias componen la Nación, es complicado, heterogéneo, variable, y por tanto, difícil de metodizar y reducir a principios, mucho más cuando el sistema de las compilaciones legislativas o administrativas no ha podido encontrar aún apoyo en nuestros gobiernos de Provincia. Razón tendremos, pues, para concretarnos en nuestro estudio sólo a la legislación nacional, si bien estableceremos las bases para todo régimen administrativo minero dentro de cada Estado o Provincia. Según la terminología acostumbrada en las diversas escuelas jurídicas, las minas constituyen para unos autores parte del dominio del Estado, entre los bienes públicos susceptibles de apropiación privada (24) 9 para otros constituyen una de las regalías del soberano como en Alemania, y como históricamente acontece en nuestro derecho público, si bien el Código Civil nos coloca en el sistema francés.

- 213. Por nuestra parte, la materia no debe ni puede quedar limitada a esas nociones comunes de los autores: ella tiene otros fundamentos mucho más jurídicos y filosóficos, porque constituye, en primer lugar, una clase de propiedad esencialmente distinta de la común, o un género excepcional de bienes, que por nuestro derecho histórico pertenece al Estado, y cuyo uso y goce se concede a los particulares en pleno dominio; porque da existencia a las más importantes

- (24) Batbie, Droit public et administratif, t. V, Cap. XXXV, página 460.

de las industrias; porque origina una multiplicidad de derechos y obligaciones de carácter público, privado y mixto, que dan a estas relaciones una fisonomía nueva con respecto a la vida ordinaria del derecho individual, social y del Estado (25). Su clasificación dentro de la metodología administrativa no es, pues, tan sencilla y tan corriente, y queda limitada sólo a aquella parte de las facultades y funciones de la administración tendientes a designar las personas o funcionarios que han de intervenir en el mecanismo de esta ley, que es substantiva y formularia a la vez, y dictar los reglamentos para su conducta.

- 214. Ahora, en cuanto al modo como debe obrar el Estado en esta materia, fundamentalmente considerada, hay que hacer algunas distinciones. “En cuanto a la explotación, a los modos de llevarla a cabo y- las funciones propias de la industria, debe dejarse al interés privado que los realice en la forma que crea más rápida, conveniente y oportuna, pero no puede negarse que es indispensable otorgar a la autoridad administrativa ciertos actos de intervención, tanto para conceder la propiedad de la mina, cuanto para todo aquello que se refiere a precaver los funestos accidentes que la igno-' rancia, la codicia o la temeridad suelen provocar, comprometiendo la salud y la vida de los obreros ocupados en el laboreo subterráneo” (26). Luego, la misión del Estado, como ordenador supremo, se extiende hasta el deslinde y definición de los derechos privados, concurrentes en la apropiación libre de esta riqueza común, que él posee y distribuye en nombre de la soberanía nacional. Finalmente, nuestra materia no es pura y totalmente administrativa, como no es pura y totalmente civil, sino que contiene importantes elementos

- (25)  Posada, Tratado de derecho administrativo, t. II, 2* C. V. § 3^9.

- (26)  J. Mellado, Tratado elemental de derecho administrativo (1894), pág. 698.

de uno y otro derecho, pero adheridos, compenetrados de tal suerte, que dan origen a un organismo independiente.

En este sentido nos interesa los vínculos con aquella rama del derecho, y más aún los principios sohre los cuales hemos de construir la maquinaria indispensable para darle cumplimiento y efectividad en la vida práctica. Para esto no vamos, ciertamente, a buscar en nuestros antecedentes administrativos los elementos de criterio, porque en esta materia nada se ha hecho todavía, pero sí a plantear las bases de una legislación orgánica y formularia, que pueda aplicarse tanto en el orden nacional como en el de las Provincias; para esto nos auxiliarán los principios generales, los precedentes históricos y la legislación comparada.

- 215. Divisiones territoriales. — Dos bases primordiales reconoce el derecho minero para su realización: el territorio sobre que se desenvuelve, y los funcionarios que le dan cumplimiento. A la primera, se refieren las divisions territoriales, que conviene establecer para la expedición de los asuntos; a la segunda, la organización de la autoridad, la división jerárquica de las personas, agentes del derecho. Ocupándonos de la primera, veamos cuál es la división necesaria y conveniente en materia de minas, y para esto busquemos en la naturaleza misma y en las tradiciones legislativas nacionales nuestras enseñanzas.

Tres reglas de criterio se nos presentan, desde luego: 1% adoptar las divisiones establecidas en lo político y administrativo general. Esta tiene la ventaja de poder simplificar el personal y el mecanismo general de la ley, refundiendo las funciones mineras en las administrativas, pero desconoce condiciones físicas, peculiares de la riqueza mineral, que impone forzosas alteraciones en el sistema preestablecido; 2’, adoptar una división exclusiva para los asuntos de minería, teniendo en cuenta las peculiares condiciones mineralógicas de cada región y sus facilidades topográficas. Esta sería, indudablemente, la mejor y más conveniente, pero en países donde la industria extractiva no constituye aún una fuente de recursos propios, tiene el inconveniente de que requiere del Estado gastos que sus rendimientos no compensan, y no sería una doctrina experimental la que aconsejase crear toda una legislación especial para este solo objeto; 3% optar por un sistema mixto, que consiste en hacer coincidir ambas divisiones donde sean practicables, creando las propias sólo allí donde, por los particulares caracteres o acumulación mineral en cada región, no sea posible aquella duplicidad de funciones. No vacilamos en optar, para nuestro país, por este tercer sistema, que reune a sus ventajas económicas, las grandes conveniencias de una organización sencilla y expeditiva.

- 216. No consta en las antiguas leyes que rigieron en América, las medidas concretas de las divisiones administrativas usuales. Sus límites son indeterminados y más bien establecidos por la costumbre local. En las viejas Ordenanzas encontramos indistintamente las designaciones de “minerías”, “reales de minas”, “lugares de minas”, “asiento”, “mineral”, “distrito” ([2] [3]), sin que su concepto legal signifique otra cosa que una porción mayor o menor de territorio, en que existen minas y laboreos de minas, ya en uno, ya en dos o más centros o unidades de explotación, pues hay textos que hablan de “reales de minas” con títulos de ciudad o de villa, teniendo en cada caso, respectivamente, seis y cuatro votos en la elección de las Juntas de Minería (28). Por otra parte, estas divisiones de la Ordenanza servían tanto para el ejercicio de la jurisdicción contenciosa, como para la administración puramente, y también para los efectos de la percepción de las contribuciones de minas y ensayo de minerales. En otros casos que oportunamente trataremos, los términos “mineral”, “asiento minero” y “distrito”, tienen un significado específico en la ley misma, aparte de su sentido corriente.                                                 •

- 217.  Procediendo, pues, con nuestro criterio conciliador de los varios sistemas que se ofrecen a la mente, y en sentido de lo mayor a lo menor, de lo múltiple a lo singular, y teniendo especialmente en cuenta el funcionamiento ordenado por el Código, las divisiones territoriales más convenientes son:

1* Secciones. Las más grandes extensiones de territorio sujetas a la acción administrativa minera. Pueden comprender una o más divisiones políticas, como territorios o departamentos, según se trate del dominio nacional o del provincial.

2* Distritos. Subdivisiones de una sección. Pueden ser tantas como lo exijan las condiciones especiales de la riqueza mineral, o la expedición de los negocios judiciales o administrativos, principalmente los primeros.

3* Asientos mineros. Toda región, o paraje donde hay reunión de trabajos mineros, donde se acumula población y se hace fácil concentrar la acción administrativa. Puede haber-varios asientos mineros en un distrito.

4* Mineral. Sitio o porción reducida y limitada de terreno dentro del cual existen varias minas o se halla restringida la libertad de explorar; y también, paraje donde concurren varios filones o vetas pertenecientes más o menos al mismo sistema o agrupación. Suele ser asiento de un funcionario especial, según su riqueza.

5* Mina. Es la unidad en la escala de las divisiones y es la veta misma donde se labra, se excava y extrae los minerales.

- 218.  1. Según lo que dejamos expuesto anteriormente, y para facilitar y simplificar la expedición de todos los asuntos, convendrá conformar, en cuanto sea posible, las divisiones mineras con las establecidas por la ley de organización y división de los Territorios Nacionales; así como en el orden provincial, siempre que al organizar sus autoridades se hiciera coincidir ambas divisiones, se habrá hecho más posible con menos sacrificios, la realización de los fines de la ley minera.

- 2.  La práctica tradicional en las Provincias que han atendido su minería, ha sido esta misma, en cuanto lo ha permitido su topografía, sus recursos y las prescripciones de las Ordenanzas de Méjico, que fué su ley hasta el presente.

- 3.  Es costumbre en las Provincias, para su régimen político, judicial y fiscal, dividir el territorio en departamentos o partidos, secciones, distritos, pedanías, pueblos, y en cuanto a la administración minera, en distritos y asientos minerales.

- 219. Autoridades. — Teniendo en cuenta las diversas y múltiples funciones que el Código exige, y la necesaria separación entre ellas para su mejor desenvolvimiento, son tres las clases de autoridades que deben existir en esta materia:

1* Autoridades puramente administrativas, encargadas del cumplimiento de los deberes y representación de los derechos que al Estado corresponden, en su carácter de guardián supremo del orden, de dueño de las minas en general y ejecutor de los mandatos de la ley.

2* Autoridades contenciosas o judiciales, que tienen a su cargo la administración de justicia en las diferencias entre mineros, entre éstos y los propietarios del suelo, y en general, en todo caso en que un conflicto de derecho privado se presenta en el ejercicio de los derechos que el Código concede a los particulares.

3* Autoridades periciales o técnicas, una rama de las de la primera clase, pero distintas, por razón de sus funciones, que se limitan a todo servicio de carácter científico o profesional, relativo a la seguridad y orden de las explotaciones, operaciones de demarcación, deslinde y amojonamiento, señalamiento de unidades superficiales o cúbicas, distribuciones subterráneas, en caso de internaciones, entrecruzamientos, etc. Estas, además de sus funciones locales en el asiento de cada explotación, tienen por las leyes de todos los países otras más generales, concurrentes al estudio de los recursos minerales del territorio, levantamiento de planos y mapas geológicos, ensayo de minerales, y demás actos necesarios para ilustrar al administrador, al legislador y al empresario de minas.

Definamos ahora, cada una de éstas, según sus caracteres, y marquemos su conveniente organización y atribuciones.

- 220.  Por regla general, las autoridades de la primera clase tienen a su cargo la ejecución de la Ley de Minas en todo cuanto concierne a las facultades del Poder Ejecutivo, por su naturaleza, o por disposición expresa de la ley. Estas son: l^9, el poder de policía en el circuito de las explotaciones mineras donde se forman pueblos, muchas veces accidentales y aventureros o flotantes, que exigen una vigilancia rigurosa; 2^9, deber de auxiliar a la justicia ordinaria en sus fallos o resoluciones, y en su caso, a la autoridad técnica en cuanto es decisiva, que suele afectar siempre intereses o ambiciones de lucro. Son, pues, una rama del Poder Ejecutivo de la Nación o de la Provincia, según el territorio, destacada en el centro de las labores mineras; 3^9, el Estado como administrador, aunque no tenga intervención en los procedimientos científicos de explotación, debe tenerla en cuanto se refiera a los peligros que corran la salud, la vida, la moralidad de los operarios; 4Q, la autoridad administrativa está encargada de atender el trámite de los asuntos, en su esfera, para lo cual deberá dictar los correspondientes reglamentos, edictos o instrucciones.

- 221.  Tomando, pues, como base el orden que según el Código deben seguir todos los asuntos administrativos mineros, desde su nacimiento o iniciación hasta su resolución definitiva, la escala de las jerarquías, en este sentido, asimilada a la división política, será la siguiente:

l^9 Comisario, o agente inferior del Poder Ejecutivo, con jurisdicción en un radio de una o más minas, o de un mineral, o de un distrito, según la importancia de la población acumulada.

2^9 Jefe político de departamento, o sección territorial; dependerá de la división política existente en cada territorio o Provincia.

3Q Gobernador del Territorio. En caso de tratarse de una Provincia, este grado corresponderá al Poder Ejecutivo, y sería la última instancia administrativa, salvo que se crease también en ellas una Junta o Tribunal supremo de esta jurisdicción.

4^9 Junta Superior Facultativa, o Consultiva. Damos como fundado este Tribunal que existe en los países mineros, como un cuerpo de consulta o consejo para asesorar al Poder Ejecutivo en todo asunto de minería. Se compone de miembros de las tres clases, abogados, ingenieros y funcionarios ejecutivos, y puede reunir las jurisdicciones técnica y contenciosa-administrativa. Pero sus verdaderas funciones son de carácter legal científico, de fomento y estímulo a la industria minera en general. Es, en suma, la suprema autoridad, antes del Poder Ejecutivo, y su creación entre nosotros es verdaderamente necesaria.

5^9 Ministro de Agricultura, Industria y Comercio. Es el representante del Poder Ejecutivo en todo lo que se refiere al papel económico del Estado; y dada la naturaleza de nuestro gobierno, le corresponde, además, entender en última instancia en la decisión de conflictos de carácter con-tencioso-administrativo, o en el otorgamiento de títulos definitivos de propiedad sobre minas, y en general, su firma no puede ser eliminada en ningún documento destinado a fundar derechos, modificarlos substancialmente o a producir actos comprendidos dentro de sus facultades constitucionales (29).

- (29) Ley de organización de los ministerios nacionales, N^9 3727, de 11 de octubre de 1898, art. 14, inc. 13; Decreto reglamentario de 25 de octubre de 1898, art. 5^9.

- 222.  Una cuestión previa se presenta, al tratar de la organización y atribuciones de la autoridad contenciosa o judicial minera: si debe existir una jurisdicción especial de esta materia, y por tanto, funcionarios exclusivamente consagrados a ella. Ya del punto de vista constitucional resolvimos la duda afirmativamente. Por lo que respecta al Código, que es la ley de fondo, él exige igualmente, en principio, la creación de un organismo separado para los juicios de la minería. Algunas Provincias que se han preocupado de esta faz del asunto, si no han creado jurisdicciones especiales de minería por escasez de recursos, han atribuido esa jurisdicción especial a los jueces comunes en lo civil o comercial. Para resolver la cuestión en la práctica debe atenderse a estas consideraciones: facilidades del tesoro que permitan crear un personal costoso, e importancia real de la riqueza minera que compense las erogaciones que se hagan en su servicio.

- 223.  Como antecedentes argentinos, no conocemos nada que se haya tentado resueltamente en este sentido, a no ser en la Provincia de La Rio ja, en cuyo proyecto de reforma constitucional figura un artículo que dice: “La ley podrá establecer un Tribunal de Minas... restringiendo en este caso, y sobre este solo ramo, la jurisdicción de apelación que corresponde en general a la Corte de Justicia, y la de primera instancia a los jueces de esta categoría” (30). Tenemos noticia de que en la Provincia de Córdoba se trató también de organizar la justicia minera y dotarla de un procedimiento especial, encargando de su redacción al mismo autor del Código de Minería, doctor Enrique Rodríguez (31) : trabajo que nunca llegó a ejecutarse.

- 224.  Pero, sin duda, lo más interesante para nosotros en este sentido es el proyecto del mismo Código vigente, que en el título XIX, suprimido por la Comisión parlamentaria

- (30)  Proyecto de Constitución, (1887), art. 19.

- (31)  Memoria de Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, (Córdoba, 1886-1887), tít. I, pág. 18.

por las razones constitucionales ya enunciadas, establecía lógicamente la “autoridad minera” encargada de la aplicación del Código (32). Allí se daba las bases de la organización judicial y administrativa, y se establecía la perfecta división de las respectivas atribuciones, y en la nota al art. 404 propuesto, decía el autor: “Deslindar las atribuciones puramente administrativas de las exclusivamente judiciales, atribuyéndolas a diferentes funcionarios, es del resorte de la ley de minas". La razón de la eliminación nada afectó el fondo de la ley, que pasa a ser del resorte de cada Provincia, que puede adoptar la forma propuesta.

- 225. Ahora bien, razones de economía pueden aconsejar la reunión de ambas jurisdicciones en unos mismos funcionarios, y acaso también las de mejor servicio público, en el sentido que el autor del proyecto expresa al contestar a esta cuestión, si bien apartándose en esto de la estricta lógica de sus mismas prescripciones: Entendemos que sí, se contesta; sobre todo si se considera el interés de los explotantes, el interés general de la industria y el de la sociedad. Porque de este modo se evitará los conflictos que ofrece en la práctica el perfecto deslinde de esas atribuciones; porque, así se evitará también esa solución de continuidad en actos que deben ser indivisibles, como los que conducen y preceden a la constitución del título definitivo de propiedad (33). Así, pues, la reunión de las dos autoridades en una, si no es estrictamente jurídica, ofrece ventajas prácticas indudables, allí donde no sea posible establecerlas separadamente.

Concluyamos, pues, sobre este número, diciendo que las autoridades judiciales y administrativas, siendo jurídica y substancialmente distintas e independientes, pueden hallarse en conflicto a veces, pero pueden también ser ejercidas conjuntáronte, debiendo en el primer caso, a falta de tribunales contencioso-administrativos y de conflictos, ser resueltos

- (32)  E. Rodríguez, Proyecto de Código de Minería, etc., pág. 565.

- (33)  Artículo 404, nota.

por la Junta Superior Facultativa, o por las Cortes de Justicia de cada Provincia, y en el orden nacional, por las Cámaras de Apelaciones, según los casos. Y era lo que proponía el proyecto mencionado de Constitución para La Rioja en su artículo 99, incisos 3^9 y 4^9.

- 226.  La división que establecemos como más conveniente en el parágrafo 217, ha sido calculada también para los efectos de la administración de justicia; pues debiendo ejercerse conjuntamente las dos autoridades, deben coincidir sus divisiones territoriales. Así, tomando como tipo el proyecto de Código, tendremos que a una sección corresponderá un juez letrado, a un distrito un juez de paz, a un asiento minero otro juez con menor jurisdicción, pudiendo en los grados inferiores colocarse agentes judiciales. Estos últimos tendrían por atribuciones poner orden en los disturbios, y en casos de quejas de mayor importancia, transmitirlas al superior inmediato. Tales divisiones no pueden ser matemáticas, porque mil circunstancias accidentales pueden hacerlas variar. Así, una sección puede comprender mucha mayor extensión que un territorio, o la mitad de uno según el caso, y lo mismo sucedería respecto de las subdivisiones.

- 227.  Dados los conocimientos que tenemos sobre la distribución mineral de nuestros Territorios, ensayemos una división de ellos en secciones, en esta forma:

1* Sección. — Pampa Central, Neuquén, Río Negro. — El asiento judicial estaría en aquel de los territorios que reuniese mayores ventajas económicas, viarias o de otro género.

2* Sección. — Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. — Con asiento en el segundo, equidistante más o menos de los otros dos, y sobre la costa marítima.

3* Sección. — Andes, Chaco, Formosa, Misiones. — El asiento del juez estaría en el último, reconocido como minero, ignorándose de los otros, o mejor dicho, respecto de los cuales reina la convicción de que no tienen minas. Pero la gran distancia de los demás grupos erige necesariamente a Misiones en una sección aparte. Con respecto al nuevo Territorio de los Andes, su estado de despoblación, su alejamiento de los otros y la especial organización administrativa que ha debido dársele, exigirán también un régimen relativo a las ricas minas de boratos —que son las hasta ahora conocidas—, de lo más sencillo dentro de las bases establecidas (34).

Ahora bien, si las exploraciones, estudios oficiales, observaciones estadísticas y movimiento minero en general, permiten que cada Territorio sea una Sección, será perfectamente ajustado a la razón y a la naturaleza, hacerlo así, mucho más cuanto que cada Territorio es el asiento de un juez letrado y de una autoridad superior administrativa. Si prevaleciese nuestra distribución, y sé debiese reunir en los mismos jueces letrados las dos jurisdicciones, la sana razón aconseja preferir los de los centros más convenientemente situados con relación a los lugares de minas.

En cuanto a las subdivisiones, ellas se ajustarán a la práctica tradicional, o a la importancia de los asientos de minas, o a las conveniencias de la industria. Las Provincias pueden aplicar los mismos principios para sus divisiones internas.

Veamos ahora las atribuciones propias de cada una de estas categorías de jueces, y empecemos por las inferiores, por razones de método.

- 228. El Juez de Distrito es en materia de minería lo que el juez de paz en los asuntos ordinarios: es el primer escalón de la jerarquía judicial propiamente dicha, y para establecer sus atribuciones, partimos de la base de que se encuentran reunidas en estos funcionarios las jurisdicciones contenciosa y administrativa. Corresponde al juez de distrito: 1Q, atribuciones y deberes especialmente establecidos por el Código de

- (34) Ley 3906, 9 de enero de 1900. F ederalización de la Puna de Atacama. Publicación oficial, 48 págs.

Minería y que establecieren leyes posteriores, la orgánica es-pecialmene; 2^9, cumplir las comisiones y mandatos de la autoridad superior dentro de sus facultades; 3^9, dictar, dentro de sus límites y con los requisitos legales, medidas preventivas o decisivas en casos urgentes, como las que se refieran a accidentes o a evitar peligros contra la salud o la vida de los operarios; 4^9, conocer de las demandas entre operarios, y entre éstos y sus patrones, sujetándose a los límites establecidos por la ley común para los jueces de paz; 5^9, aplicar, en su grado, la penalidad establecida por el Código (35).

- 229.  Al Juez de Sección minera, corresponde la jurisdicción de primera instancia en los asuntos civiles. Es el juez de derecho, encargado de aplicar con ciencia y conciencia la ley de fondo y de forma a los casos contenciosos de cualquier importancia. Sus funciones propias son: l^9, conocimiento en primera instancia de todos los negocios regidos por el Código de Minería hasta la sentencia definitiva; 2^9, entender en las apelaciones y recursos contra las resoluciones o actos de los jueces de distrito; 3^9, desempeñar todas las funciones expresamente encomendadas por el Código dentro de su sección o jurisdicción; 4^9, ejercer vigilancia y superintendencia sobre los jueces de distrito y sobre la conservación de linderos, pertenencias y demás actos en que la ley requiere su intervención de oficio (36). Las funciones del Juez de Sección o letrado, pueden, como ya dijimos, atribuirse a los de igual categoría en lo común, de los Territorios Nacionales.

- 230.  Tratemos ahora del Tribunal Superior de Minería que el proyecto de Código creaba, y que la Comisión parlamentaria suprimió, dejando esa facultad a las Provincias, o a las leyes orgánicas. Es la autoridad suprema de derecho y debía conocer en apelación de todos los casos regidos por la

- (35)  E. Rodríguez, Proyecto, art. 407, págs. 568, 569.

- (36)  E. Rodríguez, Proyecto, art. 406, pág. 567.

ley, y originariamente de los que ésta le confiriese. En ella reside la suma de la jurisdicción contenciosa, y para ejercerla debía restringir la de los Tribunales Superiores o Cortes de Justicia ordinarios, en el ramo de minas. Constituye una jurisdicción excepcional, y la necesidad de su establecimiento la decidirán los progresos de cada localidad o Territorio, o Provincia, aunque por su naturaleza debe ser único dentro de cada dominio y tener su asiento donde ofrezca mayores conveniencias. Mientras aquellas condiciones no se realicen, esta jurisdicción correspondería, aunque substancialmente separada, a los tribunales ordinarios.

Según el proyecto del Código, estos tribunales debían formarse de dos jueces de derecho, un ingeniero y un fiscal. Esto se atenía a la naturaleza de las funciones judiciales, que requiere la constante intervención de la autoridad técnica, pero ésta ha sido organizada separadamente, aunque coordinada con aquella, en todos los países, según veremos más adelante. Así, las funciones del Tribunal Superior, serían puramente jurídicas, y habría en él la necesaria y conveniente unidad técnica, sin perjuicio de requerir la acción del cuerpo de ingenieros cuando necesitase practicar operaciones periciales.

En caso de que las circunstancias exigieran simplificar o reducir el personal de la administración de justicia, se puede refundir las funciones del Tribunal en la Junta Superior Facultativa, que eñ este caso se compondría del suficiente número de jueces de derecho como para dictar sentencia, quedando a su cargo la división o repartición conveniente de las atribuciones judiciales, administrativas y técnicas. En tal caso, la Junta o Tribunal se compondría, por lo menos, de los siguientes miembros: dos jueces de derecho, tres ingenieros de minas, o peritos, donde no los hubiere, y un fiscal. La presidencia correspondería por turno a cada uno de sus miembros.

- 231. Sus atribuciones serían, pues 1Q Entender en grado de apelación de los recursos y sentencias de los jueces de sección, letrados o de primera instancia; 2^9 Superintendencia e intervención en todo lo relativo a minería, en lo contencioso y orgánico del personal judicial; 3^9 Entender en lo contencio-so-administrativo minero, si la ley de organización, jurisdicción y competencia le diera este carácter; 4^9 Entender originariamente en las cuestiones de competencia entre los inferiores, y en conflictos de atribuciones entre autoridades mineras de distinta jerarquía o jurisdicción. En suma, salvo las facultades inalienables del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, el Tribunal Superior de Minería o Junta Superior Facultativa, tendrá la suma de la autoridad, en la materia, ya sea como cuerpo consultivo, ya como institución de fomento y estímulo, ya como cuerpo técnico, ya como tribunal de derecho.

- 232. Dos grandes divisiones establecían las antiguas leyes españolas en los asuntos de minas, comprendiendo las dos jurisdicciones, administrativa y contenciosa. La primera, hallábase a cargo de las autoridades políticas, y reducida a lo económico y financiero; “consistían principalmente (sus facultades )en la provisión de bastimentos, en la de materiales para el servicio de las minas y beneficio de metales, en la repartición y cuidado de los indios destinados al trabajo de minas, en la protección a las empresas de exploración, en la defensa de los privilegios personales de los mineros y otras semejantes” (37). Todas estas atribuciones correspondían, según su categoría, a los Virreyes, Intendentes y Gobernadores (38).

Los asuntos relativos a los denuncios, “despoblados” (despueble), mensura, posesión y propiedad, registros, despila-ramientos, contravenciones en general, constituyendo verdaderas contenciones, correspondían a la autoridad judicial ejercida por los alcaldes mayores y justicias ordinarias (39).

- (37)  E. Rodríguez, Proyecto, nota al art. 405.

- (38)  Recopilación de Indias, Lib. IV, tít. 19, ley 9*, y lib. IV, tít. 20, ley 4’.

- (39)  Recopilación de Indias, Lib. IV, tít. 19, ley 6’.

- 233.  “Las Ordenanzas de Méjico cambiaron por completo este sistema, creando nuevos funcionarios y revistiéndolos de diferentes atribuciones. Según el artículo 2^9, tít. 3% son del privativo dominio del Real Tribunal de Minería las causas en que se trate y fuese la cuestión sobre descubrimientos, denuncios, pertenencias, medidas, desagüe, deserciones y des-pilaramientos, y todo cuanto se hiciere en ellas en perjuicio del laboreo y contraviniendo a las Ordenanzas. En el art. 4^9 disponen que es también privativa de las diputaciones territoriales, en sus respectivos distritos, la jurisdicción contenciosa concedida en el indicado art. 2^9 al Real Tribunal, en las propias causas y negocios que allí se expresan” (40). Respecto a las mencionadas diputaciones territoriales, su modo de elección, funciones generales y especiales, trata el tít. II de la Ordenanza de Méjico, se hallan dependientes del Real Tribunal General, y “han de reconocerle una precisa e inseparable subordinación en todas las indicadas materias puramente gubernativas” (41).

En casi ninguna de las Provincias argentinas se fundaron los tribunales superiores, ni siquiera las diputaciones territoriales, con excepción de la Rio ja, donde fueron establecidas las últimas, y funcionan hasta el presente reducidas a su carácter “puramente gubernativo”, hallándose atribuida a la justicia ordinaria la jurisdicción contenciosa. En Chile y el Perú funcionaron con regularidad, y también en Bolivia.

- 234.  Además de estos funcionarios del orden judicial, hay otro cuya importancia en los negocios de minas, como en los ordinarios, es de primera magnitud: se trata del Escribano, el encargado de llevar la cuenta y razón de todos los procedimientos judiciales, de todos los actos públicos y privados que fundan, modifican o extinguen derechos, y cuyas cualidades y requisitos eran tan minuciosamente enumerados por

- (40)  E. Rodríguez, Proyecto, pág. 568, nota.

- (41)  Ordenanzas de Méjico, tít. III, art. I^9.

las leyes de Indias (42), y lo son aún por las actuales en todo país bien administrado. Dos clases de funciones está llamado a desempeñar en la ley de minas: la de registro, conservación de todos los actos pasados entre particulares sobre asuntos de minas, y la actuación de los jueces y tribunales letrados. Sus atribuciones especialmente determinadas, aparte de muchas otras que no enumeramos, pero que se hallan consignadas en el Código, serían éstas: 1* Las que establece el Código de Minería, tít. VI, arts. 116 a 119; 2* Tener a su cargo el Registro de Minas de la Sección, o de todo el Estado o dominio, según los casos, y entonces hallarse adscripto, o al juez de Sección, o al Superior Tribunal de Minería; 3* Llevar la estadística ordenada y metódica de los permisos, títulos, mutaciones, contratos, ocurridos en todo el mecanismo de la ley; 4* Desempeñar las funciones de carácter judicial o administrativo que le ordenen los jueces respectivos, y las leyes administrativas en su caso. La importancia de este funcionario es excepcional, dada la gravedad de los actos en que debe intervenir, y la dificultad y delicadeza en la fijación de los puntos de partida de los derechos adquiridos por el minero, especialmente en los descubrimientos y concurrencias. No habría inconveniente para que estas funciones, en cuanto fuese posible, las desempeñasen los escribanos de los Territorios, aunque son, por su naturaleza jurídica, independientes.

- 235. Una de las creaciones más importantes de la ley orgánica minera, debe ser la del Registro, no solamente para responder a los fines especiales del Código, según tendremos ocasión de ver, sino en su grande trascendencia administrativa. Por la índole de nuestras leyes y por la naturaleza de los negocios mineros, la institución del Registro es vasta y comprensiva de muchas ramificaciones científicas y estadísticas, que sirven para impulsar y gobernar mejor este ramo de la economía pública. El Registro debe hallarse establecido en el

- (42) Recopilación de Indias, Lib. IV, Tít. 21.

mismo asiento de la Junta Superior Facultativa o Tribunal Superior, y tener sus agentes en las Secciones y distritos, que serán los propios funcionarios judiciales, o los secretarios de cada juez, quienes de tiempo en tiempo deben remitir, una vez fenecidos y concluidos, para su protocolización definitiva, todos los asuntos relativos a minas. La oficina central, que puede ponerse bajo el cuidado del secretario del tribunal, o de escribanos especiales de minas, debe ser clara y metódicamente ordenada, según las materias de que por el Código y leyes administrativas debe componerse, que son actos múltiples y complicados, y cada uno de importancia real en el procedimiento adquisitivo de los derechos que el Código acuerda. Así como en los negocios ordinarios existen para los civiles o comerciales registros especiales, debe en estricto derecho haberlos también para los asuntos de minas que tanto se apartan de aquellos por la especialidad de la materia; pero esto dependerá también del desarrollo de las transacciones y operaciones de este género, que exijan una separación de servicios. Entre tanto la institución del Registro de Minas, debe ser organizada con la más grande proligidad y bajo las más rigurosas formas y deberes.

- 236. La tercera categoría de autoridades creadas por el Código y cuya existencia se desprende de la materia misma, está constituida por el personal técnico, cuerpo de ingenieros de minas, o peritos, por medio de los cuales el Estado hace efectivos sus deberes de protección hacia las explotaciones, tanto por lo que hace a la buena y útil aplicación del trabajo, como a la seguridad material de las minas y a los servicios técnicos que el Estado debe a los particulares en el curso de la explotación. Toda ley de minas es en gran parte de realización científica, y es este aspecto el que la autoridad, o personal técnico, está encargado de cumplir. Su importancia es primordial para el Estado y los particulares, y se interesan por su existencia la sociedad en general, porque asegura un trabajo inteligente y ordenado de las minas, y los explotantes y propietarios de la superficie, porque su intervención asegura a unos y otros la mayor garantía por la integridad de su propiedad. Además, estos cuerpos de ingenieros, tales como hoy los han comprendido y organizado las naciones mejor legisladas en la materia, prestan a otros ramos de la ciencia servicios de verdadera importancia, por su íntima relación con la geología y la mineralogía. Como representan la personalidad científica del Estado, son una ramificación de la industria minera organizada, y forman cuerpo con los otros ramos de este servicio público; pero por la naturaleza de sus funciones, su existencia debe ser perfectamente separada e independiente en sí, aunque ligada necesariamente a la organización general minera. Así, es distinta de la autoridad judicial, pero le presta sus servicios periciales como asesor natural; es distinta de la autoridad gubernativa, pero ésta tiene en ella su consejero indispensable, y es, en general, la asesora de la justicia y del gobierno en todo cuanto se relacione con la determinación y salvaguardia de los derechos de los mineros y del Estado sobre el terreno, y a los estudios generales y particulares que para el progreso de la ciencia o la industria mineralógicas se proponga el Estado.

- 237. Así lo han comprendido las naciones que más atienden su minería, y de las cuales sólo citaremos las que en más relación se hallan con nosotros por sus leyes o su intercambio intelectual.

La Francia, desde 1783 en que creó la Escuela de Minas y un cuerpo de ingenieros inspectores, hasta 1791 en que se sanciona su primera ley nacional, se había ocupado de dar a la minería una organización conveniente a su grande importancia social. Al discutirse aquella célebre ley, el informante definía el objeto de los ingenieros de minas, diciendo ‘‘cuánto importa tener hombres instruidos y seguros, capaces de dirigir bien las explotaciones en los diferentes departamentos, vigilar las minas concedidas, aconsejar a los concesionarios a salvarlas sobre todo de las tentativas y proposiciones insidio-eas de los charlatanes” (43). Sucesivas y diversas leyes y actos administrativos se dictan en este sentido hasta la ley de 21 de abril de 1810, que fija la clase de funciones que estos debían desempeñar con relación a los interéses combinados del Estado y el particular (44) , y un gran número de leyes, reglamentos y decretos hasta 1884 (45), han mantenido en perpetua evolución esta rama de la administración y esta materia de la ley de minas.

- 238.  La organización del cuerpo de ingenieros de minas en Francia actualmente es como sigue: El territorio se halla dividido en circunscripciones mineras, y éstas se subdividen en subcircunscripciones. Aquéllas se reparten en cinco divisiones a cargo, cada una, de un inspector general. Cada circunscripción corresponde a un ingeniero jefe, y cada subdivisión de éstas a un ingeniero ordinario dependiente de los anteriores. He aquí la división vigente: Se divide la Francia en 17 circunscripciones, que comprenden 37 subcircunscripciones. Cada división de inspección comprende 3 circunscripciones, con excepción de la del Nord-Oeste que comprende 5. La Algeria constituye una circunscripción y 4 subcircunscripciones, y está adscripta a la inspección metropolitana del Sud-Este (46).

- 239.  66Al lado del Ministro (el de Obras Públicas), está colocado el Consejo General de Minas, compuesto de todos los inspectores generales en activo servicio; funciona como consejo consultivo, cuya opinión puede pedir el Ministro sobre todos los asuntos que crea conveniente” (47). En cuanto a los deberes y atribuciones particulares de los ingenieros [4] 5 6 7 8 9 inspectores, ingenieros jefes, e ingenieros ordinarios, ellos son los de vigilancia y asistencia, cada uno en su jurisdicción y guardando el orden jerárquico, y se hallan establecidos en las leyes y decretos citados.

Existe además una categoría especial de empleados que Se llaman guarda-minas, creados por el citado decreto de 1851. Son nombrados por el Ministro de Obras Públicas previo examen, y sus funciones en general, son las de auxiliares de los ingenieros de minas en sus respectivas funciones y con dependencia absoluta de sus órdenes. Son en suma, como los que nosotros proponemos para la vigilancia inmediata de las labores mineras, con ciertas atribuciones de policía o de justicia de paz.

- 240. La nueva organización dada en España al cuerpo de Ingenieros de Minas por el reglamento de 30 de abril de 1886, se funda sobre el mismo sistema francés, con algunas variantes de importancia.

- 1. Su objeto es “coadyuvar a la acción del gobierno en cuanto concierne al fomento y desarrollo de la industria en general y de la minera y metalurgia en particular”, y sus atribuciones se hallan detalladas en 12 incisos que comprenden las materias enunciadas, en principio, en uno de nuestros números anteriores.

- 2. En cuanto a la división minera del territorio, la Península e islas adyacentes se dividen en 12 inspecciones generales o divisiones. Cada una de las 49 provincias formará una jefatura o distrito minero dependiente de la inspección general o división respectiva. Las jefaturas o distritos de primera clase se subdividirán a su vez en el número de cantones o zonas que exija en cada caso el mejor cumplimiento de todos los servicios (48).

- 3. He aquí, ahora, la escala jerárquica: l^9 Ministro de Fomento, de quien depende el cuerpo de Ingenieros y todo el

- (48) Reglamento de 30 de abril, 1886, art. 11. ramo de minería; 2^9 La Junta Superior Facultativa que se reúne en Madrid y se compone de los 15 inspectores generales, del Director de la Escuela de Ingenieros de Minas, y de un ingeniero jefe que desempeña el cargo de vocal secretario con voz y voto; 3^9 Inspectores generales; 4^9 Ingenieros jefes; 5^9 Ingenieros subalternos; 6^9 Otras categorías inferiores.

- 4. Las atribuciones generales de la Junta Superior Facultativa son: informar a los ministros, tribunales y demás funcionarios autorizados, sobre todo lo que se le pase en consulta en asuntos mineros, aconsejar sobre el progreso de la minería, llevar estadística minera y metalúrgica, etc.

- 5. En cuanto al servicio del cuerpo de ingenieros, se divide en ordinario, extraordinario y destacado; y el ordinario comprende todos los servicios permanentes, es decir, de los distritos mineros, especiales y diversos (49).

- 241. ¿Cuál es la organización que conviene al cuerpo de ingenieros de minas en nuestro país? Para la ejecución del código, vigilancia y conservación de los derechos del Estado *y fomento general de la minería científica, la creación de ese cuerpo es necesaria y urgente, pero reducido a la más sencilla fórmula, por razón de que nuestros asuntos, estudios y explotaciones están todavía en sus comienzos. Así, dadas las bases que antes expusimos para la división territorial, bastarían, como planta ordinaria y permanente, las siguientes personas: l^9, un director e inspector general; 2^9, tres ingenieros de sección, los que podrían tener algunos auxiliares para la asistencia inmediata de los distritos más poblados; 3^9, los demás empleados científicos y administrativos necesarios en el Departamento Central para: l^9, Secretario general, que puede ser escribano y tener a su cargo el registro; 2^9, director del museo y ensayos; 3^9, dibujantes de planos y demás empleados inferiores, según las creaciones de la ley orgáni-

(49) Sánchez de Ocaña, La legislación minera, etc., pág. 629; Soler Herraiz, Legislación minera española, pág. 190; Mario de Basterea, Vizcaya minera, pág. 215.

ca. Este cuerpo cuyas funciones detallaría la ley, dependería del Ministerio de Agricultura, sería el auxiliar nato de la justicia y de la administración minera en los territorios, y su Director e Inspector General formarían parte de la Junta Superior Facultativa o Tribunal Superior de Minería, según el caso. Residiría en la Capital de la República donde está la administración central, sin perjuicio de las inspecciones periódicas a sus respectivas secciones.

- 242.  En teoría, y según la práctica de todas las naciones que han creado esta repartición pública, sus funciones propias y permanentes son, pues, de varias clases:

1* Funciones científicas generales: estudios de la geología y mineralogía del país, sus condiciones industriales y varias, la economía y fomento de las poblaciones mineras, planos y colecciones de minerales de toda clase;

2* Funciones consultivas generales y especiales, al gobierno, a los tribunales y demás autoridades: en las materias de su jurisdicción y en todo aquello en que, en el mecanismo del Código, está interesado el poder público en sus derechos u obligaciones;

3* Funciones técnicas: las expresamente conferidas por el Código a los ingenieros o peritos de minas;

4* Funciones ejecutivas: las que les confiaron o impongan dentro de sus atribuciones los jueces y demás autoridades administrativas;

5* Funciones consultivas particulares: las que consisten en aconsejar o dirigir facultativamente a los explotantes en el interés de la más ordenada producción de la riqueza pública.

- 243.  Parte esencial de lo que se llama servicio ordinario y permanente es el deber de las visitas periódicas a los asientos de minas. El autor del proyecto había redactado esta atribución en esta forma: “Art. 307. Los ingenieros oficiales visitarán con anuencia de la autoridad, una vez cada año por lo menos, los asientos correspondientes a sus respectivas sec-dones o distritos. En estas visitas inspeccionarán el estado de las minas, y de su resultado pasarán informe a la autoridad. Si encontraren que hay peligro inminente para la conservación de la mina o para la vida de los operarios, suspenderán los trabajos de acuerdo con el juez del mineral, dando inmediatamente aviso a la autoridad minera” (50). Las leyes orgánicas, tanto nacional como provinciales, deben tomar en cuenta estas acertadas indicaciones abonadas por la legislación, la jurisprudencia y la práctica de los más adelantados países mineros, y que no habían escapado a los legisladores españoles del siglo XVIII para nuestra América (51).

- 244. Entre nosotros, hasta 1898, la autoridad nacional minera estuvo representada por una creación deleznable, pues no se fundaba en una ley orgánica, sino en un decreto del Poder Ejecutivo, que le había señalado sus principales atribuciones y deberes: se denominaba “Departamento Nacional de Minas y Geología”, y constaba de un reducido personal pendiente de la voluntad variable del Congreso, que lo mantenía en la ley de presupuesto; vivió, pues, con la constante amenaza de una supresión por economías o por otra razón cualquiera. Empezó esta institución por una Oficina o Sección de Minas y Geología adscripta al Departamento de Obras Públicas, de donde fué independizada en 1887 por el presupuesto y por una disposición gubernativa, y colocada directamente bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda. Desde entonces ha llevado una vida precaria, más bien preocupada de no desaparecer, que de llenar los fines de su institución, pues ni el gobierno le daba la reglamentación necesaria, ni los particulares se daban exacta cuenta de qué podría servir, a los efectos del Código de Minería, una oficina como aquélla. Nada hay, sin embargo, más importante en un país que tiene las riquezas minerales del nuestro y quiera darles impulso. Algunos proyectos de organización legal fueron presentados al

- (50)  E. Rodríguez, Proyecto, pág. 475.

- (51)  Ordenanzas de Méjico, tít. XVII.

Congreso (52), pero no fueron convertidos en ley, hasta que en 1898, después de la reforma de la Constitución, que aumentó a ocho los ministerios de la Nación, al organizarse el de Agricultura (Industria y Comercio), quedó aquella Oficina incluida en él como una División de la Dirección de Comercio e Industria, y a ella corresponde, según el decreto orgánico, todo lo relativo al régimen, aprovechamiento y estudio de las riquezas minerales del país (53).

- 245. La composición actual de la División de Minas es la que sigue: un Director general, ingeniero de minas, un segundo ingeniero inspector, dos ingenieros de sección, un secretario general, y algunos empleados auxiliares, a cargo del Museo Mineralógico, ensayos, etc. Tiene a su cargo el trámite de los pedimentos de cateo y concesión, y demás funciones dadas por el Código a la autoridad minera, el Registro creado por esa ley, el asesoramiento al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a minería de su punto de vista técnico-legal, si hien nunca se ha prescindido del dictamen del Procurador del Tesoro y del Procurador General, en su caso. Sin embargo, en este sentido, y gracias al desarrollo que va adquiriendo la minería de los Territorios Nacionales, ha intervenido ya en algunas soluciones importantes, aclarando o fijando el sentido de algunas disposiciones del Código, como la designación de la autoridad que ha de señalar pertenencias a los explotantes de placeres auríferos (arts. 78 y 88), y la concesión de permisos de cateo dentro del radio de minas concedidas (arts. 36, 41, 111, 112), resolviendo en el primer caso contra la conveniencia de dar tales facultades a los gobernadores, y en el segundo, en el sentido restrictivo del art. 36. Por las disposiciones dispersas hasta ahora dictadas, el Escribano General de Gobierno es el escribano de minas encargado de recibir y anotar las manifestaciones (art. 116), y las oficinas de correos de

- (52)  Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1887, t. I, pág. 821.

- (53)  Decreto de 25 de octubre de 1898, art. 5^9.

cada población cercana a las minas fueron autorizadas a recibir los pliegos de los pedimentos dirigidos a la autoridad central, dando al interesado un recibo, que es como constancia provisoria de su manifestación, pues que esto sólo se propone asegurar su llegada al poder del Escribano (54).

- (54) Decreto del 28 de abril de 1893, e instrucción anexa del Departamento Nacional de Minas y Geología.

[1]

Dr. Ramón Ferre yr a, Informes de los Consejeros legales del Poder Ejecutivo, t. I, pág. 359: Distingue entre la jurisdicción contenciosa y la administrativa, diciendo: “Opina el fiscal que la materia de minas en territorio provincial, en lo contencioso es regida por los Códigos Nacionales, sin alterar la jurisdicción local; y que en lo administrativo ejerce el Gobierno Nacional la facultad de inspección, protección y vigilancia sobre su progreso y el cumplimiento de las leyes de la materia.” Se funda en las atribuciones del inc. 16, art. 67 de la Constitución, de promover la prosperidad del país, siendo la industria minera “la más influyente en el bienestar y prosperidad del país, de los particulares y de la riqueza pública”.

[2]

Ordenanzas de Méjico, tít. I al IV.

[3]

Ordenanzas de Méjico, art. 7^9, tít. I.

[4]

Brixhe, Essai d’un répertoire raisonné, etc., en matiére de mines, etc., tomo I, pág. 386.

[5]

Arts. 47, 48, 49 y 50.

[6]

Féraud-Giraud, Code des mines et mineurs, t. III, N^9 1134.

[7]

Acuillon, Ob. cit., t. II, N^9 938 y 939.

[8]

Véase los decretos de 18 de noviembre de 1810; 24 de di

[9]

ciembre de 1851; 8 de septiembre de 1856.

LECCION VI

DEL CODIGO DE MINERIA Y LA LEGISLACION MINERA EN GENERAL

§1

DE LA LEGISLACIÓN DE MINAS EN SUS PRINCIPIOS

- 246. Siguiendo el método generalmente aceptado por los autores en esta materia, en cuanto él tiene conformidad con la naturaleza de sus principios, expondremos también nosotros los fundamentos teóricos de toda buena ley minera; definiremos así los fines generales y especiales de la codificación, y las bases que han de servir para fijar clara y distintamente el sentido de las prescripciones ulteriores, de las franquicias y de las cargas que al minero acuerda e impone el legislador bajo nuestro sistema. Las reglas o bases generales de la legislación minera han nacido de la naturaleza misma de la industria y de los objetos sobre que se ejerce, de la experiencia de las naciones y del análisis de los códigos de las distintas épocas de la historia legislativa; y aun a riesgo de establecer una nomenclatura diferente, las podemos clasificar en cuatro grupos, según su punto de partida:

l^9 Bases económico-industriales;

2^9 Bases científicas o técnicas;

3^9 Bases de derecho público-administrativo;

4^9 Bases de derecho privado.

Examinémoslas sucesivamente, con el auxilio de los autores que han formado esta ciencia.

- 247.  1. En el concepto de algunos autores alemanes, la. ley de minas no es sino la economía política de esta rama de la industria, reducida a preceptos legales: estos deben proponerse, pues, ya sean leyes, ya reglamentos, “como objeto inmediato, el desarrollo de las riquezas minerales y la dirección que conviene dar a la explotación, para que no se realice solamente en provecho de los que la practican, sino también en provecho de la sociedad y del gobierno mismo... Se debe considerar la explotación de las minas, en general, como una de las fuentes más fecundas de la prosperidad pública” (1).

- 2. Respecto al ejercicio del trabajo, la legislación minera, ya sea nacional, ya provincial, debe procurar establecer las relaciones entre obreros y patrones y de obreros entre sí, sobre la base de la más estricta justicia y equidad, para no causar interrupciones y disturbios, que sólo se resuelven en falta de producción, en agotamiento de la riqueza natural, por el despilfarro y el desorden, en incousultos e inconvenientes modos de explotación que ponen en peligro vidas y trabajos. La libertad de las convenciones, la conservación de la salud y la moral del obrero, son los principios de nuestra ley política que deben servir de fundamento a los que rijan el personal de las minas.

- 3. Del mismo punto de vista económico, agrega otro autor clásico, que “la legislación de minas debe tender a someterlas a una explotación que responda a las necesidades del consumo en el presente, y regularice los recursos del porvenir” (2).

- 248.  Del punto de vista de la ciencia, o de la técnica del arte de explotar minas, la ley debe tratar de conformarse

- (1)  M. Blavier, Prefacio a la obra de F. L. von Cancrim, Juris* prudencia General de las Minas en Alemania, pág. 1.

- (2)  Dufour, Les lois des mines, N^9 1.

lo más posible a sus consejos y conclusiones, principalmente en estos dos sentidos: l^9, de la geología y topografía de los terrenos en que las minas se hallan situadas, para no exigir obras que no puedan realizarse materialmente en determinados parajes, y la topografía, para que no acuerde mayores extensiones que las que la naturaleza puede permitir: lo primero, porque sería poner en peligro los fundos superficiales y las mismas labores subterráneas; y lo segundo, porque concediendo en exploración o explotación mayores espacios que los que un hombre o sociedad pueden aprovechar, se defraudan los intereses de la sociedad y del Estado; 2^9, de los métodos de explotación en sí mismos, materia en que la ley no impone al concesionario o empresario obligación alguna, pero en la cual, para los fines de una producción ordenada y cierta, debe sujetarse a planes científicos, más o menos perfectos, y que, por lo menos, garanticen la práctica de la explotación sin peligro para las propiedades o minas vecinas, y para los fines sociales de la industria.

- 249.  1. Consideremos ahora la tercera base propuesta,

la que se relaciona con el derecho público. Su fundamento está en que esta industria debe ejercitarse por los particulares en bienes del Estado o del público; de donde se derivan importantes consecuencias y derechos por parte del primero, que al ser instituido por la ley dueño de las minas, lo ha sido solamente en representación de la soberanía nacional o provincial, y al solo objeto de regular su apropiación y aprovechamiento.

2. Pradier-Foderé resume las bases de la legislación en las cinco siguientes: 1* Estimular el descubrimiento de las minas, asegurando al descubridor, o la propiedad del yacimiento o... una indemnización suficiente; 2* Indemnizar al propietario del suelo, para que no estorbe las exploraciones; 3* Conceder al que ha obtenido la explotación una extensión subterránea suficiente y claramente determinada, para que los trabajos puedan tomar todo el desarrollo necesario; 4* Acordar la concesión a quien puede ejercer útilmente el derecho de explotar la mina; 5* Garantir por largo tiempo los derechos del explotante, y por medio de una vigilancia activa, hacer que no peligre el porvenir de las minas ni la seguridad de las personas (3).

3. Alguna observación sugiere la regla 4% en cuanto no se aviene con los fundamentos de nuestra sociedad política. Entre nosotros no se puede tomar como base de la concesión un principio que no sea el de una perfecta igualdad de derecho o el de una perfecta equidad, y así hemos adoptado que la prioridad en el descubrimiento es la base de la concesión (art. 125, C. de M.) La capacidad para explotar con provecho puede ser una cualidad exigible en las disposiciones generales de la ley, y por sus diversas provisiones procurar que los que adquieran minas no puedan poseerlas sin hacerlas producir, pero no puede ser esa una causa determinante de la concesión.

- 250. Las relaciones de derecho privado son las que tienen lugar entre particulares; ya entre mineros por causa de la vecindad, conflictos, servidumbres u otras obligaciones; ya entre mineros y propietarios del suelo, por las naturales condiciones de una y otra propiedad, superpuestas y de uso muchas veces incompatible. Esta es, como bien se comprende, la base más importante de la ley de minas, y que ocupa la mayor parte de los desarrollos de esta materia. Al desprenderse el Estado, por medio de la concesión, de su dominio, ha creado un derecho de propiedad privada y una fuente de relaciones de este carácter, que participan a la vez de la naturaleza del derecho civil y del de minas. La explotación de una mina es un conjunto de actos que crean y modifican necesariamente las condiciones ordinarias de la vida civil; y la disposición y aprovechamiento de los productos crea otro género de relaciones, no bien deslindados aún, entre mineros y terceros contratantes, lo que origina ciertas especialidades de

- (3) Précis de droit administratif, pág. 120.

que es un ejemplo el contrato de avíos, y aun las mismas sociedades de minas, que tantas particularidades separan de las sociedades civiles y comerciales.

- 251. Para comprender en un solo conjunto doctrinal la definición de la ley minera, en este sentido esencialmente jurídico, reproduzcamos las reglas que Aguillon ha establecido, sintetizando a su vez, los progresos y desenvolvimientos de esta rama del derecho (4). Según él, las reglas del derecho minero se aplican a tres objetos diferentes:

l^9 Determinar cómo se adquiere, se conserva o se pierde las facultades de explotar las substancias minerales y la de disponer de ellas cuando han sido adquiridas; determinar a quien, y bajo qué condiciones puede conferirse tal facultad, lo cual necesariamente implica la definición jurídica de la naturaleza y límites de la facultad de explotar, que puede darse al particular; y este primer objeto de la legislación minera constituye lo que puede llamarse el “régimen legal de la propiedad de las substancias minerales”.

2^9 Reglar las relaciones jurídicas que deben existir entre el explotante de las substancias minerales y el propietario o poseedor del suelo, encima o debajo del cual tiene o debe tener lugar la explotación, así como las relaciones de este explotante con el vecino; este segundo objeto constituye lo que puede llamarse el “régimen de la mina con la vecindad”.

3^9 Dictar las reglas de policía a que puede ser sometido el explotante de substancias minerales, por razón de la naturaleza especial de su empresa y al objeto de garantir la seguridad de la superficie y del personal que ocupa; y esta tercera aplicación constituye lo que puede llamarse “la policía de las explotaciones”.

En nuestro derecho, según lo hemos insinuado en otro lugar, este tercer aspecto de la legislación de minas, por razón de nuestra forma de gobierno, no podría, sino muy en teoría,

- (4) Législation des mines, etc., t. I, N^9 1.

y en cuanto fuese inseparable de la técnica minera, formar parte del Código general, como éste lo ha comprendido (tít. IX), y corresponde a cada Estado, aisladamente, sobre su propia y exclusiva jurisdicción.

- 252. Aunque en las legislaciones antiguas no se hubiese comprendido todo el carácter que a la de minas distingue de las otras, es indudable que desde el comienzo se marca una diferencia fundamental, ya en forma de excepciones a las leyes comunes, ya como materia especial reglamentaria, en lo que entonces apenas podía llamarse materia administrativa. En mucho dependía esta confusión del escaso desarrollo de los conocimientos científicos y de las explotaciones sistemadas; pero la ciencia moderna, revelando todos los problemas fundamentales, ha iluminado también esa faz de nuestra especialidad. Los autores han debido fijar su atención en las causas porque esta legislación se desprendía naturalmente del cuerpo general de las leyes comunes, y las encuentran al fin en la comparación entre las industrias mismas a que se refieren, auxiliados para ello por la observación científica. Así uno de esos autores condensa en reglas precisas los resultados de la experiencia y del análisis, es decir, que establece los caracteres excepcionales de la legislación minera en el carácter excepcional que presenta la industria extractiva, la cual ocupa una clase aparte entre las diversas empresas a que puede aplicarse la actividad humana. Esas diferencias pueden, pues, condensarse en las siguientes reglas:

1* Ciertas empresas o trabajos de carácter civil, conducen a ejecutar obras subterráneas, pero una vez concluida la obra, el empresario ha concluido su tarea; mientras que la del explotante de minas se renueva y se perpetúa sin cesar.

2* La industria minera no existe y no procede sino haciendo desaparecer para siempre la cosa misma sobre que se practica: la substancia mineral no se renueva; mientras que en las demás empresas industriales se puede obtener más o menos indefinidamente los mismos productos o los mismos resultados, como acontece en la agricultura.

3* Además, la industria minera no puede ejercerse sin producir teórica y prácticamente una alteración completa en el asiento natural de las cosas, siendo la obra del explotante esencialmente destructiva de la estabilidad de la corteza te* rrestre, del substratum que sirve de fundamento a todas las empresas del hombre.

4* Por último —y quizá es esta cualidad la que más influencia tiene en la legislación— los yacimientos de substancias minerales están colocados en el seno de la tierra, no sólo sin relación alguna con la división de las propiedades superficiales, que son obra contingente del hombre, sino también sin relación alguna con los rasgos fundamentales de la orografía y la topografía superficiales (5).

Estas reglas, fundadas en la ciencia y en la práctica, conducen naturalmente a otro orden más avanzado de consideraciones, las que se concretan a estudiar si la legislación de minas, aparte de presentar caracteres excepcionales, es, además, una legislación sui generis, y constituye una rama especial del derecho.

- 253. Si fuésemos a investigar en toda su amplitud esta cuestión, tendríamos que ocupar en disquisiciones teóricas mucho más tiempo del que nos es permitido, porque debería* mos profundizar los más fundamentales principios del dere* cho mismo, en sus fases abstracta y positiva, para desentrañar una conclusión concreta. Para no salir, pues, de nuestros límites, invadiendo quizá los dominios de la filosofía del derecho, adoptemos un método de investigación más sencillo, aunque fundado en la más estricta lógica. Desde luego se nos presentan cuatro órdenes de demostraciones o de raciocinios, que iremos desarrollando sucesivamente:

- (5) Aguillon, Ob. cit., N^9 2.

- 254.  1. Orden natural y filosófico. Ya antes de ahora, tratando de averiguar el concepto fundamental del derecho de minas, establecimos la división inicial de las dos propiedades, superficial o subterránea, como origen de derechos distintos y situaciones jurídicas diferentes; ahora, de esas mismas distinciones, se derivan nuevas e importantes consecuencias. La ley de minas versa exclusivamente sobre la adquisición y disposición de la propiedad subterránea mineral, creando, según las cualidades y fenómenos económicos y jurídicos propios de la explotación, un orden especial de relaciones, armonías y conflictos que sólo la ley de minas rige y resuelve. Estos bienes subterráneos, llamados minerales o minas, son natural y substancialmente distintos de la tierra o suelo superficial, o sea de aquella parte superior de la corteza terrestre sobre la cual el hombre ha constituido primitivamente su hogar, de donde ha nacido el derecho de propiedad y se ha transmitido a los Estados y a los particulares; y esa distinción substancial que impone modos y procedimientos, aplicaciones y usos diversos en su apropiación y utilización, ha hecho en todos los tiempos que rija una ley distinta para unos y otros, como tenía que ser por su naturaleza intrínseca y por la disposición de los minerales en el seno de la tierra. Luego, natural y lógicamente, las leyes que reglan la propiedad, uso y goce de unos y otros bienes, son esencialmente distintas, y constituyen fuentes diversas de derechos y relaciones de derecho.

- 255.  2. Orden científico. Para la explotación o extracción de las materias que suministra el suelo superficial, o las industrias que se dirigen a la producción de la tierra, el hombre no ha necesitado ni necesita esencialmente, para satisfacer sus necesidades, del auxilio de la ciencia, sino de un empirismo o de una experiencia más o menos avanzados; mientras que para la explotación del subsuelo mineral, para la extracción, aprovechamiento y empleo de los minerales que produce, se necesita esencialmente del auxilio de la ciencia y del empleo de cada uno de sus perfeccionamientos sucesivos. El agricultor, por ejemplo, puede utilizar su tierra y hacerla producir sin la ciencia, aunque con ella la producción sea mayor y mejor; pero el minero no puede obtener nada de su mina, salvo escasas excepciones sin importancia, sin que tenga que recurrir a los consejos y procedimientos de la ciencia en sus varias ramas concurrentes, a tal punto que si estos le faltan, debe forzosamente abandonar toda esperanza de lucro, como acontece siempre. Por otra parte, el propietario superficial, con sólo el esfuerzo de sus manos, puede labrar la tierra necesaria para su subsistencia, puede cosechar los frutos y extraer sus producciones periódicas sin más necesidad que la de auxiliar con insignificantes cuidados la obra de la naturaleza; mientras que el minero, sin la ayuda de instrumentos mecánicos, de agentes químicos y de cuantiosos capitales, no puede pensar en una explotación provechosa, ni siquiera suficiente para las necesidades de la subsistencia. De aquí se desprende, entre otras consecuencias importantes que afectan el fondo de la ley minera, la de que ésta no puede fundarse sobre los mismos principios de justicia y equidad que la ley común, siendo los conceptos de justicia y equidad los que informan toda legislación, y le dan su clasificación en el conjunto del derecho universal.

- 256.  3. Orden jurídico. Del punto de vista del derecho

privado, las leyes más contrarias del sistema separatista o de la especialidad minera, han debido reconocer la distinción jurídica de los conceptos de propiedad superficial y propiedad subterránea, fundada en las distinciones físicas entre las substancias que las constituyen y en sus modos de explotación y diferente empleo; todas esas leyes han hecho de las minas bienes separables de los comunes, y sujetos, después de su apropiación, a reglas distintas de las que rigen a los segundos, cayendo en la contradicción consiguiente de dictar leyes especiales para una propiedad que es para ellos fundamentalmente la misma que la propiedad de la supercicie; luego debemos deducir, con estricta lógica, que a conceptos distintos corresponde desarrollo distinto, y que a una propiedad originariamente diferente de la tierra corresponde un orden de relaciones jurídicas también diferentes.

- 257.  La naturaleza ha dispuesto que las minas no coincidan, en su yacimiento subterráneo, con las divisiones de la tierra superficial (6), dependiendo éstas de la voluntad humana; no se puede aprovechar las primeras sin atravesar o destruir la segunda, que puede pertenecer a distintos propietarios, de donde nacen conflictos que afectan la substancia misma del derecho de propiedad y los caracteres jurídicos de las cosas o bienes sobre que se funda. Son, pues, dos géneros distintos de propiedad creados para vivir en conflicto, pues que son de imposible unión en su tenencia y aprovechamiento, y por lo tanto, el conflicto originario es uno de los caracteres propios de esta legislación, y que sólo puede salvarse existiendo paralela y distinta y equilibradamente con la que rige el uso y goce de la tierra superficial.

- 258.  Si nos atenemos a los principios que sirven de base a las divisiones del derecho, y aplicamos su terminología a nuestra materia, hallaremos claramente marcados en el concepto de la legislación de minas tres elementos inseparables, compenetrados de modo que forman una sola esencia. Esos tres elementos son:

l^9 La ley de minas es esencialmente administrativa. Ese concepto se deriva de que ella tiene por objeto reglar la apropiación privada y el uso y goce de un bieii que pertenece al Estado, constituyendo su patrimonio, y por consiguiente, dando lugar a una intervención permanente del mismo, para que se conserve el régimen que en el interés de la sociedad ha prescripto.

2^9 La ley de minas es esencialmente de derecho privado. Se funda este concepto en que por la apropiación particu-

- (6) V. número 254, regla 4*.

lar de las minas, éstas se convierten en patrimonio privado, y en su uso y goce se crean relaciones y conflictos entre propietarios de minas vecinas entre estos y los dueños de la superficie, y entre mineros y terceros contratantes, por razón de la mina o de sus productos; actos que si no tienen cabida y solución por las reglas establecidas del derecho civil codificado, entran, sin embargo, dentro de su concepto filosófico.

3^9 La ley de minas es esencialmente científica o técnica. No puede usarse, ni aprovecharse de este bien, sin el auxilio de las ciencias físicas, químicas, mecánicas o matemáticas, que conducen respectivamente a la extracción ordenada y provechosa, y a la reducción y separación de las materias útiles de aquellas con las cuales aparecen naturalmente confundidas, mezcladas o combinadas.

De tal manera influye este concepto en la existencia de la ley, que sin la intervención de la ciencia, dejaría de tener sentido la mayor parte de la materia que constituye una explotación minera. Pero debe tenerse presente que ninguno de estos elementos subsiste por si sólo en la ley de minas, y que los tres, concurriendo fundamental y substancialmente en su naturaleza juririca, crean esta rama de la ciencia que estudiamos. Luego, si tan singular amalgama la caracteriza, y si no puede existir como concepto legal sin esos tres elementos reunidos, deducir que esta es una legislación especialísima, que participa de los caracteres esenciales del derecho público, del derecho privado y de la ciencia.

- 259. Por último, esta legislación tiene para nosotros el principal fundamento de su especialidad en nuestro propio organismo político. En toda nación organizada, el orden jurídico supremo es su constitución política, su carta orgánica, más arriba de la cual sólo existe el derecho abstracto o ideal, sin sanción positiva alguna. En nuestra Constitución existe, como sabemos, el precepto imperativo de formar un Código de Minería, que legisle y dé unidad a las leyes dispersas, como lo harían el Civil, el Comercial y el Penal para toda la Nación; y ese Código de Minería tiene sus elementos en la historia, en la ciencia, en la legislación general y nacional; luego, por mandato supremo de la Constitución debía especializarse la materia, creando así la síntesis de una ciencia jurí-dica, una división particular de la legislación común argentina.

- 260. 4. Orden social. Las leyes no son solamente fórmulas positivas del derecho abstracto: son reglas de conducta inspiradas por las condiciones generales de la sociedad para la cual se dictan, y por lo tanto deben esas condiciones ser tenidas muy en cuenta. Estudiando la historia de las explotaciones mineras en todos los países, pero muy especialmente en el nuestro, sabemos que en torno de una mina o de un grupo de minas donde puede mantenerse por mucho tiempo labores de extracción, se forman insensible y a veces rápidamente, poblaciones de carácter particular, con usos y costumbres y sociabilidad propios, que se apartan de las demás agrupaciones, fundados en el género de trabajo a que viven consagrados los individuos y en la vida que ese trabajo impone. Aparte de esta consideración, existe otra —que tanta importancia ha adquirido en la legislación contemporánea— la que se refiere a las relaciones entre patrones y operarios, y a los conflictos que entre ambos se producen con ocasión de las crecientes necesidades y exigencias de la vida moderna, y de la clase de trabajo, al que concurren individuos de toda condición, edad y sexo, que requieren una legislación especial de protección o tutela. Alrededor de estos centros de producción germina, pues, otra rama de la legislación administrativa, civil y económica que cada día toma mayor desarrollo, y se funda precisamente en las exigencias que las grandes explotaciones mineras imponen a las clases trabajadoras.

Concluyamos, pues, diciendo que la industria minera crea alrededor de sus centros productores una sociabilidad propia que requiere modalidades especiales en la legislación destinada a regir sus relaciones de derecho y las condiciones particulares del trabajo minero, y especializa, además, la legislación administrativa que le concierne. Así, pues, la ley de fondo sobre la minería debe comprender todos estos caracteres sociales, y por tanto, tiene necesariamente que apartarse de la legislación común. Y esta conclusión está apoyada por la práctica de todas las naciones modernas, que cada día más tienden a individualizar su legislación de minas, no sólo del punto de vista del derecho mismo sobre su adquisición y aprovechamiento, sino del punto de vista económico, social o industrial.

- 261. Resumiendo, pues, este largo período, establezcamos nuestras conclusiones diciendo, que la legislación de minas es distinta de la ordinaria, civil o administrativa:

l^9 Por derecho natural, que ha establecido la distinción originaria entre la propiedad del suelo superficial, y el subsuelo minero.

2^9 Por las exigencias de la ciencia física y matemática, sin la cual no son posibles las explotaciones ordenadas.

3^9 Por el derecho común, cuyas reglas no rigen la propiedad de las minas, y que también contienen la separación entre la superficie y el subsuelo mineral.

4^9 Por el derecho público argentino, constitucional y administrativo.

5^9 Por razones sociológicas y de economía social, que imponen a las relaciones de las gentes de minas caracteres sui generis.

6^9 Por el concurso de las naciones más adelantadas, que tienden a codificar, y por tanto, a especializar su legislación minera, ya en el sentido estrictamente jurídico, ya en el de la industria misma y condiciones del trabajo.

§n

DEFINICIÓN DEL CÓDIGO DE MINERÍA

- 262.  Veamos ahora cómo el Código ha condensado en su propia definición toda la materia teórica, fundando así una síntesis preceptiva de ella. En este examen que emprendemos del artículo primero, hemos querido poner en evidencia todos los elementos jurídicos de la legislación minera, y desentrañar de su definición todas las deducciones y desarrollos que constituyen esa unidad científica. El art. I^9, analíticamente transcripto, dice así:

“El Código de Minería rige — l^9, los derechos, — 2^9, (las) obligaciones, —- 3^9, y (los) precedimientos — referentes a — l^9, la adquisición, — 2% explotación y — 3^9, aprovechamiento — de las substancias minerales".

Comprende esta definición todos los elementos constitutivos del derecho minero, en cuanto participa de los caracteres del derecho en general, y en cuanto significa una especialidad o una división sui generis de la ciencia jurídica. Esos varios elementos, metódicamente enumerados, en el orden en que los estudiaremos, son, pues:

1? Derechos.

2^9 Obligaciones.

3^9 Procedimientos.

4^9 Cosas ó substancias del derecho.

- 263.  Examinemos el primero de los órdenes que el Código ha establecido, esto es, la división de los derechos. Estos comprenden dos grandes categorías, que se desprenden de la índole de esta materia, de sus caracteres públicos y privados, y que son: 1?, derechos del Estado; 2^9, derechos de los particulares.

- 1. Los derechos del Estado proceden de su doble calidad de dueño, a título privado, de todas las minas no explícitamente excluidas de su dominio por la ley común (7) y minera (8), y de representante y ordenador de las relaciones jurídicas, en las dos jurisdicciones nacional y provincial.

- 2. Según el primero de estos conceptos, el Estado, legislando sobre cosas de su propiedad, que constituyen el patrimonio de la Nación como persona de derecho, tiene facultad para determinar y prefijar las condiciones generales y especiales para acordar el uso y goce de sus bienes a los particulares, y aun su propiedad absoluta, y para exigir en los ad-quirentes las cualidades de capacidad y garantía necesarias para que los derechos concedidos se ejerciten en beneficio de la sociedad y con arreglo a los principios de una buena economía. Así es cómo el legislador ha establecido las reglas que han de presidir el otorgamiento de la propiedad minera al particular, para que sea adquirida con arreglo a la más perfecta equidad, consultando únicamente el interés público y los caracteres que ya hemos expuesto, de toda buena legislación de minas.

- 264. Por el segundo concepto, es decir, en su entidad ordenadora de todas las relaciones jurídicas, el Estado tiene todas aquellas facultades ejecutivas que concurren a hacer prácticos los principios abstractos y los derechos concedidos o reservados. Según esto, corresponde al Estado la organización de las autoridades ejecutivas, técnicas y judiciales en el ramo de minas, la vigilancia de las explotaciones, para que se ejecuten sin fraude de los intereses sociales que la ley se propone favorecer, y sin peligro para la producción ordenada y metódica, que las buenas doctrinas imponen como una sabia previsión para el porvenir. Estas diversas autoridades, ramificaciones de la autoridad central en todos los sitios en que el minero ejercita los derechos concedidos, son las encargadas de hacer efectivos los poderes que el Estado se reserva,

- (7)  Código Civil, art. 2342, inc. II.

- (8)  Código de Minería, arts. 2 y 3.

y el cumplimiento de las condiciones que se ha impuesto al particular.

- 265.  Los derechos de los particulares son todos los que a los individuos corresponden, como dueños de las minas, después de la adquisición de parte del Estado: ellos constituyen, en masa, la entidad primitiva de la Nación, dueña originaria de las minas, y en cuyo nombre y soberanía aquél ejerce sus poderes organizados. Cediendo o adjudicando a los particulares la propiedad sobre una o más porciones de ese patrimonio común, el Estado la individualiza, le imprime unidad ponderable, da nacimiento al derecho privado, desde que crea relaciones de individuos entre sí, exclusivamente mineras.

Según los términos de nuestro artículo, el derecho del particular se aplica o versa sobre tres fines positivos generales: l[1], adquisición; 2[1], explotación; 3[1], aprovechamiento de las substancias minerales. Pero cada una de estas tres grandes divisiones comprende una suma de actos jurídicos secundarios, o más bien dicho, prácticos, que los caracterizan y forman la vida del derecho.

- 266.  Así, según estas especificaciones, los derechos del particular son: l[1], los que constituyen el estado de exploración, o sea el primer grado en el procedimiento adquisitivo de la mina; 2[1], los que se refieren a la adquisición misma de la propiedad definitiva, tanto de la mina propiamente dicha, como de la tierra superficial necesaria para las obras accesorias o indispensables a la explotación, comprendiendo igualmente todas las demás concesiones secundarias, como minas nuevas en criaderos conocidos (estacas), minas abandonadas o despobladas (denuncios), y ampliaciones, mejoras, demasías y socavones (9) ; 3[1], en general, el particular que obtiene por su descubrimiento o diligencia una mina, y se dispone a explotarla, adquiere otro género de derechos menos material, pero que concurre a asegurar los demás, el derecho a ser protegido por el Estado por medio de sus autoridades, en todos los actos constitutivos de la explotación, tanto en los que se refieren a las seguridades materiales de las labores, como en los que respectan a los derechos mismos, garantiéndose contra acechanzas, violaciones y expoliaciones extrañas; 4^9, el derecho de contratar, gravar, enajenar, y en general, disponer de la mina y de los productos de ella, derecho que en cierto modo sale de los límites propios del derecho minero, para ser un derecho de propiedad sobre un bien común, como es el producto de la mina una vez arrancado de su yacimiento y puesto entre las cosas del comercio.

- 267.  Tomando ahora en consideración, las personas que intervienen en la distribución de los derechos que el Código acuerda, estos admiten a su vez dos grandes divisiones: B Derechos del concesionario o dueño de la mina sobre ésta y la tierra que adquiera en consecuencia (10), y 2* Derechos del dueño del suelo sobre su propiedad, en todo aquello en que la adjudicación de la propiedad minera no ha desmembrado, y por tanto, en toda la extensión de su título, y por causa de la situación material con respecto al primero.

- 268.  De esta última división resulta un nuevo e importantísimo orden jurídico, el que se refiere a las responsabilidades mutuas entre propietarios y mineros: B, responsabilidad del dueño de la mina hacia el dueño del suelo por los daños y perjuicios de la ocupación de la tierra superficial; 2^9, responsabilidad del dueño del suelo hacia el de la mina, por los perjuicios y daños que la explotación sufra por causa de los trabajos exteriores del superficiario, en los casos que la ley expresa (arts. 58 a 63) ; 3^9, responsabilidades del Estado y del concesionario de obras públicas, por concesiones posteriores a las de minas, y obligaciones de éstos en su caso (arts. 64 a 66), y 4^9, reglas para las indemnizaciones en cada uno de los casos comprendido sen las números anteriores.

- (10) Código de Minería, Arts. 42, 222 y 251.

- 269.  En el orden de las obligaciones, como en el de los derechos que son correlativos, podemos igualmente establecer tres divisiones fundamentales: 1? Obligaciones del Estado; 2* Obligaciones de los particulares con relación al Estado; 3* Obligaciones de los particulares entre sí.

Por más que la concesión desprenda del dominio público las minas, éstas son una institución económica consagrada al bienestar de la comunidad, y el Estado no se desliga de sus deberes permanentes de mantener el orden social y jurídico, que en materia de minas asume caracteres particularísimos. Así, pues, si como dueño el Estado nada puede hacer, una vez otorgado el título definitivo, como representante del orden legal, conserva una suma importante de obligaciones respecto de los concesionarios, tanto para conducir las explotaciones de manera que el fin económico se realice, como para asegurar que no se pierda o despilfarre fuente tan primordial del bien público. Del conjunto de funciones que en el mecanismo del Código corresponde al Estado, representado en sus diversas ramas, resultan cuatro órdenes de obligaciones: l^9 Asegurar al concesionario, con respecto a terceros, la inviolabilidad, la continuidad y efectividad de los derechos acordados; 2^9 Asistir a los explotantes con los consejos técnicos de sus cuerpos de funcionarios, para que las labores se practiquen sin riesgo de la seguridad de las minas vecinas y con cierto orden que garantice la utilidad de los trabajos; 3^9 Protejer al minero por medio de la justicia, la policía y la vigilancia en general, contra el fraude, los accidentes probables y las substracciones o tentativas criminales para despojarlo del fruto de sus trabajos; 4^9 Asegurar una legislación protectora, progresiva y liberal, que mantenga en todo tiempo la minería en condiciones de satisfacer su fin económico y las necesidades y esperanzas del explotante.

- 270.  Los particulares, a su vez, cuando adquieren una mina, no han adquirido una libertad ilimitada para explotarla o no, y para usar o abusar de ella según un capricho desordenado; porque las minas son un género muy particular de bienes, que nunca pierde su carácter de utilidad social, y hace que en todo tiempo el minero tenga presente el interés de la sociedad y del Estado.

Las obligaciones de los particulares, por cuyo medio se realizan estos fines, se pueden dividir en dos órdenes principales: l^9, obligaciones generales, las que se refieren a la conservación, continuación y seguridad de los trabajos, con el propósito de una constante y ordenada producción, y 2^9, obligaciones especiales, que se refieren a los actos privados y demás que realice el minero dentro de su propiedad, en ejercicio de ella, o con relación a terceros con el fin de adquirir derechos originarios, conservar los ya adquiridos o mantener las explotaciones en orden, moralidad y seguridad.

- 271. Constituyen lo que estrictamente puede llamarse el derecho privado de minas, las obligaciones de los particulares entre sí por causa de la adquisición y ejercicio del derecho de propiedad, tanto sobre las minas como sobre la tierra superficial, y de los conflictos entre ambos. Estas obligaciones son de dos clases: de derecho común, en cuanto se refieren a bienes regidos por la ley civil en todo lo que les es aplicable, y de derecho minero, en cuanto son actos u omisiones ejecutados por causa de la adquisición o ejercicio del derecho de propiedad. La ley civil rige en todo lo no previsto o comprendido dentro de la ley especial, sujeta a veces a modificaciones o excepciones. Son materia principal de esta rama de nuestro derecho las relaciones y conflictos entre la propiedad del suelo y la de la mina, y las mismas relaciones y conflictos entre dos o más minas contiguas. Resuélvense las primeras en obligaciones positivas y negativas, de hacer o no hacer, fundadas en el respeto de los respectivos límites, o sea, indemnizaciones por el terreno ocupado, por los deterioros o perjuicios de la superficie, y prohibiciones de ejecutar trabajos u obras que importen un menoscabo de los derechos de unos u otros en su caso. Esas obligaciones son de índole general, fundadas en el principio de las servidumbres, y de carácter especial, establecidas por la ley minera, que a su vez modifica o particulariza aquellos principios comunes (H).

- 272.  El tercer orden de aplicaciones del Código se refiere a los procedimientos para la adquisición y explotación de las substancias minerales; y esta palabra procedimientos ha dado lugar a críticas formuladas por algunos escritores más minuciosos que analíticos, que le atribuían el sentido de procedimiento judicial o formulario, ajeno a la jurisdicción nacional. Necesario es, por lo tanto, detenerse a aclarar este concepto de nuestra ley.

Muchos sentidos tiene la palabra procedimientos en derecho; pero tratándose de adquirir la propiedad de las minas, no puede atribuírsele más de tres significaciones; 1*, la que se refiere a la gestión de los derechos particulares ante el Estado como dueño originario de todas las minas, o sea, procedimiento administrativo; 2% la que se refiere a la defensa ante los jueces, de los derechos discutidos, denegados o usurpados por terceras personas, o sea el procedimiento judicial o contencioso; 3% la que se refiere a los actos que toda persona debe realizar, sin los cuales no es posible manifestar la voluntad de ejercitar un derecho o contraer una obligación, y son inherentes a las cosas mismas, o sea, modos de adquirir.

- 273.  En los mismos elementos de las definiciones anteriores se contiene la visible distinción entre los dos primeros conceptos y el último. Los primeros son actos que se dirigen a las autoridades que forman parte del gobierno; y por lo tanto, dependen de las jurisdicciones respectivas de la Nación o de cada Provincia, y los segundos son de naturaleza tal que no se conciben sin relación a la cosa misma que se trata de adquirir, y por consiguiente, ajena a la calidad o investidura de las personas que representan autoridad. Llamamos a los primeros “procedimientos formularios”, y a los segundos

- (11) Código de Minería, Tít. III, Sec. II y III.

“procedimientos substanciales”, porque afectan la naturaleza misma de las cosas.

- 274.   Son comunes a la ley civil y a la ley minera los últimos procedimientos, que se refieren a los “modos de adquirir la propiedad”, según el título V, libro III del Código Civil, en el cual los actos tendientes a constituir la propiedad privada, que pueden denominarse “procedimientos para adquirir”, no importan crear un vínculo entre el particular y la autoridad, ni envuelven la idea de fuero judicial. En el Código de Minería la cuestión reviste una importancia especial, por la naturaleza y condiciones de yacimiento de las substancias minerales, y por su carácter jurídico de “bienes privados del Estado general y de los Estados particulares”, que impone desde luego reglas fundamentales de criterio para buscar, pedir y obtener la propiedad individual, sin afectar en nada las facultades del Estado, que puede, en lo nacional o provincial, determinar ante qué funcionarios y en qué forma ha de gestionarse esas adquisiciones.

- 275.  En conclusión, pues, cuando el artículo l^9 dice “procedimientos”, se refiere a los “modos de adquirir y explotar”, y no en modo alguno a la forma de proceder en juicio ni gestionar ante las autoridades; y en sentido más específico, nuestro texto se refiere a todos aquellos actos y formas que de tal manera afectan la esencia de las cosas o de los derechos, que no sean éstos concebibles o posibles sin ellos. Si hay extralimitaciones o confusiones, a veces, deben ser analizadas en el lugar que corresponda del comentario.

- 276.  “Adquisición, explotación y aprovechamiento”, dice la ley, y conviene determinar ciertos conceptos que facilitan la inteligencia de la misma.

El proceso legal adquisitivo de la mina nueva o descubrimiento, consta de varias etapas o grados, claramente marcados en la ley:

1Q Exploración, durante la cual el minero, que ha adquirido un derecho exclusivo de investigación sobre una extensión de tierra determinada, constituye un estado jurídico especial, que dura trescientos días como máximo, durante el cual ejecuta todos los trabajos conducentes a poner en evidencia y a la vista, el yacimiento mineral que desea adquirir.

2^9 Registro, o sea el conjunto de diligencias y actos que hacen constar el descubrimiento y determinan la apropiación provisoria de la mina por el descubridor, con exclusión de cualquier otro concurrente u opositor.

3^9 Labor legal, es decir, plazo que establece la ley para que el descubridor tenga hecha “una labor que ponga de manifiesto el criadero, de manera que pueda reconocerse su dirección, inclinación y grueso, y comprobarse la existencia y clase del mineral descubierto” (art. 133).

4^9 Mensura y demarcación de pertenencias, con lo cual, concluidas y salvadas las oposiciones y rectificaciones, se extiende por la autoridad competente, el título definitivo de propiedad (art. 244).

- 277. La explotación es el conjunto de hechos que realiza el minero para extraer los minerales de su yacimiento y ponerlos en condiciones de ser utilizados por la industria. Durante este período, que es el normal y definitivo, pues que en eso consiste la minería, es cuando se producen todos los actos jurídicos de carácter privado, no solamente con relación al dueño del suelo en que se halla la mina, sino del adyacente, por las inevitables comunicaciones que necesita el minero con el desarrollo de su empresa. Surgen de aquí, como primer período de esta situación jurídica, los difíciles conflictos con el propietario por causa de la apropiación del terreno en que la mina se encuentra, o sea las indemnizaciones, compensaciones o integraciones de valor, que constituyen por sí solas verdaderas minas de pleitos cuando la ley no ha sido bastante previsora y clara. Aquí es también donde surgen los conflictos entre minas colindantes, y los peligro-

sos casos de internación en las pertenencias ajenas, a que se refiere el título VIII del Código, y que viene a ser como una derogación de los principios fundamentales del sistema científico adoptado, o por lo menos, una excepción tan esencial, que modifica hondamente el concepto de la propiedad limitada y precisa. Finalmente, durante la explotación es cuando el minero tiene que encontrarse en continua relación con la autoridad para el cumplimiento recíproco de las obligaciones y condiciones del título IX.

- 278. ¿Qué entiende el Código por “aprovechamiento” de las substancias minerales? Podría creerse que se refiere exclusivamente a la facultad de disponer de los productos de la mina, como un bien cualquiera, y en este caso estaría esta palabra de más en un Código de minería, pues se regiría por la ley común; pero aparte de este sentido que no debe ser tomado aisladamente, sino en relación con el conjunto de actos que constituyen una empresa minera, existe este otro, más especial y que aclara el anterior: en la palabra “aprovechamiento” se comprenden todas las operaciones que la ciencia y la industria aconsejan para transformar el mineral bruto en metal u otra substancia utilizable en las necesidades u obras del hombre, para ponerlo en condiciones de expedición comercial, o para darles allí mismo el destino que llenan en las artes y demás empleos. Pero debe tenerse presente una circunstancia fundamental para que tal concepto no se aparte de los dominios de la ley de minas: que todas las operaciones a que nos referimos y que constituyen el aprovechamiento de las substancias, deben ser ejecutadas dentro de la pertenencia o dentro de los trabajos, sobre los minerales extraídos de la propia explotación, y ser partes o accesorios de las operaciones principales que forman la empresa; porque si ésta se propusiese principalmente el beneficio y reducción de minerales procedentes de sus propias explotaciones y de las extrañas, tendría entonces el carácter de una empresa industrial común, y sujeta, por tanto, a las de este género (art. 67).

- 279.  Si es verdad que tratándose de códigos toda definición es peligrosa, según el viejo aforismo romano, también es verdad que la mayor parte de las leyes o códigos no se definen, porque ellos mismos no han llegado a ser un conjunto acabado de doctrina, o una síntesis científica que pueda condensarse en una regla o máxima general y única. Antes de las dos últimas décadas de nuestro siglo, habría sido difícil, si no imposible, tentar una definición como la que ha consignado nuestro Código, porque ésta responde a una rama del derecho que venía formándose desde el siglo XVI, cuando reunidas por primera vez en España, en un solo cuerpo, las diversas leyes consuetudinarias y los frutos de la experiencia extraña, se dictó el Nuevo Cuaderno, base de nuestro derecho minero codificado. Pero las experiencias de dos siglos en la América española, la sociabilidad minera de las colonias, los hábitos y usos jurídicos que con ella nacieron, incorporándose a la jurisprudencia, concluyeron por constituir una verdadera ciencia, una rama distinta del derecho, con sus orígenes, elementos étnicos y sociales, y funcionarios propios y exclusivos.

Las leyes y códigos modernos no hicieron sino reflejar aquellos resultados de la práctica secular, modificando y perfeccionando sus fórmulas y procedimientos, de acuerdo con los descubrimientos y observaciones de la ciencia, que al introducir en las antiguas leyes mineras élementos nuevos, no cambió, sin embargo, los fundamentos principales sobre que se había formado el derecho de minas. Pero si el nuevo espíritu de método y de crítica condujo a los jurisconsultos a la fórmula definitiva de este derecho, el cual con la ayuda de la legislación comparada de Europa y América, con los elementos tradicionales de nuestra propia raza y antecedentes históricos, y con los que suministraban las leyes y códigos generales de la Nación, tomó cuerpo y proporciones definidas y concluyentes en nuestro Código de Minería.

- 280.  No acostumbran los autores de códigos mineros definirlos en síntesis, como lo hace el nuestro en su artículo l^9.

Por lo general, los demás se limitan a determinar los objetos o fines a que se aplican y las cosas que comprenden. Así, por ejemplo, tomando los más completos, citaremos la ley francesa de 1810, cuyos artículos l^9, 2^9, 3^9 y 4^9 se limitan a enumerar las substancias minerales, clasificarlas y determinar su apropiación, sin que en modo alguno se contenga una definición jurídica de la ley misma: las leyes españolas de 1849, 1859 y el Decreto-Ley de 1868 se limitan a declarar qué géneros o clases de substancias “son objeto especial del ramo de minería”, y en seguida a fijar los principios sobre su clasificación y apropiación; el Código de Minería de Chile, de 1874, que sirvió de comparación y fuente en muchos casos al nuestro, tampoco da una definición, sino que sigue el sistema de las anteriores leyes, diciendo en su artículo l^9: “Son objeto del presente Código las minas de oro, plata, cobre, etc.”; y el reformado de 1888 suprime aun esta forma de definición, subordinando toda idea de clasificación y método al principio de la propiedad. Semejante principio, aunque más ordenado y metódico, adopta el Código de Antioquía de 1887, vigente hoy como Código Nacional en la República de Colombia; el de Honduras en 1880 adopta el mismo sistema del de Chile de 1874, lo mismo que el de Méjico de 1884, modificado completamente por el de 1892 que, por su sistema y construcción, puede definirse diciendo que es la ley que rige la propiedad minera.

- 281. Según las fuentes constitucionales de nuestra legislación general, la de minas debía, por mandato expreso de la Constitución (art. 67, inc. 11), hallarse condensada en un código que, por lo menos, debiese equipararse al Civil, Comercial y Penal. Debía ser por lo tanto, una verdadera síntesis científica de esta rama de la legislación nacional. Por eso el codificador ha desentrañado de todas las leyes dispersas de la antigua Colonia, de todas las extranjeras y patrias, armonizadas con la ciencia y el derecho nuevo, los elementos jurídicos, científicos y sociológicos de esta unidad o síntesis que se llama un Código, y que es algo más que una reunión de leyes concordadas o de preceptos simplemente reunidos.

Tratándose de una materia que por primera vez se presenta con todos los lineamientos de una ciencia codificada, que debía ser sometida a la interpretación y aplicación judiciales, las ventajas de una acertada definición, que fuese como un preámbulo o introducción de la ley misma, no podía desconocerse, ya que esas reglas generales, en determinados casos, sirven de guía al comentador, al juez y al interesado. “El verdadero sentido de la ley, dice el juez Kent, debe, general y estrictamente, buscarse en el cuerpo de la misma ley. Pero tal es la imperfección del lenguaje humano, y la necesidad de preparación técnica en los autores de las leyes, que éstas, con mucha frecuencia, dan lugar a las dudas y discusiones más abrumadoras y sorprendentes, nacidas de la ambigüedad con que están concebidas. Se necesita la más grande experiencia, así como el dominio más penetrante de la dicción, para redactar una ley en términos tan claros y precisos, que la eximan de las expresiones ambiguas, y de toda duda y crítica sobre su sentido” (12).

- 282. Hemos hablado de los varios elementos que comprende la ley minera —derechos, obligaciones, procedimientos, y sus objetos generales— la adquisición, explotación y aprovechamiento de las substancias minerales. Estas últimas son las cosas u objetos materiales sobre que versan esos diversos actos, ya se presenten en la forma de minas propiamente dichas, o sea filones, masas o capas que requieren explotación ordenada y científica, ya solamente en forma de yacimientos superficiales y accidentales, y para cuya explotación o extracción bastan los medios empíricos de la apropiación natural.

Comprendiendo, pues, en la palabra minas todas las formas de yacimiento de las substancias, ellas son las cosas

(12) Commentaries on American Law, P. III, Lect. XX, N^9 5. de nuestro derecho, y en tal sentido debemos entender los términos del artículo l^9. Sin embargo, de esos mismos términos pudiera suscitarse una cuestión de jurisdicción entre las ramas civil y especial del derecho: sobre a cual de ellas correspondería regir los derechos reales constituidos sobre esas substancias, y si ellos no participan también de todos los caracteres especiales de las minas mismas.

De acuerdo con los comentarios y la jurisprudencia francesa, nuestro Código ha resuelto esta duda en el artículo 11, diciendo que las minas se rigen por los mismos principios que la propiedad común, en cuanto no esté expresamente legislado por él, es decir, en cuanto los actos que se realicen no revistan los caracteres estrictos de adquisición de la propiedad originaria de explotación de las minas, o aprovechamiento de sus productos. Aquí encontramos los elementos de la distinción fundamental entre ambos derechos; porque la compra-venta de minas ya concedidas, la cesión por cualquier título, de derechos adquiridos sobre ellas, la disposición del dueño sobre los minerales extraídos, son actos que han salido del dominio de la especialidad para caer en el derecho común, en su calidad de bienes, ya sean corporales como las minas, ya incorpóreos como los derechos reales o títulos que sobre ellas puede establecerse.

El Estado que concede, no interviene en ninguna de las transmisiones posteriores del primer adquirente, que es un verdadero propietario, siendo este uno de los elementos que hacen de la propiedad minera un derecho perfectamente igual al que se establece sobre las cosas comunes. Las condiciones inherentes a la concesión, que vienen desde su origen histórico, no son cargas que se establezcan expresamente: siguen la cosa misma, son esencia y parte del derecho concedido, y se transmiten a terceros sin límite. Las excepciones que el Código ha creído deber establecer a este principio, no se refieren a la facultad de disponer de la propiedad sino a ciertas formas de enajenación de los productos de la mina, que pueden conducir a hechos culpables o fraudulentos (13); pero estas limitaciones, como las que la moral y el orden público imponen sobre todos los derechos, no afectan la propiedad minera, que es por nuestra ley, en su concepto fundamental, verdadera y absoluta.

- 283.  Después del art. I^9, puesto en el Código como un preámbulo que sintetiza y define toda la materia, conviene, para abarcar de un solo golpe de vista toda su arquitectura, presentar una sinopsis del mismo, que, a la vez, nos hará comprender todos los elementos que constituyen esta unidad científica, este cuerpo de doctrina que llamamos “derecho de minas”.

Las legislaciones de otros países, menos desarrolladas que la nuestra, se forman generalmente sobre el principio de la propiedad, ramificándose de allí sus varias secciones hasta sus detalles. Nuestro Código ha comprendido todos los alcances de esta ciencia, y sobre sus bases jurídicas y científicas ha levantado la siguiente fábrica, sujeta a una trabazón y método propios. (Véase el cuadro sinóptico al frente.)

- 284.  Analizado, pues, en conjunto, el método del Código, se advierte la indebida colocación de los títulos IV y V, rompiendo toda la unidad del sistema, o induciendo en graves confusiones, que no han dejado de ser notadas en la práctica, y consisten en creer que las reglas fundamentales comprendidas en los títulos I, § § 2^9 y 3^9, y en el III, son aplicables sin excepción y en todo caso, a todas las substancias minerales enumeradas en el § l^9 del título I; porque, no solamente no se ha hecho aclaración alguna en el texto, que salve el error, sino que los títulos IV y V, colocados después de esos principios generales y antes de las reglas sobre la adquisición de minas en general, aparecen comprendidos en aquéllos y anticipan nociones que son excepcionales con relación a las que establecen los títulos VI, VII, VIII y IX, apare-

(13) Código de Minería, Tít. XIII, arts. 349, 350.

EL CODIGO DE MINERIA (*) SE DIVIDE EN

PARÁGRAFOS             ARTÍCULOS

| I. Clasificación y división               2—  6

< II. Del dominio ................... 7— 12

1 III. Caracteres especiales               13— 18

19— 22 í I. Del derecho de exploración         23— 30

< II. Limitaciones ................... 31— 39

f III. Derechos del propietario         40— 41

í I. Adquisición del suelo               42— 47

' II. Servidumbres .................. 48— 57

1 III. Responsabilidades                 58— 67

1 I. Aprovechamiento común          68— 71

1 II. Concesión de pertenencias         72— 84

i III. Demarcación de id               85— 90

' IV. De los descubridores .......... 91— 93

| V. Del amparo y caducidad de conce-

I    siones .......................... 94—101

| VI. Relaciones entre concesionarios y

■,    dueños del suelo                   102—105

106—109

i I. Descubrimiento y manifestación    110—116

| II. Registro ....................... 117—119

’ III. De los que pueden manifestar por otros ........................ 120—124

i IV. Concurrencia y preferencia .... 125—131 ’ V. Derechos y obligaciones del descubridor                         132—137

TÍTULOS                SECCIONES

I. De las minas y su dominio.

- II. De las personas que

pueden adquirir

í I. De la exploración o

- III. Relaciones entre el 1      cateo.

propietario y el <

mmero.                 i tt ta i       i .   • »■

[ 11. De la explotación.

- IV. Substancias de 2?

categoría.

- V. Substancias de 3^9

categoría

i                                                                                                                                                                                                                                    i

I. De los descubrimientos.

- VI. Adquisición de mi- TT ta i

_                   / II. De las minas nue-

245—247

248—250

251—253

254—260

261—268

269—274

275—281

282—294

295—304

305—309

310—311

312—322

323—326

327—329 330—333 334—336

337

338—339 340—342 343—348 349—351 352—355 356—364 365—372 373—375 sinópticas.

- III. Linderos ......................

- IV. Rectificación e impugnación

- I. Criaderos comprendidos dentro de

la concesión ....................

- II. Internación de labores en pertenencias ajenas ..................

- III. De los grupos mineros

- I. Pueble .........................

- II. Despueble

- I. Contitución y condiciones

- II. Administración de la mina

- III. Disolución del contrato

- I. Constitución de compañías

- II. Administración ................

- III. Concurrencia a gastos extraordinarios ..........................

- IV. Inconcurrencia y sus efectos

- V. Oposición al requerimiento

- VI. Disolución de la compañía

- VII. Prerrogativas .................

- VIII. Compañías de cateo o explora

ción y queda fuera de las clasificaciones e

cias y su demarca-                            4

ción.                                                 1

- VIII.  Efectos de la

constit ución  de                         *

pertenencias.                                     1

TV  „ j. .      i  >  | I. Amparo o pueble. )

- IX. Condiciones de la 1                          (

concesión.          | II, Condiciones de la

\      explotación

- X. Avíos de minas.                              |

- XI. De las minas en                          1

compañía.                                     |

- XII. Sociedad conyugal............................

- XIII. Enagenación y venta

- XIV. Prescripción

- XV. Arrendamiento

- XVI. Usufructo .................................

- XVII. Disposiciones transitorias

(*) El artículo l^9 define el Código en general,

ciendo por tal manera la excepción antes que la regla. Por lo tanto, esos títulos excepcionales a todo el sistema fundamental, debieron ser colocados a continuación del que lleva el número IX, pues con éste concluye la materia relativa a la adquisición y condiciones de las concesiones de minas propiamente dichas, siendo aquéllas de distinta naturaleza y modalidades.

Por otra parte, ha podido el Código simplificar mucho su mecanismo, reuniendo bajo un solo título toda la parte que comprende los contratos y entraña modificaciones o excepciones al derecho común, por razón de la especialidad, o porque el Código Civil no los ha legislado; así, los títulos X a XVI podían formar uno solo y simplificar inmensamente la redacción.

- 285. El Código comprende cuatro partes principales, clasificadas del punto de vista jurídico y práctico, que conviene también enumerar:

- I. Parte general y doctrinal, que puede titularse “de las minas y de su dominio”, y comprende los títulos I y II.

- II. Parte especial, que trata de las relaciones y conflictos entre la propiedad del suelo y de la mina, y comprende el título III.

- III. Parte especial, que trata de la adquisición de las minas de toda clase,y comprende los títulos VI, VII, VIII y IX, y su apéndice: los títulos IV y V que tratan de las minas de 2* y 3* categoría.

- IV. De los contratos en materia de minas y las modificaciones o excepciones al derecho común sobre los mismos, comprendidos en los títulos X al XVI.

LECCION VII

CLASIFICACION Y DIVISION DE LAS MINAS

§ I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- 286. Es parte esencial de esta lección la clasificación de las substancias minerales, asunto que ha ocupado y ocupa grandemente la atención de los jurisconsultos. Su importancia, por otra parte, es fundamental porque es el punto de partida de toda ley minera, como que se trata de las cosas mismas, objeto del derecho, que se llaman minas. Y como éste ha debido tomarlas en el estado en que las presenta la naturaleza, por fuerza ha tenido que ocuparse de las leyes científicas que determinan su yacimiento, su utilidad y su explotación. De aquí se ha derivado la mayor gravedad y dificultad del problema de establecer bases fijas y exactas para una clasificación que, hallándose fundada en la ciencia, se ajustase a la vez a los principios de equidad y justicia, sobre las cuales habría que fundar las concesiones a los particulares, y aun para determinar el principio de la propiedad originaria de las substancias minerales. O se creaba una clasificación puramente científica, basada en los caracteres mineralógicos, y entonces se trastornaba todas las nociones más elementales y absolutas del derecho, o la clasificación se arreglaba convencionalmente y sólo del punto de vista de los derechos, 7 entonces, contrariando a sabiendas la naturaleza de las cosas, se daba existencia a un orden legal absurdo, de imposible realización. Y he ahí la alternativa, ante la cual las leyes de todos los países, desde los tiempos más antiguos, han tenido que conciliar, modificando los principios jurídicos referentes a la propiedad y a la adquisición, según las diferencias establecidas por la naturaleza respecto de cada substancia. Esas mismas legislaciones, según ya se dijo, han venido siguiendo el desarrollo de la ciencia, conformándose, en cuanto era compatible con la existencia del derecho mismo, a sus experiencias y resultados.

Así, pues, la ciencia y la ley minera, han nacido para vivir en conflicto perpetuo, puesto que ambas contienen elementos que no pueden cederse una a otra; y como la misión del legislador es de armonía y conciliación, y la ley, dependiendo de la voluntad humana podía, más que la ciencia, amoldarse a los hechos naturales irrevocables, han sido las leyes las que, reconociendo lo absoluto de la ciencia, han fundado sistemas de clasificación que concilian y armonizan los términos contradictorios. Luego, debemos deducir una doble consecuencia general de estos raciocinios. El Código de Minas no podía fundar un sistema perfecto, que fuese inmutable y basado exclusivamente en los principios del derecho, por lo mismo que no sólo de elementos jurídicos se componía, tratando de cosas tan especialmente dispuestas por la naturaleza, y cuya condición es tan ajena a la voluntad del legislador; tampoco podía adoptar la ciencia pura como fundamento, por la razón enunciada antes; luego, para concluir, establezcamos las principales deducciones:

1* No es posible una basé de clasificación absoluta e inmutable, ni en la ciencia, ni en el derecho.

2* No es posible una clasificación perfecta.

- 287. Pero importa especializar el análisis de la cuestión relativa a las clasificaciones científicas, por cuanto los conocimientos técnicos, sus descubrimientos y progresos incesantes, hacen que todo método científico goce desde luego del mayor prestigio, pudiendo, por lo tanto, fácilmente inducir en error, aun a los espíritus más ilustrados.

- 1. La ciencia mineralógica divide y clasifica los minerales según sus caracteres intrínsecos, sus leyes de analogía físicas o químicas, relativas únicamente a la materia inorgánica, por el solo hecho de existir y sin miramiento alguno hacia las doctrinas según las cuales un hombre o un Estado, van a apoderarse de ellos, con exclusión de otros, para sus fines utilitarios. La primera rige y estudia las materias según los principios de su formación y la cohesión de las moléculas que forman el cuerpo inorgánico: el derecho prescinde de esas circunstancias y sólo las toma en su calidad de cosas y bienes susceptibles de apropiación y utilidad, que otros conceptos de la ciencia determinan a su vez.

- 2. Una misma substancia, por ejemplo, el oro, cuerpo simple, invariable en su esencia, se presenta en la naturaleza en dos diversas condiciones generales de yacimiento: en /¿iones o vetas, y en lavaderos o placeres. La ley que conceda su propiedad a un individuo, no puede ser uniforme para uno y otro caso, porque en el primero acordaría una gran riqueza relativa en un pequeño espacio de terreno, mientras que en el segundo, en el mismo espacio no acordaría una cantidad apreciable siquiera, de mineral puro. Sin embargo, para la ciencia, el oro de filones es el mismo que se extrae de los yacimientos superficiales y extensos llamados placeres y lavaderos, en su caso. Luego, pues, no podría ser equitativa la regla que se fundara en los caracteres físicos de la substancia misma.

- 288. Lo mismo que dijimos respecto a las formas jurídicas de la apropiación, puede decirse respecto de la mayor o menor importancia industrial de cada substancia; porque la ciencia mineralógica, al clasificar una substancia, no tiene tampoco en cuenta el que deba ser empleada para acuñar moneda, o construir puentes, u objetos de arte, sino pura y exclusivamente los caracteres íntimos de la materia en sí y por sí. Son otras las ramas de la ciencia que de eso se ocupan. Pero el derecho, para fijar las reglas según las cuales se ha de adjudicar los minerales a los particulares, se fija muy principalmente en la mayor o menor importancia de cada mineral en las industrias, las ciencias, las artes, y el comercio universal.

Es propio de la ciencia en todos sus ramos, el ser perfectible y mudable; y de aquí se desprende otra importante consideración: que siendo el objeto de la ley de minas el crear en favor de los particulares verdaderos derechos de propiedad, cuyos caracteres son precisamente la inmutabilidad y la inviolabilidad, los que se constituyesen sobre las cualidades puramente científicas de las minas, no podrían, lógicamente, llenar estas condiciones del derecho de propiedad. Luego, ellas no pueden servir de base a la constitución de una propiedad firme y duradera, como lo quieren la doctrina y la naturaleza de la industria minera.

En conclusión, pues, se puede establecer: l^9, que los principios de la ciencia mineralógica, exclusivamente, no pueden suministrar las bases de una clasificación de las minas que satisfaga los caracteres del derecho, y 2^9, que la mejor regla de clasificación deberá buscarse en un sistema que concilie ambos extremos.

- 289. Tratemos, ahora, de desentrañar de todas las leyes vigentes las diversas bases de clasificación legal adoptada como fruto de la experiencia, la tradición y la ciencia misma, dando siempre como carácter general de todos, la ausencia de un sistema uniforme, mucho menos único. En todas esas leyes se manifiestan los siguientes sistemas, fundados en:

l^9 La naturaleza de las substancias.

2^9 Las condiciones de su yacimiento.

3° Los métodos de explotación que cada substancia requiere.

4^9 La importancia, o valor industrial o comercial.

5^9 Ser concesibles o no concesibles (método puramente legal) •

6^9 La relación de dependencia o accesión entre el suelo y el subsuelo mineral.

Aunque vamos a analizar cada uno de estos sistemas por separado, debemos determinar, sin embargo, como cualidad de todos ellos, la de que ninguno subsiste por si sólo, como base única de clasificación en ninguna ley que conozcamos: ninguno contiene la suma de elementos necesarios para fundar aisladamente un sistema legal completo. Y la razón fundamental de esto es que las diversas substancias minerales sobre que se legisla, varían unas respecto de otras en naturaleza, condiciones de yacimiento, importancia o utilidad industrial, y relaciones de adherencia o dependencia del suelo. Veamos ahora, en detalle, cada uno de estos métodos.

- 290. Primer sistema. — Se funda en la naturaleza de las substancias, y tiene el gran inconveniente de que la clasificación sería tan múltiple que cada substancia, o cuando menos, cada división técnica constituiría un orden jurídico distinto. Tendría que legislarse para cada una de modo diferente, y la ley sería un caos indescifrable, incomprensible: la confusión misma. Además, el legislador, la autoridad, el juez, tendrían que incorporar a sus procedimientos los métodos que la ciencia ha descubierto y emplea para clasificarlos en sus laboratorios, para acordar su concesión o determinar su propiedad en cada caso, y esto repugna profundamente a la naturaleza del derecho minero, cuya cualidad primordial es la celeridad en los procedimientos y la seguridad en los derechos que acuerda; y por este sistema no solamente sería imposible conseguir que se atendiese debidamente la expedición de tan prolijas operaciones, sino aun determinar con la necesaria precisión las separaciones absolutas entre una substancia y otra, y declarar cuál de ellas debería predominar, a los efectos de la concesión, cuando se presentasen combinadas o mezcladas, si había de concederse por oro, por plata o por cobre, y en cada caso, qué extensión se acordaría a cada concesionario, y qué regla de avaluación o preferencia había de seguirse. Respecto de una misma substancia, por ejemplo, el hierro, que se presenta bajo formas diversas de yacimiento — filones, rebosaderos, pantanos— el choque sería inevitable, porque atendida la naturaleza de la substancia, habría que acordar un mismo sistema, una misma cantidad, o una misma extensión, y la manera de conciliar esta exigencia de la lógica, con la diversidad de los yacimientos, sería cuestión de eternizar los trámites y de no llegar jamás a dar forma a una ley suficientemente comprensiva de todas las incidencias, excepciones y distingos por causa de las variedades señaladas. Tal ha sido el sistema adoptado por la ley francesa de 1810 (art. 2^9), el cual, apenas sometido a la práctica de los tribunales y a la interpretación de los jurisconsultos, ha quedado, por efecto del absurdo de su enunciación, transformado de tal manera, que ni una sola opinión sostiene hoy su sentido literal: uno es el sistema escrito en la ley, y otro muy distinta el sancionado en la práctica por tribunales y comentadores. Luego, aconsejan aclarar este sistema razones de carácter científico, exigencias de método, resultados de la experiencia y condiciones inherentes a la minería práctica.

- 291. Segundo sistema. — Este sistema se funda en las condiciones de yacimiento de cada una de las substancias minerales, o sea la manera como aparecen dispuestas en la corteza terrestre. Si hubiese de tomarse como base o tipo de clasificación esas condiciones, se tendría quizá el mismo efecto que notamos respecto del primer sistema; esto es, que habría tantas clases y categorías de minas como substancias o materias existen, y por tanto, infinitos modos de adquirirlas, distintos entre sí, con su sistema jurídico propio. Una ley sencilla, clara y expeditiva sería imposible; y en cuanto al derecho mismo de propiedad sobre cada substancia, no sería posible establecer una regla uniforme. El oro y demás metales preciosos y útiles, que yacen en vetas o masas de corta extensión y poca intensidad, no podrían equipararse, en cuanto a su apropiación, con el carbón de piedra, ni éste con los salitres, ni éstos con las canteras; y así, dentro de cada género o grupo mineral, cuyas condiciones de yacimiento son tan diversas y variables, según la naturaleza de las substancias mismas, según sus afinidades con las rocas que constituyen los diversos terrenos, y sus asociaciones y mezclas.

Y luego, otra de las razones que hacen este sistema digno de análisis, es que unos minerales se encuentran colocados a grandes profundidades, formando parte de la corteza terrestre, y otros se hallan como esparcidos sobre la superficie para que el hombre los vea y los apropie, sin más trabajo que el de la aprehensión material. Los primeros requieren conocimientos científicos, obras de arte ingentes y costosísimas, empleo de años y años de labor con capitales enormes, mientras que los otros, apenas para su descubrimiento se necesita la simple noción vulgar de los minerales útiles, y como decíamos, el hecho material de su ocupación. Y así sucede con los demás.

Siendo este uno de los sistemas mejor definidos, y el que más directamente se relaciona con la industria y los métodos de explotación, y siendo uno de los que entran en el sistema adoptado por nuestro Código, no ha bastado, sin embargo, para dominar e influir en toda la ley, y ser base única de clasificación en ninguna ley positiva, si bien se observan importantes disposiciones fundadas sobre él, como las materias que las leyes denominan de libre aprovechamiento, o común aprovechamiento.

- 292. Tercer sistema. — Consiste en tomar como base para la clasificación legal, los métodos de explotación que cada substancia exige según su naturaleza, yacimiento y aplicación. Sería, como a simple vista se comprende, entrar de nuevo en el dominio de la ciencia pura, y subordinar el sistema legal a las continuas mutaciones y perfeccionamientos de las ciencias y las artes; aparte de esto, siendo estos méto* dos del dominio exclusivo de la inteligencia, la ley y el Estado no podrían prescribir uno con exclusión del otro, sin llevar la tutela oficial a extremos reprobados y absurdos. Cuando más, la ley y la autoridad pueden, como lo hacen todos, exigir del minero las precauciones y medidas que garanticen la vida y la cómoda expedición del personal, y la seguridad de los trabajos vecinos. Por otra parte, la dicersidad de métodos, según la substancia y las condiciones de su yacimiento, traería el mismo inconveniente ya enunciado de la confusión, por la multiplicidad de los puntos de vista, o aspectos bajo los cuales habría que construir el sistema de clasificación. Por último, la ley no tiene potestad para averiguar, cuando concede a un hombre la propiedad de la tierra, o de un bosque, o de un depósito mineral, el método por el cual va a cultivar la primera, o la clase de maquinaria con que va a cortar o aserrar los árboles, o el procedimiento por el cual va a penetrar al interior del suelo, o revolver el lecho de los ríos o arenas para extraer el mineral. Bástale establecer condiciones resolutorias que aseguren a la sociedad el cumplimiento de los fines comunes de la ley del trabajo; lo demás es del dominio inviolable de la persona, de su inteligencia y de su voluntad.

- 293. Cuarto sistema. — Se basa este sistema en la importancia industrial, y por consiguiente, en el valor comercial de las substancias minerales. Este es determinado por el empleo y consumo del mineral, ya en la fabricación de la moneda, ya en las construcciones, maquinarias y transportes, ya en los mil usos de las ciencias y las artes; pero predominando sobre todos estos conceptos el primero y el segundo. Siendo así, la clasificación legal se fundaría en la diversa y variable importancia de cada mineral, y por lo tanto, tendríamos esta extraña e inadmisible consecuencia: que el método fundamental del Código, respecto a la propiedad y adquisición de las minas, dependería de las alternativas de la producción misma, de las diferencias de valor según la mayor o menor demanda del mineral mercancía, y muchas veces estaría en el poder de un gobierno o de un sindicato alterar profundamente el sentido de la ley, con sólo producir un acto o realizar operaciones de agio que dieran por resultado la valorización de determinados metales o substancias.

No puede la ley, en cuanto es un concepto filosófico, estar sujeta a estas caprichosas mutaciones de los precios, impuestas muchas veces por la astucia y el afán del lucro, ni aun por la variabilidad derivada de las necesarias progresiones de la industria humana. Luego, la experiencia ha demostrado que de un momento a otro, una materia que nada valía, adquiere, por un invento inesperado, una inmensa importancia; y viceversa, metales que gozaban de altas cotizaciones, caen de pronto por exceso de producción o por cambios en las leyes monetarias y otras causas que rigen los valores en el comercio universal; un dueño de yacimientos pobres de gran extensión, que apenas podía amparar con el trabajo obligatorio, se ve de súbito colocado en situación privilegiada, y el que por razón de su importancia obtuvo apenas tres pertenencias de minas de oro o plata, es decir, 600 por 300 metros, que es el máximum, se encontraría en situación enteramente desigual respecto del primero. En una palabra, queremos concluir diciendo que no puede, por si sólo, ser base de un sistema de clasificación —que debe ser tan permanente y duradero cuanto lo permita la naturaleza misma de las cosas y de las leyes, y que debe reglar la adquisición de estos bienes por los particulares o el Estado— precisamente lo que, por su esencia, es mudable e incierto, sin exponerse a fundar un Código deleznable que viva lo que viven los valores en el mercado, pues nada, como se ha dicho, es tan inseguro e instable como ellos.

- 294. Quinto sistema. — Ha nacido, puede decirse, este sistema, de la necesidad de simplificar lo más posible las clasificaciones existentes. Pues que todo se reduce a fijar las reglas según las cuales se ha de acordar a los particulares la propiedad y explotación en su único provecho, de las substancias minerales, y como la naturaleza y la experiencia han establecido ciertas divisiones generales en cuanto a su yacimiento y medios de explotación, nada más fácil que reducir todas las substancias, del punto de vista legal, a dos grandes categorías: concesibles y no concesibles. Pero pronto se encontró el legislador conque, dentro de cada una de esas categorías, debía incluirse una infinidad de excepciones y especificaciones, muchas de ellas tan fundamentales como lo principal, que le obligaron a crear nuevas clases o divisiones impuestas por los principios inmutables de la justicia y de la equidad que presiden el nacimiento de todo cuerpo legal. No disimula el autor del Código argentino su predilección por este sistema, en teoría, y en sus varias inconsecuencias, nacidas sin duda de la enormidad de la obra: incurre en la de preferir este sistema unas veces, e inclinarse otras a algún otro de los mencionados, para resolverse al fin por el de que rige. Veamos cómo explica él mismo la razón por la cual abandonó este sistema.

“Nuestro pensamiento, dice la nota al art. 2^9, ha estado alguna vez decidido a la simplificación de las bases de la ley, y reducción de las substancias que debía abrazar; y la división más sencilla, sin duda, es la de substancias “concesibles” y “no concesibles”, esto es, substancias que corresponden exclusivamente al Estado, y substancias que pertenecen únicamente al propietario. En este sentido puede decirse que la segunda categoría de la ley está comprendida en la primera de esas dos clasificaciones, puesto que son concesibles todas las substancias que contiene. El propietario mismo para explotarlas, tiene que constituir una pertenencia legal, que es la verdadera concesión; y si algunas de estas substancias están destinadas al aprovechamiento común, no por esto dejan de ser concesibles y de servir para formar pertenencias mineras. No es difícil comprender la conveniencia práctica de hacer de las substancias concesibles dos clases separadas. De otro modo, o habría que sujetar a las mismas condiciones de adquisición y explotación substancias que difieren en utilidad, en yacimiento y medios de explotación, o habría que eliminarlas, haciendo así difíciles, eventuales y deficientes los beneficios que rinden a la industria, a las artes, a la sociedad entera; porque eliminándolas habría que dejarlas a la voluntad del propietario, esto es, a la indolencia, a la inhabilidad, a la escasez de medios para explotarlas. Pero aun excluidas todas las demás substancias y reducido el objeto de la ley a las metalíferas, siempre habría necesidad de establecer diferentes clasificaciones, no sólo según su importancia respectiva, sino según que esas substancias se presenten en filones, capas o masas, o según arranquen del seno de la tierra, o se encuentren esparcidas en la superficie, o en el lecho de los ríos” (1).

- 295. Sexto sistema. — Establece este sistema, como base para la clasificación legal, la relación de dependencia o accesión en que se encuentran las substancias minerales respecto del suelo superficial, o viceversa, según que éste debe ceder a las primeras. El primer caso constituye el sistema antiguo romano de la accesión, adoptado consuetudinariamente por la Inglaterra y los Estados Unidos, y según el cual, la propiedad de las tierras lleva consigo la de las minas que comprenden; en el segundo caso, sería la importancia o riqueza del mineral lo que determinaría la regla para la apropiación, y como nuestro Código ha resuelto esta cuestión según su propio sistema, veamos si el primero, que llamaremos de accesión, reúne las condiciones de una buena clasificación legal de todas las minas.

Ante todo, debe resolverse, en principio, estas dos cuestiones previas: si existe en el hecho una división absoluta entre el suelo y el subsuelo mineral, y en este caso, cuál de los dos debe considerarse principal y cuál accesorio. Esto nos conduce a las siguientes conclusiones: 1* Existe una separación perfecta entre el suelo propiamente dicho y el subsuelo mineral. 2* No es posible establecer una regla absoluta

(1) Código de Minería, nota al art. 2^9, edic. ofic. ni permanente para determinar cuál de esos elementos de la corteza del globo predomina en importancia, y según cuya regla deban resolverse en la práctica los conflictos entre los propietarios de uno y otro, cuando llegan al inevitable conflicto. El minero sostendrá siempre que todo valor cede al de su mina, que encierra en un pequeño espacio el valor de mucha mayor extensión de tierra que la que cubre su yacimiento; el propietario superficial no cederá jamás en su creencia: l^9, de que las minas comprendidas en el terreno son suyas, y 2^9, que la indemnización que ha de pagarle el minero debe resarcirle, no solamente el importe intrínseco de su tierra, sino los frutos pendientes, el lucro cesante, los perjuicios, y hasta su imprevisión al no haber advertido la existencia de tales minas bajo su dominio.

La misión de una buena ley consiste, en semejante situación, en adoptar un sistema que permita resolver todo conflicto de la manera y en la forma menos onerosa, menos tardía y más ajustada a los principios generales de la justicia; y ese sistema no sería, sin duda, el que reconociese como regla invariable de criterio la dependencia de la mina o de la superficie en todo caso, porque ni la naturaleza consiente una conclusión como esa, ni los orígenes jurídicos e históricos de nuestro derecho minero hacen posible, del punto de vista legal, una doctrina semejante, sujeta por su propia condición y relaciones, a cambios y modalidades diversas. Luego, por si solo, este sistema, que tiene su participación en la economía de nuestra ley, no puede servirnos de base para la clasificación de todas las minas.

- 296. Queda así demostrado que no es posible adoptar una clasificación puramente científica, ni cada uno de los sistemas que aisladamente acabamos de estudiar. Pero conviene mucho, sin embargo, para fijar los puntos de partida, en cuanto a la ciencia se refiere, y por vía de comparación y deducción, gravar en la memoria una clasificación exclusivamente técnica, y tomamos la que adoptó el doctor Brehm en su gran Historia natural.

El reino mineral se divide en:

SUB-REINOS

CLASES

SUB-CLASES

ESPECIES

PRINCIPALES

1* Atmosférico.

1* Gases.

Acido carbónico. Acido Sulfuroso.

(Sólidos de aspecto vitreo o terroso, e irreduc-’ tibies a metal ¡ por acción del| calor.

Sólidos, excepto el mercurio del lustre metálico yl reductibles a metal por acción del! calor.

II^9 No silíceas,' Caliza, con su apéndice,^ Yeso, las gemas (dia-'Fluorina, mantés, esmeral-i Fosforita, ypiedras.¡das, zafiros, etc.).(etc., etc., 2* Tierras y pie-(2rtosa-. dras silíceas. j Serpentina. (Mica, etc.

Oro. Plata. Cobre. Hierro. Plomo, etc., etc.

3^9 Metales.

Sólidos, excepto la nafta y petróleo ; ligerosj inflamables, y disminuyen del peso por la combustión.

4^9 Combustibles.

í Azufre. íSuccino.

\ Carbón de piedra (Lignito. 'Antracita, etc.

297. La sola lectura de este cuadro nos dice cuánta razón teníamos al hablar de las clasificaciones científicas, porque vemos agrupadas o separadas materias que legalmente se separan o se unen, y porque al mismo tiempo reconocemos cierta unidad de relación en las mismas clasificaciones legales, que, según dijimos, reconocían una base científica aun cuando no lo fuesen exclusivamente. Descartando el primer sub-reino, que para nada entra en nuestro estudio, y concretándonos al segundo, que comprende los minerales que yacen en la tierra, podemos señalar, por ejemplo, agrupadas en una sola clase, substancias que legalmente pertenecen a dos clases distintas, y se acuerdan de diferente manera a los particulares, como las piedras preciosas que pertenecen al Estado, las tierras que son de común o libre aprovechamiento y las piedras que pertenecen al propietario del terreno; y lo mismo puede decirse de los metales y combustibles, absolutamente

distintos por su naturaleza, y que por su importancia se colocan en la misma categoría. Cuando estudiemos la clasificación de nuestro Código se acabará de comprender la ventaja de esta comparación.

§ II

LEGISLACIÓN COMPARADA

- 298. Entremos ahora al estudio de las leyes positivas que han aplicado estas reglas y doctrinas, tomando no ya las más antiguas ni las más perfectas, sino aquellas que han influido más en la legislación general moderna, y que desde el principio se manifestaron con marcado espíritu sistemático y científico. Son la legislación y la jurisprudencia francesas las que mayor influencia han ejercido sobre nuestro derecho actual, no solamente porque desde el principio se presentó en forma codificada y sobre bases doctrinarias semejantes a las de nuestras tradiciones legislativas, sino también porque han sido siempre más directas y frecuentes las comunicaciones intelectuales de Francia con nuestro país. Razón fué esta, sin duda, para que las más de las naciones de nuestra América y algunas de Europa, adoptasen el sistema inaugurado por la célebre ley de la Asamblea Nacional de 1791; y los primeros códigos dictados para reemplazar las caducas Ordenanzas de Nueva España, sin abandonar los moldes tradicionales, ajustaron sus clasificaciones al modelo francés, que había aprovechado los frutos del movimiento científico del siglo XVIII para proyectar la primera clasificación sistemática y trascendental.

De aquí nace también la especial autoridad que para la explicación de nuestra ley minera tienen los fallos de los tribunales franceses y belgas, y los eminentes tratadistas en que han sido tan fecundos ambos países, hasta constituir para nosotros una fuente inagotable de estudio e interpretación. Si los legisladores de 1791 y 1810 nos han dejado las leyes, ha sido obra de los jurisconsultos belgas y franceses desde 1791 hasta hoy, los fundamentales progresos experimentados por nuestra materia, y manifestados en diversas leyes sucesivas que han ido incorporando en las antiguas los consejos de la crítica y los resultados de la ciencia.

- 299.  1. Antes de ahora hemos reseñado los documentos

legislativos que constituyen el derecho minero de la Francia: nos toca en este sitio penetrar en algunos de sus detalles. La ley de 28 de julio de 1791, discutida y dictada en medio del fragor de la Revolución, tiene una inmensa importancia, porque resumiendo todos los elementos del derecho antiguo, en cuanto tienen de inmutable, los funde en un solo cuerpo, inoculándoles los principios de la moderna ciencia y armonizándolos con las doctrinas liberales proclamadas por la Asamblea, como fruto de la filosofía y la crítica nuevas. En otra parte de nuestro estudio hablaremos del sistema que creó esta ley sobre propiedad: aquí debemos concretarnos únicamente a lo que estableció respecto de clasificaciones, aunque éstas se liguen íntimamente con la propiedad, que es su objeto final.

- 2.  Según el art. I^9 “las minas y mineras, tanto metálicas como no metálicas, así como los betunes, carbones de tierra o de piedra, y las piritas, están a la disposición de la Nación, en el sentido, solamente, de que no podrán ser explotadas sino con su consentimiento y bajo su vigilancia, con cargo de indemnizar, según las reglas que se establecerán, a los propietarios de la superficie, quienes, además, gozarán de aquellas minas que pueden ser explotadas al aire libre, o con excavación y luz, hasta la profundidad de 100 pies solamente”.

- 3.  “Nada se innova, agrega el art. 2^9, respecto de la extracción de arenas, gredas, arcillas, margas, piedras de construcción, mármoles, pizarras, piedras de cal y de yeso, turbas, tierras vitriólicas, ni las conocidas con el nombre de cenizas, y en general, de todas las substancias distintas de las enumeradas en el artículo anterior, que continuarán siendo explotadas por los propietarios sin necesidad de obtener permiso alguno". Cuando los propietarios no hiciesen esta explotación, el Estado podía conceder la, mina a terceros interesados para fines de utilidad pública, previa indemnización al propietario, de daños y perjuicios.

- 4. El art. 3^9 de esta ley, sancionaba incontrastablemente el derecho del propietario sobre todas las minas situadas en su fundo, ya en forma de preferencia cuando concurría con otros descubridores, ya de simple voluntad de emprender su trabajo; y el permiso, cuando lo pidiere, no podría serle negado.

- 300. Tales son los términos de esta ley, que condensaba todos los progresos científicos del siglo XVIII, a la vez que porcuraba conciliar los derechos adquiridos con los nuevos principios, siendo así, una ley de transición; pues al arrebatar a los ricos y privilegiados señores la posesión inactiva de grandes extensiones de tierra mineral, les dejaba, sin embargo, la preferencia y la libertad para explotarlas por su cuenta; y en cuanto a las substancias que enumera el art. 2^9 nada se innovaba.

Pero de un punto de vista más científico que legal, la ley de 1791, planteaba ya la división tripartita que se ha perpetuado, que la ley de 1810 perfeccionó, y que aún no pueden reemplazar leyes más recientes; es la siguiente:

l^9 Minas propiamente dichas, es decir, las minas metálicas y no metálicas, comprendidas entre ellas, las de combustibles.

2^9 Mineras, o sea las de substancias que se presentan en capas superficiales y de aluvión, y que comprenden también los metales en esta forma de yacimiento (2).

3^9 Canteras, sobre las cuales, según el art. 2^9, no se modificaba el antiguo régimen.

(2) Chicora et Dupont, Nouveau Code des Mines, pág. 282.

De todas estas especificaciones resulta, pues, que encontramos tres elementos o sistemas de clasificación combinados, a saber: naturaleza de las substancias (grupo primero), condiciones de yacimiento (grupo segundo), importancia de las materias (grupo tercero).

- 301.  Observan con razón los comentadores franceses en la ley de 1791, otros dos caracteres importantes de índole histórica, que concurren a aclarar su sentido: en primer lugar, la exaltación natural de las ideas reaccionarias contra un régimen secular de absolutismo, llevó a sus autores a exagerar los derechos individuales del propietario del suelo, si bien limitando su acción a 100 metros de profundidad; y en segundo lugar, la participación que daba al Estado como ordenador o regulador del trabajo, del punto de vista del interés de los mineros, por cuanto contribuía a metodizar sus explotaciones, y de la sociedad, en cuanto importaba asegurar esa misma producción ordenada y metódica, haciendo concurrir el mayor número en la apropiación de las minas.

- 302.  Esta concurrencia era uno de los principales fines económicos de la ley, pero involuntariamente incurría en una fundamental contradicción que frustró sus propósitos y fué causa de su reforma en 1810; porque proclamaba el principio de que las minas están a la disposición de la Nación, procurando así reaccionar contra el pasado, un pasado de monopolios injustos y favores personales, y al mismo tiempo inmo-bilizaba la propiedad de las minas, llenando de privilegios y preferencias al dueño del suelo, que ha sido y es siempre el gran obstáculo de la industria extractiva. “Tales ventajas reservadas al poseedor del suelo, protestaban tanto más infortunadamente contra la separación de la propiedad subterránea y la propiedad superficial, cuanto que condenaban a perpetua esterilidad el principio de la concesión” (3); y para acentuar más todavía la contradicción y el espíritu vacilante

- (3) Dufour, Les lois des mines, N^9 6.

de la ley, en su art. 4% limitaba las concesiones a un período de 50 años, restringiendo así, la liberalidad del principio fundamental, que hace de las minas un bien público. Volveremos sobre esta importante cuestión en otro lugar: por ahora ocupémonos de las clasificaciones adoptadas por la ley de 21 de abril de 1810, que aún rige en Francia y Bélgica, con pocas modificaciones substanciales, en cuanto su texto abarcaba.

- 303. “La experiencia había señalado demasiadas imperfecciones en la ley de 1791, para que no se advirtiese, bajo el Consulado y el Imperio, la necesidad de una revisión, que produjo la ley de 21 de abril de 1810” (4). Estas imperfecciones se referían a la clasificación misma de las substancias, y a los procedimientos para su enajenación y concesión al particular. Y en 1808, Fourcroy exponía en el Consejo de Estado las bases del proyecto para una nueva ley de minas, diciendo:

[1]

Código de Minería, Tít. VI, Sec. II, III y IV.

“El sistema de este proyecto reposa sobre el principio de que la propiedad de las minas no pertenece a nadie por su naturaleza y disposición, y que ellas deben, para el bien de todos, ser sometidas a reglas particulares en el goce que el gobierno concede a los que le ofrecen la garantía más firme para su explotación” (5). Reconocía, pues, la natural separación de la mina con respecto al suelo, el carácter público de la propiedad subterránea, y el principio de la concesión basado en la capacidad para trabajarla eficazmente, tal como el interés social lo reclama. Al propio tiempo, la nueva ley sancionada en 1810, establecía definitivamente la clasificación de las substancias minerales más ajustada entonces a la ciencia y a la ley, la misma que, con las interpretaciones y aclaraciones de la doctrina y la jurisprudencia, subsiste hoy sin alteración notable, si no son las agregaciones que nuevos des-

- (4)  Dufour, Ob. cit. N^9 7.

- (5)  Locré, Législation des mines, N^9 37.

cubrimientos han impuesto en el catálogo de los minerales útiles.

- 304.  Veamos, pues, qué base de clasificación adopta la ley de 1810, cuyo artículo 1Q dice: “Las masas de substancias minerales o fósiles encerradas en el seno de la tierra, o existentes en la superficie, son clasificadas, con relación a las reglas de explotación de cada una de ellas, bajo las tres denominaciones de minas, mineras y canteras". Comprende, por lo tanto, este primer artículo, dos elementos fundamentales de criterio para nuestra doctrina: el primero, es que comprende todas las substancias minerales sin excepción, y el segundo, que nos da la norma de sus clasificaciones, esto es, “las reglas de explotación de cada una de ellas”.

Creeríase a la simple lectura del artículo citado que se hubiese encontrado la base única de clasificación legal; pero cuando se recorre los comentarios y las sentencias de los tribunales, se encuentra que nada hay tan inexacto como esa afirmación, y a la vez uno de los casos más interesantes en que la doctrina y la jurisprudencia logran cambiar de raíz el sentido de una ley. A poco de ser proclamado el principio absoluto de las reglas de explotación, como principio informativo de la clasificación legal, presentáronse casos que vinieron a demostrar su inconsistencia como sistema único. El caso de las minas de betún, de la Echalassiére, comuna de Bastenes, vino a provocar una ordenanza que consagra la anulación de aquella regla, pues se concedía como mina propiamente dicha, un yacimiento de combustible explotable al aire libre, asimilándolo a los metales en filones, capas o masas, es decir, en la misma categoría, cuando imponen “reglas de explotación” completamente distintas. Importa mucho a la doctrina los términos principales en que se funda esta ordenanza, de 10 de octubre de 1829.

- 305.  “Considerando que el legislador ha establecido esta clasificación para las substancias “encerradas en el seno de la tierra o existentes en la superficie”, sin relación con la forma, las dificultades y los peligros de la explotación; así como ha comprendido (art. 4^9) cualquiera otra clase de substancias bajo la denominación de canteras, sea que se exploten al aire libre o por medio de galerías subterráneas; que si se admitiese otra interpretación, una mina sería unas veces no concesible, otras debería concederse, según que se explotase al aire libre o por pozos y galerías, circunstancias que pueden hallarse reunidas respecto de un mismo yacimiento”. Enumera enseguida otros argumentos de lógica invulnerables, fundados en los textos de la misma ley, y concluye: “Que la opinión que tendiese a considerar (el yacimiento bituminoso de Bastenes) como minera, daría por resultado introducir en el art. 2^9 una distinción arbitraria y peligrosa que podría aplicarse a todas las substancias que este artículo enumera, y extenderlo al artículo 3^9, por una asimilación que en nada se funda...”

- 306.  Comprendiendo lo imposible de tal sistema, como base única, y los trastornos con que amenazaba la legislación y la industria, los autores han aguzado su ingenio para torcer, en el sentido de una interpretación racional y científica, los términos de la ley (6). Iguales esfuerzos se advierte en las sentencias de los tribunales y en las decisiones del Consejo de Estado, uniformes, sin discrepancia alguna, en la interpretación que constituye la doctrina de la ordenanza de 1839 citada. Así, Chevalier, que citamos, sostiene que “la con-cesibilidad de una substancia, depende del hecho de su clasificación, y que la naturaleza de la substancia explotable, determina únicamente en qué clase debe encontrarse”.

- 307.  No menos ingeniosa, aunque sí más aceptable, es la explicación de Dufour (7), que dice: “Cuando el art. I^9 enuncia que la clasificación se hace con relación a la explotación, quiere decir solamente que la explotación está some-

- (6)  Ed. Dalloz, ob. cit., t. II, pág. 74. — E. Chevallier, Proprieté des mines, pág. 67. — Bury, Législation des mines, t. I, núms. 5 y 6.

- (7)  Ob. cit., N^9 9.

tida a reglas diferentes, según que se trate de una substancia que entra en una u otra clase, pero el mayor o menor interés que la sociedad pueda tener en la valorización (extracción) de las substancias, ha entrado por mucho en las reglas trazadas para su explotación, y por consiguiente, en el sistema de clasificación establecido a ese efecto, será ese un elemento de asimilación más seguro”. De las anteriores consideraciones deducen otros autores una nueva regla, que ha quedado, al parecer, consagrada sin oposición por los tratadistas y los tribunales: “que las substancias minerales son clasificadas entre las minas, mineras o canteras, según la naturaleza propia o intrínseca, y no según su modo de explotación, o la profundidad de su yacimiento" (8).

- 308. Para terminar, citemos las tres excepciones expresamente consignadas en la ley, a la regla fundamental que se apoya en la naturaleza de las substancias para asignarles su colocación en una de las tres categorías de minas creadas:

1* Los minerales de hierro, llamados de aluvión, se clasifican entre las mineras, mientras que las de hierro en filones o capas, constituyen minas propiamente dichas, si bien por los arts. 68 y 69 de la misma ley, éstas vuelven a la condición de minas, cuando por la forma de su yacimiento, no pueden ser explotadas al aire libre;

2* Las tierras aluminosas se clasifican entre las mineras, siendo que el alumbre está colocado entre las substancias de la primera clase, ateniéndose, por tanto, la clasificación a las condiciones de yacimiento, y “serán minas o mineras según que su explotación se practique por galerías subterráneas o al aire libre”;

3* Las tierras piritosas, susceptibles de ser convertidas en “sulfato de hierro”, son mineras, según el art. 3[1] [2], mientras que los “sulfatos de base metálica” son verdaderas minas (9).

Muchas substancias primitivamente no comprendidas entre las clasificadas en los arts. 2% 3^9 y 4% fueron agregadas por leyes especiales sucesivas, según que los descubrimientos científicos iban demostrando su existencia o su cualidades.

La insegura, caprichosa y varia interpretación de los autores a la cláusula del art. 2^9, sobre “reglas de explotación”, y las excepciones antes enumeradas al principio general de la clasificación de las distintas materias, prueba, pues, de modo evidente una vez más, cuán difícil es construir un sistema único como base de clasificación legal para todas las substancias minerales.

- 309.  1. Importa conocer la significación de estas diver

sas categorías del punto de visto jurídico, esto es, del derecho de propiedad originaria y de las facultades que se concede a los particulares que adquieren minas. Las minas que constan de substancias enumeradas en la primera clase no pueden ser apropiadas sino mediante una concesión acordada en Consejo de Estado (10) ; las mineras, clasificadas en la segunda categoría, se apropian y se explotan previo permiso del Prefecto del Departamento, o un simple aviso, según la naturaleza de las obras que haya de ejecutarse (11); en cuanto a las canteras, que forman la tercera clase de minas, basta su ocupación y aprovechmiento, como que pertenecen al dueño del suelo, una simple declaración ante la autoridad inmediata, a los efectos de la vigilancia técnica y policial (12).

- 2. Si bien los artículos ya conocidos enumeran las substancias que cada clase o categoría de minas comprende, esta enumeración no es limitativa, de manera que excluya las que no están incluidas en cada una de ellas. Así han podido ser clasificadas por actos posteriores de la ley, substancias que al tiempo de su sanción no fueron conocidas, o cuyas cuali-

- (10)  Ley de 21 de abril de 1810, art. 5^9.

- (11)   Id. id., arts. 57 y 58.

- (12)  Ley de 28 de julio de 1880, arts. 81 y 82.

dades se descubrieron más tarde. Sobre esto no hay discordancia entre los autores del derecho minero francés.

- 3. Del punto de vista de la ciencia, observa Féraud-Giraud, que aun cuando la clasificación de la ley de 1810 sea obra de un hombre de ciencia como Fourcroy, hay acuerdo en considerar que ella no tiene la pretensión de ser técnica y científica, sino industrial y administrativa. Así, se ha empleado la expresión, “serán consideradas como minas”, en lugar de: “las minas propiamente dichas son...” como se encontraba escrito en la tercera redacción del proyecto (13).

- 310. Tratándose de una ley de tanta importancia, y cuya influencia en los códigos modernos es tan profunda, conviene conocer las fuentes de interpretación más inmediatas y autorizadas, que podemos llamar auténticas, porque son las suministradas por los propios autores. Considérase como piezas inherentes, como partes integrantes de esta ley memorable, los siguientes documentos legislativos y administrativos que forman la explicación teórica y práctica de su texto:

l^9 Exposición de motivos del proyecto de ley sobre las minas, presentada al Cuerpo Legislativo por el conde Reg-naud (de Saint-Jean d’Angely) en la sesión del 13 de abril de 1810.

2^9 Informe sobre el proyecto, pronunciado ante el Cuerpo Legislativo por el conde Estanislao de Girardin, en la sesión del 21 de abril de 1810.

3^9 Instrucción del Ministro del Interior, Montalivet, del 3 de agosto de 1810, para la ejecución de la ley del 21 de abril del mismo año (14).

4^9 Discusión de la ley en el Consejo de Estado, publicada por M. Locré (15).

- (13)  Code des mines et mineurs, N^9 1.

- (14)  Se encuentran en la obra de Chicora y Dupont, ya citada, y en otras: en aquélla, págs. 346, 356, 376 .

- (15)  Législation sur les mines et sur les expropriations pour cause d^utilité publique, ou les lois de 21 avril et 8 mars, 1810, etc. 1828.

- 311.  Verdad es que pocas naciones de Europa han llevado el espíritu de método científico y jurídico a su legislación minera, como la Francia en su ley de 1810, cuya influencia pasó no solamente a los pueblos que dominó con las armas o con la política, sino a otros de distintas tradiciones y tendencias. En forma más o menos definida, la clasificación tripartita de esa ley ha sido adoptada por varias legislaciones, especialmente en los últimos años. Los demás países han adoptado por lo general el sistema de no hacer clasificaciones expresas, ateniéndose desde luego a la reglamentación lisa y llana de las diversas clases de minerales, o se han limitado a establecer la sencilla distinción entre minas concesibles y no concesibles, como la ley de Prusia de 1865, la de Austria de 1854, y la ley sarda de 1859. Otras legislaciones como la de Portugal de 1852, la de España de 1849, 1859 y 1868, con pequeñas variantes, adoptan el sistema francés.

- 312.  En América el movimiento de reforma legislativa en materia de minas, como en cualquier otro sentido, es incesante. Notable es al respecto la República de Méjico, cuyo último Código, el de 1892, declara sujetas a concesión, sean cuales fueren la naturaleza, forma y condición de sus respectivos criaderos o depósitos, las siguientes materias, divididas en dos grupos: l^9, oro, platino, plata, mercurio, hierro, excepto las variedades llamadas “de pantano”, “de acarreo” y los ocres usados como pintura; plomo, cobre, estaño, excepto el de acarreo; zinc, antimonio, níquel, cobalto, manganeso, bismuto, arsénico, ya sea nativo, ya en vetas; 2^9, piedras preciosas, sal gema y sulfuros. Las demás substancias quedan a la libre disposición del dueño del suelo (16). La clasificación del Código venezolano de 1891, se funda en una división tripartita según los derechos que acuerda al primer ocupante, al dueño del suelo, y al uso público, salvo los derechos de la Nación o del Estado en que se encuentran (17). El Código de

- (16)  Código de Minería de Méjico, 1892, arts. 3, 4 y 5.

- (17)  Arts. 2, 3 y 4.

Chile de 1888, alterando radicalmente el método científico del de 1875, para fundarse sólo en el interés fiscal, ha creado varias clases de minas, según su yacimiento, su importancia, o el modo de su explotación y atribuye su propiedad a los particulares en libre adquisición (los metales), al dueño del suelo, o al aprovechamiento común (18).

Esta inmensa y casi incalificable variedad de sistemas, no hace, pues, más que confirmar nuestra opinión de que ningún sistema permanente, inmutable, ya sea racional, ya científico, ya empírico, basta por si solo para satisfacer los fines de la ley de minas, y que, o debe adoptarse un método ecléctico, o tener en vista solamente, como el Código de Chile, el interés del fisco y la mayor producción.

- 313. Veamos ahora qué bases ha adoptado nuestro Código para la clasificación de las substancias que comprende y legisla. El art. 2Q expone el sistema:

Art. 2Q — Con relación a los derechos que este Código re» conoce y acuerda, las minas se dividen en tres categorías:

1* Minas de las que el suelo es un accesorio, que per» tenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden expío» tarse en virtud de concesión, otorgada por autoridad compe» tente,

2* Minas que por razón de su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo, y minas que por las con» diciones de su yacimiento se destinan al aprovechamiento co» mún.

3* Minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública.

Nuestro Código se ha separado en esta materia de las clasificaciones y de todos los moldes conocidos, si bien guarda relaciones con la ley francesa de 1810 en cuanto a las consecuencias del sistema. Constituyen la base general y fun-

- (18) Art. 2, 3, 4 y 5.

damental de la clasificación, los derechos que la ley reconoce y acuerda; y no podía ser de otro modo, pues que ella tiene por objeto conciliar las exigencias de la naturaleza con los principios jurídicos que rigen la apropiación de las minas. Cuando el artículo dice que “reconoce y acuerda’*, se entiende que reconoce derechos preexistentes en estas tres categorías de personas: l^9, el Estado; 2% los propietarios del suelo; 3^9, los particulares; y acuerda a los segundos y a los últimos, porque son los que pueden aprovechar las substancias minerales.

- 314.  Esta distinción debe explicarse, porque nunca se han observado al respecto nuestros antecedentes histérico-jurídicos, en los cuales consta que no todas las minas pertenecen al Estado, sino aquellas que por tradición y por la voluntad del legislador han sido reconocidas en esa condición. Nuestro Código Civil, que respecto de bienes públicos y privados derogó todas las antiguas leyes y costumbres, adoptando principios definitivos y generales, sólo comprendió entre los bienes privados del Estado general o de los Estados particulares las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y substancias fósiles, no obstante el dominio que tuviesen las per? sonas sobre la superficie. ¿Quedaban excluidos los demás minerales no enumerados, y en este caso, a quién pertenecían originariamente estos últimos? Y aunque la ley de 1875 que mandó redactar el Código de Minería generalizase más los términos* diciendo que debía tomarse como base la doctrina de que las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren, no habría razón para suponer que se propuso derogar el Código Civil, sino aclararlo, y sí solamente señalar al codificador un punto de partida, un principio general que confirmaba el dominio tradicional del Estado sobre las minas, sin entrar en distinciones de detalle.

- 315.  Así, pues, el Código reconocía derechos del Estado; y respecto de los dueños del suelo, les reconocía igualmente los que les correspondiesen según la genealogía de la propiedad real, hija del derecho romano, que se extendía hasta la mayor profundidad debajo del suelo, usque ad infero, y que influyó en los términos del art. 2518. Y por otra parte, la razón natural aconseja que se reconozca al dueño de la superficie esos derechos de preferencia sobre todos los minerales, no expresamente exceptuados por el principio excepcional del derecho regalista, incorporado desde muy antiguo en las leyes positivas y nuestras tradiciones jurídicas. Respecto de las minas de la tercera categoría, nada se innovaba, puesto que ni las leyes antiguas, ni las primeras leyes nacionales tampoco las comprendieron entre las de propiedad del Estado: ellas fueron siempre una accesión del fundo, tanto por su yacimiento más o menos superficial, como por su estrecha semejanza geológica con el terreno mismo.

Siendo el objeto del Código reglar el aprovechamiento de las minas por los particulares, esto sólo puede hacerse por medio de concesiones del Estado, dueño único de las minas de metales preciosos, piedras finas y combustibles, y por lo tanto, él “acuerda” derechos para que puedan explotarlas en provecho propio y de la sociedad.

- 316. Observaremos que la clasificación del artículo comprende así todos los sistemas que hemos enunciado, combinados de tal suerte que salva los inconvenientes advertidos en la ley francesa, y los de muchas otras leyes modernas que aún no han llegado a un método más o menos estable. Por otra parte, el sistema del Código abarca enunciativamente, todas las substancias minerales, se funda en conclusiones científicas muy avanzadas, y en nuestra opinión, consulta las necesidades de la grande y pequeña industria.

Este eclecticismo de la clasificación adoptada se advierte leyendo con atención analítica el mismo art. 2^9, relacionado con los sistemas antes expuestos. Así, tenemos en el primer grupo: a) “minas de las que el suelo es un accesorio”; sistema de accesión; b) “que sólo pueden explotarse en virtud de concesión”: sistema 5^9; c) “minas que por razón de su importancia” se acuerdan al dueño del suelo: sistema 4Q; d) “minas que por las condiciones de su yacimiento” se destinan al aprovechamiento común: sistema 2^9; e) “minas que pertenecen exclusivamente al propietario” y nadie puede explotar sin su consentimiento: este grupo pertenece de lleno al sistema de accesión de la ley romana, pues sólo en razón de la adherencia mineral a la superficie, es que las canteras han sido en todo tiempo y por todas las legislaciones exceptuadas aun del regalismo más absoluto.

§ III

EXPOSICIÓN Y COMENTARIO

- 317. La sola enunciación del artículo anterior nos ha demostrado en qué medida interviene en el sistema adoptado por el Código la ciencia mineralógica, y en qué proporciones ésta ha combinado y puesto sus elementos técnicos al servicio de la ley. Ahora, al enunciar las substancias que comprende cada categoría, comprenderemos mucho mejor esas circunstancias, a la vez que veremos aplicados a las minas mismas los principios genéricos de la clasificación y sus diversos puntos de vista.

Se ha dicho, quizá con razón en teoría, que una vez establecidas las bases de la clasificación legal, la enumeración de las substancias estaba de más, y sólo conduciría a confusiones y omisiones, siendo en todo caso un criterio científico el que intervendría en la inclusión de cada substancia en la categoría que le correspondiese según la ley. Pero ya en la Asamblea de 1791, el conde Girardin se dió cuenta de esta objeción, que contestó diciendo en nombre de la comisión legislativa: “No nos hemos ocultado que, en general, hay inconveniente en hacer entrar detalles minuciosos en una ley, pero hemos considerado que todo el sistema del proyecto reposa sobre la clasificación de las substancias que hacen su objeto. Era menester, pues, nombrar todas esas substancias para colocarlas en seguida, en sus respectivas divisiones”. Luego, aparte de que esta enumeración contribuye a aclarar, a manera de ejemplo, si se quiere, el sentido de la ley, ella ha sido considerada indispensable por todos los Códigos mineros, porque no se destinan solamente a clases ilustradas y especialistas, sino que se dictan para todos los que quieran consagrarse a la industria extractiva, y la enunciación respondía entonces a una verdadera necesidad, a hacer comprensible la ley aun a los criterios más empíricos.

- 318.  Podemos decir de nuestra enumeración lo que la jurisprudencia ha dicho de la ley francesa de 1810, que ella no es limitativa, sino simplemente enunciativa; y que no es completa ni concluyente, como no podía serlo tratándose de cosas sometidas a las investigaciones diarias de la ciencia. Exceptúanse, sin embargo, las materias que forman la primera categoría, que visiblemente la ley ha querido dejar separadas y exclusivamente enumeradas, pues los metales no comprendidos en esa enumeración constituyen el 5^9 grupo de la categoría 2*. Por lo demás, cuando tratemos del art. 6^9 desarrollaremos esta cuestión. Pero, indudablemente, a pesar de las separaciones de substancias homogéneas o idénticas, con fines o fundamentos puramente legales, se ve que ha presidido en la formación de los diversos grupos un perfecto conocimiento de las conclusiones científicas sobre cada género y especies minerales conocidos.

- 319.  Expongamos ahora analíticamente el art. 3^9, reemplazando así la prolijidad que no tuvo la redacción, y que para la claridad y fácil inteligencia de las leyes es tan necesaria, y formemos los grupos que implícitamente ordenó el artículo:

Art. 3^9—Corresponden a la primera categoría las substancias metalíferas siguientes:

l^9 Oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso y antimonio.

2^9 Los combustibles: hulla, lignito, antracita, betunes y aceites minerales.

3^9 El arsénico.

4^9 Las piedras preciosas.

- 320.  Respecto del primer grupo casi es innecesario observar que las especies principales que comprende son las que desde la más remota antigüedad han constituido las minas propiamente dichas, porque suministraban los metales preciosos, así para la fabricación de la moneda y los objetos de luto y arte, como para las armas, construcciones y usos de la ciencia. Sobre ellos, especialmente el oro y la plata, se fundó el regalismo de los gobiernos, basado en el privilegio que el derecho reconoce en el gobierno supremo de las naciones para acuñar moneda. Tal es el origen del regalismo latino, el germánico y el excepcional que sobre esos dos metales conserva por tradición o derecho consuetudinario, la corona británica. Nuestras leyes han ido quizá demasiado lejos al limitar el número de los metales que correspondían a la primera categoría, y formaban la propiedad pública, aventurándose a poner un término a los descubrimientos de la ciencia, ya que entraban en los motivos de la clasificación, la conveniencia del Estado y las consideraciones económicas que aduce el codificador al hablar del carbón de piedra.

- 321.  Las legislaciones europea y americana han vacilado mucho, desde muy antiguo, sobre la colocación que debían dar a los combustibles, especialmente al carbón de piedra, en las clasificaciones ideadas en todo tiempo. Desconocida hasta el siglo pasado su grande importancia en la industria y otras aplicaciones científicas, no se preocuparon los legisladores de asignarle un carácter especial, y lo dejaron, en atención a la forma de su yacimiento y al no contener substancia alguna metálica, entre las materias que formaban con el suelo superficial y con la propiedad común un solo cuerpo. Así se ha perpetuado en Inglaterra y todos sus dominios, de donde algunas legislaciones más rerum novarum apetentes que reflexivas y experimentales, adoptaron el sistema, sin parar su atención en que en la Gran Bretaña la condición de la tierra, en poder de los grandes propietarios feudales, varía por completo el problema. A fines del siglo XVIII el gobierno español, durante la buena época de Carlos III, comprendiendo el valor que adquiría el carbón de piedra, dictó varias disposiciones protectoras, estimulando su explotación por el sistema de las franquicias, y declaró por Real Orden de 20 de noviembre de 1789 que “no siendo el carbón de piedra metal ni semi-metal, ni otra alguna de las substancias comprendidas en las leyes y ordenanzas que declaran las minas propias del Real Patronato, sea libre su beneficio... Estas minas de* ben pertenecer a los propietarios de los terrenos donde es* tán...” Pero ya el Real Decreto de 4 de julio de 1825 (artículo 3^9), las declaró incorporadas al patronato, y así lo consignaron también las leyes de 6 de julio de 1859 y el Decreto-Ley de Bases de 1868, en cuyo art. 4^9, que comprende las substancias que sólo pueden aprovecharse en virtud de concesión, enumera la antracita, hulla, lignito, petróleo y aceites minerales y otros. Desde entonces la legislación hispano-ame-ricana, que tan de cerca seguía aun la de la patria originaria, incorporó también en sus leyes los combustibles entre las substancias concesibles o pertenecientes al Estado, hasta la reforma chilena de 1888 que declara, que “la explotación del carbón y demás fósiles.. • cede al dueño del suelo, quien estará obligado, en caso de trabajar, a constituir propiedad minera. ..” (19). Igual clasificación da al combustible mineral el nuevo Código de los Estados Unidos Mejicanos, de 4 de junio de 1894 en su artículo 3^9.

- (19) Código de Minería de Chile, art. 2; — respecto de los antecedentes, véase Lira, Exposición de las leyes de minería de Chile, página 123.

- 322.  Nuestra legislación desde sus comienzos se mostró avanzada en el sentido de las reformas. El Estatuto de Hacienda y Crédito de 1853, había excluido de la clase de las minas al carbón de piedra, dejándolo así á la libre disposición del propietario del suelo; pero al año siguiente el mismo Congreso lo declara comprendido en el art. 2^9 del Estatuto, es decir, entre las substancias pertenecientes al Estado y sujetas a concesión (20). El Código Civil, en el tantas veces citado artículo 2342, inciso 2^9, comprendió también entre los bienes de los Estados nacional y provinciales las substancias fósiles, y desde entonces quedaron incorporados los combustible minerales a la primera categoría, que nuestro Código no hizo sino reconocer y sancionar definitivamente.

- 323.  En cuanto a las razones de orden económico que han aconsejado al legislador la incorporación de los combustibles entre las substancias sujetas a concesión, ellas se fundan en el estado de nuestras industrias, en las dificultades que aún mantienen aisladas o distantes nuestras regiones carboníferas, circunstancias que hacen necesaria todavía la acción protectora directa del gobierno; a lo que se añade la naturaleza de la industria carbonífera, que no puede llamarse tal si no se practica en grandes proporciones y, por consiguiente, con grandes capitales. Dejar los yacimientos de carbón a la libre voluntad de los dueños del suelo, en nuestro país, en nuestras comarcas mineras, era exponerse a no ver jamás producido el combustible mineral, que un día ha de traernos la más grande de las revoluciones económicas, por nuestros industriales. La única manera de entregar tan rica fuente de riqueza al capital y a la concurrencia extranjera, era declararlo entre las materias que todos pueden explorar y obtener por descubrimiento y concesión. Y para acentuar más aún su espíritu protector, nuestro Código ha dispuesto que las pertenencias de carbón de piedra y demás combustibles consten

- (20) Ley N^9 6, de l^9 de diciembre de 1854.

de tres unidades de medida (21), y que las compañías puedan adquirir mayor número de pertenencias que los explotantes unipersonales. Los dueños del suelo no pueden ser explotantes de sus minas, a menos de no ser todos capitalistas y empresarios mineros, de lo cual resultan otros peligros mayores para la industria: l^9, que no conociendo la existencia de sus minas jamás serían utilizadas, y 2^9, que en caso de conocerlas o ser descubiertas por otros, hay que pagarlas a precios fantásticos, siendo así que por el sistema de la concesión, se obtiene gratuitamente, y sólo se indemniza el valor del terreno en que las minas se encuentran.

- 324.  El valor que en el mundo contemporáneo ha alcanzado el carbón de piedra, después de los últimos perfeccionamientos de las máquinas de todo género, nos excusa de mayores demostraciones. Francia, Bélgica, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, casi todas las grandes potencias financieras del día, han concentrado toda la atención de sus leyes mineras en la explotación del combustible, de tal modo que la exposición de esas leyes, su jurisprudencia y crítica, sería uno de los más vastos y atractivos objetos de una facultad de estudios experimentales y prácticos en las nuevas manifestaciones del derecho. Esa misma consideración nos lleva a pensar con un jurisconsulto belga que quizá los legisladores que han enajenado a perpetuidad todas las substancias minerales, tengan que alterar un día fundamentalmente las bases de la propiedad, por haber despojado a los Estados de bienes cuya importancia puede ser su salvación en el porvenir (22).

- 325.  1. Ocupan el último lugar entre las substancias del segundo grupo de minas, los betunes y aceites minerales. Estos, si bien se hallan bien colocados bajo la denominación genérica de combustibles, pudieran diferenciarse de ellos desde

- (21)  Véase arts. 226 y 338.

- (22)  Splincard, Des concessions des mines, N^9 6. dos puntos de vista especiales, que entran en las causas de clasificación: el estado y forma de su yacimiento y aparición en la superficie, y los usos industriales diversos a que se aplican algunos betunes y aceites. Así, por ejemplo, el petróleo que yace y asoma en estado líquido, al mantenerse en contacto con el aire se vuelve sólido y su empleo en la pavimentación, bajo la forma de asfalto, le asemejaría a los materiales de construcción, del punto de vista de su aplicación, si la profundidad de su yacimiento no lo equiparase a las minas propiamente dichas.

Esta circunstancia implica una cuestión jurídica de algún interés respecto de la propiedad y a la manera de determinar la pertenencia en la superficie. Siendo estas fuentes de betunes y aceites minerales de procedencia subterránea y de distancias no siempre fáciles de medir ni precisar, su aprovechamiento se asemeja en cierto modo, por una parte al de las aguas surgentes, en que un solo raudal puede ser explotado por distintos propietarios superficiales, por excavaciones en sus terrenos, y por otra al de las aguas corrientes que atraviesan más de un fundo superficial. En su origen la fuente o el caudal no son en realidad de nadie, pero cada uno de los dueños del suelo se apropia, por su trabajo, de una porción de él, de la que puede extraer para las necesidades de su fundo.

Tratándose de las minas de betunes o aceites minerales, además de que la naturaleza las coloca bajo el dominio de la ley de minas, sus especiales condiciones de yacimiento las ponen, por la fuerza de las cosas, bajo el dominio del Estado, único que puede adjudicar a cada explotante particular la parte de la fuente susceptible de ser aprovechada por él. Ciertamente, que muchas veces será posible que uno solo abarque la totalidad de un depósito, pero tanto en este caso de limitado espacio, como en el anterior, las condiciones jurídicas del problema son las mismas. Con el propósito de facilitar las explotaciones en grande escala, el Código acuerda hasta tres pertenencias a los descubridores, además de las que, a título de estímulo, concede a las compañías (23).

- 2. Por lo que respecta a la legislación económica de otros países, es curioso que los más abundantes en esta clase de substancias, y cuyas leyes nos son más conocidas, como la Rusia y los Estados Unidos, son aquellos en los cuales rige el principio de la propiedad particular; de manera que no pueden servirnos de punto de comparación para nuestro sistema en ese sentido. Pero sí es digna de estudio la legislación rusa, en todo lo relativo a las tierras petrolíferas del Estado, en las que rige un verdadero regalismo, que invade aún la esfera de las tierras concedidas a los naturales a título de goce perpetuo, pero no de plena propiedad: en éstas se reserva el dominio directo sobre las fuentes de petróleo (24).

En los Estados Unidos el régimen del derecho privado es mucho más definido, pues son menos extensas las tierras del dominio fiscal. Allí “el petróleo bruto es libremente explorado y extraído de los pozos por cualquiera que desea consagrarse a esta exploración y extracción”. La acción mono-polizadora del trust —ya que es uno solo el que allí absorbe toda la producción, la “Standard Oil Company”— sólo comienza cuando la substancia esta extraída y debe entrar en refinación. Pero este mismo monopolio es un producto de la industria privada, sin que el Estado haya intervenido por otros conceptos que el de la alta policía, y el de legislación contra los excesos de los trusts, que marca una época en la historia legislativa de aquella nación. Encuéntrase la principal cuenca petrolífera en el Estado de Pensilvania, pues se calcula en 89.600 hectáreas cuadradas; y allí, como en los demás Estados que cuentan con esta fuente mineral, el régimen legal es el mismo de las otras minas: el derecho del dueño del suelo sobre las de su terreno. Cuando más, en el caso de ser un tercero el explotante, el propietario del terreno en el cual se

- (23)  Código de Minería, arts. 132 y 338.

- (24)  Código Minero de Rusia, arts. 541-615.

ha excavado un pozo de extracción recibe, por lo general, del explotante, a título de ray alty de derecho regalista, una octava parte del producto (25).

- 3. A pesar de ser nuestro territorio tan poco explorado en el sentido minero, es ya evidente que contiene extensas cuencas petrolíferas en la Provincia de Jujuy, y acaso en el Chaco. El Dr. Luis Brackebusch, que exploró una vasta región de ella en 1882, escribe: “En muchos puntos se puede ver cómo el petróleo gotea de las rocas bituminosas y se infiltra en otras capas que alternan con las calizas, entre las cuales predominan margas blandas, de color rosado hasta gris azulado, o conglomerados de material medio suelto. Estas son las capas más importantes, y en ellas se debe fijar en primer término el explorador del petróleo, porque ellas ofrecen la ocasión más favorable para la acumulación de la materia en depósitos subterráneos, que uña vez perforados, suministran con gran facilidad el aceite mineral. El contenido de esta materia bituminosa en las piedras alcanza a veces a veinticinco por ciento, o tal vez más. Las piedras se encienden con facilidad y queman en el fuego, con llama larga y olor bituminoso, circunstancia que ha propagado entre los naturales la opinión de que era carbón de piedra. El petróleo que sale en manantiales a la superficie como en la Laguna de la Brea y otros puntos debe, sin duda alguna, su origen a depósitos subterráneos cuya hondura aún ignoramos”. Y más adelante expresa su opinión, fundada en el estudio de los terrenos, que las cuencas petrolíferas se extienden por el Oriente de Salta hasta el Chaco (26).

- 326. Indudablemente el codificador, al incluir entre las substancias de la primera categoría el arsénico, ha tenido en cuenta varios órdenes de consideraciones de interés científico e industrial, pero no bastantes, a nuestro juicio, para autori-

- (25)  Paúl de Rousiers, Les industries monopolisées aux Etats-Unis, Ch. 1.

- (26)  Estudios sobre la formación petrolífera de Jujuy, 1882.

zar esta situación excepcional, al lado de las más valiosas y preciosas substancias de que se vale la industria moderna. El arsénico aparece en la naturaleza ya en vetas o filones y en estado más o menos puro, ya combinado con otros minerales, y especialmente los metálicos, pero siempre formando verdaderas minas, en el sentido de la ley francesa. Luego, del punto de vista de su importancia o aplicaciones industriales, medicinales o artísticas, su valor no excede en mucho a otras substancias puestas en la segunda categoría. Así, creemos que hayan sido las consideraciones reunidas de sus múltiples usos y de las formas de yacimiento, lo que ha decidido al legislador a darle la colocación que tiene en nuestra ley. Por otra parte, su explotación, aunque requiera procedimientos científicos, rara vez podrá hacerse en grande escala, como para autorizar las expropiaciones que requieren y llevan consigo como un privilegio las concesiones de minas de la primera categoría.

- 327. Muy diferentes son las observaciones que nos sugiere el último grupo, el de las piedras preciosas, a las que la sociedad en todos los tiempos ha dado el más grande valor, considerándolas como la más alta expresión del lujo y de la opulencia. Nuestro Código ha hecho de ella dos clasificaciones distintas según las condiciones de su yacimiento: cuando se presentan en forma de verdaderas minas subterráneas, las ha incorporado a la primera categoría de minas del Estado y concesibles, y cuando se hallan en terrenos de aluvión, esto es, en yacimiento superficial, sin adherencia al terreno en su fondo, las ha destinado al aprovechamiento común, por la facilidad de su apropiación. En cuanto a su importancia y valor comercial no es cuestión de duda. La legislación no es muy abundante en el sentido de nuestro texto, en las naciones extranjeras, pero las leyes españolas desde las Ordenanzas de Nueva España (27) hasta el Decreto-Ley

- (27) Tít. VI, art. 22.

de Bases (28), las clasificaron entre las substancias del dominio del Estado. Entre los últimos códigos americanos se nota la misma tendencia a considerarlas entre las substancias concesibles (29).

- 328.  ¿Cuáles han sido los fundamentos que el legislador ha seguido para la clasificación y separación de las substancias de la segunda categoría, la más complicada y variada de las tres? Sólo podremos comprenderlos después que estudiemos el título especial que el Código les consagra, que es el VI. Tratando de sintetizar y reunir esas diversas razones, diremos que son: 1% la tradición legislativa respecto de la mayor parte de las substancias; 2% las condiciones de yacimiento superficial, su separación del suelo o de las verdaderas minas, y la facilidad relativa de su explotación; 3% el menor valor industrial o comercial de los minerales que comprende, respecto de las de la primera categoría; 4% su escasa profundidad bajo el suelo, en caso de constituir verdaderas minas, y por consiguiente, la relativa facilidad para su explotación.

- 329.  La enumeración del art. 4^9, menos sistemática en su conjunto, forma seis grupos de los cuales el l^9, 2^9 y 5^9, que debió ser 3^9, contienen metales de la primera categoría combinados en proporciones mínimas o de escaso valor, o en formas de yacimiento más accesibles; y los otros tres comprenden substancias no metálicas, pero que constituyen minas de grande utilidad pública. El artículo dice así:

Art. 4Q—Se comprenden en la segunda categoría:

l^9 Las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos y aguas corrientes, y los placeres.

2^9 Los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores, mientras las minas permanecen despobladas; y

- (28)  Art. 4.

- (29)  Código de Honduras, enmienda de la ley de 9 de marzo de 1885; Antioquía, art. 16; Venezuela, sec. 2^9; Méjico, 1892, art. 3, B.

los relaves y escoriales de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos, en tanto que no los recobre su dueño.

3^9 Los boratos y salitres.

4^9 Las salinas y turberas.

5 9 Los metales no comprendidos en la primera categoría.

6^9 Las tierras piritosas, vitriólicas, aluminosas, magnesia-ñas y de batán; el esmeril, ocres, almagres, resinas, esteatitas, fosfatos calizos, azufre, baritina, espato flúor, caparrosas, grafito, kaolín, cales alcalinas o alcalinoterrosas”.

- 330. Casi todas las materias de esta categoría son las que constituyen las mineras de la ley francesa de 1810, o sea su segunda clase. Nuestro Código ha adoptado, con más conocimiento de las especies, de los procedimientos de explotación e importancia de cada una, un método más conforme en general con la ciencia, fundado en las costumbres mineras de América, y ha salvado dificultades, errores y omisiones de aquella ley, que le sirvió de modelo. Para evitar las excepciones de ésta que ya mencionamos, y las especificaciones de otros códigos modernos, ha comprendido en la denominación de arenas metalíferas las de oro, hierro y estaño, y otras partículas que los aluviones depositan, o las corrientes de agua arrastran, formando ese género particular de minas llamadas lavaderos, placeres y playas, en que se presentan los metales ya nombrados y las piedras preciosas, imponiendo por este solo hecho del yacimiento, reglas diversas de explotación. Hemos definido antes lo que son placeres y lavaderos; sabemos que su yacimiento, extendido sobre la superficie de la tierra, desligados de tal manera que parecen ajenos a ella, los pone ante la ley en la condición particular de cosas sin dueño, que pueden apropiarse accidentalmente por el que las encuentre.

Teniendo en cuenta que estos minerales, en esta forma, ocupan grandes extensiones de tierra que no podrían ser adjudicadas a un solo explotante, han hecho las leyes este género particular de explotación simultánea, es decir, señalando partes proporcionales a todos los concurrentes, salvo cuando se quiere fundar establecimiento fijo, en cuyo caso varían las condiciones del derecho (30), por las obligaciones impuestas al concesionario. Cediendo al principio de derecho común que regla las apropiaciones de las cosas, estos minerales se ceden al que primero los ocupa, por ser de aluvión, advenedizos y desprendidos de la masa terrestre que constituye el suelo o propiedad raíz. Así, cuando estas substancias se encuentran en terrenos del dominio privado, deben pertenecer al dueño de éstos, en las condiciones de nuestra ley, que rige excepcionalmente los bienes llamados minas, es decir, que serán suyas cuando se hallan en terrenos cultivados (31). La naturaleza parece haber querido que esta clase de minerales aprovechase a todos, y por eso los distribuye extensivamente sobre la superficie de la tierra, sin aglomerarlos sobre determinados sitios, salvo excepciones que for-man los rebosaderos, y para éstos la ley ha fijado sus reglas.

- 331.—Forman el segundo grupo los desmontes, relaves y escoriales procedentes de minas o de establecimientos de beneficio abandonados o explotados. Antes de fijar sus caracteres jurídicos, demos las definiciones más autorizadas de cada una de estas especies particulares de minas.

Desmontes (o desechaderos). Se llaman así las piedras estériles o sin suficiente ley, que se desprecian porque no se puede o no conviene beneficiarlas (32). La Ordenanza de Nueva España (33) da claramente la significación de estos yacimientos cuando dice que “los desechaderos y terreros de minas abandonados es de lo que regularmente se mantienen las viudas y huérfanos de los operarios de minería, los ancianos e inválidos y demás gente miserable de este ejer-

- (30)  Véase tít. IV, arts. 76, 77, 78, 88.

- (31)  Art. 69; Cód. Civil, art. 2340, inc. 3^9, y art. 2350.

- (32)  Lira, Ob. cit. pág. 120.

- (33)  Tít. IV, art. 19.

cicio, y aun todos los habitantes del lugar, cuando las minas no están en corriente”.

Relaves. — Se designan con este nombre los residuos de los minerales que se benefician en pozos o maritatas (hornos de beneficio) (34).

Escoriales. — Terrenos o parajes donde se arrojan las escorias, grasas o natas, o sea las substancias que se separan del metal cuando sale de los hornos de fundición (35).

- 332.—Dados estos caracteres, fácil es comprender la situación en que las leyes han puesto estas materias. Su doble condición es: l^9, la dependencia de la mina o establecimiento de que proceden, y 2^9, su separación del suelo en que se hallan depositadas. Por la circunstancia de ser materias desperdiciadas o desechadas por los dueños, la Recopilación de Indias hacía de ellas objeto de aprovechamiento común, mandando que “se guardaran y recogieran y estuvieran de manifiesto para el beneficio público y utilidad de sus dueños”. Hoy los procedimientos científicos de beneficio que hacen posible su explotación provechosa, según los lugares y facilidades de transporte e instalación de máquinas, y tomando grandes cantidades de mineral, han venido a hacer más escasa la existencia de estos residuos, los cuales pueden ser explotados en mayor cantidad en las minas mismas, o transportados a las usinas con mayor probabilidad de que su beneficio costee los gastos de transporte o purificación.

Los dos caracteres antes mencionados traen dos consecuencias jurídicas de fundamental importancia: 1% que mientras dure el abandono o despueble de las minas o establecimientos a que pertenecen, subsiste su condición de “común aprovechamiento”, cediendo, por tanto, a la situación legal

- (34)  Mujica Valenzuela, Estudios sobre el Código de Minería de Chile, árt. 5. (1875).

- (35)  Lira, Ob. cit., pág. 121. — Ordenanzas de Nueva España, t. VI, art. 20. — Rec. de Ind., 1. 7, tít. 19, lib. 4^9.

de aquellas de que dependen; 2% que la superficialidad de su yacimiento modifica las relaciones entre el minero y el dueño del suelo, pues no habiendo desgaste ni menoscabo a la integridad de la tierra, las reglas para las indemnizaciones, y en general, para las relaciones entre uno y otro cambian en su esencia. Así, en el primer caso, los dueños de minas abandonadas que las recobran, tienen derecho preferente a apropiarse de los depósitos, por causas de accesión (36) , y en el segundo, ni el concesionario puede exigir la venta del terreno, como en el caso del art. 42, ni el dueño de éste puede exigir indemnizaciones por su valor (37), pudiendo en todo tiempo obtener su plena posesión (38). Para concluir, pues, diremos que el Código, al colocar en la segunda clase este género de minas, ha seguido dos reglas principales de criterio: l^9, la tradición legislativa, fundada en la experiencia secular, que hace de ellas substancias de uso común por su carácter de residuo y su escasa ley, y 2^9, la naturaleza de las substancias mismas y su forma de yacimiento, que siendo de escaso valor y generalmente accidentales, no son susceptibles de laboreos ordenados o costosas instalaciones, como las minas de primera categoría. Por lo demás, la costumbre, definida por la ley de Indias (39) excusa todo comentario.

- 333. Comprende el tercer grupo los boratos y salitres. Respecto de los primeros, pocas indicaciones encontramos en los códigos modernos, en cuanto a considerarlos como una especie particular de minas; siendo justo afirmar que co-tresponde a nuestro Código su primera clasificación legal. Para colocar el bórax o borato de sodio entre las substancias de aprovechamiento común, el legislador se ha atenido a las condiciones de yacimiento, a la vez que a la naturaleza de la substancia, no comprendida entre las minas propiamente

- (36)

- (37)

- (38)

- (39)

Arts. 98 y 99.

Arts. 102 y 103.

Art. 104.

Ley 7, tít. 19, lib. IV, cit.

dichas, o sea, las metálicas. El yacimiento del bórax se presenta en zonas extensas más o menos superficiales, o en el fondo de los lagos donde forma sólidos de considerables dimensiones. Las investigaciones practicadas en el país, han dado por resultado conocer la existencia de valiosos yacimientos en la Provincia de Salta, en la de Jujuy, donde hay explotaciones formales (40), y en el Territorio de los Andes o Puna de Atacama. Según estas y otras observaciones recientes (41), el bórax de Salta y Jujuy se presenta en forma de bancos más o menos espesos, o en estado fósil, circunstancia que puede introducir alguna modificación en el concepto que tuvo en vista el Código al legislar sobre su apropiación y reglas de explotación legal (42).

- 334. Respecto de los salitres no es tampoco muy abundante la legislación, porque siempre fue esta substancia del dominio reservado de los Estados, en atención a sus aplicaciones industriales y su composición nitrosa. Tal parece al menos desprenderse, en cuanto se refiere a la antigua legislación española. “Se habían expedido desde lo antiguo diferentes cédulas en que se concedían privilegios y exenciones a los salitreros; todas se recopilaron en una de 1766; pero produciendo éstas frecuentes quejas y recursos a la superioridad, para cortarlos y combinar el bien público con la grave necesidad del fomento de estas fábricas" (43), se expidió la de 1791 en la cual se reglamenta los derechos y privilegios de los explotantes de salitres, entre las cuales importan a nuestro objeto la regla XIII, en que se dispone que no se les impida “que aprovechen los barridos en las plazas, calles y sitios de la población donde se hallen tierras nitrosas...

- (40)  Hüniken, Industria minera y metalúrgica (Salta), págs. 17 y 18.

- (41)  La minería de la Provincia de Salta. Oficial (1895).

- (42)  Arts. 82, 90, 96. Nota al art. 82.

- (43)  Pérez Y López, Teatro de la Legislación Universal de España e Indias, t. XIV, V^9 Fábricas, págs. 92 y siguientes.

lo mismo en toda bodega o sótano abandonados extramuros de los mismos pueblos, y en que no haya casa que se habite, etc.”. La regla XIV ordena que “por los sitios de los tendidos de tierras nitrosas no se permitirá paso, sueltos de ganados, ni de carros, siendo obligación de los salitreros dejar desembarazados los tránsitos públicos que sean necesarios”. Bajo el imperio de la legislación española para América, esta substancia, por su naturaleza y yacimiento, era de las que quedaban entregadas al dueño del suelo, si bien el Estado monopolizaba su compra para la fabricación de la pólvora y otros usos.

- 335. Igual excepción encontramos en la primera ley dictada por el Perú después de su independencia, en que declara excluida de las materias que pueden adquirirse por concesión y otros modos de adquirir, la mina de salitre (44).

El nuevo Código de Chile, redactado después que esta República adquirió, como consecuencia de la guerra, la posesión de las salitreras del Perú, declara que “eZ Estado se reserva la explotación de las guaneras en terrenos de cualquier dominio, y la de los depósitos de nitratos y sales amoniacales análogas, que se encuentren en terrenos del Estado o de las municipalidades, sobre las que por leyes anteriores no se hubiese constituido propiedad minera de particulares” (45). Sin embargo, llama la atención el hecho de que el Congreso de 1888 haya seguido el sistema contrario al que aconsejaba la Comisión Consultiva de Salitres, a poco de la ocupación de Tarapacá por las tropas chilenas, la cual en su informe al Ministro de Hacienda (46) decía, después de larga discusión y crítica de los sistemas diversos: “Al proponer la abolición del monopolio fiscal que el gobierno peruano había establecido en Tarapacá, y la substitución de ese sistema por el régimen de absoluta libertad, tanto para

- (44)  Ley de Minería del Perú, 1877, art. 25.

- (45)  Código de Minería de Chile, 1888, art. 2, párrafo 5^9

- (46)  Informe de la Comisión Consultiva de Salitres, Santiago, 1880.

la constitución de la propiedad, cuanto para la elaboración y extracción de los salitres, y al recomendar el establecimiento de un impuesto de exportación igual sobre esa substancia y sobre el yodo que salgan para el extranjero, de puertos de jurisdicción chilena, la comisión cree servir los intereses legítimos y bien entendidos del país, sin apartarse de la justicia ni desconocer los buenos principios económicos”. No pudien-do el Código de 1888, alterar derechos adquiridos, se limitó a establecer el sistema que esta comisión condenaba, para todos los yacimientos de salitre' que se hallasen libres del dominio privado.

- 336.  Nuestro Código ha adoptado, quizá sin la suficiente previsión y conocimiento de las leyes económicas generales de la República, el sistema de la libre concurrencia, con la condición de constituir pertenencias y proceder casi lo mismo que para las minas de la primera categoría. Cuando la historia legislativa y la experiencia de naciones bien conocidas como productoras de esta substancia, enseñan que la reserva del Estado es un sistema provechoso para ciertas materias del dominio público, bien pudo nuestra ley, por lo menos, haber dejado una facultad o atribución por las cuales pudiesen en momentos difíciles o urgentes para las finanzas públicas, utilizarlas en negociaciones rápidas y ventajosas. Por ahora baste saber que tanto el Perú como Chile, que poseen los más grandes yacimientos salitreros del mundo, han hecho sus inmensos caudales con sistemas retrictivos, en una u otra forma.

- 337.  Constituyen el cuarto grupo las salinas y turberas, y siendo de carácter menos excepcional en las legislaciones más conocidas, tendremos menos que decir sobre cada una de ellas. Respecto de las salinas, ya conocemos el sistema romano (v. n. X?) y lo que al respecto disponían las leyes 11, tít. 28, Partida III, y la ley 48, tít. 32 del Ordenamiento de Alcalá, que declaraba incorporadas al dominio real las salinas, es decir, “las aguas e pogos salados e todas las rentas dellos”. Confirma esta prerrogativa una Orden de Felipe II, de 1564 (47), y en otra de Felipe V, de 1728, se impone la penalidad a los defraudadores de esta regalía. La ley de 1859 declaraba reservadas al Estado las minas de sal, y una Real Orden de 6 de marzo de 1872 indica la conveniencia de no otorgar concesiones de minas de sal sin consultar previamente al ministerio de Hacienda (48). El régimen de la sal en la América española era del monopolio o estanco (49), si bien, como se recordará, en el Virreynato del Río de la Plata, se reconocía a los indios la posesión y explotación de las minas de sal que hubiesen de antiguo aprovechado (50). En las demás leyes posteriores a la Revolución, entra a ser materia de aprovechamiento común, o de propiedad del dueño del suelo en todo caso. Nuestro Código, siguiendo la jurisprudencia francesa (51), en parte, adopta un término medio, declarándolas de preferencia del propietario del suelo, y en caso de que se hallen en terrenos del dominio público, se requiere concesión. Lo mismo dispone para el caso en que el propietario del suelo no quiera explotarlas por su cuenta (52). Tanto la importancia como la forma de yacimiento de la sal gema, han determinado su clasificación entre las substancias de segunda categoría: por eso la ley otorga extensiones de terreno para su explotación que guardan relación con la intensidad general de sus yacimientos (53).

- 338. “Las turberas, según las define Batbie, son formadas por el amontonamiento en los terrenos bajos, de detritus vegetales que por la putrefacción se han convertido en substancia homogénea. Esta materia es propia para la combus-

- (47)  Rec. de Ind., 1. 19, tít. 8, lib. IX.

- (48)  Sánchez de Ocaña, Ob. cit., pág. 384.

- (49)  Rec. de Ind., 1. 13, tít. 26, lib. 8.

- (50)  Ordenanza de Intendentes, art. 137.

- (51)  Leyes de 17 de junio de 1840 y 26 de junio de 1841. — V. Féraud-Giraud, Ob. cit., núms. 851 y siguientes.

- (52)  Art. 68, párrafo 2^9 y 83.

- (53)  Art. 90, párrafo 2^9.

tión...” (54). “Materia obscura, define Féraud-Giraud, que se forma bajo las aguas por la acumulación y alteración de diversas plantas; arde fácilmente, con o sin llama, y es más o menos compacta y homogénea según que se extraiga de las partes más hondas del depósito. La parte superior, turba musgosa, es ligera, esponjada, mezclada de fibras vegetales apenas descompuestas” (55). Del punto de vista de su naturaleza, ocupa, pues, un grado próximo a los combustibles fósiles o carbón de piedra, y por efecto mismo de su incompleta fosilización, sus yacimientos son más superficiales, menos separables de la tierra misma y su utilidad menor que la de aquellos. En cuanto a las dimensiones de sus depósitos, parece bien comprendida por nuestro Código su asimilación o semejanza con los de sal gema, siendo iguales para ambas substancias las prescripciones de la ley, así para su apropiación, como para su amparo y aprovechamiento.

- 339. Los metales no comprendidos en la primera categoría, han sido agrupados indeterminadamente en el 5^9 lugar de la segunda. Aparte de lo aventurado de esta renuncia absoluta y general a todo metal no clasificado en la primera clase de minas, debe entenderse este inciso en dos sentidos legales bien deslindados: l^9, son de preferente concesión al dueño del suelo, salvo las facultades que contiene el art. 6^9, de declarar por ley especial la clasificación que les convenga; 2^9, comprende todos los metales que en 1887, fecha de la vigencia del Código, no se hallaban enumerados en el art. 3^9, inc. I^9. Su régimen legal responde, pues, a la importancia subordinada que en esa fecha tenían los demás metales, o al imperfecto conocimiento de todas sus aplicaciones posibles. En todo caso, cuando el dueño del suelo no los explota, y quedan a la disposición de terceros, éstos deben constituir pertenencias, las que se sujetan a las condiciones de las minas

- (54)  Ob. cit., t. V, N^9 537.

- (55)  Ob. cit., III, pág. 467.

de la primera categoría, según su naturaleza y reglas de explotación respectivas (56).

- 340. Algunas de las substancias que componen el sexto grupo, son de naturaleza y forma que suelen presentarse en canteras, y otras en yacimientos superficiales semejantes a las de aprovechamiento común. Así también ha variado su clasificación según las diversas leyes, las cuales unas veces las consideran según su mayor o menor proximidad con otras substancias, su mayor o menor valor en la industria y el comercio, según la especial riqueza de cada país, y finalmente, según la condición más general de sus criaderos. Ya sabemos las alternativas porque pasaron las clasificaciones en las leyes francesas de 1791 y 1810, en las españolas de 1825 a 1868 y en los nuevos códigos de América; en todos ellos las substancias de este inciso, agrupadas de un modo o de otro, ocupan la segunda categoría con relación a los metales, y sólo recordamos el nuevo Código de Méjico que reune algunas de ellas con las de primera clase en atención a su especial aplicación en las artes, en las industrias y en las ciencias (57).

Nuestro Código, procediendo con suficiente conocimiento de las propiedades de cada una, y de las clasificaciones y experimentos científicos más modernos, las ha agrupado a todas bajo un sólo régimen legal, que es el de la preferencia en favor del dueño del terreno en que se encuentran, y en ausencia o renuncia de éste, entregándolas al aprovechamiento de terceros, siempre con la precisa condición de constituir pertenencias exclusivas en la forma y procedimientos de las de primera clase, en atención a que, sea cualquiera su importancia, se presentan en yacimientos compactos que requieren “laboreo ordenado” según la terminología usual (58),

- (56)  Código de Minería, arts. 79 y 89.

- (57)  Art. 3.

- (58)  Código de Minería, art. 8.

si bien por su menor importancia, el área concedida es mayor que la de aquéllas (59).

- 341.  Mayor uniformidad, por su semejanza geológica, hay en la legislación respecto de las substancias que forman la tercera categoría de minas reconocidas por el Código.

Apartándose de las enumeraciones demasiado prolijas, susceptibles de confusión, y después de haber enunciado las de los anteriores grupos, el art. 5^9 indica tres reglas de criterio para clasificar las materias que comprende: 1% las de naturaleza pétrea o terrosa; 2% que se emplean como materiales de construcción y ornamento; 3% la denominación general de canteras. Textualmente, el artículo dice así:

Art. 3^9 — Componen la tercera cotegoría las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general, todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras.

- 342.  Son de ilustre abolengo legislativo las materias de esta categoría, especialmente los mármoles, cuyo papel en el derecho romano hemos estudiado antes de ahora, el cual fué tan importante como para inducir en graves confusiones a los mismos legisladores de Roma. Tan seductora y valiosa era la propiedad de canteras de mármol én los buenos tiempos del arte greco-romano, que los Emperadores hicieron grandes esfuerzos para convertirlas en regalía del Estado, como lo eran en Grecia, circunstancia que debía mover la codicia de aquellos gobernantes tan aferrados al despotismo, como a los esplendores del arte, sin duda porque sentían cuán fácil era dominar a los pueblos por medio de la magnificencia y de la hermosura. Con todo, no debieron ser necesarias las leyes regalistas ni restrictivas, cuando a pesar de ellas, las ciudades se poblaron de estatuas, graderías, columnas, palacios y templos de mármol, y cuando, ya por la industria privada, ya por la explotación de las canteras situadas

- (59) Código de Minería, art. 89, inc. 2^9.

en el dominio público, parecían las gentes poseídas de fiebre por la producción de la piedra que tan sublimes emociones les procuraba. En todo tiempo, pues, las piedras y tierras de este grupo fueron consideradas una adherencia del suelo superficial, y la íntima vinculación geológica entre ambas partes de la corteza del globo, indudablemente confirma esa asimilación legal. Respetuoso nuestro Código por las tradiciones, por los consejos de la ciencia y por la visible exclusión que de las canteras hace el art. 2342 del Código Civil, las dejó en el absoluto dominio del dueño del terreno, lo mismo que las leyes francesas y españolas que principalmente inspiran sus disposiciones.

- 343.  Está llamado a tener frecuente aplicación entre nosotros el art. 6^9, por causa de las continuas experiencias y los incesantes cambios que en la aplicación de las substancias minerales introduce la ciencia. Por otra parte, la enunciación detallada de cada una de las especies comprendidas en las tres categorías de minas, hacía indispensable una prescripción legal que subsanase las probables omisiones o exclusiones de materias no conocidas, o cuyas cualidades o usos no se hubiese aún observado o descubierto. Esa necesidad ha venido a llenar el artículo que nos ocupa, el cual establece :

Art. 6Q — Una ley especial determinará la categoría correspondiente, según su naturaleza e importancia, a las substancias no comprendidas en las clasificaciones precedentes, sea por omisión, sea por haber sido posteriormente descubiertas.

Del mismo modo se procederá respecto de las substancias clasificadas, siempre que por nuevas aplicaciones que se les reconozca, deban colocarse en otra categoría.

- 344.  Dos casos claramente deslindados comprende el artículo: 1?, cuando se trata de substancias nuevas u omitidas en la anterior clasificación; 2% cuando la ciencia descubre nuevos caracteres o aplicaciones a las substancias clasificadas. La cuestión tiene importancia fundamental, puesto que de la clasificación depende el derecho de propiedad del Estado o de los particulares: ella fue ampliamente discutida en Francia con motivo de la sal gema y los minerales de hierro de aluvión; y en esa jurisprudencia, según la cual las concesiones versan sobre determinadas especies, era aún el problema mucho más grave. Por esta razón, de que la categoría determina el derecho de propiedad, la ley exige una sanción del Congreso, único que puede enajenar los bienes de la Nación, o modificar las condiciones del derecho de propiedad, no hiriendo derechos adquiridos.

El procedimiento, según estos principios, debe ser el siguiente: cuando por iniciativa de la autoridad minera o de los particulares, se pida la clasificación de una substancia nueva u omitida, o que se desee cambiar de categoría legal, haya de resolverse la petición; en el primer caso, la autoridad técnica acompañará la petición con su informe científico, y en el segundo, la autoridad administrativa que corra con los asuntos de minas, recabará ese informe. Producidos los estudios y conclusiones científicas, el Poder Ejecutivo remite el asunto al Congreso, pidiendo sea designada la nueva categoría del mineral.

- 345. ¿Cuál ha de ser la norma de criterio para esta nueva clasificación? El Código incurre aquí en una superabundancia perjudicial y contradictoria con su propio sistema, al decir que la ley ha de tomar en cuenta la naturaleza e importancia del mineral, cuando antes, al estatuir en general para todos, se limitaba a establecer como única regla, la relación con los derechos que él reconoce y acuerda. Y no puede ser otra la inteligencia de la ley que se dicte en cada caso, ateniéndose a la naturaleza e importancia del mineral sólo para fijar su parentesco con los que a esas reglas se sujetan. Pero no puede impedir que la ley tome en cuenta “las condiciones de yacimiento”, unidas, si se quiere, a las anteriores circunstancias.

- 346. Varias son ya las substancias que están en las condiciones de este artículo, y entre ellas citaremos el amianto, no clasificado por nuestro Código, que la jurisprudencia española ha colocado entre las de segunda clase (60) 9 y que la jurisprudencia del Consejo de Estado francés ha colocado, por una resolución de 1892, entre las canteras (61). En igual caso se halla el mineral llamado wolfram, del cual se ha descubierto yacimientos en Córdoba. El Congreso no ha creído aún deber resolver, de acuerdo con el art. 6^9 del Código de Minería, el lugar que corresponde en la clasificación al guano, si bien el Ministerio de Hacienda hizo concesiones condicionales de esas substancias, antes de la ley de reforma de los ministerios, de 11 de octubre de 1898, de acuerdo con las opiniones del Departamento Nacional de Minas, que lo asimiló a los minerales de la segunda categoría (62). Posteriormente, en 1899, una resolución del nuevo Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, colocó el guano en el 6^9 grupo del art. 4^9, bajo la clasificación de fosfato calizo, establecida después de un análisis químico, poniéndose en esto de acuerdo con la decisión de 1892, antes referida (63).

- (60)  Sánchez de Ocaña, Ob. cit., pág. 336. Real Orden de 23 de marzo de 1884, que comprende en la segunda clase el amianto con todas sus variedades conocidas.

- (61)  Dalloz, Jurisprudente Genérale, 1893; 3, 33. “El Consejo General de Minas, a propósito de una petición de explotación de un yacimiento de amianto, había sido de opinión, por motivos de orden puramente técnico, que no constituyendo el amianto una materia metálica, no podía ser concedida, y la administración superior, conformándose con esta opinión, se negó a dar curso a la petición.” El Consejo de Estado, en 1892: ...“que esta explotación constituye el ejercicio de la profesión de explotante de cantera...”

- (62)  Decreto de 9 de noviembre de 1892, en que, al declararse comprendido el guano en la segunda categoría, por su naturaleza de “fosfato calizo”, reconocía la intervención del Congreso como necesaria para pronunciar la declaración.

- (63)  Nota de la Dirección de Agricultura y Ganadería al ministro, de 24 de agosto de 1899.

[1]

BrÉchignac et Michel, Resume de la doctrine et de la juris-prudence en matiére de mines, N[2] 2 .

[2]

BrÉchignac et Michel, Ob. cit., N[2] 3.

LECCION VIII

DEL DOMINIO DE LAS MINAS

§ I

DE LOS SISTEMAS FUNDAMENTALES

- 347. Hemos adelantado en la lección anterior muchas nociones acerca de lo que debemos tratar en la presente, porque el objeto principal de las clasificaciones legales mineras, es determinar el principio de su apropiación por los particulares, como el Código lo dice. Así, pues, en esta lección se continúa la materia del dominio, que constituye casi todo el campo en que la legislación minera se desarrolla. Siguiendo un método experimental, parecía más acertado ocuparse primero de las cosas que son objeto del derecho, para entrar, ahora, en el derecho mismo, y fijar el principio jurídico que sirve de base e informa todo nuestro sistema legislativo. ¿Por qué damos tanta importancia a esta cuestión? por tres razones principales:

1*  £1 principio o sistema que se adopte en materia de

dominio, determina los caracteres y modalidades de la ley, y por extensión, del derecho minero en general.

Ha quedado erigido en método indispensable, por la necesaria dependencia enunciada, para todo tratado, comentario o Código, el empezar por la exposición de los sistemas jurídicos sobre que se apoyan las diversas legislaciones conocidas en las naciones.

3* Es cuestión que se debate activamente en todos los países mineros, la de saber cuál sistema de los conocidos satisface mejor las condiciones y exigencias económicas y jurídicas de la industria extractiva por excelencia, que es la minería.

- 348. Reducida a los términos estrictamente jurídicos, la cuestión consiste en determinar quién es el dueño originario de las minas situadas en el subsuelo o confundidas con el suelo, o a quien pertenecen, originaria y primitivamente, las minas en general. Aunque en nuestra reseña histórica hemos seguido el desarrollo de esta idea, nos corresponde especializar ahora su estudio. Varias causas y razones han concurrido a dar a este problema la importancia que hoy tiene.

El hombre, en la continua expansión de su actividad, aplicando sus fuerzas y sus talentos sobre la potencia productora de la tierra, hollándola, investigándola, excavándola en todas direcciones para extraer de su seno cuanto pueda producir de útil a la humanidad, se encontró con una fuente nueva y distinta de las comunes que alimentan las necesidades de las gentes que la pueblan, y la cual era de naturaleza diversa, de posición independiente respecto del suelo agrícola; y al querer explotar en su provecho las inmensas riquezas que contenía, se encontró con la oposición del dueño del suelo, que pretendía el dominio de toda la profundidad, según una aparente y empírica razón que quiere confundir ab initio las dos partes tan heterogéneas de la corteza terrestre. Nació el conflicto histórico entre la propiedad del suelo y la propiedad de la mina; y los legisladores de todos los tiempos lo resolvieron, ya en sentido favorable al dueño superficial, ya al dueño de la mina, ya, en fin, ni en uno ni en otro, y sí considerando aquellos bienes, nuevos, no comprendidos en el concepto de la propiedad histórica: su adjudicación al Estado, esto es, a la Nación misma, representada en su gobierno.

Después las legislaciones prácticas, partiendo de uno u

otro principio originario, han seguido su natural evolución; algunas otras las adoptaron y las desenvolvieron a su vez, hasta que se ha formado una verdadera serie de sistemas que se ha completado y perfeccionado entre sí, por la experiencia y la aplicación práctica. La historia de la legislación minera nos ofrece, pues, otra fuente de donde nace la cuestión que vamos a analizar.

De la especial importancia que la producción minera adquiría en el mundo, dando un valor inmenso en el mercado universal de los valores, a las regiones y a los países donde aparecía, los gobiernos, interesados en aumentar o acelerar esa producción, fueron extendiendo el principio de su dominio sobre el mayor número de substancias útiles, o haciéndolo más absoluto, según que ellas se convertían en objeto de privilegiada y excepcional importancia para la economía pública.

349. Cuando la multiplicidad de las empresas y trabajos mineros en su constante lucha con su antagonista, la superficie, llevó a los tribunales innumerables casos de conflictos, la justicia interpretativa en todos los países, analizando los detalles, las condiciones y procedimientos de cada explotación, hizo nacer otra fuente de doctrinas y deducciones que, según los países y sociedades, han inclinado el juicio en favor de la supremacía de una y otra propiedad sobre el cuerpo de las leyes generales.

Por último, toda legislación, si ha de ser uniforme y ha de tender a convertirse en expresión permanente del genio de cada país, según sean los caracteres sociales, históricos o físicos que forman su espíritu, necesita una base jurídica, un principio más o menos elástico o expansivo, más o menos absoluto, que le dé fisonomía o personalidad jurídica. Esto sucede con la legislación de minas, ya se la tome en el conjunto aislado de sus textos diversos, ya como una ciencia hecha y proporcionada con sus métodos y horizontes peculiares.

Actualmente, la ciencia jurídica, respecto de nuestra cuestión, divide el campo del debate según las naciones que han adoptado los varios sistemas conocidos. Es rica la literatura jurídica de todos los países, pero los que tienen más influencia en las doctrinas de nuestro Código, son aquellas cuyas leyes le han servido de origen, modelo o comparación. Así, pues, no del punto de vista de los textos legales, pero sí del de los tratados o comentarios, las fuentes bibliográficas de nuestra ciencia legislativa minera, deben exponerse en este orden: España, América española, Francia, Alemania, Italia; y respecto del sistema que profesan Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, las leyes y tratadistas de estas naciones.

- 350. Partiendo de las diversas bases estudiadas, de la historia y condiciones de cada uno de los países que tienen legislación minera y las diversas escuelas filosófico-jurídicas, los autores han reducido los sistemas a los cuatro siguientes:

l^9 Accesión.

2^9 Ocupación.

3^9 Considera las minas no concedidas como res nullius.

4^9 Dominial o regalista.

Cada uno de estos sistemas, que en particular vamos a estudiar, impone un régimen distinto a la propiedad y condiciones legales de la explotación minera, amplía o restringe los derechos y facultades de los particulares, extiende o limita las atribuciones del Estado, respecto de la disponibilidad de las minas.

Difícilmente habrá en el dominio de las ciencias jurídicas una que se relacione más que ésta con las teorías y sistemas que fundan o discuten la propiedad en general, ni que una vez penetrados de todos sus desenvolvimientos, contribuya mejor a definir el verdadero concepto de aquella. Tan seductoras especulaciones nos llevarían muy lejos de los fines prácticos de esta legislación, y por eso entraremos, desde luego, en la exposición de los sistemas enunciados.

§ II

SISTEMA DE LA ACCESIÓN

- 351. Como su nombre lo indica, llámase así el sistema que consiste en atribuir la propiedad de las minas al dueño del terreno superficial en que se hallan. Fúndase, pues, en considerar los yacimientos minerales, de cualesquiera substancias, como accesorios, dependencias, o parte integrante del suelo.

Hemos visto ampliamente cuál fue la jurisprudencia romana al respecto durante sus tres épocas, y cómo al disolverse el Imperio, el espíritu regalista de los emperadores no llegó a derogar el derecho privado y la doctrina de los jurisconsultos clásicos. Las subsiguientes y sucesivas descomposiciones y recomposiciones de las nacionalidades desprendidas del poder romano, cambiaron en casi todas ellas la noción fundamental del derecho primitivo, reemplazándolo por los nuevos principios de origen bárbaro o consuetudinario, o por las instituciones feudales; pero no todas se libertaron de la influencia romana en las costumbres o en las leyes, sino que, por el contrario, las aristocracias feudales de la edad media, encontraron fácil la adopción de la teoría romana que se acomodaba bien en su espíritu conservador* Por su singular posición geográfica, y por los caracteres particulares de la raza, la Inglaterra se mantuvo apegada al viejo sistema, pues no llegaron hasta ella, en éste como en otros dominios de las ideas, las causas que produjeron las evoluciones y revoluciones sociales del continente. Los señores de la tierra, con pleno dominio privado y público sobre sus posesiones, conservaron siempre sus antiguas prerrogativas, con las limitaciones que hemos visto en favor de la Corona sobre las minas de oro y plata.

Por otra parte, con el renacimiento de los estudios clásicos, el derecho romano vuelve después de una secular ausencia a inspirar la jurisprudencia de las nuevas nacionalidades a fines del siglo XVIII, y la Francia entre ellas, al discutir su ley de 1791, fue influida por este espíritu. Muy particularmente la escuela fisiocrática adoptó el principio de accesión. “Defendido en 1871 por Heurtaut-Lamerville, es adoptado por Merlin y tiene el apoyo de los fisiócratas, que ven en el suelo la fuente de toda riqueza y dan al propietario todas las ventajas de la tierra, como le dejan todas las cargas públicas" (1). Si en la ley de minas hemos asistido a la evolución de esta teoría, nos queda por estudiarla en la legislación civil, donde fue llevada por Napoleón mismo, como vamos a verlo.

- 352. Indudablemente, fueron el derecho romano y el espíritu fisiocrático los que informaron la doctrina del Código Civil francés sobre la propiedad. El art. 552 que tanta discusión ha provocado, no sólo entre los jurisconsultos de minas sino entre los propios comentadores, establece en teoría el derecho del dueño del suelo diciendo:

La propiedad del suelo comprende la propiedad de la parte superior e inferior... Puede hacer (el propietario) debajo del suelo todas las construcciones y excavaciones qué juzgue convenientes, y sacar de estas excavaciones todos los productos que puedan suministrar, salvo las modificaciones que resulten de las leyes y reglamentos relativos a las minas, y de las leyes y reglamentos de policía.

Reina la mayor confusión, mejor dicho, incertidumbre en el campo vastísimo de la jurisprudencia y el comentario sobre este artículo; y en verdad que razón hay de sobra para ello, porque la contradicción fundamental de su texto no escapa al más ligero análisis. El contiene en teoría la sanción del derecho del superficiario sobre toda la profundidad que puede explotar sin límite como dueño, pero su derecho se halla expuesto a las modificaciones que impongan las leyes

- (1) Naudier, Traite théorique et pratique de la législation et la jurisprudence des mines, etc., pág. 56.

mineras. Y como estas leyes tienen la misma potestad que el Código, y mayor aún, legislando la excepción, resultan estas singulares consecuencias: 1% que el propietario del suelo es dueño del subsuelo mineral, pero no puede explotarlo en su provecho sino mediante concesión expresa (2), no en su calidad de dueño sino de empresario; 2% que el Código Civil le concede un derecho que la ley de minas le quita, con la misma potestad. Deja, pues, reducido al dueño del suelo, como muy bien lo dicen los comentadores, a la condición, por cierto poco positiva, de propietario virtual del subsuelo. Y aunque pudiera argüirse que el Código sólo habla de modificaciones al derecho y no derogaciones, también es verdad que son modificaciones que tienen fuerza para despojar al propietario, pues que le privan del derecho de explotar las minas de su fundo sin concesión, que puede* ser acordada a un tercero.

- 353. Razón tiene, pues, Demolombe, quien, al reconocer en teoría la doctrina de la primera parte del art. 552, reconoce también lo indeterminado, lo vago e incierto de este derecho: “Entre tanto, dice, a pesar de esta regla actualmente cierta, no se puede negar que hoy el derecho de propiedad, que pertenece al dueño del suelo, sobre los bienes desconocidos que yacen en las profundidades ignoradas de la tierra, haya quedado por la fuerza misma de las cosas, siendo un derecho poco determinado y poco definido, un derecho que no afecta a la cosa con ese enérgico sello de apropiación en que se conoce la propiedad bien clara y bien caracterizada” (3). Pero otro autor resuelve en favor de la decisión de la ley de 1810 cuya “regla efectiva, dice, de la legislación en materia de minas es que la propiedad subterránea es realmente independiente de la propiedad superficial; es una excepción verdadera al principio escrito en el art. 552” (4).

- (2)  Ley de 21 de abril, art. 5.

- (3)  Cours de Code Napoleón, pág. 565, t. IX.

- (4)  Ducrocq, Cours de droit administratif, N^9 874.

Reconoce, pues, este autor, y así lo comprueban las vacilaciones de los demás, que aunque la teoría de la accesión haya sido el punto de partida de las primeras leyes mineras de Francia, hoy, en el hecho, ha quedado completamente reemplazada por la contraria.

- 354.  Explícase así, conociendo los antecedentes del Código de Napoleón, la uniformidad que reina en algunas legislaciones derivadas de esa escuela, que tanta influencia tuvo en casi todo este siglo, y muy especialmente en nuestro Código Civil. Este copió casi textualmente los arts. 552 y 672 en el 2518, que refleja la doctrina clásica romana, vertida en el lenguaje del Código de Napoleón: “La propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad. Comprende todos los objetos que se encuentren bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas (impuestas?) por las leyes especiales sobre ambos objetos”. Si bien hay que reconocer que nuestro Código no esperó la ley especial, porque en su art. 2342 ya estableció la derogación de la doctrina de accesión en cuanto se refiere a las minas que enumera.

- 355.  Estudiemos ahora en su especialidad este sistema como base de la legislación y ejercicio de la industria minera, tomando para ello por método el mismo desarrollo que en la ciencia jurídica y técnica ha seguido la doctrina, es decir, en el derecho natural y en la economía política, según las reglas de explotación y con relación a la naturaleza de las substancias y sus condiciones de yacimiento.

- 1. Merlin es considerado autor de la doctrina que procura fundar en el derecho natural el sistema de accesión, por haberlo expuesto en estas palabras: “Por el derecho natural, las minas que existen en un terreno forman parte de éste; el propietario del suelo es libre para extraer de él las substancias minerales, como lo es para cortar la hierba y cultivarlo, como lo es para recoger sus frutos (5).

- (5) Questions de droit, V^9 Mines.

- 2. Casi no necesitamos recordar las anteriores dem ostra» ciones sobre el fundamento natural del derecho de minas para afirmar ahora que Merlin se apega a un falso concepto del derecho natural, al concepto histórico desprendido del mismo sistema romano, que influyó nuevamente sobre la teoría; siéndole desconocida la que consiste en emplear todos los medios positivos, experimentales y psicológicos para el descubrimiento de la verdad. Al concepto semi-empírico de Merlin, oponemos: l^9, la investigación crítica sobre el origen de las dos propiedades, de la que resulta que no son sincrónicas, y por tanto, en el origen de la propiedad común no se comprendió y no entró en medida alguna el conocimiento de las minas; 2^9, los resultados de la observación científica, según los cuales es imposible establecer en los casos típicos de minas, cuál de las dos propiedades es accesoria, y si por su naturaleza física se pueden confundir en una misma clasificación. Luego, por lo menos, sería muy aventurado afirmar como lo hacen Merlin y sus correligionarios, que en el derecho natural la propiedad del suelo comprende la de las minas.

- 356. Aparte de esto, es necesario dejar bien establecido que tampoco el término accesión, está aplicado aquí en el sentido estricto del derecho romano, habiendo, desde luego, en este mismo, tenido cierto elemento convencional bien marcado, pero explicable en Roma donde se desconocía el verdadero carácter natural de las minas, hasta el punto de creer que algunas substancias se reproducían, y donde la tardía incorporación de las minas al sistema legal, hizo que fuesen en otros casos asimiladas a otro género de apropiaciones, como los tesoros. En el mismo art. 552 del Código Francés, reconoce Demolombe que la disposición relativa al subsuelo mineral “es, en realidad, extraña al derecho de accesión” (6), como lo es, en efecto, desde todo punto de vista que no sea el de un puro convencionalismo.

- (6) Ob. cit, t. IX, pág. 561.

Para ser justos y acertados con relación al verdadero derecho de accesión en materia de minas, debemos reducirlo a las condiciones en que la observación lo coloque, es decir, a probar si realmente las substancias de que se trate, pueden, por su naturaleza, considerarse una dependencia del suelo, y si en el caso de verdaderas minas, el valor de éstas es inferior al de aquél. Pero al respecto debe decirse con la observación, que las tierras que esconden riquezas minerales, son, por regla general, estériles para la agricultura.

En conclusión, pues, sobre este aspecto del problema, debe decirse que del punto de vista del derecho natural, según los nuevos conceptos fundados en la observación y en la ciencia, existe una distinción substancial entre el suelo y el subsuelo mineral, y que en algunos sentidos el suelo es una accesión de la mina. Luego, las propiedades son distintas y caben distintos dueños con pleno dominio respectivo.

- 357. Del concepto pleno de la propiedad —que consiste en un elemento psicológico, o sea el ánimo del hombre para hacer suya una cosa determinada, imprimiéndole el sello de su personalidad, y otro material que es la cosa misma—, se desprende una consecuencia importante para , aclarar su origen. Si la ocupación o el descubrimiento dan un derecho que se ha especificado en una preferencia, sólo el trabajo personal aplicado a la productividad o al perfeccionamiento de ella forman la verdadera noción de propiedad. Por la ocupación el hombre llega a la propiedad, pero no pueden ambos términos confundirse. Así, pues, en el sentido económico del problema, el trabajo crea el derecho sobre las cosas y sus frutos. El hombre antiguo que fundó la propiedad no hizo suya sino la tierra superficial; las minas le fueron desconocidas y al transmitir a sus herederos la tierra apropiada, no pudo comprenderlos, porque ni las ocupó, ni las apropió, según la plenitud del concepto (7). Si en el

- (7) E. Dalloz, De la propriété des mines, t. I, pág. 6. — Domat, Droit public, t. I, c. II, lib. 2, N^9 19.

terreno de la filosofía jurídica el trabajo real y específico crea la propiedad y la conserva, con mayor razón en el de la economía política cuya base, objeto y fin es el trabajo mismo.

Ahora bien, si tomamos en cuenta el destino y papel de cada una de estas cosas —tierra, minas—, en la economía, la diferencia resalta todavía más; y el fundamento de la división necesaria entre las dos propiedades se muestra más visible. La primera basta para alimentar al hombre y proveer sin más que el trabajo empírico a muchas de sus necesidades esenciales, mientras que la segunda, abarca mayores horizontes, requiere mayor y más compleja aplicación de la inteligencia y de la fuerza humanas, y satisface necesidades colectivas de más alta importancia científica. La tierra alimenta al que la trabaja, aunque sea uno solo; las minas no rinden al trabajo de uno solo, sino que necesitan para cumplir su destino económico, de la asociación de brazos e inteligencias.

- 358. Este es el concepto que expresaba Regnauld d’Epercy en la Asamblea francesa de 1791, al informar su proyecto, diciendo: “Las minas son dones preciosos depositados por la naturaleza en el seno de la tierra para utilidad de las naciones agrícolas, industriosas y comerciantes; sus explotaciones conducidas con sabiduría y con grandes recursos, hacen circular, en mil diversas formas, riquezas inmensas que sin cesar alimentan la agricultura, el comercio, las artes y la industria, ofrecen medios de subsistencia a un grandísimo número de obreros... El hombre aislado jamás habría podido extrarlas: esta operación era superior a sus fuerzas, y su resultado le habría sido inútil... Las minas, en efecto, en su mayor parte colocadas a inmensas profundidades de la tierra, no están indicadas sobre la superficie, o no lo están sino de modo incierto; las minas metálicas no pueden ser aplicadas a nuestras necesidades sino mediante operaciones secundarias infinitamente más difíciles que su extracción; y su extracción misma, como la de las substancias fósiles, exige

trabajos inmensos, máquinas enormes, abrumadores sacrifi

cios”

Por otra parte, las minas desempeñan en la economía del mundo funciones de tal género, que las convierten en objeto de especial importancia: suministran la moneda, los materiales de construcción y movilidad, y de cuanta aplicación ha concebido el hombre para su progreso y cultura: la tierra en sí misma no tiene ese tan amplio destino, y puede decirse que en todo lo que ésta se dirige al individuo, las otras se dirigen a la sociedad, a la humanidad. De ahí su carácter de utilidad pública, de orden público, reconocido por todas las legislaciones.

- 359. Analicemos ahora el asunto con referencia a las reglas de explotación que cada una de estas propiedades exige, y veremos con la mayor evidencia la imposibilidad práctica de que ambas puedan subsistir reunidas formando un todo, una sola cosa indivisible, y por lo tanto, la absoluta inutilidad de la doctrina que proclama la dependencia en favor del suelo.

- 1.  Ha demostrado la ciencia que el orden necesario para la explotación de las minas procede de abajo hacia arriba, mientras que la explotación de la tierra sigue el orden inverso. Si el dueño de la tierra hubiese de reunir las dos propiedades, tendría que alterar este método impuesto por la naturaleza misma y la ciencia de la explotación minera: esto sin tomar en cuenta la imposibilidad de sostener en condiciones económicas las dos explotaciones del suelo y del subsuelo.

- 2.  Todo trabajo de minas necesita desplegar en la superficie una gran cantidad de instalaciones, aparatos y maquinarias, en extensión generalmente considerable, llamada campo de explotación; éste deberá ser muchas veces, casi siempre, mayor que el espacio correspondiente a cada pro

ís) Chicora et Dupont, Ob. cit., Apéndice, pág. 268. pietario, viéndose obligado, o a ocupar la propiedad vecina o a limitar la amplitud de su industria, lo que es absurdo tratándose de la naturaleza de ésta.

- 3. Se considera la indivisibilidad de las minas como materia de orden público (9), fundada en la conclusión científica que requiere unidad de explotación. Este principio es adoptado por todas las leyes, como punto incontrovertible, siendo que la doctrina de la divisibilidad de la tierra superficial, que es también de orden público, ha sido incorporada al derecho moderno como una gran conquista del espíritu liberal. Luego la oposición no puede ser más absoluta, entre los caracteres esenciales de las minas y de la tierra. El trabajo de las primeras para ser económico, esto es, ordenado y científico, necesita la indivisibilidad; el de la segunda para llenar las exigencias de la sociedad y los individuos, exige la división. Son inconciliables ambos principios en el estado actual de la ciencia.

- 360. No es menos incontrastable la objeción que se funda en la extensión y posición de los criaderos en el seno de la tierra con relación a la superficie. Estos recorren extensiones más o menos considerables, que atraviesan muchos de los terrenos separados por demarcaciones superficiales. O un solo dueño de veta debe apoderarse de todos los terrenos de la superficie para poder explotarla, o todos los dueños superficiales estarían obligados a explotar en común la veta subterránea. En el primer caso, no habría dinero ni arte que reuniese los diversos valores y voluntades; y en el segundo, sería desconocer las más elementales ideas sobre libertad de las convenciones. Aparte de esto, el dueño del suelo tendría siempre en su mano la empresa del minero, pues con exigirle precios irrealizables e imponer condiciones onerosas, bastaría para matar todo esfuerzo. Más todavía: las explotaciones subterráneas necesitan aire, luz,

- (9) E. Rodríguez, anotaciones manuscritas a las Ordenanzas de Nueva España, tít. XI, art. 4.

salida para los productos y las aguas, todo lo cual se consigue practicando aberturas, chimeneas o galerías, que tendrían que rasgar o derribar el terreno en puntos determinados matemáticamente, con prescindencia de los derechos o inviolabilidad de la superficie. Estos conflictos, como el del número anterior, no tienen solución sino con un arreglo muy distinto de los que el sistema de accesión permite.

- 361. ¿Y los gastos de explotación? Describir las varias operaciones en que consiste una verdadera explotación minera, nos llevaría muy lejos y es materia más de ciencia que de ley; pero la industria moderna que todo lo procura por las máquinas, pero a gran costo y compensando por la cantidad del producto los gastos de su extracción, ha hecho que toda industria ordenada y económica busque desde luego el auxilio de las máquinas. Entre las múltiples empresas del hombre, ninguna requiere mayores gastos y sacrificios personales de fuerza y de ánimo que las de minas: capitales inmensos para la instalación de trabajos, desde luego, gastos permanentes de explotación durante tiempo indeterminado, que puede prolongarse indefinidamente sin compensación, por lo aleatorio de la empresa; adquisición del terreno, indemnizaciones, operaciones periciales, accidentes que con frecuencia malogran la labor de años enteros para empezar de nuevo, y por último, a veces, ninguna ventaja y sí sólo desastres; generaciones enteras consagradas muchas veces a un sueño, a una esperanza de fortuna, vidas inmoladas y poblaciones esterilizadas a la espera de un descubrimiento que las enriquezca. Todo esto sólo se puede conseguir por el esfuerzo combinado de muchos hombres, por la abnegación y los capitales reunidos de gentes nacidas y experimentadas en la ardua profesión del minero. Declarar las minas dependientes de la superficie, es declararlas de propiedad del dueño de ésta, y luego condenar sus riquezas a la inacción, porque un solo hombre jamás realizaría lo que una buena explotación exige del capital y de la voluntad.

- 362.  La separación absoluta de ambas propiedades es, por lo tanto, una necesidad de la naturaleza, una conveniencia económica, y una ventaja para los respectivos dueños, pues que un solo dueño no podría jamás explotar su mina sin destruir sus cutivos superiores; y dedicándose con intensidad a éstos, se expone a causar graves perjuicios a la explotación subterránea. Un principio que separe las dos propiedades, y una ley que regle las relaciones y conflictos de derecho, son una consecuencia necesaria, que por otra parte están apoyadas por la observación y la ciencia. “Hay en la superficie y en la mina dos fuentes de riqueza perfectamente distintas, separadas por capas poderosas que pueden explotarse muy bien independientemente una de otra. Nos es imposible hacer constar la existencia entre ellas de una sola de las relaciones necesarias entre lo principal y lo accesorio” (10).

- 363.  Concluyamos sobre esta faz de nuestro problema, diciendo: 1Q, que el principio de la dependencia o confusión de las propiedades de la superficie y de la mina no satisface las doctrinas del derecho natural, ni las condiciones económicas de la industria, ni las reglas técnicas de explotación, ni las conveniencias sociales; 2^9, que hay una absoluta separación entre el suelo propiamente dicho y el sub-suelo mineral, quedando aquel reducido a la profundidad que habitualmente se necesita para todos los usos comunes de la vida y de las demás industrias, o como dice E. Chevalier, “el propietario de la superficie tiene un derecho incontestable al espesor del terreno necesario, sea para la explotación del suelo, sea para la plantación de los árboles o los trabajos de cimiento de los edificios, en una palabra, para todas las necesidades de la superficie” (H).

- (10)  J. M. Langeron, Législation des mines (Thése), págs. 80 y 81.

- (11)  De la propriété des mines, pág. 40.

- 364. Debemos aquí volver a la discusión, bajo muchos conceptos memorables, de la Asamblea Nacional francesa de 1791, sobre el proyecto de ley de M. Regnauld d’Epercy, que ya hemos recordado, al que contesta Mr. Heurtaut Lamer-ville, partidario del sistema de accesión. Este último provocó los célebres discursos de Mirabeau, en las sesiones del 21 y 27 de marzo, en que el orador sentó las bases, hasta hoy inconmovibles, de la doctrina que había de desterrar de todos los países de origen latino, la escuela romana de la accesión en materia de propiedad minera. Ni los jurisconsultos ni los jueces han variado los argumentos que aquél formulara entonces, no habiendo hecho otra cosa la experiencia y la crítica sino confirmar sus opiniones, que es fuerza reproducir en cuanto no han sido aún reemplazadas, como materia dogmática.

Sobre el punto de vista de la divisibilidad de la tierra e indivisión de la mina, expuso así su argumento: “Digo que el interior de la tierra no es susceptible de partición; que las minas, por su disposición irregular, lo son aún menos; en cuanto a la superficie, el interés de la sociedad está en que las propiedades se dividan; en el interior de la tierra, por el contrario, sería menester reunirlas, y así, una legislación que admitiese dos especies de propiedades como accesorias una de otra, y de las cuales una sería inútil por el solo hecho de tener a la otra por base y medida, sería absurda. Digo que la idea de hacerse dueño de un torrente o de un río que corresponde bajo la tierra a la superficie de nuestros campos, me parece tan singular como la de impedir el paso de un globo por el espacio que corresponde también, seguramente, al suelo de un propietario particular... En fin, digo que no hay quizá una sola mina que corresponda físicamente al suelo de determinado propietario. La dirección oblicua de una mina de este a oeste, la hace tocar, en muy pequeño espacio, en cien propiedades distintas... Una mina no es explotable por una sola abertura. Abro un pozo en mi fundo; apenas he vislumbrado

un resplandor de esperanza, cuando ya estoy en el fundo de otro. Si éste no me permite hacer otra abertura, será necesario que renuncie a'mis trabajos; y si es obligado a concedérmelo, entonces es verdad que el derecho de propiedad debe ceder a la utilidad pública”.

- 365.  Exponiendo el argumento sobre la imposibilidad de afrontar los gastos de explotación, después de hablar de la inmensa cantidad de los útiles, instrumentos y agentes de trabajo, y de la necesidad de reunir a un crédito suficiente para procurarse grandes capitales, el conocimiento más profundo de un arte que exige el auxilio de casi todas las ciencias, se pregunta: 66¿Se puede esperar esto de propietarios aislados? La mayor parte no tiene siquiera recursos bastantes para cultivar la superficie del suelo, ¿y los tendrían para lanzarse a empresas arriesgadas? ¿Se quiere que vendan la superficie de sus propiedades para procurarse los medios de sondear la profundidad”?

Si las leyes han de ser reflejo y expresión de los caracteres de los países para los cuales se dictan, en ninguno son más aplicables las observaciones de Mirabeau que en el nuestro, en cuyas provincias interiores la tierra de las regiones montañosas, propiedad de gente pobre, poco habituada al trabajo vulgar, menos por cierto al trabajo científico, permanece largos años baldía por falta de recursos para cultivarla, a veces para pagar los impuestos territoriales. ¡Qué hemos de hablar de explotación de minas, ni siquiera en la menor proporción posible! Luego el sistema de accesión no es conciliable en país alguno con la nueva concepción de la industria en su relación con la propiedad de la tierra, y mucho menos en el nuestro, para el cual legislamos y cuyo Código estudiamos.

- 366.  1. Dícese por los sostenedores del principio de accesión, que el inconveniente de la división de la tierra superficial se salvaría facilitando las asociaciones entre los diversos propietarios. Pero este medio de estímulo tendría que eer la obligación en todo caso, y ninguna ley puede obligar a contratar a quien no quiere hacerlo espontáneamente, sobre lo que es propiedad suya exclusiva y plena como la tierra; no así la mina que siendo de la Nación, sólo se concede a los particulares para el provecho común por el trabajo. Además, en el caso de las sociedades, bastaría la negativa de uno de los propietarios para que la sociedad fuese imposible, y los altos intereses nacionales fuesen frustrados por la paralización de la minería.

2. Se ha dicho también que salvarían la dificultad los convenios entre mineros y propietarios para hacer que estos últimos concurriesen con sus propiedades, o renunciasen, por interés en el capital, al precio de las tierras; pero se olvidan dos consideraciones insalvables: l^9, el principio de la libertad de las convenciones, y 2^9, los intereses originariamente contradictorios, del minero que necesita la mayor amplitud de derechos y propiedad sobre la tierra hasta absorberla por completo, y el del propietario que prefiere siempre, en la imposibilidad de explotar por sí, ver reemplazada la mina por el precio de la enajenación de su propiedad, haciendo imposible todo acuerdo.

- 367. Al amparo del libre desarrollo de las industrias, se dice, se formarían fuertes sindicatos para adquirir las tierras con minas y explotarlas; a lo cual contesta Mirabeau nuevamente: “¿Reunirán todos a la vez el suelo y la fortuna? El suelo: será necesario para explotar una mina de dos leguas de radio reunir dos mil propietarios; y ¿cuál sería la proporción de su interés? ¿Cómo obraría de acuerdo semejante número de socios? La fortuna: casi siempre sería insuficiente; hay minas cuya explotación ha costado diez veces más que el suelo que las cubre... Se dirá que se formarían muchas pequeñas explotaciones, lo que equivaldría a empresas más considerables. Pero ya se ha observado que no se puede dividir una mina como se divide el cultivo de un campo. Los gastos son menores en las grandes empresas y la substancia de la mina puede ser vendida a más bajo precio. Cuando se ha hecho grandes gastos, se sigue un filón hasta su agotamiento; la cantidad de las materias extraídas es, pues, más considerable, y en este nuevo sentido, el precio es menor. Dos mil propietarios harán dos mil pozos para una explotación que una compañía haría con cuatro. Los primeros sólo emplearían hombres en sus trabajos; ésta los reemplazaría con máquinas".

- 368. Por último, los partidarios del sistema romano aducen el ejemplo de Inglaterra y los Estados Unidos, para demostrar cómo la propiedad conjunta de la tierra y de la mina no es un obstáculo para el gran desarrollo de la industria.

- 1.  Respecto de Inglaterra, debe recordarse lo que dijimos en el lugar correspondiente sobre la repartición de la tierra, de manera que los grandes propietarios son dueños de casi toda la del reino, sobre la cual ejercen derechos de señor, especie de pequeños soberanos, que a su vez disponen de ella y la conceden en explotación a terceros, mediante cánon o participación proporcional en los productos. Esto en cuanto se refiere a los propietarios comunes: porque sabemos que la Corona tiene regalía antiquísima sobre las minas de oro y plata, no rigiendo, por tanto, sobre éstas el sistema de accesión. Desde luego, los grandes propietarios se han subrogado en cierto modo al Estado sobre sus tierras, ejerciendo ellos allí, no ya el mencionado sistema, sino el domi-nial absoluto, porque ni siquiera ftiajenan las minas, conservándolas perpetuamente en trabajo junto con la tierra, por medio de los contratos que hemos enunciado a su tiempo.

- 2.  Tampoco en los Estados Unidos la legislación está del todo conforme con su fama; y aunque es cierto que allí el que pide un claim de terreno mineral, adquiere la mina por ese solo hecho, la propiedad se halla deslindada en pertenencias fijas, que varían según las substancias; y la práctica de enajenar el criadero en toda su extensión es un verdadero surtidor de pleitos, que quisieran los tribunales ver concluidos cuanto antes. El ejemplo de los Estados Unidos a este respecto, donde tampoco existe legislación uniforme, pues rige una ley distinta en cada Estado, y donde tiene la ley nacional muchos elementos regalistas, no es un ejemplo que deba ser citado en apoyo de tesis alguna.

3. Luego, pues, con relación a Inglaterra, siendo nuestros países republicanos, la propiedad de la tierra accesible al mayor número, y completamente distintas nuestras tradiciones legislativas y costumbres, sería inaplicable el sistema que viniese a inmovilizar la mina en favor de la tierra, o la tierra en favor de la mina. Nuestra ley ha hecho a ambas propiedades distintas, como son por su naturaleza, y ha reglado sus conflictos y relaciones para hacer posible su coexistencia.

- 369. En esta larga disputa entre los sistemas y escuelas, el Código argentino ha podido elegir los más prácticos y conformes con una acertada doctrina: ha conciliado las diferentes contradicciones entre ellos, tomando lo que cada uno tenía de mejor y más aplicable, y concediendo a las varias tesis contrarias al sistema de accesión, lo que ellas tenían de justo, equitativo y conforme can las exigencias de la práctica.

Así vemos que, según las innegables conclusiones de la ciencia, él ha quitado al propietario del suelo todo dominio sobre las substancias de la primera categoría; pero al mismo tiempo le reconoce y le concede todos los derechos tradicionales conciliables con una explotación útil y provechosa para la sociedad y el Estado. Puede decirse que ha sido su norma considerar el derecho del propietario de la tierra como la regla general, y el del minero sólo como una excepción; porque aquel tiene todos los que expresamente la ley no acuerda al segundo. Puede explorar libramente su campo; puede constituirse en explotante con el cumplimiento de simples formalidades que den la exclusividad de su título y excluyan a terceros; puede reclamar la indemnización justa en caso contrario y en el de perjuicios a sus labores superficiales. Luego, las mismas substancias metálicas de primera clase, cuando se hallan en yacimientos fáciles de explotar, sin grandes instalaciones ni métodos rigurosamente científicos, y en que parecen más bien accesorios del suelo que cosas independientes de él, la ley le reconoce la prioridad en el derecho, conforme a las ideas tradicionales de las escuelas romana e inglesa; y allí donde no existe duda ni discusión entre los sistemas, ni ha habido divergencia entre las leyes, respecto de las materias de la tercera categoría, nuestro Código las declara de propiedad absoluta del dueño del suelo, adoptando de lleno la doctrina de accesión.

En resumen, el Código argentino se distingue de las demás leyes mineras: l^9, en que ha aprovechado todas las discusiones y controversias entre todas las escuelas, para adoptar las conclusiones más aplicables y conformes a nuestras conveniencias y tradiciones, y a los caracteres físicos del país; 2^9, que ha tenido en cuenta para adoptar su sistema eminentemente ecléctico, los consejos de la experiencia minera americana, los resultados científicos sobre explotaciones modernas y los futuros desarrollos de la industria entre nosotros.

- 370. Por último, puede argumentarse con el texto mismo del art. 2518 del Código Civil, que ya conocemos, para pretender regir por él la propiedad minera, asimilándola a la del Código Francés. Pero como antes y en diversos pasajes hemos tocado esta cuestión, digamos aquí a manera de resumen, que tal argumento no puede ser ya invocado entre nosotros: l^9, porque las disposiciones excepcionales del mismo Código Civil sobre la materia destruyen las de carácter general y teórico (12) ; 2^9, porque el mismo poder de legislación general, cumpliendo un mandato expreso de la Constitución, ha dictado el Código de la materia, que contiene las restricciones, limitaciones y especificaciones que no podía

(12) Código Civil, art. 2342, inc. 2^9.

comprender la ley civil (13). En nuestro Código Civil, como en el de Napoleón, según antes hemos visto, la propiedad del dueño del suelo ha quedado como una simple declaración teórica, sin aplicación posible, o sólo como un homenaje a la tradición jurídica a que pertenece. Desde luego, debemos concluir, que entre nosotros los bienes llamados minas no se rigen por otra ley que el Código especial de la materia: él constituye su derecho escrito, y sus puntos dudosos u obscuros deben ser interpretados por comparación con las leyes análogas, siempre que no estén en oposición con la Constitución de la República; y todo reglamento o pretensión de partes, contrarios a los derechos fundamentales que forman la base de clasificación jurídica de las minas en el Código, serán inadmisibles.

- 371. Recorriendo las anteriores demostraciones, para sintetizar las conclusiones generales de esta materia, y los largos debates sobre la subsistencia y predominio del sistema de accesión, como única base legislativa, encontraremos que él no satisface esta condición esencial que en vano se buscaría en ningún sistema por sí solo:

l^9 En la legislación histórica a que la nuestra pertenece, porque el mismo Código Francés que declara el principio en teoría lo destruye en la práctica; y en nuestros propios antecedentes, porque las minas no sólo son una propiedad distinta del suelo, sino que por derecho de soberanía pertenecen al Estado.

2^9 En el derecho natural, entendido en sus nuevos y positivos conceptos, y teniendo en cuenta la distinción cualitativa de las substancias, su diverso modo de yacimiento, sus distintos métodos de explotación y sus diferentes aplicaciones industriales, es indudable que existe una distinción fundamental entre la superficie y la mina, y que pueden y deben ser explotadas separadamente.

(13) Constitución Nacional, art. 67, inc. 11; Código Civil, art. 2518, fine; Ley de 26 de agosto de 1875.

3^9 Del punto de vista económico, aparte de que es materialmente imposible la explotación simultánea de la superficie y del subsuelo mineral, por las mismas empresas o por el mismo propietario, está demostrado que la una estorba a la otra, que se excluyen, y por lo tanto, para que sean útiles es necesario que una (la de mayor valor económico), abarque a la otra; luego, la mina nunca puede ser un accesorio del suelo en que está colocada.

4^9 Por último, las conclusiones científicas y los resultados de la experiencia en los pueblos mineros han demostrado que para que pueda existir una explotación provechosa de las minas, es necesario que concurra la mayor suma de elementos técnicos, de capital, fuerzas y labor, todo lo cual jamás podría conseguirse del propietario del suelo. Luego las minas se explotarían o no, según la voluntad o los recursos del dueño del suelo, lo que equivaldría a dejar indefinidamente inactiva una riqueza que por su condición natural, debe satisfacer tan grandes necesidades sociales.

- 372. Esta última consideración, sobre todo, ha hecho que los hombres de estado, los economistas y los jurisconsultos de casi todos los países, adoptasen las doctrinas enunciadas ya por Mirabeau en la Asamblea de 1791 y confirmadas después por las leyes y los comentarios. Y por otra parte, la experiencia de los países mineros, convertida en leyes prácticas y expeditivas, hace que cada día las reformas legislativas vayan adhiriéndose al sistema de la separación de ambas propiedades, o al que reconociendo en principio el dominio del Estado sobre las substancias metálicas y las de excepcional importancia industrial, permite que éste pueda ordenar su enajenación y aprovechamiento con las mayores ventajas para la riqueza colectiva o las urgencias del tesoro público. Tal es, además, la tendencia que se advierte en las nuevas leyes, hasta el punto que naciones que practican el sistema de accesión, empiezan a reconocer y ensayar los sistemas contrarios en sus dominios coloniales, no sólo en cuanto

al modo de conceder al descubridor la propiedad, sino hasta en los modos de conservarla y explotarla. Por lo que a nosotros se refiere, pueden las circunstancias económicas reclamar mayor o menor estrictez en la aplicación de los principios adoptados, pero nuestro Código contiene en lo esencial toda la amplitud y los recursos necesarios.

§ III

SISTEMA DE OCUPACIÓN

- 373.  1. Durante la época tan fecunda para el derecho

minero, de la discusión de la ley francesa de 1791, apareció este sistema, formulado por Turgot y defendido por él en una Memoria sobre las minas y canteras, que escribió para fundar su opinión en una consulta que le hiciera, como intendente de Limoges, el Consejo de Estado, para acordar una concesión de minas de plomo en Glanges (14) y que otros autores han definido por sus alcances, diciendo que él, considerando las minas como despojos o como cosas sin dueño, atribuye su propiedad al primer ocupante” (15).

- 2. Del punto de vista de nuestro derecho civil, el sistema llamado de ocupación, asimila las minas a “las cosas que se hallan en el fondo de los mares o ríos, como las conchas, corales y otras substancias que el mar o los ríos arrojan, siempre que no presenten señales de un dominio anterior” (16). Pero como se ve, en estos términos del Código Civil, predomina el concepto de cosa mueble, separable íntegramente del fondo en que se encuentra y no formando parte de la tierra misma. Y en el término “mina”, se comprende un concepto opuesto, de consubstancialidad con la tierra, y

- (14)  Turgot; CEuvres, t. II, pág. 134; — Paúl Gaillard, Etude historique et critique sur la propriété des mines, 1896, pág. 69.

- (15)  Dalloz, Propriété des mines, t. I, pág. 11.

- (16)  Código Civil, art. 2527.

según la naturaleza de los minerales, puede hasta ser ante* rior al terreno superficial que la cubre, o coexistente con él.

- 3. Por otra parte, el ilustre inventor creía encontrar su principal fundamento en el derecho natural; y si bien es cierto que la ocupación, hemos dicho, aparece como la fórmula primitiva de manifestar el dominio, también lo es que bajo el criterio del derecho filosófico más moderno, y distinto, sin duda, del derecho natural, la verdadera fuente de la propiedad no puede ser otra que el trabajo inmediato o mediato, que han creado los bienes que la constituyen. Así, la ocupación seguida del trabajo que la acentúa y la sanciona, por decirlo así, es distinta de la sola aprehensión material del hombre primitivo. Las dos operaciones han de ser simultáneas y coexistentes, si han de constituir un verdadero derecho de propiedad.

- 374. Turgot asienta sobre el derecho natural la base de su sistema, en cuanto a reglar el interés de los particulares. Según esto “se ve que, si el derecho de excavar la tierra, en el campo propio, es una consecuencia inseparable de la propiedad, el dercho de impedir a los demás hacer tales excavaciones, es una consecuencia inmediata de esta misma propiedad. Todo estaría dicho si no se hubiese de llegar hasta las materias subterráneas sin abrir el terreno que las cubre; pero cuando un hombre cava un pozo en su suelo, ¿qué puede impedirle continuar la extracción, abriendo galerías bajo el terreno de otro?" (17). Turgot sostiene que el dueño del suelo no podría oponerse porque no puede llamarse dueño del subsuelo, si al mismo tiempo no puede conservar su uso con exclusión de cualquier otro.

“Este poder no existiría sino por el empleo de la fuerza por parte del superficiario, o por la garantía de la ley". Luego, ni el superficiario se opondría a un hecho de que no tiene noticia, o que no le perjudica ni aprovecha, ni la ga-

- (17) Gaillard, Ob. cit., pág. 70.

rantía legal se extendería “a la posesión de substancias minerales, porque la razón jurídica sacada de la ocupación de ellos por el superficiario, y el motivo de equidad que hace asegurar a los primeros cultivadores el fruto de su trabajo, no existen en este caso” (18).

- 375. Expuesto el sistema por su autor, la Enciclopedia lo sostiene y define diciendo “que las materias minerales no pertenecen a nadie, hasta que el terreno sea excavado. El que emprende la obra de su extracción, las apropia a título de trabajo, como primer ocupante, y el propietario del suelo que excava en su terreno, no adquiere por otro título” (19); La razón económica y política de la nueva teoría, estaba en la necesidad de destruir el sistema de los monopolios y abusos del viejo régimen, permitiendo, por medio de la creación de esta nueva propiedad, separada del suelo, una subdivisión de la tierra, que iría a manos de industriales dispuestos a hacerla producir. En efecto, la adquisición de la mina, puesta al alcance de todos, hacía posible la desmembración de los extensos feudos concedidos antes de 1789, pues la adquisición del subsuelo mineral daba acción para hacerse adjudicar la propiedad de la superficie, a título de utilidad pública. Por más que existan minas cuya explotación sea posible en coexistencia con la de la tierra superficial, es el caso más general —y quizá rarísima la excepción— el de la absorción completa de la segunda por la primera. Pero, desde el punto de vista jurídico, el sistema parte de una base ambigua u obscura: la confusión entre los conceptos de simple ocupación y de apropiación. En el primero sólo existe uña idea de hecho más o menos material, más o menos autorizada por una situación especial de la cosa ocupada; mientras que en el segundo, como lo dice la palabra, interviene la idea de derecho, de título legítimo procedente de autoridad preestablecida y sancionado por la sociedad, por el tiempo y la ley.

- (18)  Gaillard, Ob. y lug. cit.

- (19)  Encyclopédie, V^9 Mines.

- 376.  Entre tanto, sigamos aún al autor del sistema, quien en su misma memoria ya citada (20), llegó hasta sentar las bases de un Código de minas, de la manera siguiente, que a la letra reproducimos, por su gran interés científico:

1* “Todo individuo tiene derecho para excavar la tierra en su propio campo.

2* “Nadie tiene derecho a hacer excavaciones en el campo de otro, sin su consentimiento.

3* “Es lícito a toda persona abrir galerías en terreno ajeno, con tal que tome las precauciones necesarias en garantía de la superficie.

4* “El que en uso de esta libertad hubiese minado debajo de sus tierras o de las ajenas, se ha hecho propietario a titulo de primer ocupante de las obras que ha realizado bajo tierra, y de las substancias que ha extraído, pero sin adquirir nada más.

5* “Toda la misión de la ley positiva en materia de explotación de minas, y para asegurar el mayor interés del Estado, se reduce a no quitar ni añadir nada a lo que establece la ley natural”.

Aparte la visible confusión que entrañan las tres primeras bases, respecto al derecho del superficiario, y sus consecuencias de orden económico general, contrarias a toda idea de producción eficaz y ordenada, es necesario advertir que Turgot va en su doctrina hasta excluir la intervención del Estado, en el sentido de la vigilancia policial y de seguridad, pues exagerando al extremo el principio de la ley natural, dice que “todo hombre está suficientemente interesado en conservar su vida, para que no se pueda, con respecto a esa consideración, adoptar las precauciones necesarias en los trabajos subterráneos”.

- 377.  No se ocultaron, por cierto, las grandes dificultades de carácter económico y social, ya insinuadas, a los juris-

- (20) Turgot, (Euvres (Ed. 1808), IV, 400. consultos de la asamblea legislativa de 1791, que examinaron, discutieron y juzgaron todos los sistemas conocidos; y entre los cuales Mirabeau, a propósito del proyecto de Mr. Dupont, fundado sobre aquel principio, expuso lo que hasta hoy sigue siendo en la ciencia jurídica minera lo más fundamental, como crítica al sistema de que venimos ocupándonos, y que no podemos dejar de consignar en estas lecciones, con la concisión posible:

“Sólo diré una palabra —habla el grande orador— del sistema del primer ocupante: él haría de nuestras minas, un laberinto sin salida. Este género de conquista, en medio del estado social, entregaría las minas al azar, no permitiría siquiera acordar la preferencia al dueño del suelo, ofrecería un combate perpetuo entre los mineros, y sería una fuente^ inagotable de querellas. Si se admite que el concesionario sea considerado como primer ocupante, es fácil entenderse; pero si se sostiene que el primer ocupante, por haber dado con una mina al atravesar un muro medianero, no tiene necesidad de concesión, no se tendrá bien pronto otras minas, que minas de pleitos”. Agrega luego esta irrefutable observación en lo relativo a la propiedad del suelo; “si un primer ocupante excava en mi fundo sin advertírmelo, yo puedo a mi vez excavar en el suyo, sin decirle nada; bien, pues, se podría siempre apostar mil contra uno, a que alguno de los dos sería inundado o aplastado por las labores del otro; y yo no veo cómo ésto pudiera ser útil a la explotación de las minas”.

Y concluye diciendo que si se admite el sistema del primer ocupante, “entonces sí que vamos a caer en un verdadero caos. ¿Cuál será la propiedad del que primero hubiese hallado una mina? Este filón de 10, de 100 toesas, será suyo; pero si el filón tiene 1.000 toesas ó 2.000, ¿le pertenecerá también al otro extremo, aunque él no haya encontrado ni conocido su dirección ni su existencia? Otro minero puede también explotarlo, y éste será también un primer ocupante. ¡He ahí cuáles serían las consecuencias de semejante sistema!”

- 378. Al estudiar los sistemas referentes a la propiedad de las minas, las personas no habituadas a esta materia, juzgándola con el criterio del derecho civil, confunden en uno solo los denominados de ocupación y de la res nullius, sin percibir una profunda distinción existente desde el punto de vista de la especialidad y de la legislación positiva contemporánea. Aun dentro de los principios de la ley común, ambos conceptos no son idénticos, pues la ocupación es una consecuencia del carácter de “sin dueño” de las cosas así calificadas; y no se puede identificar el efecto con la causa, ni la especie con el género, ni la aplicación práctica de una teoría con su enunciación teórica o abstracta.

Tanto es así, que en el derecho minero, ya teórico, ya positivo, se ha establecido una grande diferencia entre las dos ideas o fórmulas, a punto de constituir dos sistemas enteramente separados en el hecho, en la doctrina de los autores y en la legislación experimental. Y nada tiene esto de extraño, desde que no existe uniformidad ni siquiera respecto de los sistemas mejor definidos, como el de accesión y el de dominio, pues ambos admiten gradaciones y excepciones que llegan hasta desnaturalizar su sentido primitivo. Por idéntico proceso se ha formado la separación real entre los principios de las res nullius y de la ocupación, pudiendo llamarse al primero un sistema teórico o de derecho y al segundo práctico o de hecho.

Algunos autores, entre ellos Aguillon (21) llegan hasta subdividir el sistema de las res nullius en dos subsistemas: el de ocupación o toma de posesión y el de las concesiones de derecho regalista. Todo lo cual demuestra que la variedad será inagotable mientras no se armonicen respecto del punto de partida de la clasificación de los derechos; porque si se parte del principio de la propiedad común de las tierras y

- (21) Législation des mines, t. I, núms. 8, 9 y 10. minas, dominarán las divisiones que se fundan en el dominio privado; si se comienza por un concepto de derecho público, en el cual la persona y derecho del Estado es el primer elemento de juicio, la clasificación será contraria a la anterior y apenas concurrente con ella en algunos puntos; si se toma como base el trabajo industrial del descubridor, el derecho del superficiario y del Estado cederá su lugar al del hecho de la revelación o creación de un bien antes ignorado, cuya propiedad no podrá adjudicarse sino a aquel que la reveló, la descubrió o la puso en condiciones de ser útil a la sociedad. Luego, en la necesidad de encontrar una base más general y comprensiva, dentro de nuestro organismo jurídico, no podemos vacilar en decidirnos por la que llamaremos de derecho público, pues hasta ahora toda la vida jurídica de la Nación, y en su estatuto constitucional, tienen su origen, sanción y funcionamiento todos los derechos privados, de cualquier orden que sean, y nada puede haber que no tenga en aquél su fórmula más o menos amplia de expresión.

Según estos fundamentos, el sistema de ocupación no puede ser jamás origen absoluto o general del derecho de propiedad primera, pues habrá de declararse que las minas no pertenecen a nadie, ni siquiera al Estado, lo que es inadmisible y contraría las bases del derecho real argentino. Luego, la ocupación no es sino uno de tantos medios por los cuales el derecho individual puede establecerse sobre esa gran propiedad colectiva de las minas, ejercido por el Estado como personificación de la Nación, y en tal sentido, como persona capaz de derechos y de actos obligatorios. La ley, entonces, al disponer los medios de apropiación individual para la explotación de las minas, puede elegir aquellos que consulten mejor los fines económicos de la industria, o los particulares del Estado, o las conclusiones de la ciencia, o las necesidades transitorias de la sociedad, dando origen a un verdadero eclecticismo que, cuando es bien realizado, puede ser el sistema más experimental, y por tanto, el más conveniente en todo tiempo.

Cuando se estudia este sistema en el sentido de fuente originaria de derechos, no se puede menos que rechazar su adopción; y es la manera como ha sido juzgado por los autores. Troplong cree que sólo conducirá a la anarquía, y en cuanto a los tratadistas especiales de derecho minero, como Dalloz (E.), Chevallier, Dufour, Krug-Base y otros, adoptan como propias las conclusiones enunciadas por Mirabeau en la Asamblea francesa de 1791. Por lo que respecta a nosotros, esto es, al sistema institucional de la República Argentina, la ocupación no es un principio, sino un medio de adquisición, y siendo por derecho público e histórico el Estado dueño a título privado de las minas en general, aquélla no podría ser erigida en base o fundamento del Código de Minería de la Constitución.

- 379. Pero nos hemos apartado un tanto del orden de nuestra exposición; y volviendo a él y a la historia de las doctrinas, digamos que el elemento del trabajo, como inherente al concepto de la ocupación, para surtir efectos de verdadero dominio, ha sido enunciado, en cuanto a la propiedad minera, por Thiers, con cuyo nombre se la conoce en los trabajos de derecho minero, en estas palabras: “Habiendo la sociedad civilizada consagrado por escrito el derecho que había encontrado existente bajo la forma de hábito en la sociedad bárbara, habiéndolo consagrado con el objeto de asegurarlo, estimularlo e incitarlo al trabajo, puede decirse que el trabajo es la fuente, el fundamento, la base del derecho de propie* dad. Pero si el trabajo es el fundamento del derecho de propiedad, también es su medida y su límite... Pudiendo ser el subsuelo el teatro de un trabajo nuevo, lo es también de una propiedad nueva; y bajo la superficie que pertenece al labrador, se forma otra posesión que pertenece al minero. Pero al lado de uno (la ley) coloca al otro, y la tierra, lejos de ser teatro de una usurpación, es por este medio el de una doble labor: uno en la superficie, otro en las más profundas entrañas. De suerte, pues, que ninguna porción de este universo es concedida a quien no haya de trabajarla: a uno la superficie, a otro el subsuelo; y a cada uno para el trabajo, por causa del trabajo, en la medida del trabajo” (22).

Hay —si en la pura filosofía o en metafísica, esta doctrina puede ser combatida, como expuesta a extremos abusivos, y por haberse fundado sobre ella algunos regímenes despóticos, o si en vez de ser el trabajo la forma primitiva, lo fue la comunidad, para convertirse luego por el trabajo en propiedad individual (23)— ante la economía política y los principios positivos de la minería, el trabajo es no sólo origen y medio de adquirir, sino una alta ambición de orden público, permanente, sin lo cual no se realizaría ninguno de los fines de esta industria en el bienestar y progreso de las naciones. Y así nuestro Código ha fundado sobre ella, aunque ya tendremos ocasión de examinar sus extremadas consecuencias, todo su pensamiento y su organismo.

- 380. Examinemos para concluir y en resumen, los caracteres y consecuencias generales de este sistema, considerado según todas las doctrinas expuestas. El trabajo, aun en el derecho natural, si bien es un medio de apropiación, no es el derecho mismo; y si hubiera de ser admitido en el segundo concepto, toda idea de orden jurídico tendría que desaparecer para erigir en su lugar el predominio del más fuerte, del más afortunado o del más audaz, lo que equivale a la negación del estado social. El excluye, además, la intervención reguladora y tutelar del Estado, la cual, si como ejercicio puede ser a su vez fuente de perturbación, no puede ser desconocida en su carácter de personalidad jurídica colectiva de la Nación, y poder ordenador de todas las relaciones sociales.

La simple ocupación o toma de posesión de las minas por el primero que las halla o las revela, no puede crear más derecho que el de prioridad para la adjudicación; pues sien-

- (22)  Thiers, De la propriété, Ed. 1848, pág. 87.

- (23)  M. Kovalewski, Origines et évolutions de la famille et de la propriété, Lee. IV.

do las minas bienes del Estado, éste es quien debe juzgar de las condiciones requeridas para su apropiación individual; y éstas no pueden ser sino las que realicen mejor el interés común. En cuanto al descubridor, si no puede cumplir aquellas condiciones, su derecho, el único adquirido por su trabajo o su inventiva, le es recompensado en forma de indemnización que todas las leyes le reconocen.

Tampoco este sistema consulta las reglas científicas de la explotación, que pueden condensarse diciendo que ésta exige, más que ninguna otra industria, unidad, método, continuidad, armonía y concurrencia ordenada de todas en una producción regular. Si las minas hubieran de adjudicarse siempre al primero que las encuentre y sin más requisito, se crearía el más grande de los desórdenes, pues ni se podrían regular las áreas concesibles, ni imponer un régimen de trabajo, ni determinar en ninguna forma una progresión más o menos gradual en la producción: los conflictos de derechos, las confusiones de límites y de productos, las inundaciones, derrumbes, accidentes, usurpaciones criminales y todo género de perjuicios, serían el estado permanente de la minería.

Por fin, bajo semejante régimen, no es concebible tampoco el fin económico de la industria minera. El desorden destruye sin provecho los terrenos superficiales y subterráneos; hace imposible la ejecución de grandes y sólidos trabajos de explotación científica y duradera; aleja a los verdaderos empresarios con aptitudes y con capital, para dar lugar a los aventureros y rapaces, prontos a lanzarse en tropel sobre las regiones donde ocurre un descubrimiento, como en California, en Australia, en el Sud de Africa, en Alaska, hasta que la autoridad interviene y establece el orden jurídico, reemplazando la ocupación, por el derecho, aunque la primera sea siempre el punto de partida para llegar al segundo (24).

- (24) Véase, respecto a esta interesante transformación del hecho de la posesión en el derecho de la propiedad, las obras: L. de Launay, Les diamants du Cap., págs. 1 a 72, y Auzias-Turenne, Voyage au Pays des Mines d’or. Le Klondike, págs. 49 a 54.

§ IV

SISTEMA QUE CONSIDERA A LAS MINAS COMO “RES NULLIUS”

- 381. La enunciación literal de este sistema debe ser, para comprender todo su alcance, la siguiente: “sistema que considera las minas no concedidas, como res nullius cuya propiedad no pertenece a nadie, ni aun al Estado, pero que el Estado, por un interés general, es llamado a atribuir a una persona de su elección” (25). Se le designa también con el nombre del jurisconsulto Eduardo Dalloz, quien lo sostuvo con gran acopio de razones y elocuencia en un libro que goza de merecida autoridad en el derecho minero (26). uEste sistema, agrega su autor, es de tal manera conforme a la naturaleza de las cosas, que se halla aún en germen en el pensamiento de personas que, sin haberlo estudiado nunca a fondo ni haber oído hablar sino incidentalmente de minas en obras o tratados generales, se han limitado a exponer y a aceptar el principio de que, según las leyes vigentes, la propiedad del suelo lleva consigo la del subsuelo mineral, en toda su profundidad.” No excluye el derecho del Estado para imponer una contribución sobre las minas concedidas y trabajadas, ni tampoco la participación del propietario del suelo en los beneficios. Sólo es menester advertir que, “cuando la concesión se hace a un tercero, los derechos del dueño de la superficie resultan, no del hecho de operarse entonces en perjuicio suyo, una expropiación del fundo, sino de la depreciación que su^ fre la propiedad superficial, por el hecho sólo de esa concesión; y en efecto, la superposición de una propiedad superficial y de una propiedad subterránea importa para la primera, gravámenes y obligaciones, así como eventualidades de

- (25)  Krug-Base, Ob. cit., pág. 14.

- (26)  Eduardo Dalloz, De la propriété des mines, t. I, P. I, C,I, Sec. IV, pág. 28.

daños cuya reparación más o menos completa, no será obtenida, tal vez, sino tardía y difícilmente”.

En un sentido más jurídico, el fundamento del sistema está en la causa de la adquisición de este bien, antes desconocido, y que indeterminada y virtualmente pertenece a toda la Nación; esa causa es el trabajo del descubridor, la exploración, por medio de la cual llega a exteriorizar y hacer aprovechable una riqueza que sin ese esfuerzo habría quedado, acaso para siempre, ignorada e inútil para la sociedad. Dalloz confunde quizá la noción de la propiedad permanente de la mina, con la del modo de otorgar a un particular el derecho de explotarla en provecho propio y común, y además, olvida que la propiedad adquirida por el descubridor de la mina no es idéntica a la que sobre la superficie funda el Código Civil; la una es siempre limitada en el tiempo por la duración del yacimiento o por la ejecución de las condiciones impuestas por la industria, por la administración pública y por la ley misma, mientras que la otra es ilimitada, perfecta, absoluta, plena y entera, según el concepto clásico. Así, pues, cuando se dice adquirir una mina, se entiende la adquisición del derecho de explotar esa mina por tiempo indefinido; pero nunca podría admitirse que sobre ese género de bienes se funde el mismo derecho de propiedad que el de la tierra, porque la naturaleza de una y otra es diferente en substancia.

- 382. Mr. Dalloz, para dar a su sistema una base racional, ha debido enunciar el principio de que el Estado sólo interviene en la adjudicación de la mina como tutor de la riqueza pública; pero incurre en una inexactitud y en una impropiedad: lo primero, porque el Estado es una persona jurídica, capaz de derechos y susceptible de obligaciones, y no le es extraño, por consiguente, el título de propietario de todos los bienes que no tienen dueño particular dentro de la Nación; lo segundo, porque el Estado no es tutor de la riqueza pública, sino, cuando más, una de tantas fuerzas directivas, una de tantas influencias que pueden pesar tanto en sentido favorable como adverso a la riqueza, según que su política económica sea acertada o errónea. Luego el sistema, desde este punto de vista, comienza por inhabilitar al Estado para ser dueño de minas, como para serlo de todo género de bienes susceptibles de constituir la riqueza pública y desconoce las necesidades reales de la persona Estado, que la minería, más que ninguna otra industria, está destinada a satisfacer, como lo hizo en todos los tiempos, ya fuese en los santuarios de las altas civilizaciones griegas y romanas, ya durante las grandes guerras en que los productos del subsuelo mineral suministran todos los elementos de fabricación bélica, ya en fin, en la época del desarrollo industrial, en la que el Estado debe a veces convertirse en empresario y entrar en la lucha del trabajo y la producción con todas las demás fuerzas sociales. Las minas no son, por tanto, res nullius, cosas de nadie, porque tienen un dueño singular y capaz, el Estado, en su carácter de personificación jurídica de la Nación, como administrador y mandatario general del tesoro público, como poder político y financiero, encargado de cumplir fines prácticos, para los cuales se requiere una suma considerable de bienes.

- 383. Muchos autores de derecho minero, han sufrido la misma alucinación del autor referido, preocupados como se hallaban de dar a esta legislación un fundamento jurídico. Pero éstos, que han formado escuela alrededor de la doctrina enunciada, se han cuidado menos de buscar en la naturaleza misma las bases inconmovibles de la ciencia, que de construir con los mismos materiales conocidos del derecho civil clásico, romano y napoleónico, toda su armazón, que resultaba, así, artificial, deleznable e insuficiente para fundar un verdadero cuerpo de doctrina, ni menos un Código perdurable.

Contribuían a la formación de esta escuela o sistema las imperfectas ideas relativas a la personalidad del Estado, como entidad jurídica, a la vez que la vaga e incompleta disciplina científica, en lo referente a las relaciones entre la naturaleza física y la de los derechos que el hombre crea, reconoce o establece sobre ella. Tanto es así, que se llega hasta asimilar por completo, hasta identificar las cosas susceptibles de simple ocupación o aprehensión material, con las minas que, hallándose incorporadas a la corteza terrestre, mezcladas, confundidas con las demás substancias que la forman, nunca pueden considerarse comprendidas, en estricto derecho, dentro del sentido clásico de la máxima que formula el principio de la ocupación.

Partiendo de la única base cierta y científica, que es la distinta naturaleza y destino de la tierra superficial y del subsuelo minero, la teoría que consideraba las minas como cosas sin dueño, desconoce dos verdades jurídicas indiscutibles: 1% que el fundamento del derecho privado sobre la mina, es también distinto del que origina el de la superficie, aunque puedan desenvolverse simultánea o paralelamente; 2% que la intervención del Estado en la concesión no se realiza sólo como dueño de la suma total de esos bienes llamados minas, sino en virtud de leyes propias, inherentes al concepto mismo del Estado, como legislador supremo de las relaciones jurídicas de toda clase, como administrador del dominio público y general de la Nación, y como encargado de la realización positiva de la justicia natural entre los hombres, y en este caso, respecto al goce y explotación de este género especial de bienes (27).

- 384. Pero volvamos a la exposición del sistema, y veamos cuáles son las consecuencias prácticas y jurídicas que su propio autor le atribuye y enumera en esta forma, que nosotros sintetizamos:

1* La propiedad de las minas no preexiste al acto de la concesión: es una propiedad, no primordial, sino derivada, y de institución puramente civil.

(27) L. von Stein, Ob. cit.

2* Las minas antes de la concesión no son sino cosas; después de la concesión sólo se convierten en bienes propiamente dichos.

3* Las minas no concedidas pertenecen virtualmente a todos, y actualmente a nadie; lo primero, porque toda persona puede pedir la concesión y obtenerla; lo segundo, porque no puede, antes de la concesión, disponer y gozar de una mina.

4* La institución de la propiedad de las minas por vía de concesión no es un asunto de interés privado; surge sobre todo del interés público, es decir, sólo es un medio de asegurar, en provecho de todos, la valorización y desarrollo de la riqueza mineral.

5* No siendo la propiedad particular sobre las minas más que una delegación de un derecho de dominio que habría pertenecido al Estado, la contribución pública que para el concesionario no es un precio de esa cesión, sino la parte legítima del capital nacional, vertida por el explotante particular en favor de la comunidad.

6* La propiedad de las minas, tal como resulta del acto de la concesión, no implica ninguna expropiación de la superficie en favor del concesionario; la concesión sólo es un acto investivo, y no directivo de propiedad.

7* Una de las cargas de la propiedad minera debe ser el pago de una contribución a los dueños de la superficie, no a título de una expropiación imaginaria del subsuelo mineral, sino como indemnización debida en compensación del perjuicio que les irroga el nuevo estado de cosas creado por la concesión de una mina: depreciaciones, molestias, restricciones graves y pleitos inherentes a toda vecindad y superposición como la que se produce, de la superficie y de la mina.

8’ El derecho acordado al particular, concesionario de la mina, se entiende limitado por las restricciones impuestas por la ley, en el interés de la riqueza pública, de la seguridad de las personas y las cosas, y de la independencia de la propiedad superficial.

- 385.  1. Además de las observaciones que ya hemos ade

lantado sobre este sistema, y de las visibles contradicciones entre el enunciado y las consecuencias que su autor expresa, aparecen otras de mayor gravedad, que le vuelven incompatible, con un régimen ordenado y económico de la minería. Por el principio de que, quod nullius est, id ratione naturali ocupanti conceditur, la propiedad de la mina tendría que adjudicarse en todo caso al primero que la descubra, sin consideración alguna a su capacidad para establecer una explotación productiva y útil a la sociedad; pero el autor y su escuela, que es la de la ley francesa de 21 de abril de 1810, sólo acuerdan la concesión de la mina a quien sea capaz de explotarla con aquellos requisitos y condiciones que se enumeran en el mismo acto de concesión. Si esto se pone a manera de excepción, forzoso es convenir en que ésta ha desvirtuado la doctrina.

- 2. La intervención del Estado se verifica en tres formas: 1% la adjudicación de la mina al descubridor; 2’, cobro de una contribución sobre ella; 3% vigilancia y garantía de la riqueza, de las vidas y de los fundos superficiales. Pero el sistema pierde de vista la sencilla noción de equidad, según la cual nadie puede conferir a otro derechos que no tiene, y así el Estado, que no es dueño de la mina, porque ésta es res nullius, tiene, no obstante, la facultad de otorgar su propiedad a un tercero. La contribución es una parte entregada al Estado por ese capital preexistente de la Nación; luego, el sistema reconoce el dominio de la Nación sobre todas las minas no concedidas, y la Nación, en este sólo sentido, es el Estado, el gobierno, como persona del derecho.

- 3. Una de las más insanables deficiencias de este sistema es que él no comprende todas las minas, pues las que la ley francesa llama mineras y las canteras, no se consideran separadas del suelo hasta el grado de crear una situación jurídica distinta. Pero esto importa despojar al Estado —lo que es lo mismo que decir la sociedad en su conjunto— de fuentes de riqueza inmensas, que no se presentan en la forma de las minas propiamente dichas de la ley francesa, pero cuyo valor industrial puede superar en mucho a las más ricas minas metálicas, como ocurre con el carbón de piedra, y con el mismo oro de lavaderos y placeres, con los nitratos y fosfatos, y otras substancias cuyas aplicaciones especiales, les dan un gran valor en momentos determinados. Entregar todas esas substancias, sin distinción, al dominio del dueño del suelo, substrayéndolas al del empresario minero, es caer en todos los defectos del sistema de accesión, hacer imposible o muy difícil el desarrollo vasto de la industria extractiva, y en países como el nuestro, de hábitos seculares regalistas, sería decretar la muerte de la minería, confundiéndola con el baldío eterno que corroe nuestra economía nacional.

LECCION IX

DEL DOMINIO DE LAS MINAS

( Continuación)

EL SISTEMA DOMINIAL Y EL REGALISTA

§ I

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

- 386. El cuarto sistema que hemos enunciado y que, para evitar distinciones de interés secundario, denominamos con los dos adjetivos “dominial” y “regalista”, es aquel que parte del principio del dominio del Estado sobre las minas en general, o reconoce la intervención del mismo en la adjudicación de ellas a los particulares, y establece la facultad del poder público para vigilar, garantir y asegurar por propia autoridad, el ejercicio, uso y goce de todos los derechos que el Código acuerda a las personas privadas.

Las ideas de “dominio” y “regalismo” no son idénticas: la primera, es más absoluta y se acerca al concepto de la propiedad común y civil; la segunda, es más amplia y se refiere principalmente al privilegio del Estado; la una indica un dueño particular, que lo es también el Estado como persona jurírica, y la otra prescinde de este carácter para tener sólo en cuenta la entidad política soberana, el poder administrativo, regulador supremo de todas las relaciones sociales.

Nuestra ley minera ha suprimido las distinciones anteriores al definir la propiedad originaria y general de las minas; porque por un lado ha limitado el alcance del derecho de la persona Estado, en el interés de la sociedad y de las personas particulares, y por otro ha extendido las facultades tutelares del mismo Estado, en cuanto es la potestad pública encargada de la vigilancia, garantía y ordenación de los derechos individuales. De este modo, pues, la restricción del dominio privado del Estado ha hecho que éste se confunda con el rega-lismo, y que desaparezcan las diferencias doctrinales y prácticas que existen en las legislaciones extranjeras, en muchas de las cuales y sobre determinadas substancias, se reserva al Estado un verdadero y perfecto derecho de propiedad sobre las minas, de las que puede disponer con el mismo título y en la misma extensión que el propietario pleno del derecho común.

- 387. Cuando se recuerdan las objeciones formuladas contra los sistemas anteriormente expuestos, y se tienen en cuenta las verdaderas bases de toda codificación en una Nación de instituciones escritas, no se puede menos de preferir éste que parte de la base más comprensiva y fundamental, la de la misma Constitución política del país, encima de la cual nada puede haber que mejor determine la fuente de los derechos privados. Porque no es admisible la existencia, dentro del Estado, de un origen de derechos patrimoniales sobre la tierra nacional, extraño al poder soberano representativo de toda la Nación, ni que una persona cualquiera, por el solo hecho de encontrar una mina, se constituya en dueño de ella, sin una sanción superior que imprima a su derecho el sello irrevocable de la validez y del imperio legales. Entre tanto, reconociendo en el poder público, en el Estado, como personificación jurírica de la Nación, la facultad de otorgar todos los títulos investidos de los derechos privados, se tiene sobre ellos la sanción más alta dentro de la Nación, lo que equivale a decir que el Estado, que es el poder supremo, legislador^ administrador y judicial, se obliga a asegurar la posesión exclusiva de aquellos derechos, mientras se mantengan en las condiciones esenciales preestablecidas por la misma ley.

- 388. Otras diversas acepciones de las palabras “regalismo” y “dominio” se desprenden de las legislaciones positivas más influyentes. Así, existen:

1? El del dominio absoluto del Estado, que puede, al mismo tiempo que conceder la explotación de las minas a particulares, disponer de ellas como dueño, ya sea enajenándolas, ya explotándolas directamente, ya dándolas en arrendamiento, como en los sistemas romano o inglés. Este sistema, que forma la base de la legislación prusiana de 1865, ha sido adoptado por algunos países de América, como Venezuela, y en parte, es decir, respecto de determinadas substancias minerales, como el salitre y el guano, por el Código de Chile de 1888.

2* El dominio restringido, según el cual el Estado es propietario originario de todas las minas propiamente dichas, clasificadas por la ley, pero cuyo derecho no va hasta poder explotarlas, ni enajenarlas, ni administrarlas por sí, sino en la forma y bajo las condiciones expresadas en el Código o ley que rige la propiedad minera. Este es el principio que, según los comentadores de la ley francesa, corresponde a la ley de 21 de Abril de 1810, y el mismo que comprendería el Código argentino, si no existiese en éste una distinción fundamental, respecto a la personalidad jurídica del Estado, según la cual es verdadero propietario de las minas de la primera categoría, y condicionalmente de las de la segunda.

3* Por último, el regalismo histórico de derecho público, según el cual el Estado sólo interviene en el ejercicio de la propiedad minera, a título de soberano y en virtud del dominio eminente, ya para distribuir las minas entre los particulares al objeto de su explotación condicional, ya para cobrar impuestos sobre sus productos, ya, por fin, para participar de sus beneficios como contribución del trabajo industrial a la formación del tesoro colectivo de la Nación.

Fácilmente puede verse cómo cada uno de estos sistemas contiene algo de los demás, lo que demuestra en cuán alto grado esta legislación es experimental, y la dificultad de reducirla a una síntesis metódica, o a una teoría científica. Así, el Código argentino no ha escapado a esta condición general de las leyes, y si bien ha adoptado un regalismo más bien definido que su modelo de la ley francesa de 1810, no ha ido tan lejos como el de la ley prusiana de 1865, y aunque menos indefinido y vago que la primera en cuanto a la propiedad del Estado, no creyó que podía confiar a éste el pleno ejercicio del derecho, en cuanto a la explotación misma.

- 389.  Sin duda, con el propósito de ser lo más comprensivo posible de todos los elementos que caracterizan la acción del Estado, formuló Mr. Migneron, en los Anales de las minas, una definición del derecho regalista que reproducen todos los autores especiales y que consiste en la triple atribución que él confiere al Estado:

l*7 “De reglar el destino de la propiedad subterránea; o en otros términos, conferir el privilegio de explotarla a las personas que puedan darle mayor valor.

2* “De vigilar su explotación en sus relaciones con el orden público, con la conservación del suelo y con la seguridad de los obreros mineros.

3‘7 “De percibir ciertos tributos sobre los productos que de la mina obtiene el explotante.”

- 390.  Los tres órdenes de poderes entran en la modalidad general de nuestro derecho público, pero respecto de su aplicación, debemos observar que en el primero se comprende tanto la facultad de reglar las relaciones de derecho común como las de derecho administrativo, y si la una se halla exclusivamente confiada al Congreso, como encargado de dictar el Código de Minería, la segunda deberá ser ejercida por dos personas públicas distintas, el Estado Nacional y los Estados particulares, según la situación de las respectivas minas. Respecto de la segunda facultad de vigilancia y control, puede hacerse la misma distinción: la policía de las explotaciones — tomando esta palabra “policía” en su sentido más amplio— se refiere a dos clases de actos, los que afectan la esencia del derecho, en relación con las personas o las cosas, o los que sólo se refieren a la forma o modo de su ejercicio. Los primeros entran, sin duda alguna, en los términos de la ley común; los segundos no pasan del dominio de la autoridad local, ya sea la Nación en su territorio, ya las Provincias en el suyo. En cuanto a la participación del Estado en los productos de la mina, en forma de impuesto en especie, o contribución en género, se produce la misma distinción jurisdiccional, pero en el sentido económico, hemos dicho en otro lugar, que nuestro Código está concebido sobre una base de amplia liberalidad fiscal, o por lo menos ha querido que la minería contribuyese más a la riqueza general o pública, que a la formación o aumento directo de la renta del Estado.

- 391. Pero nuestro regalismo nacional tiene, además de sus fundamentos científicos o filosóficos, antecedentes histó-rico-jurídicos de que no podemos prescindir, desde que ellos han contribuido a dar existencia al hecho actual de la legislación vigente. El se ha desarrollado hasta nuestros días a través de las sucesivas transformaciones, desde los primeros códigos españoles antes expuestos, en particular en el Ordena-miento de Alcalá en cuanto a la Península, y en las leyes dictadas para las colonias americanas, por las que fué instituido un verdadero y absoluto regalismo.

La transmisión de estos derechos generales se realiza después de la Revolución por un triple hecho que afecta más vastos órdenes de intereses: 1Q, la costumbre y la tradición de la raza que no consiguen destruir los más violentos cambios políticos o sociales; 2^9, la sanción expresa de las autoridades legislativas de la nueva nacionalidad, que incorpora en sus instituciones escritas las leyes que hubiesen antes regido en cuanto no fueran incompatibles con ellas; 3^9, el origen de los títulos de propiedad general o individual de las minas situadas dentro del dominio de la Nación o de las Provincias, muchas de las cuales proceden de mercedes, concesiones o adjudicaciones hechas por las autoridades coloniales o con arreglo a las leyes vigentes antes de la Revolución de 1810, que cambió los cimientos del orden jurídico nacional (1). Tan persistente fue en nuestra legislación el predominio del elemento histórico, que él se mantiene en la sanción del Estatuto de 1853, como virtualmente en la cláusula 11* del art. 64, de la Constitución de ese mismo año, dictada por el mismo Congreso; y por último, es aceptado por el Código vigente, como un resultado social de que la ley común no podía prescindir sin exponerse a intentar una creación enteramente metafísica o literal.

- 392. Mirada la cuestión desde un punto de vista más fundamental, el verdadero sucesor de todos los derechos de soberanía que antes pertenecieron a los Reyes de España es el pueblo argentino, en su capacidad colectiva, como una asociación política nacional. En tal concepto, y residiendo la suprema potestad de legislación en la soberanía misma, originaria de todo poder gubernativo, es indudable que las bases de la ley común minera pueden cambiar de raíz, siempre que se respetasen las divisiones jurisdiccionales inherentes al régimen federativo. Pero legislar es dictar las reglas prácticas de conducta más adaptables a la condición de la sociedad en un medio y época determinados, y si ni la Constitución escapa a estas influencias anteriores y superiores a toda institución humana, podemos afirmar que el regalismo minero, como otras prerrogativas del Estado argentino, es inherente a la sociabilidad, al carácter y a la formación de la Nación misma. El Estado es la única forma externa por la cual la Nación vive, actúa, ejerce sus derechos, y es la representación activa de toda la suma de facultades y privilegios, que tanto en el orden privado como público, corresponden a la primera sobre todo género de bienes situados dentro del territorio nacional.

- (1) V. ante,, núms. 165 y 166.

- 393.  Por último, el regalismo que nuestro Código de Minería ha sancionado, tiene su antecedente en la letra de la ley que rigió la minería argentina desde 1783 hasta 1887, en las Ordenanzas de Nueva España, puestas en vigencia en este suelo por tres actos diversos: la Ordenanza de Intendentes de 1783, el Reglamento Provisorio de 1817 y el Congreso General Constituyente de 1853, y que en los tres artículos siguientes contienen todos los elementos teóricos del derecho rega-lista antes definido:

“Art. I^9 Las minas son propias de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como por su reunión dispuesta en la ley IV, tít. XIII, lib. VI de la Nueva Recopilación.

Art. 2^9 Sin»separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión, de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamento por herencia o manda o de cualquier otra manera enajenar el derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos que lo posean, y en personas que puedan adquirirlo.

Art. 3^9 Esta concesión se entiende bajo de dos condiciones: la primera, que hayan de contribuir a mi Real Hacienda la parte de metales señalada; y la segunda, que han de labrar y disfrutar las minas cumpliendo lo prevenido en estas Ordenanzas, de tal suerte que se entiendan perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aquellas en que así se previniere, y puedan concedérsele a otro cualquiera que por este título las denunciase”.

§n

CARACTERES DEL DOMINIO DEL ESTADO

- 394.  En el segundo parágrafo del tít. I, el Código se ocupa de definir, en una forma más especial, la propiedad minera, y más calculada para servir de base a todo su organismo.

Con esto se satisface dos principios fundamentales preexistentes; el filosófico relativo al dominio minero, tal como la experiencia y la ciencia lo comprenden y el imperativo de la ley transitoria que mandó redactar el Código de Minería de la Nación, sobre la base teórica que ya diera el Código Civil, pero que debía especificarse en la ley común de minas. Anterior en tiempo, aquel gran cuerpo de derecho las había definido ya en general como “bienes privados" del Estado General o de los Estados particulares” (2)9 si bien creyó el codificador entrar en el detalle, y enunciar “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y substancias fósiles”, que podían ser cambiadas en su colocación con respecto a la propiedad originaria, como lo fueron, en efecto, por el Código de Minería. Pero la ley de 26 de agosto de 1875, al disponer que “el redactor del Código tomará como base para la confección de este trabajo, el principio de que las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren”, quiso, sin duda, armonizase, en lo principal de la doctrina, con el Código Civil que ofrecía una fórmula jurídica clara, comprensiva y bien encuadrada en el sistema federativo de gobierno.

Así, el art. 7, del Código de Minería, no hace sino reproducir textualmente los términos de aquella ley, sin perjuicio de establecer en otras cláusulas, las variantes, limitaciones o aclaraciones que fluyen de la naturaleza física, económica, jurídica y filosófica de la materia que forma el objeto de la ley minera. No correspondía, por cierto, a esa ley imperativa entrar a su vez en distinciones fundadas en la substancia, ni en su modo de yacimiento, ni en su valor industrial, porque habría sido lo mismo que anticipar el Código en lo más fundamental, y coartar la libertad intelectual del codificador para incluir en su obra las últimas conclusiones de la ciencia.

- 395. Las minas son bienes, dice la ley. Pero este concepto necesita una explicación: según el sistema que conside-

- (2) Código Civil, art. 2342, inc. 2^9. ra las minas aún no descubiertas, o no concedidas, como privadas de todo dueño, ellas no son propiamente bienes, sino desde el momento de su descubrimiento, o mejor dicho, de su adjudicación, desde que pueden no ser concedidas al descubridor. Antes de su concesión, por lo tanto, en ese sistema, las minas son sólo cosas, para convertirse en un objeto patrimonial sólo cuando el Estado les ha impreso un sello de apropiación cualquiera. Pero no sucede así en el sistema de regalía de nuestro Código, según el cual todas las minas de la primera categoría son, desde luego, en su conjunto y por el hecho de su existencia en el territorio de la Nación, verdaderos bienes del patrimonio privado del Estado nacional o provincial. He ahí además, una nueva diferencia entre los sistemas que acabamos de mencionar, pues, si puede haber cosas independientes de toda idea de dueño, no se comprende la palabra bienes, sino en relación con un sujeto más o menos próximo a su apropiación.

“Ese carácter de utilidad, dice Demolombe (3), es lo que distingue, en efecto, esencialmente a los bienes, y aun de allí parece haber venido su nombre, de la palabra bonum, que expresa la idea de goce, de bienestar... no hay bien, para nuestros jurisconsultos, sino cuando puede servir al hombre, ser empleado en sus necesidades, en sus usos, en sus placeres, y en fin, entrar en su patrimonio para aumentarlo y enriquecerlo." Las minas no descubiertas, o las que habiendo sido conocidas y aun explotadas han quedado sin dueño por abandono o falta de trabajo, no existen en realidad ni para la riqueza privada, ni para la prosperidad pública; y especializándonos con las primeras, en ningún caso pueden llamarse bienes en relación con el derecho de las personas particulares, sino en relación con el Estado, que es el único que puede ser su dueño en una forma innominada, indefinida e ideal, en nombre de la Nación, y en cuanto se pueden identificar con el subsuelo del territorio sobre el que se ejerce el derecho eminente de la soberanía.

- (3) Cours de Code Napoleón, t. IX, núms. 16 y 17.

»

I

- 396. Se encuentra también en el Código Civil los fundamentos de esta otra distinción, entre bienes privados y bienes públicos, en aquellos artículos que establecen la personalidad jurídica del Estado, y definen expresamente las dos grandes categorías de bienes, desde el punto de vista del derecho administrativo (4). Los Estados nacional y provinciales, como personas privadas, son capaces de los mismos derechos, y susceptibles de las mismas obligaciones relativas a la propiedad que los demás sujetos particulares: en este sentido, son verdaderos dueños de lo que por la Constitución y la ley común civil y minera ha sido clasificado como su bien patrimonial privado. Respecto de los bienes públicos es evidente que constituyen más que una propiedad en el sentido estricto y material de la palabra, un dominio común, cuyo uso y goce corresponde a todos los miembros de la comunidad nacional o provincial, en ejercicio de los derechos personales que la Constitución acuerda o reconoce a los habitantes del país, y en los cuales el Estado interviene para reglar dicho uso y goce, no en su calidad de dueño privado, sino de soberano, o sea en su capacidad de gobierno político de la Nación o la Provincia.

Las minas han sido colocadas, por los dos códigos de derecho común, en la categoría de bienes privados. Significa esto que ellas son no solamente cosas pertecientes en su origen a un dueño, el Estado como persona jurídica, sino también susceptibles de apropiación particular, bajo las condiciones, limitaciones y formas que las leyes establezcan. Si como tal propietario el Estado pudiera disponer de las minas, en cualquiera de los modos comunes de transmisión de los bienes, la ley puede limitar el ejercicio de ese poder, como lo ha hecho el Código de Minería, ya sea en el interés del patrimonio fiscal, ya en el de la sociedad en general. Así, se ha creado un sistema por el cual las minas, siendo verdaderos "bienes privados del Estado, éste no puede explotarlas por sí

- (4) Arts. 33, 2339 y 2342.

debiendo ceder su explotación en forma de una propiedad condicional, aunque perfecta en sí misma por sus caracteres intrínsecos a los particulares (5). Esto nos lleva una vez más a confirmar la doctrina de que las minas no pueden ser consideradas ni ante el Código Civil, ni ante el de la especialidad, como res nullius, sino como objetos de un sistema de dominio o regalía, más o menos limitado o restringido, ya en cuanto al dueño originario que las concede, ya en cuanto al particular que las descubre o las denuncia, con el fin de fundar sobre ellas un derecho de propiedad privada.

- 397. Siguiendo este mismo orden de consideraciones, y ya desde el punto de vista de la sociedad, conviene especificar que las minas constituyen una masa aparte de la fortuna colectiva del pueblo nacional o provincial, y que la ley, al disponer las reglas para su adquisición y explotación, ha tenido muy en cuenta ese carácter socialista que a la propiedad diera la Asamblea Francesa de 1791, al erigir a la Nación, en su más vasta capacidad colectiva, en dueña efectiva de las minas, según la clasificación contenida en la ley de 28 de julio de ese año. Así, pues, al decir que el Estado es propietario de ellas, pero que no puede explotarlas por sí, sanciona en el hecho sólo una forma de aprovechamiento por los individuos particulares de una parte de la gran masa mineral que es patrimonio común: de manera que en gran parte, el Código de Minería no es más que el régimen según el cual se verifica el goce exclusivo por cada uno de los miembros de la comunidad social, de la porción del bien colectivo que ha hecho suyo por su trabajo, su ocupación o su título anterior, según las divisiones establecidas y ya estudiadas.

En este sentido, además, el Estado no viene a ser sino la persona pública encargada por la ley de realizar la distribución sucesiva, ocasional o gradual, de ese género de riqueza, de manera que ella refluya en favor del bienestar común, al

- (5) Código de Minería, arts. 9 y 10.

ser extraída y elaborada por el trabajo industrial. Tal es el concepto que tiene en vista Dalloz al exponer su sistema, cuando dice impropiamente que el Estado, “en su calidad de tutor de la riqueza pública”, concede a los particulares la explotación de sus minas.

- 398. Como en todos los casos en que se trata de adquisición de bienes de parte del Estado, por ejemplo,el de las tierras públicas, la intervención del Estado tiene por objeto la institución del derecho del particular sobre una porción determinada del dominio general, que se erige así en propiedad de uno solo. El acto de la transmisión constituye un verdadero contrato que se perfecciona mediante el cumplimiento de ciertas condiciones por parte del adquirente, después de lo cual se otorga el título de propiedad. Luego, el descubrimiento, respecto de las minas no conocidas, y el denuncio respecto de las ya descubiertas y abandonadas o perdidas por sus primitivos dueños, son los medios de adquisición privada que el Código ha establecido, que se realizan por un acto escrito llamado concesión. Sin embargo, esta intervención del Estado no se realiza en todos los casos del mismo modo, pues según la categoría asignada a cada substancia, varía la forma y alcance de aquella intervención. Tal es, en suma, el objeto de la clasificación legal de todas las minas, porque con arreglo a ella, el Estado:

l^9 Dispone de las minas de la primera clase, como dueño, esto es, las enajena a los particulares mediante la concesión, ya provenga el derecho a la adquisición, de un descubrimiento o de un denuncio.

2^9 Acuerda con preferencia al dueño del suelo las substancias de la segunda clase en razón de su importancia y cuando aquel se resuelve a hacer valer su privilegio de superfi-ciario, y si por la forma de su yacimiento ellas no son susceptibles de un laboreo profundo, regula su aprovechamiento en común por todos los concurrentes que soliciten una porción de los depósitos naturales.

3^9 Interviene subsidiariamente en la adjudicación privada de las minas de la tercera clase, o concediéndolas directamente como dueño de las tierras en que se hallan cuando éstas son de su dominio, o declarándolas de utilidad pública en favor de quien se decida a explotarlas, ante la inacción del dueño del suelo (6).

- 399. El texto del art. 9, que por razón de método anteponemos a los que le preceden, dice: El Estado no puede ex* plotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley. Da forma preceptiva a todas las consideraciones antes expuestas, respecto al límite general del dominio del Estado, y define el sentido declarativo del mismo, ya que no ha querido el legislador que fuese efectivo, pleno y absoluto como el de la tierra. Si no existiesen dentro de los términos del artículo reservas que expondremos en seguida, diríase que él despoja al Estado, en realidad, del derecho que le acuerda el art. 7, y que con la excepción destruye la esencia misma de la regla. En este caso, habría vuelto al sistema de las res nullius, con todas sus consecuencias teóricas y prácticas, convirtiendo el dominio del Estado en un dominio virtual, que sólo se hace positivo y material por el descubrimiento y la concesión. Pero la limitación no tiene principalmente un sentido jurídico sino económico y administrativo, y se halla abonada por una secular experiencia y por los consejos más avanzados de la ciencia económica.

Hemos dicho que la ley minera es también un régimen económico, pues, se propone reglar la industria que de modo más directo realiza el principio de la producción de la riqueza y de su influencia social; y el Estado, como dueño originario de todas las minas, debería ser a la vez empresario, explotante, minero, si hubiera de llevarse el concepto de la propiedad a todas sus consecuencias lógicas. Pero si es cierto que existen industrias que por sus condiciones de regularidad y fijeza en el trabajo y en los productos, pueden ser ejercidas

- (6) Código de Minería, arts. 106 y 108. — Comp. arts. 252 y 253.

por los medios administrativos del Estado, es indudable que la minería sale por completo de esta categoría, y es la más incierta, irregular, desproporcionada y aleatoria de cuantas conoce y clasifica la ciencia económica, así en lo relativo a la riqueza natural o materia prima, como en los métodos y procedimientos de explotación, y los capitales que exige y en los rendimientos que produce.

- 400. En contraposición a estos caracteres de la industria minera, los de las empresas que el Estado puede conducir por sí mismo, se singulariza por sus leyes fijas, sus condiciones regulares y modalidades permanentes, pues es la única manera como puede el poder legislativo determinar los recursos y personal que cada una requiere, y calcular con mayor o menor precisión los productos retributivos de las cantidades invertidas. Bajo nuestra organización constitucional y administrativa, el Estado explotante de minas no tiene una actuación posible, ni razón de ser científica: lo primero, por que se halla la labor minera fuera de las leyes que rigen el movimiento de la administración pública, y lo segundo, porque carece de los elementos de ordenación y periodicidad sobre que se funda todo el mecanismo del gobierno.

Por otra parte, la dualidad que resultaría del Estado ce-dente y el Estado explotante, no sería admisible como una forma de ejercicio de los derechos inherentes a la minería y todo el fundamento del orden jurídico que podría destruir por el solo hecho de convertirse el Estado en competidor industrial de los particulares en cuyo favor él ha constituido aquellos derechos; durante la explotación, con respecto a los superficiarios y a los mineros colindantes o circunvecinos, en todos los casos de conflictos o colisiones, en que la inspección, vigilancia e intervención de la autoridad es necesaria, el Estado se convierte en parte y juez del litigio, gestión o querella. Luego, no sería este un orden jurídico, ni mucho menos puede ser erigido en base de un organismo legal, destinado a proteger tan valiosos intereses permanentes de la sociedad.

- 401. Reconocer en el Estado la facultad de explotar sus minas es crear un monopolio de los más inconvenientes, aparte de ser de los más impropios de la administración pública. En materia de industrias, el papel del Estado es regulador y directivo, con un alto fin económico, de todas las activida* des individuales aplicadas a la formación de la riqueza general; y como esta actividad es al mismo tiempo el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución y puestos bajo la salvaguardia del poder público, volveríamos al extremo antijurídico antes enunciado, de erigir al Estado en parte y juez, y en competidor invencible de los particulares. Desde este punto de vista, el monopolio minero contrariaría hondamente el espíritu de las garantías acordadas por aquella carta suprema, a todos los habitantes del país a quienes se reconoce el derecho de explorar y explotar las minas situadas en el territorio.

Hasta ahora, como podrá verse en la reseña histórica y positiva de las legislaciones que hemos expuesto, la explotación por el Estado, o se ha hecho en épocas y bajo gobiernos bárbaros o absolutos, anteriores a la era del derecho, como en el antiguo Egipto, o lo fué en forma muy limitada e indirecta, como en Grecia y Roma, donde el derecho del Estado se hacía efectivo, salvo el caso del trabajo de los esclavos, más bien por medio de arrendamientos, contribuciones en género o impuestos en especie sobre la producción. Cuando los gobiernos se reservaron algunas minas para explotarlas por sí, fueron siempre transitorias o de substancias excepcionalmente requeridas por algún servicio o necesidad pública; y aun cuando se realizaba este monopolio, casi siempre fué en forma de compra o absorción por parte del Estado, del producto extraído por el trabajo del industrial particular.

Por lo demás, en el orden natural de los fenómenos económicos, está la formación del monopolio como expansión de la fuerza creadora del individuo en su labor de producción y de dominio, pero en ninguna forma es concebible esta misma idea, aplicada a la entidad abstracta del Estado, que si tiene una personalidad jurídica activa,ella sólo es una creación de esa necesidad de imponer en las relaciones libres de los hom* bres y agrupaciones una unidad directiva y reguladora. No es, por lo tanto, en el orden natural del trabajo y de la explotación de la tierra, el Estado, una fuerza, ni un agente, sino un factor externo, superior, que obra por medio de leyes tutelares, de garantías, de seguridades y auxilios para la más fácil expedición de los elementos del trabajo real y efectivo.

- 402. Dos autores clásicos sobre esta materia confirman nuestras convicciones y la doctrina del texto. Biot dice: “El Estado tiene ciertos monopolios; pero ellos tienen su fuente en necesidades fiscales o en los peligros inherentes a la fabricación de determinados productos. La necesidad de un monopolio no existe para las minas. Al contrario, los principio^ dominantes en esta ciencia se oponen a la explotación de las minas por el Estado" (7).

Dalloz, otras veces citado, resume en esta completa síntesis las desventajas del dominio absoluto como sistema. “El suprime, dice, la iniciativa individual; destruye la propensión a las investigaciones de minas, que el Estado debe estimular, instituye un monopolio, esto es, un instrumento de fiscalización; perjudica el desarrollo de las manufacturas, llevando a un alto precio las materias primas; mantiene el espíritu de rutina que sólo la libre concurrencia puede destruir; en fin, compromete la autoridad moral del gobierno, haciéndole atribuir en los tiempos difíciles, por una clase numerosa que emplea como empresario, toda la responsabilidad de los descontentos y sufrimientos nacidos de las perturbaciones comerciales" (8).

Agregaremos, por nuestra parte, que el monopolio del Estado se puede justificar en la práctica y fundarse sobre buenos principios administrativos, cuando se ejerce sobre algunos servicios públicos, y rara vez en verdaderas industrias.

- (7)  De la propriété des mines, pág. 15.

- (8)  Propriété des mines, t. I, pág. 14.

Ocurre esto, por ejemplo, entre nosotros, con los correos y telégrafos, la acuñación de la moneda, el almacenaje, eslingaje, faros y avalices y otros trabajos de puerto inherentes a la explotación de las aduanas, y el de las loterías (9),. En otros países, como la Suiza y la Italia, agrégase a estos monopolios administrativos, los industriales de la sal y las pólvoras, ambos de antigua tradición en casi todos los países europeos.

- 403. Se ha dicho que si el Estado puede administrar ferrocarriles como verdadero empresario, bien puede también explotar minas; pero sin duda alguna se hace una gran confusión entre dos géneros de industrias enteramente distintos. En primer lugar, los primeros son un servicio público que el Estado presta al comercio, y éste lo retribuye en forma de fletes de transporte, mientras que la minería es un trabajo lucrativo por excelencia, que si en manos del Estado puede traducirse en un aumento de la renta, no envuelve ninguna retribución personal a los miembros de la comunidad por su parte innominada en la riqueza minera general. En segundo lugar, los gastos y productos de una explotación ferroviaria pueden ser calculados mediante factores conocidos, como el valor de las obras, los gastos de mantenimiento y transporte, la riqueza productiva y comercial de la región recorrida y otras, en tanto que la de una mina, por regla general, nunca puede prestarse a un cálculo permanente, primero, por la incertidumbre de lo que existe debajo de la superficie, de los datos del explorador, y segundo, por las circunstancias de la naturaleza en la distribución de la riqueza mineral en el seno de la tierra, que suprime también a la producción ese carácter desigual, intermitente, desproporcionado, que constituye una de las especialidades de la industria extractiva del subsuelo. Por último, por medio de las vías férreas el Estado procura cumplir uno de los propósitos primordiales de la

- (9) A. Rodríguez Larreta, Apuntes sobre el estanco del tabaco (Tesis, 1897), págs. 91, 92.

Constitución, la protección del comercio entre las diferentes secciones del territorio, y no está definitivamente probado que el Estado nacional sea capaz de manejar con éxito una empresa de ese género. Por su parte, la minería no tiene en su favor un mandato especial de la carta política de la República, y además, por su naturaleza y objeto, es de aquellas industrias que pertenecen a la masa social y reclaman la aplicación de los esfuerzos individuales y la concurrencia privada. En esta materia, como sistema, la explotación por el Estado sería la ruina de la industria, y la negación de todo orden jurídico bien entendido.

- 404. Agrega el artículo: “ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley”. Aparte de la impropiedad que encierra la segunda parte de esta cláusula, y que luego haremos notar, refiérese sin duda a los medios comunes de transmisión de los bienes, o de su cesión al efecto de su aprovechamiento, como la venta y la locación, para no citar otras. Todas las formas de disposición del patrimonio privado, establecidas por la ley civil en favor de los propietarios, le están negadas al Estado por el Código de Minería, no siéndolo para las personas particulares. Hemos visto que su dominio es limitado en cuanto a este efecto, en el interés de la sociedad, y la ley minera sólo se ocupa de las formas de transmisión de la propiedad, de parte del dueño originario, el Estado, a los individuos, y son esas formas la concesión y el denuncio, bajo la condición resolutoria del trabajo mínimo, o el pueble, cesado el cual, cesa también el dominio concedido.

Si el Estado pudiese vender las minas a los que quieren explotarlas, importaría esta doble consecuencia: 1% que se habría apartado del sistema que forma la base del Código, o sea la intervención de la autoridad para vigilar el cumplimiento de las condiciones inherentes a la concesión, y aun carecería de derecho para fijar estas condiciones, aconsejadas por el interés de la sociedad en una explotación ordenada, científica y segura para las propiedades y las personas;

2*, que desaparecería la personalidad del explorador y descubridor, que por su esfuerzo, su trabajo, sus fatigas y sacrificios ha revelado la existencia de una riqueza preciosa para la comunidad, y por consiguiente, desaparecería el principal aliciente de la industria, que es la propiedad perfecta y exclusiva de la mina descubierta para labrarla, aprovecharse de sus productos o enajenarla a su voluntad.

Pero el hecho de que el Estado no pueda disponer de las minas sino por medio de la concesión y el denuncio, no significa que no puedan disponer de ellas sus dueños privados, como de cualquiera otra clase de bienes, y así lo disponen dos artículos del Código de Minería, que contienen toda la relación de éste con el Código Civil, y que anticipamos aquí por su importancia general. Son los arts. 11 y 343, el primero de los cuales dice, que las minas “se rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las disposiciones especiales de este Código”, y el otro que “los actos y contratos de minas, están sujetos a las leyes comunes en cuanto no esté establecido en este Código, o contraríe sus disposiciones”.

- 405. Suele ser el arrendamiento una de las formas más frecuentes de explotar el Estado sus dominios territoriales o industriales, y pudiera también, como en el caso de los ferrocarriles, querer aplicarse ese mismo régimen a las minas. Nada hay, entre tanto, más contrario a la índole de la industria minera. Si algo existe que reclame más fijeza, seguridad y duración, es la propiedad de la mina, dadas las dificultades materiales y financieras de la explotación, y lo tardío a veces de las compensaciones. Esta cualidad distintiva de tal género de empresas, ha inspirado multitud de disposiciones del Código de Minería, fundadas en la más perfecta equidad natural, en las que acuerda excepciones y privilegios calculados para asegurar al minero el logro de sus anhelos a costa de tantos sacrificios mantenidos, de tal naturaleza, que en algunos casos llega hasta derogar las mismas reglas generales del derecho. Necesita el empresario, para desplegar con amplitud

,y confianza su acción, poder considerarse por tiempo ilimitado como propietario pleno de la mina, sin la perspectiva de que tal vez al llegar al punto más valioso del yacimiento, vencerá el plazo del contrato, y deberá entregar la mina al dueño, que se enriquecerá a expensas del arrendatario, sin ventaja alguna para éste, que la ha valorizado con su trabajo.

Luego, es de la esencia del arrendamiento, el conservar la substancia de la cosa arrendada, para aprovechar sus aplicaciones o sus productos: y es sabido que la explotación de una mina consiste en la destrucción absoluta de la cosa, en la extinción gradual del bien explotado. En estricta verdad, no debiera existir este contrato en minería, y si ley lo ha reconocido, es sobre la base del Código Civil, en un concepto extensivo del que tiene en esta ley, y bajo el supuesto de que es por tiempo determinado. Este sentido convencional que se conserva en las leyes y en la doctrina, se halla explicado por el codificador en la nota al art. 356. “El jus utendi et fruendi, el derecho de usar la cosa y aprovechar sus emolumentos, puede sin duda hacerse efectivo en la locación de las minas; pero su conservación no podría verificarse: el salva rerum substancia, sería imposible.”

Y agrega: “lo que el locatario, lo mismo que el propietario, pueden aprovechar como frutos, son los minerales que se arrancan del seno de la tierra, y estos minerales no se renuevan ni se reproducen: son la mina misma. De aquí se ha deducido, que no siendo posible la conservación de la mina, y por consiguiente, su restitución al vencimiento del contrato, debía considerarse éste como una venta de cosas muebles... Pero si es verdad que los minerales extraídos, únicos provechos que rinden las minas, no pueden llamarse frutos en la acepción técnica de la palabra, y que por esto la clasificación de arrendamiento no sería posible en este caso, es por lo menos la más adaptable, la más corriente, y bajo la cual se ha celebrado siempre esta clase de contrato.”

- 406. Si es verdad que en Grecia y Roma existió esta forma de explotación de la riqueza mineral, también lo es que ella no revestía los caracteres estrictos del arrendamiento de fundos superficiales, siendo las más veces, el precio, una verdadera participación en el producto de la mina, lo que daba al contrato más apariencias de sociedad que de locación. Se acerca mucho más a la verdadera situación de las cosas, el contrato usual en España llamado partido. “Basta considerar, dice Alcocer, que es raro el propietario de minas que las explota por sí, pues hasta las sociedades especiales mineras que forma el dueño o denunciador, con el fin de emprender la explotación, concluyen por dar las minas a partido, para comprender la gran importancia que tiene este contrato, al cual puede decirse que se debe el crecimiento y desarrollo extraordinario que ha tenido la minería en la segunda mitad de este siglo en España” (10). En último caso, pues, el Estado que quisiera monopolizar alguna clase de minas, podría más bien adoptar esta forma de participación en sus productos, ya que el arrendamiento no sería posible, ni por tiempo breve o largo, ni por su naturaleza jurídica, que lo aleja de la persona-Estado.

- 407. Algunas excepciones parciales admite la regla del art. 9, en cuanto a la no disposición de las minas por el Estado: el mismo codificador las insinúa en su nota: “Podrá sí, en casos especiales y por razones de utilidad pública, monopolizar algunas substancias o algunas regiones minerales; pero expropiándolas, antes que entrar en especulaciones de cateo, quizás poco en armonía con el severo mecanismo de la administración.” Y a nosotros se nos ocurre que habría sido más acertado, o que el Código hubiese establecido este caso en forma expresa, o que hubiera entrado lisa y llanamente en el régimen de las reservas, que existía en la legislación española para América, y existe aún en la Península, y las cuales, como hemos visto antes, se aplicaban a minas de mucha potencia, elegidas entre las del descubridor, o a ciertas subs-

- (10) La propiedad minera ante la ley civil, C. XVI. tandas como los nitratos y las salinas, que constituían su monopolio.

Luego, razones de orden público muy superior pueden exigir que el Estado, en un momento excepcional, se ponga a extraer administrativamente las materias primas necesarias para la fabricación de pólvoras y municiones de guerra, para la movilidad de sus buques, y hasta para realizar en casos semejantes alguna negociación financiera de grande importancia o urgencia, como lo hicieron el Perú y Chile, y este último país hasta incluirlo en su Código como materia de derecho común. El carbón de piedra en una región dada, y el guano, pueden acaso ser susceptibles de estas excepcionales disposiciones, cada uno según sus usos industriales y su demanda en los mercados de consumo.

Por lo que respecta a la forma de realizar las mencionadas apropiaciones o reservas, es indudable que si la mina o substancia requerida se halla en dominio de particulares, procederá la expropiación por causa de utilidad pública de una categoría más elevada que la general inherente a la concesión, y si se encuentra en tierras del dominio del Estado, será necesaria una ley especial que las aparte del dominio privado, y por tanto, del de la ley de minas.

§ III

INSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA MINERA

- 408. Toda la materia teórica correspondiente a esta sección, se halla condensada en los arts. 8 y 10 del Código de Minería:

Art. 8^9 — Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como due-ños, con arreglo a las prescripciones de este Código.

Art. 10. — La propiedad particular de las minas se es-tablece por la concesión legal.

En una palabra, estos artículos contienen la declaración general confirmativa del art. 9, en cuanto importa una delegación universal en favor de los particulares, del dominio originario acordado por el Código, razón por la cual el Estado se desprende de su derecho de explotación de las minas. El Estado como dueño tiene su representante en el Gobierno de la Nación o la Provincia, y por medio de éste y sus actos administrativos se realiza en cada caso la institución de la propiedad privada y singular sobre la parte que cada uno descubre o quiere ocupar con exclusión de terceros, de la masa común y general de la riqueza minera del territorio.

Circunstancia es ésta que ha inducido a algunos intérpretes a aceptar la teoría de la res nullius como base de nuestra ley, sin reparar que el Estado es su verdadero dueño, y que en uso de ese derecho de dominio es que lo transmite a otras personas, constituyendo uno nuevo sobre una porción limitada del subsuelo mineral. Si no fuera tal propietario no podría ceder a otros derecho alguno, desde que él es una persona jurídica y nadie puede transmitir a otros más derechos que los suyos propios.El olvido de este principio ha obligado a caer en error a los que no han profundizado este estudio. Luego, la propiedad del Estado anterior a la concesión, por más que no sea ilimitada y absoluta en su ejercicio, es tan efectiva y cierta en cuanto es necesario para poder transmitirla én toda su plenitud a terceros.

- 409. En los términos del art. 8 se comprende, además, en síntesis general, todo el alcance de la propiedad privada, que deriva de la delegación o transmisión hecha por el Estado: ella abarca toda la vida de la industria minera y se divide en tres grandes períodos:

l^9 “Buscar minas”, esto es, explorar la tierra a objeto de poner a la luz del día, revelar y dar valor a las riquezas que permanecen ignoradas en su seno, dehajo o conjuntamente con el suelo superficial;

2^9 “Aprovecharlas”, es decir, extraer las substancias útiles y ponerlas en condiciones de ser empleadas en la fabricación, en la elaboración o aplicación a los múltiples usos de la vida en provecho del concesionario o adquirente, y de la sociedad;

3^9 “Disponer de ella como dueño”, lo que equivale a decir, ejercer sobre los bienes-minas los mismos derechos de dominio inherentes a los demás bienes comunes, considerados ya más en su calidad civil que especial, si bien cabe aquí una distinción relativa a la clase de actos que constituyen una disposición de la mina.

Esa distinción sería: a) ejecutar respecto de la mina todos los actos que definen la propiedad común, es decir, el jus utendi fruendi et abutendi, tomada la mina en su conjunto, como un bien patrimonial ordinario: la venta, el legado, la hipoteca, la sociedad y otros; b) realizar o ejercer con la mina, como cosa regida por la ley especial, el Código de Minería, los actos puramente mineros o aquellos que, regidos en esencia por el Código Civil, son modificados por el primero a punto de transformar sus caracteres jurídicos, como sucede, por ejemplo, con la sociedad conyugal, el arrendamiento, el usufructo, la prescripción. Y aun en la primera forma, la cosa no se transmite íntegra y absoluta, pues la mina se halla gravada por condiciones intrínsecas, resolutorias de la propiedad misma, como son las del trabajo obligatorio del pueble, las obras de seguridad exigidas en el interés de la superficie, de la vecindad y de las obras propias, y las sanciones que llevan consigo una pérdida por la naturaleza indivisible de la mina, como acontece en la compañía y en el avío, por inconcurrencia en un caso y por no pago en el otro.

- 410. Por otra parte, los artículos transcriptos concuer-dan con casi todos los códigos de derecho común y minero que se fundan sobre el principio de regalía, los cuales no hacen sino conciliar la lógica estricta de la doctrina del dominio privado, con los fines sociales y económicos de la riqueza mineral, los cuales exigen que su explotación sea confiada á la iniciativa, a la acción y al capital concurrente de los particulares. En este sentido la paráfrasis del art. 8 sería: “Aunque todas las minas especificadas son parte del patrimonio privado del Estado, no es mi voluntad, ni conviene a la sociedad, el que éste las explote como dueño absoluto, sino que por razón del origen del dominio y por la naturaleza de la cosa, esta facultad es transferida para su ejercicio a los particulares, para que exploten las minas en su propio provecho y en el de la comunidad, con arreglo a las prescripciones de la ley”.

La evolución genealógica de este principio la trazaríamos así:

l^9 Declaración y definición general sobre el dominio privado, contenidas en el art. 2518, C. C.;

2^9 Especificación y limitación del anterior concepto expresadas en el art. 2342, inc. 2^9, C. C., que aparta las minas de la propiedad del suelo, constituyendo una especial y distinta de esta;

3^9 Preceptos imperativos de las leyes de 1875 y Código de Minería, según los cuales las minas son bienes privados del Estado, pero sin la facultad de explotar ni aprovechar, la que es cedida a los particulares por los arts. 8 y 10, que analizamos.

- 411. En cuanto al origen histórico del dominio privado minero en la República Argentina, él se halla en las leyes sucesivas que forman nuestro derecho nacional hereditario, expuesto con extensión al comienzo de estas lecciones. Solórza-no y Pereyra (U): Escalona (12) y Gamboa (13) en sus monumentales y conocidos tratados, general el primero, y especiales los dos últimos, trazan con exactitud este proceso histórico, y

- (11)  Política Indiana, L. VI, C. I, núms. 28 y sig.

- (12)  Gazofilacio Real, L. II, P. II, C. I, N^9 2.

- (13)  Comentarios a las Ordenanzas de Minas, C* II, núms. 1 a 22. discuten las interesantes cuestiones relativas al regalismo imperial y a la propiedad privada en América, y concluyen que la reserva e incorporación al real Patrimonio, hecha por las Ordenanzas Reales de Castilla, fueron extendidas a estas Colonias por actos sucesivos, hasta quedar identificado, desde este punto de vista, el derecho de la Península con el de estos reinos (14).

Desde el comienzo se hace mención del principio de la transmisión del derecho sobre las minas a los súbditos, y es uniforme el sentir de los comentadores respecto a que tal concesión sólo fué una donación modal de los príncipes, una manera de procurar las exploraciones y trabajos de minas, sin desprenderse de un modo irrevocable y absoluto de su propiedad. Es lo que expresa el art. 2 de la Ordenanza de Nueva España, cuando dice, al definir el dominio: “sin separarlas de mi Real Patrimonio, Las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión".

Antes había expresado Gamboa la misma fórmula, deducida de la compulsa de textos de los códigos sucesivos, y dando por establecida la regalía y conciliado este derecho con el de los vasallos, diciendo que era “inconcuso que pasando, como pasa, a éstos, para que puedan disponer de ellas como, cosa suya, se verifican a su favor los efectos de la propiedad y dominio, para permutarlas, venderlas, locarlas y enajenarlas por contrato, donación o herencia, darlas en dote, imponerles censos, y pedir réditos del precio mientras no se pagase. Pero todo eso se entiende con la precisa calidad de que los sucesores universales o particulares se arreglen a las Ordenanzas y cumplan con los cargos que imponen, por virtud de la Ley, que así lo dispuso”.

- 412. Después de definir la propiedad originaria y soberana de la Corona, sobre todas las minas en general, “así por

- (14) Ordenamiento Real, 1. 8, t. I, L. VI; Recop. Castell., 1. 2, t. XIII, L. VI; Nuevo Cuaderno, ord. 1 y 2; Recop. de Indias, 1. 1, tít. XIX, L. IV; Ordenanzas de Nueva España, tít. V, art. 2^9.

su naturaleza y origen como por su reunión", y de especificar la reserva irrenunciable de ese dominio al constituir la propiedad y posesión particular, agregan las Ordenanzas de Nueva España, art. 3^9, tít. 5^9, que esta concesión se entiende bajo dos condiciones: 1% contribución a la Real Hacienda con una parte señalada de los metales; 2% sujeción, en cuanto al laboreo y disfrute, a las prescripciones de las Ordenanzas, “de tal suerte que se entiendan perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aquellas en que así se previniere, y puedan concedérsele a otro cualquiera que por este título las denunciase”: disposiciones que el mismo Gamboa explica, antes de dictadas estas Ordenanzas, que en este punto nada innovaban sobre las antiguas, diciendo que “pasa a los casa-llos este dominio directo, o propiedad, y también el útil, por virtud de la merced y concesión del Soberano, la que no dudamos llamar una modal donación, atendidas las reglas con que ésta se mide en el derecho, que se reducen a ser un acto perfecto y liberal, después de cuya consumación se grava al donatario para el tiempo futuro, aunque las palabras se pongan a modo de condición; y que por falta del modo final, que estipula a su favor el donante, o de otro tercero, o del Reino, o de la República, expira la donación”.

- 413. Tal era el derecho que encontró vigente la Revolución de 1810, por explicación expresa hecha por la Ordenan-ba de Intendentes; el mismo que ratificaron en su esencia, y con la adaptación correspondiente al régimen republicano, dos congresos constituyentes, el de 1817 y el de 1853, y por último, el que convertido en costumbre y en derecho viviente en todo el país, fué confirmado por el Código de Minería, al adoptar la doctrina contenida en los arts. 8 y 10. El Estado Nacional o Provincial, sucesor de los derechos de soberanía de los Reyes de España, no ha querido despojarse del que le correspondía, sobre las minas del territorio, y al declararlo así, también quiso perpetuar la facultad de los particulares para ejercer en el hecho aquel dominio originario.

En el sistema de nuestro Código, como en el de las antiguas Ordenanzas, la reserva del Estado se halla contenida en las condiciones que la ley ha impuesto a la concesión, ya previas en la forma de requisitos para adquirir, ya inherentes y posteriores a la concesión misma, como modos de conservar la propiedad. Y además, en la sanción impuesta a estas condiciones, esto es, en la caducidad subsidiaria del dominio, va envuelta otra prueba evidente de la perpetuidad del título del Estado sobre todas las minas, pues, abandonadas o perdidas por despueble por sus dueños, vuelven al poder del Estado, que las adjudica de nuevo a quienes por denuncio manifiestan su voluntad de explotarlas.

Considerada, pues, tal como se halla definida, la facultad de que habla el art. 8 del Código, con sus limitaciones y condiciones, ella constituye una verdadera propiedad, tan perfecta y absoluta en sí misma como la de la tierra superficial, y en cuanto a las referidas limitaciones y condiciones, ellas surgen de la naturaleza excepcional de la industria minera, y de las modalidades propias que le impone el interés social o público, tan íntimamente vinculado con ella, más que ninguna otra.

- 414. Expuesto en la misma forma explicativa, el art. 10, definiríamos la concesión legal diciendo que es el acto del poder público en cuya virtud el Estado se desprende de una porción determinada de su dominio sobre las minas, para constituir con ella una propiedad individual, en favor del que la solicita, mediante el cumplimiento de las formalidades y condiciones establecidas por la ley; es la manera práctica como se realiza la transmisión de la potestad conferida a los particulares por el art. 8; por último, es el instrumento público en que consta la cesión, con su determinación territorial y las condiciones y alcances jurídicos del derecho.

Un autor especial define la concesión en su sentido más amplio diciendo que ella “significa el derecho acordado a alguien para hacer una cosa determinada con exclusión de cualquier otra persona”, y del punto de vista de sus alcances, dice que “el acto de concesión de la propiedad perpetua de la mina, que es, desde entonces, disponible y transmisible como los demás bienes” (15).

Bajo otro concepto, la concesión es el título originario, por el cual la mina sale del dominio del Estado, y entra en el dominio particular; de manera que aquél no puede constituir esta propiedad en otra persona, siendo esta la diferencia fundamental entre el Estado, dueño de minas y el individuo que la ha adquirido de su poder: éste puede “disponer de ella como dueño”, por todos los títulos de la ley común; aquél no puede realizar como dueño originairo, más acto de disposición que el adjudicarla a los particulares por esta sola forma: la concesión, ya provenga de un descubrimiento, ya de un denuncio.

Significa igualmente esta regla, que no será válida ninguna forma de adquisición originaria que no sea la concesión otorgada por autoridad competente. Pero debe tenerse presentes dos órdenes de distinciones: 1% la concesión es independiente de los modos de adquirirla, pues se puede llegar a esto por tres caminos diferentes: l^9, registro, cuando se trata de minas antes no conocidas o no apropiadas; 2^9, denuncio, en el caso de minas concedidas pero abandonadas o perdidas por sus dueños; 3^9, prescripción, respecto de unas y otras, cuando se “ha ocupado, poblado y explotado durante trescientos cincuenta días, sin interrupción ni contradicción, una mina en estado de desamparo, o una mina que no ha sido registrada (16); 2% la concesión no es, estrictamente hablando, idéntica al título de propiedad, porque aquella expresa la forma jurídica de transmisión del derecho público al privado, la institución de un dominio individual sobre una porción limitada del dominio minero del Estado, mientras que el segundo es el documento escrito en que consta la realización

- (15)  Splingard, Des concessions des mines, núms. 3 y 4.

- (16)  Código de Minería, tít. XIV, art, 352 y nota.

de las condiciones requeridas por la ley para obtener la concesión, y la manifestación expresa de la voluntad de transmitir el derecho a la persona privada que ha registrado, denunciado o prescripto la mina de que se trate. En síntesis, por lo tanto, puede decirse, que el descubrimiento, el denuncio y la prescripción son los medios de llegar a la concesión de una mina y que el título de propiedad es el instrumento público otorgado por el funcionario que la ley designa, en que consta la institución del derecho.

- 415. Pero el medio adquisitivo por excelencia es el que procede del descubrimiento, y de él debemos ocuparnos en particular, desde que él imprime el primer sello del derecho privado sobre la mina. Nuestro Código, siguiendo en esto diversos modelos, como la ley austríaca de 1854, la piamontesa de 1859, y la prusiana de 1865 y las Ordenanzas de Nueva España, ha creado un largo proceso gradual, que se determina por estos tres actos decisivos:

l^9 Exploración o cateo. Permiso de la autoridad para investigar en terrenos privados o públicos, la existencia de minerales (17);

2^9 Manifestación y registro. Declaración ante la autoridad del hallazgo de la mina, con las comprobaciones suficientes, e inscripción de este acto en el Registro. Esto constituye un título provisorio (18) que se perfecciona mediante;

3^9 La labor legal, o trabajo de experiencia y de prueba que la ley exige al registrador para verificar la existencia e importancia del criadero y la capacidad económica del empresario (19), y

4^9 La mensura y demarcación, al objeto de precisar el área dentro de la cual el minero ha de ejercer sus derechos exclusivos de explotación y aprovechamiento. Inscripto este

- (17)  Arts. 23 a 41.

- (18)  Arts. 113, 117, 119.

- (19)  Arts. 133 a 137.

procedimiento en el Registro, él constituye el título definitivo de propiedad de la mina (20).

- 416.  Ahora bien, conviene determinar qué cosas son objeto de concesión, por ser consideradas como minas por la ley especial. Además de la enumeración del art. 2, el art. 110 las enumera:

l^9 Los descubrimientos;

2Q Las minas nuevas en criaderos conocidos;

3Q Las minas caducadas;

4^9 Las ampliaciones, mejoras, demasías y socavones.

En el primero y segundo caso, se refiere a verdaderos hallazgos de minas antes ignoradas; procede su adquisición del esfuerzo revelador del minero, respecto de una riqueza nueva, y es el título más legítimo y noble de apropiación privada. Respecto del tercero y cuarto caso, diremos, con las palabras del codificador, que “la restauración de antiguos minerales, el trabajo de socavones, la demasía y la ampliación de pertenencias, son en verdad otros tantos hechos que dan derecho a una concesión, pero hechos derivados de las causas fundamentales de la adquisición de las minas" (21) ; pero como ellos importan la constitución de verdaderos derechos de dominio sobre porciones de terreno extraños al perímetro primitivo, son en realidad nuevas adquisiciones y requieren la misma formalidad que los originarios.

- 417. Hemos dicho que la adjudicación de una mina lleva consigo algunas condiciones que hemos llamado inherentes a la concesión misma, y esas son las diversas especies que conviene determinar.

- 1. Ante todo el Estado se reserva el dominio virtual o eminente sobre la mina desprendida de su patrimonio privado; y esta reserva le autoriza a intervenir en la vida activa

- (20)  Arts. 231 a 244.

- (21)  Véase nota al art. 110.

de la explotación en distintas formas, que pueden resumirse en las facultades de imponer contribuciones, de guardar el orden, de vigilar la moral e higiene de los trabajos, y velar por la seguridad de las cosas y las personas. Este derecho de intervención procede, pues, de un doble título: del de soberano del territorio y personificación del poder político, y dueño de una parte reservada o no enajenada sobre la mina, y en cuya virtud ésta vuelve a su poder por la caducidad del derecho concedido.

- 2. El mismo Splingard, antes citado, escribe (22) : “La primera condición de la concesión es la existencia de la materia concesible. El descubrimiento de esta materia es estimulado y protegido por la ley, que acuerda al descubridor un derecho de preferencia y una indemnización.” Era el mismo pensamiento contenido en las antiguas leyes hispano-ameri-canas que prohibían solicitar minas en las cuales no se hallase plenamente comprobada la realidad del yacimiento, “porque, dice Gamboa, mina sin veta y metal no se permite trabajar, por precepto de otra ordenanza; por cuya causa se debe presentar el metal y jurar, como previene la citada Ordenanza del Perú, haberlo encontrado en aquel lugar, para que se conozca no ser boca maliciosa y ladrona (como dicen vulgarmente) la que se pretende abrir y trabajar” (23). Y además, las falsas denuncias no son raras, presentadas por gentes de mala fe que pretenden, o impedir por simples indicios que otros lleven adelante sus investigaciones, o tentar una negociación fraudulenta sobre un falso registro. Para evitar esos engaños que tanto desalientan y desprestigian a un mineral, el Código y todas las leyes rodean el procedimiento de la exploración y del registro de las mayores garantías y de todos los estímulos compatibles con la equidad y el derecho de terceros.

- (22)  Ob. cit., N’ 11.

- (23)  Comentarios, C. V.; Escalona, Gazofilacio Real del Perú, L. II, P. II, C. I, pág. 105; Nuevo Cuaderno, ord. 17 y 30; Ord. del Perú, 4.

- 3. Por último, hemos hablado ya de las condiciones del trabajo obligatorio y de las medidas de seguridad exigidas por la ley, como medio de conservar la propiedad de la concesión; y ellas están inspiradas por la necesidad económica de una producción constante y suficiente, dados los fines sociales superiores de la Industria axtractiva.

LECCION X DEL DOMINIO DE LAS MINAS

( Continuación)

§ I

CARACTERES ESPECIALES DE LA PROPIEDAD

- 418. Una de las cuestiones que más ha preocupado la atención de jurisconsultos y magistrados en los países que se rigen por instituciones semejantes a las nuestras, ha sido la de establecer la relación existente entre la ley civil y la ley minera, o en otras palabras, entre la propiedad de la superficie y la propiedad de la mina. Si este problema se ha presentado en donde no existe por la Constitución la división inicial entre los códigos de derecho común, con tanta mayor razón debe suscitarse en la República Argentina, cuya ley fundamental ha prescripto expresamente que ha de dictarse cuatro códigos distintos creando cuatro jurisdicciones por razón de la materia, la civil, la comercial, la penal y la minera.

En suma, la duda se presenta respecto de saber si las dos partes del suelo, superficie y mina, forman un solo cuerpo, o se separan substancialmente para constituir dos propiedades diferentes, independientes una de otra en su concepto jurídico. Nuestro Código de Minería ha resuelto el problema por la dualidad, ajustándose así a las conclusiones de la ciencia, que de otro modo tan perfecto han consultado la Constitución y la ley de agosto de 1875, preparatoria de aquel Código especial.

- 419. Las minas —dice el art. 11— forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran; pero se rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las disposiciones especiales de este Código, Contiene, como se ve, dos órdenes distintos de principios, abstractos y generales unos, positivos y especiales otros. En su primera parte, el texto crea una propiedad diferente de la del suelo, y da, por tanto, base a un diverso organismo legislativo, semejante al que rige los bienes raíces comunes, pero no idéntico y sí en muchos aspectos contradictorio y antagónico; la segunda cláusula, define en general la aplicación de los dos distintos órdenes de leyes, en toda la extensión en que las dos propiedades se diferencian substancial y efectivamente.

Sin duda alguna, hay una vasta esfera en la vida del derecho, en la cual ambas especies de bienes tienen un funcionamiento análogo, y acaso a veces idéntico, pero es también indudable que la mina, por su naturaleza y su destino especial, se aparta pronto del concepto común de los bienes para determinar una excepcional, una singular dirección de la actividad humana en cuanto a su apropiación y goce. Aquí es donde comienza el imperio del derecho minero, separándose del derecho civil.

Hemos seguido esta evolución en la historia legislativa que precede, y hemos visto que ella ha sido impulsada por los sucesivos descubrimientos y aplicaciones de la ciencia en constante consorcio con la experiencia industrial de todos los pueblos. La misma doctrina romana, inflexible e inviolable como fué durante su largo reinado, hubo de ceder en la práctica de las explotaciones, cuando éstas alcanzaron desarrollo extraordinario, pues entonces los respetos tradicionales a la propiedad superficial, si bien se conservaban virtual y literalmente, casi siempre fueron olvidados en el hecho, en obsequio a la necesidad de una producción abundante y suficiente a los fines de la industria. La legislación experimental fué creando poco a poco la distinción positiva entre los dos conceptos originarios, hasta constituir en la codificación moderna, gracias a la influencia expansiva del Código de Napoleón y de la ley minera de 1810, un doble sistema ya indestructible al parecer.

- 420. Mas, para condensar nuestro raciocinio, expongamos como mejor sistema las distinciones esenciales que dan origen a la diversidad legislativa.

- 1. La naturaleza misma, en primer lugar, ha establecido con sus leyes de formación, anteriores y superiores a todo arbitrio legislativo, una dualidad evidente entre la tierra y la mina, las cuales, si en su origen y en su yacimiento anteriores al conocimiento y a la acción del hombre pudieran formar una masa común de cosas susceptibles de apropiación, por el solo hecho de la aplicación del trabajo a la productividad de una y otra, nacen las diferencias que las caracterizan y dividen.

- 2. La explotación que cada uno de estos bienes exige es otra fuente de distinciones, porque, en primer lugar, no es hoy un misterio que es posible en muchos casos la explotación simultánea y separada de la superficie y de la mina, lo que equivale a decir que puede ejercerse la propiedad sobre una y otra por distintos dueños; y en segundo lugar, admitida la anterior afirmación, es indudable la conveniencia económica de dividir el dominio, si se ha de fundar el régimen jurídico minero sobre sólidas bases económicas. La manera cómo nace y se perpetúa y se aprovecha la propiedad superficial, permite que su uso y goce esté al alcance de cualquier fortuna, medios o recursos, mientras que la mina, desde su descubrimiento, exige excepcional empleo de fuerzas, aptitudes y capitales, que, si alguna vez pueden hallarse reunidos en un solo dueño, nunca podrá esta sola circunstancia servir de base a un sistema legislativo, o un régimen industrial racional.

- 3. El interés y destino que cada una de estas propiedades entraña para la sociedad, no son menores motivos de diferenciación absoluta. La riqueza que la mina ofrece a su dueño y a la comunidad, supera de modo inmediato y breve a todo cuanto en lenta y periódica reproducción promete el suelo superficial; y luego, con la independencia de la mina respecto del terreno, del punto de vista del derecho civil, se produce como una duplicación del bien primitivo, con todas sus consecuencias jurídicas en relación con los derechos reales; por ejemplo: se puede realizar entonces dos ventas distintas y perfectas, establecerse dos arrendamientos o usufructos, constituirse doble orden de hipotecas; en una palabra, la vida jurídica de la propiedad se ensancha inmensamente, con grandes ventajas para la felicidad de sus dueños y de la sociedad entera.

- 4. Es esta la situación que expresaba la Ordenanza de Nueva España, en su art. 2 del tít. V, que el Código Chileno de 1875 reproducía, quizá con más claridad que el nuestro, diciendo que “las minas forman un inmueble distinto y separado del terreno o fundo superficial, aunque aquéllas y éste pertenezcan a un mismo dueño; y la propiedad, posesión, uso y goce de ellas, es transmisible como en los demás fundos, con sujeción, empero, a las disposiciones especiales de este Código” (1). Nuestro art. 11, por otra parte, tiene su complemento en el 343, en cuanto a “los demás actos y contratos de minas”, los cuales “están sujetos a las leyes comunes, en cuanto no esté establecido en este Código o no contraríe sus disposiciones”.

- 421. Nos hemos referido al origen legislativo moderno de este principio dualista, y conviene dejar constancia de la fuente histórica. Es la doctrina que Napoleón impuso durante la discusión del proyecto Fourcroy, en el Consejo de Estado, el 13 de febrero de 1810, diciendo: “La concesión forma una propiedad nueva, y aun en manos del propietario del suelo, el derecho de explotación es una nueva riqueza; desde luego, es necesario a su respecto servirse de las mismas expresiones que respecto de cualquier otro concesionario; le es necesario

(1) Código de Minas de Chile, 1875, art. 10.

también un acto qu le confiera este derecho y le dé la propiedad de la concesión” (2). El comentario y la jurisprudencia han completado esta noción inicial. “El acto de concesión de una mina sólo transmite la propiedad de las substancias minerales concedidas con el derecho de hacer en el seno de la tierra los trabajos necesarios para alcanzarlas y extraerlas; desprende la mina sola del dominio de la superficie, y deja intactos todos los demás derechos del propietario del suelo... Si el decreto de concesión da nacimiento a una verdadera y plena propiedad, absolutamente distinta de la del suelo, esta última conserva, no obstante, de una manera íntegra y soberana, todos aquellos atributos que no se relacionan con la investigación y la aprehensión de la materia concedida” (3). Según Demolombe, de estos hechos resulta “que la propiedad de la superficie y la de la mina se encuentran en un estado de dependencia recíproca, que altera de cada lado la plenitud del derecho, y que las somete forzosamente a condiciones esenciales de existencia o de ejercicio” (4). Pero es necesario decir que en nuestro sistema legislativo, con la división absoluta que el Código de Minas ha establecido, esa relación es menos susceptible de conflictos que en la ley francesa.

- 422. Art. 12 —Las minas son inmuebles.— Se consideran también inmuebles — 1) Zas cosas destinadas a la explotación con el carácter de perpetuidad, como las construcciones, máquinas, aparatos, instrumentos — 2) animales y vehículos empleados en el servicio interior de la pertenencia, sea superficial o subterráneo, y — 3) las provisiones necesarias para la continuación de los trabajos que se llevan en la mina, por el término de ciento veinte días.

Este artículo, que ha sido tomado del 8 de la ley francesa, y del 10 del Código chileno, se ha fundado en la demos-

- (2)  Locré, Législation sur les mines, etc., 1828, pág. 314.

- (3)  Bréchignac et Michel, Doctrine et jurisprudence en matiére des mines, pág. 90.

- (4)  Tomo IX, pág. 571.

tración que Dalloz hace de su utilidad del punto de vista de la explotación, en las prácticas mineras y en la necesidad de rodear al minero de las mayores seguridades compatibles con nuestras leyes comunes. No jpudiendo privilegiar a las personas, se ha creado excepciones en las cosas. En nuestro artículo, sin embargo, cabe perfectamente la división que el Código Civil establece en su art. 2313; así las minas son inmuebles por su naturaleza; las cosas destinadas a la explotación, esto es, las construcciones, máquinas, etc., lo son por accesión (art. 2315 C. C.) puesto que llevan el carácter de perpetuidad; y serían inmuebles por su destino (2316 C. C.) los animales y vehículos empleados en el servicio interior de la pertenencia, aunque en el concepto de la ley civil no satisfagan unos y otros la condición requerida. Es una exigencia propia de la especialidad minera, y, como se ve, limitada exclusivamente en su empleo al servicio interno de la mina.

- 423. El espíritu de esta prescripción de la ley está claramente expuesto por los comentadores del art. 8 francés. Dalloz les atribuye grande utilidad, del punto de vista de la seguridad de las explotaciones (5), y los tribunales franceses han hecho la jurisprudencia incontravertible, confirmada por el Consejo de Estado: “No se ha querido, dice un expositor, que todos esos objetos, aunque muebles en sí mismos, son accesorios indispensables de la mina, puedan ser embargados como muebles con independencia de la mina; porque una ejecución de esta naturaleza tendría por resultado una brusca interrupción de la explotación y puede ser causa de pérdidas irreparables. Se los ha inmobilizado para que no puedan ser embargados sino con la mina misma por vía de ejecución inmobiliar” (6).

Respecto del derecho común, la importancia de esta clasificación de inmuebles aplicada a las minas y a las cosas a ellas adscriptas, no es menos transcendental, pues que de ella

- (5)  De la propriété des mines, tomo I, pág. 102.

- (6)  BrÉchignac et Michel, Jurisp. des Mines, pág. 133. resultan consecuencias directas respecto de las formas de su enajenación, que serán las de los bienes raíces, que la hipoteca minera comprenderá todas las cosas enumeradas en nuestro art. 12, como inmuebles por accesión, y en todo cuanto no está especialmente legislado en el Código de Minería regirán los principios del Código Civil. Así, bajo ese concepto, debemos leer este artículo en concordancia con los 349, 356 y 365 del Código de Minería, sobre venta, arrendamiento y usufructo.

- 424. Nuestro artículo comprende entre los inmuebles, los animales y vehículos empleados en el servicio interior de la pertenencia, cláusula que corresponde a la 4* del artículo francés, menos explícito que el nuestro, pues sólo se refiere a los trabajos interiores de las minas. Nuestra ley es más clara y precisa, pues en el art. 222 define ese derecho, diciendo que se llama pertenencia a “la extensión de terreno (superficial o subterráneo) dentro de cuyos límites puede el minero explotar su concesión”, extensión perfecta y claramente establecida por las unidades de medida fijadas para cada pertenencia. La excepción de inmuebles no comprende, pues, según la fórmula negativa de la ley francesa, sino los animales y vehículos empleados en la explotación interina dentro de los límites de la pertenencia. Así, por ejemplo, los animales o vehículos que no están exclusivamente destinados a los trabajos interiores, según la ley francesa, o a los límites interiores de la pertenencia, según la nuestra, y que no son necesarios para mantener la actividad de la mina y no son un accesorio indispensable de la misma, no merecen el privilegio (7).

El art. 12 de la ley argentina ha salvado una dificultad de la ley francesa. Según ésta, por interpretación se comprendió entre los animales clasificados de inmuebles a los que situados fuera de la mina son empleados en mover una máquina colocada en su interior para la extracción del mineral.

(7) Bréchignac et Michel, Ob. cit., pág. 134.

Según nuestro artículo, la duda no puede existir, pues que el minero tiene en la superficie el terreno necesario para sus instalaciones y todas las exigencias de la explotación, según las reglas del art (8). Así, un ferrocarril local, que no salga de los límites de la pertenencia sería inmueble, y no uno que se emplease en transportar los productos de una pertenencia minera al establecimiento de beneficio, para llegar al cual tuviese que atravesar propiedades y tierras ajenas; pues que según los artículos referidos, la ley da al minero todo la tierra necesaria para sus explotaciones y beneficios.

- 425. Nuestro codificador, en su nota al art. 12, ha creído deber completar los objetos indispensables a la continuidad de la explotación, comprendiendo entre los inmuebles por su destino, las provisiones necesarias, y por el término de ciento veinte días. Esos eran los-que las leyes de Indias llamaban mantenimientos, y cuyo texto da plena razón a nuestro artículo. La ley 1, tít. XX, lib. IV, manda que “por ningunas deudas, de cualquier calidad que sean, no se les pueda hacer, ni haga ejecución en los esclavos y negros, herramientas, mantenimientos, y otras cosas necesarias para él avío, labor y provisión de las minas, y personas que trabajaren en ellas, no siendo debidos a Nos, y mandamos que las ejecuciones que conforme á derecho se pudieren hacer, sean en el oro o plata, que de las minas se sacare y hubiere, de lo cual sean pagados los acreedores en su lugar y grado, de forma qué no se impida, ni cese el descubrimiento, trato y labor de las minas.. .

En efecto, tan necesarios son a una explotación continua las máquinas, instrumentos, animales y vehículos, como los artículos de necesidad para la subsistencia de los mineros en general, limitado este concepto al tiempo indispensable para el trabajo obligatorio, y en parte alguna de la tierra ese privilegio es más explicable que en los distritos mineros argen-

- (8) V. arts. 42, 48, 223 y ,224.

tinos, situados a enormes distancias de los centros de comercio, en parajes montañosos e inhospitalarios, donde es forzoso formar almacenes de provisionamiento, que deben participar del carácter inviolable de la mina, en cuanto lo es ella misma y siempre en razón del alto interés público que sirve.

- 426. El art. 13, del Código, dice textualmente: La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad publica. — La utilidad pública se supone en todo lo relativo al espacio comprendido dentro del perímetro de la concesión. — La utilidad pública se establece juera de ese perímetro, probando ante la autoridad minera la utilidad inmediata que resulta a la explotación.

Apenas era necesario consignar el primer inciso de este artículo, en que declara las minas de utilidad pública, pues toda la parte fundamental del Código se asienta sobre esa base. Sin embargo, el codificador ha creído que debía dejar explícita esta declaración que salvaría de antemano toda cuestión de interpretación. Desde que se ha adoptado el sistema dominial y de la concesión, era lógico que la propiedad su-perficiaria quedara subordinada a la subterránea en los límites estrictos y precisos de la pertenencia, y la línea divisoria marcada entre ambas por el art. 11, es el punto de partida de las excepciones a la ley común, que irían hasta considerar el terreno superior como una dependencia legal de la mina.

Como la legislación minera no tiene otro objetivo que procurar una explotación provechosa y continua, todos los detalles del procedimiento de adquisición, de aprovechamiento y beneficio de las minas tenían que responder a ese fin supremo. Nuestro artículo, no solamente ha querido despejar dudas para el porvenir en la aplicación del Código, sino que ha dado al minero el arma eficaz para defenderse del propietario que se cree inviolable, y que es el único que siempre pleitea contra el privilegiado concesionario, cuyos derechos arrasan con todo lo existente en el terreno si ha obtenido la facultad de explotar sus fundos (art. 42); si bien, como hemos dicho, limitada por razones de espacio y de tiempo, o sea al perímetro de la concesión y al tiempo en que la explotación se mantenga en las condiciones de la ley.

- 427.  Como la utilidad pública es una limitación al concepto de inviolabilidad de la propiedad común, ella debe ser expresa y determinada por límites ciertos; por eso nuestro artículo la extiende exclusivamente a los límites de la pertenencia o pertenencias demarcadas, y sólo podría extralimitarlos cuando por razones plenamente comprobadas, de que la nueva apropiación es indispensable para la explotación, le fuese permitido por la autoridad. El autor pone como ejemplo, la necesidad de abrir por terreno ajeno una galería subterránea de desagüe, y en la superficie, la construcción de un camino de acarreo.

Las antiguas leyes españolas no exponían una doctrina sino que legislaban el hecho; la ordenanza 16 del Nuevo Cuaderno habla de ocupar e indemnizar el terreno necesario para seguir el filón metálico, establecer asiento y fábrica y demás cosas que requieren la labor y beneficio de la mina o minas; la ley 2, título XIX, lib. IV, de la Recopilación de Inr dias, faculta a todos para catear y extraer metal sin ningún impedimento, y con tal que se cumplan las demás leyes del reino; el mismo sentido implican las Ordenanzas de Méjico y del Perú, aunque no consignan textualmente las palabras utilidad pública, que nuestro Código es el primero en fijar.

Toda oposición del propietario de la superficie desaparece desde el momento que la ley minera ha calificado previamente y de un modo perpetuo los casos de expropiación por causa de la explotación del subsuelo (art. 17, Const. Nac>), y ha ordenado que se indemnice al dueño de la superficie, y ha fijado las reglas generales para el juicio de explotación (arts. 45 a 47).

- 428.  Nuestro art. 13 debe hallarse formando, si es posible, un solo cuerpo con el 16, que introduce una fundamental excepción al principio de la inviolabilidad de la propiedad minera, al declarar lo siguiente: “Las minas sólo pueden ser expropiadas por causa de utilidad pública de un orden superior a la razón del privilegio que les acuerda el art. 13 de este Código". Pero bien estudiada esta regla, no importa propiamente una violación del privilegio de las minas, por cuanto se refiere a casos de un orden superior, o sea en que el Estado mismo necesite el terreno ocupado por la mina para fines de alta política económica o de defensa nacional, como serían la construcción de un ferrocarril de grande importancia internacional o estratégica, o de una fortaleza.

- 429. Según nuestro Código, ¿qué debe resolverse en el caso de que el Estado hubiese concedido a una empresa particular la construcción de una línea férrea y ésta necesitase abrir un túnel en el sitio de una pertenencia minera? La autoridad judicial tendría que resolver si la razón de la expropiación era o no de un orden superior al privilegio del art. 13, y la parte expropiante tendría que demostrarlo. Nuestro autor parece resolver el caso en favor del minero, al decir: “Cuando una empresa común ha sido declarada de utilidad pública, se apodera del suelo que necesita; pero si el terreno que pretende está comprendido en el área de una pertenencia, y su ocupación ha de impedir la explotación, no puede tener lugar la expropiación sino cuando concurran consideraciones de un orden superior que se sobrepongan al privilegio de las minas" (nota al art. 16). En cuyo caso el concesionario del ferrocarril tendría que variar el trazado para dejar a salvo las labores mineras.

Pero si se tiene en cuenta que el cambio de trazado puede importar ingentes sumas de recargo en los cálculos de construcción de la vía, especialmente si se trata de montañas donde no es posible cambiar fácilmente la traza, la cuestión se agrava y requiere una solución que sin destruir los principios que protegen la propiedad de la mina, no atropelle contra el absurdo, exigiendo una de dos cosas: o que se lleve la vía férrea por el aire, o que se desista de construirla. El conflicto está entonces, no ya entre el propietario y el minero, entre una y otra concesión, sino entre la ley de minas que establece un privilegio, y la naturaleza que le opone un imposible^

¿Quién ha de vencer en la contienda? ¿Cuál de los dos conceptos de utilidad pública ha de prevalecer? Supongamos que impere el derecho del propietario de la mina. El concesionario del ferrocarril tiene un derecho adquirido por una ley, y determinada la traza con aprobación del Estado, puede pedir indemnización al dueño de la mina, opositor a la expropiación, y el monto de los daños debería ser suficiente para costear el nuevo trazado, que puede cambiar fundamentalmente las bases del cálculo financiero de la empresa. En el caso contrario, en que hubiese de prevalecer el derecho del concesionario, ¿con qué podría indemnizarse la pérdida de los tesoros encerrados en la mina, qué según su importancia podría valer más que toda la vía férrea proyectada? La cuestión nos parece reducida a términos más bien jurídicos que de hecho. Se trataría de resolver cuál de los privilegios tiene más fuerza imperativa, si el del minero, que es general, permanente, preestablecido, o el del concesionario que es de excepción, determinado y actual; y todavía más tratándose de una concesión del Estado, soberano de las minas, autor del derecho dado al minero para explotarla y disfrutarla, ¿cuál de sus dos manifestaciones debe prevalecer: la anterior o la posterior y especial en que ejercita una facultad de supremo administrador de los intereses del país? La solución no nos parece ya dudosa en favor del derecho del concesionario de la vía férrea, quedando a las leyes comunes y mineras Resolver el caso de la correspondiente indemnización (9).

- 430. En el caso de la fortaleza, no hay propiamente hablando expropiación en el sentido corriente de la palabra, porque la mina expropiada no pasa a otro dueño particular^

I

- (9) V. arts. 64, 65 y 66.

sino que se destruye y desaparece, tanto en provecho del minero como del Estado. La indemnización debe fundarse sobre esta consideración (1°).

Otros casos de expropiación serían: 1% si el Estado resolviese adquirir una mina y explotarla con fines exclusivamente docentes, estableciendo una escuela de minas y metalurgia, dotada de todos los instrumentos y maquinarias requeridos para un laboreo científico; 2% si se dispusiese reservar una mina para destinar sus productos exclusivamente al fondo de previsión o de socorro a los obreros de una región minera determinada.

- 431. Podemos considerar como una aplicación de la doctrina de la inviolabilidad de las minas, la prescripción del art. 17, que dice: “Los trabajos de las minas no pueden ser impedidos ni suspendidos, sino cuando así lo exijan la seguridad publica, la conservación de las pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores." En este artículo se advierte, como en muchos otros, el espíritu teorizador del autor del Código, que no ha podido dejar de consignar una regla que satisficiese la doctrina de la continuidad de las explotaciones, y que rindiese homenaje a la tradición legislativa española que no permitía que en caso alguno, que no fuese el de una evidente necesidad o peligro, se paralizasen los trabajos. Pero, ¿importan estas palabras, no pueden ser impedidos, el que los obreros no puedan ser sacados de sus labores para el cumplimiento de deberes comunes a todo ciudadano, creando así un privilegio inconstitucional? No puede entenderse así la prohibicióu sino en los dos casos siguientes:

l^9 A los empresarios o dueños de minas, por la obligación inherente a la concesión;

2Q A cualquiera otra persona que, por ejemplo, abusando de autoridad quisiese impedir, por perjudicar a determinada empresa, que se siguiese trabajando.

Los casos de excepción enumerados en el texto, que proviene del art. 21, tít. III, de las Ordenanzas de Méjico, no ofrecen ningún género de duda; esto es, “sólo se deberá suspender el trabajo de la mina, cuando se acusase de ruinosa, despilarada o sin los necesarios ademes, y así resultare a juicio de peritos, que deberán inmediatamente y sin pérdida de momento reconocerla y procederse a su fortificación para que, puesta en corriente, se pueda volver a trabajar sin peligro” (11).

- 432. Los arts. 14 y 15 del Código consignan uno de los caracteres más especiales de las minas, y que se fundan en razones de índole puramente científica y material, a la vez que

- (11) Lira, Exposición de las leyes de minería de Chile, págs. 57 a 61.

marcan una de las excepciones más notables respecto de la ley común.

La propiedad del suelo es esencialmente divisible; la de la mina es esencialmente indivisible. He ahí una cuestión fundamental, que han resuelto todas las leyes en sentido favorable a la indivisibilidad. Es uno de esos casos típicos en que la ley tiene que subordinarse a la naturaleza y a las reglas absolutas del arte de la explotación, que no admite fraccionamiento. Esos artículos dicen así:

Art. 14. — Es prohibida la división de las minas, tanto con relación a sus dueños, como respecto de terceros. — Ni los dueños, ni terceros pueden explotar una región o una par-te de la mina, independientemente de la explotación general.

Art. 15. — Cuando las minas consten de dos o más pertenencias, la autoridad permitirá, a solicitud de las partes, que se haga la separación, siempre que, previo reconocimiento pericial, no resulte perjuicio ni dificultad para la explotación independiente de cada una de ellas. — Las diligencias de separación se inscribirán en el registro de minas, y las nuevas pertenencias quedan sujetas a las prescripciones que rigen las pertenencias ordinarias.

Desde las primeras explotaciones mineras, aun las más empíricas, se ha reconocido que no se podía dividirlas en secciones, ni romper la unidad de plan, indispenasble para toda explotación seria y provechosa. La ciencia y la práctica han convertido después esta doctrina en algo incontrovertible, la han recogido todos los códigos y leyes de minas, y los comentadores y publicistas han ido hasta reconocerle el carácter de orden público, según opinan Batbie, citado por el codificador y Peyret-Lellier, uno de los primeros comentadores de la ley francesa de 1810, y expositores clásicos del derecho minero. Han consignado este principio las leyes modernas españolas: el art. 13 del real decreto de 4 dé julio de 1825, dice que “la demarcación que forma una mina o pertenencia no podrá partirse en ningún caso entre diferentes sujetos...”; y el Decreto-Ley de Bases, en su art. 14, dice que “la pertenencia es indivisible en las compras, ventas, cambios u otras operaciones análogas de los dueños de las minas”, que vino a confirmar el art. 18 de la ley de 6 de julio de 1859, que hacía indivisible la extensión comprendida en una sola pertenencia; pero en el caso de que la concesión fuese de dos o más pertenencias, podían separarse mediante aprobación de la autoridad. Estas diferencias hicieron decir a D. Fernando de Madrazo, impugnador del Decreto-Ley de Bases, que las concesiones son indivisibles pero no inseparables. Nuestros artículos concuerdan también con el 7 de la ley francesa de 1810 y con el 12 del Código de Minas de Chile.

- 433. Nuestro Código ha aclarado las dudas y vacilaciones de las demás leyes, y aunque están tomados ambos artículos de las leyes españolas citadas, ha eliminado toda causa de error, estableciendo una prohibición terminante y precisa de dividir materialmente las minas, tanto respecto de sus dueños como de terceros adquirentes. La segunda cláusula del art. 14, explica la primera que es general y doctrinaria, dándole su sentido positivo y técnico: se trata de no dividir una mina en varios centros de explotación, que causarían el desorden y la ruina de las labores, aparte de los desórdenes entre los diversos trabajadores que obligarían a paralizar la industria. El Código quiere aquí, como en todas sus secciones, que las minas sean explotadas con arreglo a los principios de la ciencia, y éstos se oponen a que una sola mina, o grupo minero que forma unidad, sean explotadas separada y diversamente.

La intrucción del Director General de Minas de Francia, en diciembre de 1838, decía a este respecto: “La unidad de las concesiones es la condición primordial del buen laboreo de las substancias minerales. Puede decirse que forma verdaderamente la base de la legislación de minas. Los yacimientos que contiene la tierra deben ser explotados en conjunto; exigen trabajos convenientemente coordinados, para perseguir debajo del suelo sus ramificaciones, evitar las invasiones de las aguas subterráneas, los gases deletéreos, los derrumbamientos. A fin de substraerlos a esos fraccionamientos que se operan en la superficie por la división de las propiedades, se ha hecho de ellos una clase distinta de bienes, cuyos límites circunscribe el acto de concesión.”

La jurisprudencia francesa, tan rica para nosotros en enseñanzas, ha llegado a esta conclusión importante: que todo acto, sea cualquiera su forma y el nombre que le hayan dado las partes, que tuviera por consecuencia romper ya sea la unidad del perímetro, ya la unidad de la explotación, será un acto ilegal y prohibido” (12).

- 434. Las Ordenanzas de Méjico, 3 y 4, del tít. XI, mandaban que se continuase la división imaginaria de la mina en 24 partes iguales llamadas barras, y prohibían a los socios trabajar una parte o labor determinada, cada uno para sí, “ni poniendo cada uno un determinado número de operarios, sino que se ha de trabajar en común todo lo que permi-tieré la mina...” El erudito expositor chileno, Sr. Lira, cree que sólo prohíbe la división material de las minas, y el notable comentador Gamboa, le atribuye el peligro de prestarse a hurtos y riñas e impedir la verdadera fortificación de las labores. Las Ordenanzas del Perú, 7 y 8, tít. VII, se apartaban de esta acertada jurisprudencia, pues “no sólo autorizaban sino que imponían forzosamente la división material hasta prohibir que las hubiera indivisas o en común”, si bien nuestro codificador explica estas leyes, por razones históricas' (nota al art. 14).

Encontramos en una anotación manuscrita, al margen del art. 4 de las Ordenanzas de Méjico citadas, de puño y letra del Dr. Rodríguez, en el ejemplar de que se servía, las siguientes cuestiones que tienen verdadera importancia práctica unas y teórica otras: “¿Puede cederse parte del cerro que constituye una pertenencia? — No. — ¿Con permiso de

(12) Bréchignac et Michel, Jurisp. des Mines, N^9 73.

la autoridad y sin perjuicio de tercero? — Tal vez, si no se inutilizan las labores y no se hace más difícil la explotación de la mina desmembrada. La indivisibilidad de las minas es de interés público.”

Como los dos objetos principales que se ha propuesto la ley con la indivisión son la unidad de explotación y el orden en las labores, siempre que se demuestre la posibilidad de una explotación útil, separadamente para cada pertenencia de una misma concesión, y con la debida intervención de la autoridad y de los peritos, no hay inconveniente en transigir con la doctrina de la divisibilidad de la propiedad común, y con el derecho común de cada propietario, para explotar su pertenencia. Bien entendido que en este caso de división cada pertenencia, así separada, constituye en el hecho una mina diferente y sujeta al registro y demás disposiciones pertinentes. Tanto las leyes españolas de 1825 y 1859 como la francesa de 1810, consignan esta excepción; y antes de la ley de 1838, hay casos en que la autoridad ha acordado la formación de centros distintos de explotación dentro de la misma concesión. La jurisprudencia posterior ha sido casi uniforme en el sentido de reforzar el principio de la indivisibilidad.

- 435. Consagra el principio de la perpetuidad del dominio particular de las minas el art. 18, último de este título, concluido en estos términos: “Las minas se conceden a los particulares por tiempo ilimitado". De esta manera se daba carácter positivo a una doctrina que, o se hallaba implícita en todas las leyes anteriores, o era deducida por todos los comentadores y tratadistas de la materia. La ley francesa de 1791 acordaba el derecho de explotar las minas por el término de cincuenta años (art. 4) ; pero luego se empezó a comprender la gravedad de esta cláusula que impedía toda empresa seria, y al revisarse la ley en la Asamblea de 1810, el conde Regnaud de Saint-Jean d’Angely, exponiendo los fundamentos de la nueva legislación, decía que “para que las minas sean explotadas, para que sean objeto de más asiduo cuidado del que las ocupa, para que multiplique los medios de extracción, para que no sacrifique al interés del presente la esperanza del porvenir, y las ventajas de la sociedad a sus especulaciones personales, es necesario que las minas dejen de ser propiedades precarias, inciertas, indefinidas, que cambien de mano al capricho de una legislación equívoca, de una administración abusiva, de una policía arbitraria, de la inquietud habitual de sus poseedores. Así, en adelante las minas serán una propiedad perpetua...”

En la sesión del 21 de abril de 1810, el conde Estanislao de Girardin, agregaba: “desde que la ley propuesta sea publicada, todas las minas del imperio, explotadas legítimamente, en virtud de derechos adquiridos, se convertirán en manos de los que las explotan, en propiedades perpetuas, protegidas y garantidas por el Código de Napoleón. Este carácter de perpetuidad tendrá la ventaja inapreciable de dar a los explotantes ese espíritu de previsión, de conservación y perfeccionamiento que parece ser exclusivo del propietario”. Estas consideraciones de orden económico, abonadas por hechos comprobados, hicieron cambiar las ideas; “el concesionario se preocupaba de sacar de las minas el mayor provecho posible, durante el tiempo de la concesión, sin inquietarse porque después de la cesación de sus trabajos, la explotación pudiera o no continuar. La ley de 1810 ha tenido por objeto hacer este abuso. Se encontró conveniente que el acto de la concesión diese la propiedad perpetua de la mina para asegurar su completa y regular explotación” (13). Así, el art. 7 de esa ley, dice expresamente que el acto de la concesión da la propiedad perpetua de la mina, realizando un inmenso progreso (14).

- 436. El interés público es el objetivo de la ley, y en ese concepto, sólo el principio de la perpetuidad puede satisfa»

- (13)  Peyret-Lallier, Traite de la législation des mines, números 108 y 109.

- (14)  Dalloz, De la propriété des mines, tomo I, pág. 138.

cer las exigencias de una explotación continua, regular y provechosa. Es propio de los negocios de minas el requerir gastos durante años y años, para llegar al filón o yacimiento qué los recompense y los premie. Con la amenaza de caducidad apenas si se aventurarían capitales serios y se instalarían trabajos formales. El alcance, como se llama en nuestras costumbres mineras, al encuentro de mineral abundante por haber engrosado la veta o filón, o por encuentro de nueva traza después de una intermitencia o broceo transitorio, viene después de enormes desembolsos a resarcir a los empresarios sus gastos y fatigas.

Sin embargo, conviene volver sobre el aspecto fundamental de la cuestión. Cuando se dice que la propiedad dé la mina es perpetua, no se entiende que queda libre de toda causa de caducidad, puesto que la concesión lleva aparejada la condición implícita del trabajo, o sea, según la naturaleza de esta propiedad especial de las minas, causa inmanente que depende del concesionario mismo, el mantener la mina en actividad de explotación; condición que se cumple o no por el hecho del mismo propietario, que aceptó la concesión conociendo la naturaleza y eventualidades de la empresa. El art. 10, al decir que “la propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal”, ha hecho de la propiedad de la mina, una equivalente, aunque distinta de la superficial, y por lo tanto, con todos los atributos propios dé la común, según el Código Civil, artículos 2506 a 2516, y sujeta a las mismas causas de caducidad y pérdida, que ésta, como lo reconoce el art. 11 de nuestro Código. Es, por tanto, una propiedad plena y exclusiva como la superficie, y es perpetua en los términos del art. 2510, Código Civil, y sujeta á las mismas causas de extinción (arts. 2604, 2606, 2607 y 2610), salvo disposiciones especiales de la ley de minas.

- 437. Pero hay una diferencia entre la ley francesa y la argentina. Aquélla consigna las palabras propiedad perpetua; ésta dice que la concesión es por tiempo ilimitado. De esta diferencia nacen deducciones importantes; siendo los términos de la ley francesa absolutos, las cuestiones relativas a la pérdida de la concesión, resultan más difíciles y las excepciones más contradictorias a priori; lo que no sucede con la nuestra, que al decir ilimitado, no excluye las ideas que informan la caducidad o extinción ulterior de la concesión, es decir: l^9, el dominio anterior y eminente del Estado, a cuyo poder vuelve la mina abandonada o despoblada, como antes de su concesión, y 2^9, la condición resolutoria expresa del art. 269, sobre el pueble. El Estado, dueño de las minas, las concede a los particulares bajo las condiciones que el interés público, y las leyes económicas sobre la industria minera aconsejan, refundidas, según nuestra ley, en la obligación de trabajarla y hacer útil a la sociedad, en cuyo nombre aquél ejerce su derecho de dominio.

- 438. Por otra parte, un reputado autor ha planteado una cuestión trascendental relativa a este principio de perpetuidad, proclamado en absoluto por la ley francesa, diciendo que “será siempre en la hitosria del derecho un grave problema, el saber qué suerte hubiese corrido la industria minera con el régimen de las concesiones temporarias de la ley de 1791, y se puede legítimamente lamentar que al proclamar un derecho absoluto en sentido contrario, el legislador, en lugar de esperar las enseñanzas de una experiencia que se producía lentamente, haya abdicado para siempre sus derechos en favor del interés particular” (15).

Nuestro codificador ha salvado, pues, esta duda importantísima, cuidando de no consignar cláusulas ni palabras que pudiesen comprometer el porvenir de la legislación, destruir la lógica del sistema argentino’ del dominio minero, e inhabilitar al legislador, por el imperio de los hechos consumados, para adoptar los nuevos rumbos que la ciencia y la experiencia demostrasen después como más convenientes para la prosperidad de la nación.

- (15) Splincard, Des concessions des mines, N^9 7.

La importancia de esta prescripción, en los términos en que está concebida, resalta mucho más si se echa una ojeada sobre nuestras tradiciones mineras, y nuestras antiguas leyes, según las cuales, la propiedad de las minas, instituida a perpetuidad en manos menesterosas, relativamente, ha quedado condenada a la más absoluta impotencia o esterilidad, imprimiendo esos mismos caracteres sobre los demás aspectos de la sociabilidad y de la economía. El Código de Minas argentino ha puesto el dedo en la llaga, y con dolorosos desgarramientos, si los poderes públicos no transigen, inclinándose ante ellos, con la rutina y la ignorancia, la transformación económica de la nación ha de tener su principio en la aplicación del gran pensamiento que entraña la institución del trabajo obligatorio como condición implícita del dominio privado sobre las minas.

§ II

DE LAS PERSONAS CON RELACIÓN A LA PROPIEDAD MINERA

- 439. Puede creerse a primera vista, por los que quisieran hacer de la ley de minas una simple reglamentación de los artículos del Código Civil, o una nueva dependencia de la que rige la propiedad común, que un título que trata de las personas pretende entrar en un dominio vedado, por cuanto la ley civil regla sus derechos y su capacidad; pero nuestro Código ha sido consecuente con sus propios principios generales y no se ha excedido en más ni en menos, dando a los mineros mayores privilegios que los otorgados a toda persona de derecho, ni quitando a estos nada por vía de excepción o especialidad. Todo lo que respecto de minas no está legislado en este Código, se rige por el Código Civil, y en cuanto a las personas, el de Minas sólo ha introducido prohibiciones que no menoscaban su capacidad de tales, sino en cuanto revisten una función pública destinada a proteger y presidir el goce de los derechos, y hacer cumplir los deberes que esta ley acuerda e impone. Por otra parte, hay restricciones que fluyen de la especialidad misma, sin las cuales no podrían hacerse efectivas las garantías y los beneficios de las instituciones mineras.

El Código tiene facultad para imponer limitaciones y prohibiciones al ejercicio del derecho especial de explotar y aprovechar las substancias minerales, en cuanto concurran y sean esenciales a la existencia del mismo. Este es acordado por el Estado en nombre de la nación y con subordinación al interés público; y en la ley de minas convergen dos clases de potestades: la potestad política o administrativa que preside o hace efectivas las funciones de la ley, y la potestad civil o de derecho privado que preside y rige las relaciones privadas respecto de las minas. Las personas de que habla nuestro título, son las que revisten autoridad administrativa o judicial, y que deben intervenir en los procedimientos de adquisición, goce o disfrute, pérdida o transferencia de los derechos que este Código concede a los particulares que explotan minas y se consagran a sus labores.

- 440. Nuestro art. 19 dice así: “Toda persona capaz de adquirir y poseer legalmente propiedades raíces, puede adquirir y poseer minas." Se sienta una regla fundamental del derecho de adquirir minas, que si bien pudo haberse suprimido, pues que en nada modifica y aumenta el concepto de la ley civil, viene a completar un conjunto de doctrina y a realizar una exigencia de buen método, pues una ley que tanta innovación y derechos y obligaciones tan especiales contiene, necesitaba ser un cuerpo uniforme y completo de doctrina y de preceptos positivos; y nuestro artículo, no contradiciendo a la ley común, favorece la ley minera porque funda una premisa positiva para deducir las excepciones o limitaciones, únicos casos sobre que legisla este título. Por otra parte, cuantos ejemplos pueden aducirse en este sentido están enumerados en la nota del codificador que ha tomado casi íntegro el título II del Código Chileno de 1875, si bien mejorando y aclarando la doctrina.

Por nuestras instituciones políticas y civiles, no hay diferencia alguna entre los hombres, en cuanto al goce de los derechos civiles que ellas consagran, y los extranjeros, especialmente, están garantidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional que estatuye: “pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”, destruyendo así para siempre la razón de ser de las exclusiones contenidas en algunas leyes antiguas (16), y especialmente la legislación para estas Indias, donde se hizo lujo de aberraciones al lado de otros aciertos sorprendentes (17); gi bien en otros cuerpos de leyes de la misma monarquía, se advierte el principio liberal que permitía a los extranjeros catear, descubrir y explotar minas dentro de los límites del reino (18). La ordenanza 2 del Nuevo Cuaderno acordaba esos derechos a los súbditos y naturales y a otras cuálesquier personas, aunque sean extranjeros de estos nuestros Rey nos... que las hayan y sean suyas (las minas de plata) propias en posesión y propiedad, etc.;” y la 16 repite la misma prescripción extendiéndose a las minas de oro y demás declaradas por la ley. Era natural que las nuevas ideas filosóficas, políticas y económicas, nacidas de aquel siglo XVIII en que se incubaron todas las revoluciones, cambiasen la fisonomía de las leyes mineras, que son la principal preocupación de los países bien gobernados, y que la odiosa restricción al derecho de los extranjeros desapareciese de las ordenanzas y códigos. La reforma no fue, sin embargo, muy rápida. Algunas leyes empezaron por exigir la naturalización para tener derecho a adquirir minas (19). El gobierno provisorio de la República de Méjico, en 7 de octubre de 1823,

- (16)  Felipe II, ley de l^9 de enero de 1559.

- (17)  Recop. de Indias, 1. I, tít. 19, lib. IV.

- (18)  Nueva Recop., 1. V, C. 1 y 15, tít. 13, lib. VI.

- (19)  Rec. de Indias, tít. 27, 1. IX; Ord. de Nueva Esp., art. 1, tít. VII.

suspende la vigencia de la ley 12, tít. 10, lib. V, y la 5% tít. 18, lib. VI, Recop. de Castilla; la ley 1% tít. 10, lib. VIII; las del citado tít. 27, lib. IX de Indias y el art. 1, tít. VII, de la Ord. de Nueva España, “las cuales, dice el decreto, exigían a los extranjeros, para poder adquirir y trabajar minas propias, al estar naturalizados o tolerados con expresa licencia del gobierno”. Pero tampoco iba muy lejos esta reforma, porque el art. 2 declara que la suspensión sólo habilita a los extranjeros para pactar con los dueños de minas toda clase de avíos, y poder adquirir acciones en las empresas que habiliten, y el 3, en consecuencia, les prohíbe terminantemente registrar minas nuevas, denunciar las desamparadas, ni adquirir parte en otras minas que las habilitadas por ellos; es decir, que esta extraña derogación de las antiguas leyes permitía a los extranjeros invertir su capital en las minas de Méjico, pero les prohibía descubrir y adquirir minas para sí exclusivamente, derecho que sólo se les acuerda en aquella república, en 1842, aunque sujeto todavía a la condición previa de probar que hubiesen sido restauradores de minerales decaídos o abandonados.

Puede citarse después la ley española de 4 de julio de 1825, art. 4; 6 de julio de 1859, art. 8; Decreto-Ley de Bases de 1868, art. 10; en todas estas leyes no se hace distinción entre nacionales y extranjeros para los derechos que la ley de minas acuerda.

- 441. Es interesante del punto de vista teórico o histórico la prohibición que las antiguas leyes imponían a los clérigos y religiosos para hacerse concesionarios de minas y negociar en ellas, fundadas en la incompatibilidad que resultaría entre el carácter sacerdotal y la posesión de las riquezas, la sed de dinero que fácilmente engendra el negocio de minas y que tan impropios son de los ministros del altar. Concurrían de acuerdo en esa prohibición las leyes civiles y canónicas, pues los concilios de Lima y Méjico dictaron pena de excomunión contra los que faltasen. Ante nuestras leyes, la cuestión carece de fundamento, desde que no está limitado ese derecho por la ley civil, y desde que las leyes canónicas se encargarían de juzgar a los que a ellas deben subordinar los movimientos de la voluntad o los dictados de la conciencia (20).

Cuestiones son éstas que tienen alta importancia en el terreno de la moral y del derecho canónico, pero no para nuestras leyes, que al autorizar a esas personas a adquirir bienes raíces y disponer de ellos como dueños, no ha limitado esa facultad respecto de minas. Por consiguiente, las prohibiciones de nuestro Código quedan limitadas, según el autor, a “las personas a quienes se confiere autoridad para hacer las concesiones, declarar las preferencias, asegurar la posesión y resolver todas las cuestiones de minas” (nota al art. 20). Ha seguido este mismo sistema la Comisión reformadora del Código de la República Oriental, la cual funda, en conjunto, su tít. II, diciendo que “es muy justo que los funcionarios que han de entender en los asuntos de minas, estén inhibidos de adquirirlas para que en el desempeño de sus respectivas funciones obren con toda imparcialidad y justicia”.

- 442. Entra el art. 20 a especificar las personas a quienes, se prohíbe adquirir, y dice:

Art. 20. — No pueden adquirir minas, ni tener en ellas parte, interés, ni derecho alguno: l^9 Los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en la sección o distritos mineros donde ejercen su jurisdicción en el ramo de minas.

Antes de las reformas introducidas por Cámara de Diputados, el proyecto contenía un título semejante a los códigos de algunas naciones, sobre la jurisdicción y juicios en materia minera, que fué suprimido en razón de los derechos de

- (20) Véase sobre esto: ley 4, tít. 12, lib. IV, y leyes 1*, 2* y 3% tít. 12, lib. I, Recop. de Indias; Ord. 21, tít. 11, Perú; art. 2, tít. VII, Ord. de Nueva España; Solórzano, Política Indiana, tít. I, lib. 2, C. 18; Liba, Exp. de las leyes de minería, pág. 129.

las Provincias para organizar el procedimiento en las leyes comunes. Podría creerse que a la legislación local correspondería también fijar las limitaciones a los derechos personales de los jueces, considerados en su carácter de funcionarios públicos; pero se desconocería una necesidad evidente de parte de la ley general, de asegurar en el hecho los derechos que acuerda a los particulares en su letra, disponiendo las prescripciones que han de hacerlos efectivos. La ley nacional de minas considera la cuestión del punto de vista de los derechos que acuerda; las Provincias que organicen la justicia y su procedimiento, dictarán todas las demás prohibiciones o limitaciones que la necesidad o el derecho exijan, y las que se impongan del punto de vista administrativo local. Son, pues, para el Estado nacional y provincial facultades concurrentes: ni uno puede renunciar a la de asegurar la eficacia de la ley, ni otro a las que fluyen de su soberanía propia no delegada o reservada.

- 443. Prueba de que las limitaciones al derecho de adquirir, impuestas a las personas que revisten autoridad judicial o técnica, son inseparables de la naturaleza de la ley misma, es que ellas figuran en todos los códigos y ordenanzas de la materia desde las más antiguas. Las del Nuevo Cuaderno, art. 67, prohibían que pudiesen tener “mina alguna ni parte de ella en ningún partido del Reyno, por sí ni por interpó-sita persona, directa ni indirectamente en todo el tiempo que usaren los dichos oficios", al administrador general, y a los de distrito, a las personas que los representaren en cualquier caso, “a los Justicias y Escribanos y Fieles"; y la Ord. 68, extendía esta prohibición a los administradores y representantes o reemplazantes de estos en los establecimientos de beneficiar metales para el rey. La ley 1, tít XIX, lib. IV, Rec. de Ind., al dar permiso para explorar, catear y trabajar minas a todos, exceptúa terminantemente a los “ministros, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes letrados, alcaldes y escribanos de minas", y entre las prohibiciones impuestas a los presidentes, oidores, alcaldes y fiscales, se comprendía la de descubrir minas “en mucha ni en poca cantidad en todo el distrito donde residieren" (21). La Ordenanza de Méjico, reprodujo las prohibiciones tradicionales de las antiguas leyes, tanto canónicas como civiles respecto a la adquisición de minas; así como el art. 2, tít. VII, comprendía a los regulares de ambos sexos y a los seculares ([1] [2]). El art. 3 del mismo título habla de los gobernadores, intendentes, corregidores, alcaldes mayores y cualquiera otros justicias de los reales de minas, y los escribanos de ellas. Han sido estas prescripciones las que, transmitidas a la legislación moderna, desde Méjico hasta nosotros, se han incorporado, no ya como simples ejemplos dignos de imitar, sino en calidad de preceptos doctrinales inherentes a toda ley minera. Así el Código de Chile de 1875, art. 22, lo consigna (es el mismo del de 1888), y en su inc. 3^9 exonera a “los magistrados de los tribunales superiores y jueces letrados a quienes está cometida la administración de justicia en asuntos de minas, dentro de su territorio jurisdiccional. Y por este estilo, las demás leyes modernas, así americanas como europeas.

- 444. Apenas si es necesario abundar en fundamentos jurídicos para probar las conveniencias de estas prohibiciones tratándose de jueces, y sobre materia de su competencia y jurisdicción; mucho menos cuando la legislación civil se esfuerza por incluir entre la numerosa copia de incompatibilidades que los afectan, todo cuanto pudiese comprobarse que era de posible provecho personal. Pero la ley hace bien de limitar precisamente la extensión de la incompatibilidad en los dos sentidos: l^9, los jueces que hayan de entender en el ramo de minas; 2^9, solamente dentro de los límites del distrito o sección a donde su jurisdicción se extiende. Por eso el art. 3, tít. VII, de la Ordenanza de Méjico, decía textualmente: “pero les concedo el que puedan tenerlos en distinto territorio del de su jurisdicción”.

Nuestro Código ha sido prolijo para descartar de las antiguas leyes todo lo que ya no cabía dentro de nuestras instituciones actuales, y ha restringido las prohibiciones de adquirir: a los jueces, o sea a los ministros de la ley, sin cuya intervención el derecho no puede ser adjudicado a persona alguna, en el hecho; y del punto de vista de la determinación del derecho concedido por la ley, o sea de las formas substanciales a la existencia del derecho, a las personas que enumera.

- 445.  2^9 Los ingenieros rentados por el Estado, los es

críbanos de minas y sus oficiales, en la sección o distritos en donde desempeñan sus funciones". Es decir, dos clases de funcionarios cuya intervención es tan necesaria a la existencia de los derechos como si fuesen su cuerpo, su encarna- * ción material. La ley de minas crea dos instituciones principales del punto de vista de su efectividad o realización:

l^9 Un cuerpo de ingenieros que represente la intervención técnica del Estado, respecto de mensuras, demarcación y explotación;

2^9 El Registro, llevado por funcionarios de carácter judicial, y destinado a consignar todos los actos que constituyen la propiedad de la mina y sus modificaciones, descubrimientos y modalidades.

El primero, determina los derechos mismos en cuanto a su extensión, limitando la acción legal del minero; el segundo, imprime a los hechos preparatorios y constitutivos de la propiedad, el sello legal, la autoridad del Código, para hacerla indiscutible y exclusiva.

Los ingenieros de minas al servicio del Estado, son ante el derecho minero lo que los jueces en el sentido del derecho en general: todo el organismo del Código se funda sobre el concepto de las medidas de la superficie o del subsuelo; en el primer caso, para determinar el derecho del dueño del suelo y la extensión en que este derecho es limitado o absorbido por la ley minera, y en el segundo, para precisar los límites de las facultades y acción concedidas al concesionario del subsuelo, ordenar las relaciones con los demás concesionarios en el interés de la explotación que ha de llevarse ordenadamente, y con sujeción a leyes científicas ineludibles. El juez encargado de salvaguardar los derechos de los dueños del suelo y del subsuelo, tiene que subordinar su acción al dictamen técnico, en cuanto a determinar la extensión del derecho como en la ley común, que no habla sino de cosas ciertas y precisamente determinadas. En la ciencia de la minería, ya sea bajo el aspecto jurídico, ya de la explotación, los ingenieros son, bajo muchos conceptos los árbitros, y sus funciones aunque marcadas por la ley, no pueden ser controladas por sus comitentes ni por la justicia, sino en cuanto éstos puedan tener de peritos en la ciencia que aquéllos ejercen. ¿Hasta qué punto la ley puede prever y anticiparse a todos los casos que la ciencia demuestre o descubra, y que se presenten con ese carácter incontrastable que les es peculiar, como que obedecen a leyes inmutables de la naturaleza? Su ministerio es, por consiguiente, tan sagrado como el del juez mismo, y tan difícil y peligroso; y así como la dificultad y la altura de sus funciones exigen de la ley y del Estado consideraciones especiales, así también el inmenso poder que tienen en su mano, los somete a las más rigurosas limitacions impuestas por el orden público y por la moral.

Sus funciones versan sobre tres puntos generales: l^9 Mensuras y demarcaciones superficiales y subterráneas; 2^9 Asistencia y vigilancia de los procedimientos técnicos de la explotación con relación al derecho del Estado y de los particulares y mineros. Todo cuanto no está determinado en el Código de Minería y corresponda al poder nacional en virtud del inc. 11, art. 67, C. N., es del resorte de la ley administrativa de los respectivos Estados o provincias, que para aplicar el Código, deben organizar estas instituciones indispensables: 1% la justicia contenciosa y su procedimiento, en cuanto no tiene de especial; 2% la autoridad administrativa y el procedimiento respectivo; 3^9 la autoridad técnica o científica, o sea las cuerpos de ingenieros de mi-, ñas; 4^9, el registro; 5^9, reglamentos de policía, higiene y seguridad dentro de los límites de los trabajos mineros.

Debe tenerse presente que nuestro inciso sólo comprende en la prohibición a los ingenieros rentados por el Estado, a los que revisten autoridad y están encargados de practicar las operaciones que la ley prescribe, para hacer efectivos los derechos que concede a los particulares, y se limita a los términos de la sección o distritos donde ejercen sus funciones, pudiendo, por consiguiente, obtener minas fuera de esos términos (23).

- 446. La ley comprende en la prohibición de este inciso a los escribanos y sus oficiales, a cuyo cargo debe hallarse el registro de todos los actos preparatorios, principales y secundarios o derivados, que constituyen la propiedad de las minas, y es inútil insistir sobre la importancia de esta cláusula de la ley, hallándose, por lo demás, sujetos a los mismos deberes y responsabilidades que rigen para los escribanos en materia civil y comercial, y los encargados de los registros de la propiedad raíz. La jurisprudencia sobre esta materia es tan antigua como el derecho formulario, y cada día se busca y se consigna nuevas seguridades para los derechos que tales funcionarios deben legalizar, constatar y conservar bajo la fe de la más estricta verdad y honradez. Por otra parte, al hablar del registro de minas (Arts. 117, 118 y 119) y demás actos constitutivos de la propiedad minera, y al mencionar, siguiendo el método del Código, todos aquellos en que el escribano de minas interviene, que son numerosísimos, es la ocasión de comprender con cuánta razón

- (23) Es el inc. I^9, art. 22, Código de Chile, art. I^9 y 2^9 y 11 Proyecto para la República Oriental del Uruguay.

nuestra codificación ha querido hacer de todos esos funcionarios, los verdaderos guardianes del derecho y de la ley.

- 447.  Inc. 3^9 Las mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas en los números precedentes. Es decir, aquellas personas tan íntimamente ligadas a los funcionarios públicos por razón del matrimonio o de la sangre, que no sea posible evitar la presunción de parcialidad o de favor, y cuyos bienes deben por la ley ser administrados por ellos. Este inciso está casi literalmente copiado del 5^9, art. 22 de Chile, adoptado también por la Comisión del Código para la República Oriental, y se funda en las mismas razones anteriores y en los peligros que las consideraciones de parentesco importarían para la rapidez y fácil expedición de los actos públicos, cuando hubiese que salvar conflictos, resolver preferencias o imponer penas y decretar la caducidad de los derechos, con respecto a los dueños de minas comprendidos dentro del parentesco mencionado.

- 448.  El Art. 21 dice: La prohibición no comprende: l^9, las minas adquiridas antes del nombramiento de los fun-~ cionarios; 2^9 ni las que la mujer casada hubiese llevado al matrimonio; 3^9 tampoco comprende las minas posteriormente adquiridas por herencia o legado. Este artículo comprende, como sé ve, tres casos de excepción al anterior, y según el autor del Código, se propone salvar la buena fe de los funcionarios. La salva, sí, respecto de la adquisición por hecho propio, porque ellos no podrán solicitar permiso de cateo, ni pertenencia, ni denunciar minas, ni hacer cosa alguna que signifique adquirir un derecho; pero deja subsistentes las causas prácticas de las inhabilidades establecidas por el artículo 20, y que se fundan en los peligros para la buena administración, para la equitativa y pronta solución de todos los casos ocurrentes, ya en el procedimiento de adquisición o conservación del dominio, ya en los mil pormenores de la explotación, que tantas veces ponen en grave riesgo los trabajos y la prosperidad de la mina.

Nuestro autor no ha encontrado el remedio para esta situación, aunque reconoce que es anormal e ilógica con el principio de una buena y pura administración; y no pu-diendo despojar a los funcionarios públicos de sus derechos adquiridos antes de su investidura, o después de ella, por hecho ajeno a su voluntad o por imperio de la ley común, ha librado a la buena fe, a la honorabilidad de cada uno el proceder correctamente, sin agravio del derecho ajeno. En la primera excepción, se hallaría comprendido el minero que después de largos años de experiencia y de labor, fuese nombrado por el gobierno inspector pericial, juez del mineral, u otro cargo cualquiera de los enumerados, caso que sería muy frecuente en nuestras regiones mineras, donde los hombres preparados no abundan, ni para las funciones de juez con regular preparación, mucho menos para los eminentemente técnicos de la explotación. La cualidad que le haría idóneo para desempeñar el cargo —la experiencia— se convertiría en causa de inhibición para aceptarlo, o para seguir trabajando o poseyendo su mina. La segunda excepción puede refundirse en la primera, pues se refiere también a bienes adquiridos sin gestión propia del empleado público o del juez, que pertenecen a su mujer y de los cuales es administrador legal; la tercera, por último, se funda en razones ya enunciadas, es decir, que las minas adquiridas con posterioridad al nombramiento, y a título de herencia o legado, no proceden de su propio hecho, y sí por el imperio de la ley común. Este artículo no es más que la segunda parte del 22 de Chile, y ha sido impuesto por la naturaleza de los derechos personales, según la ley civil. Para salvar los verdaderos peligros que la ley de minas ha tenido en vista, toca a las leyes o reglamentos locales establecer las substituciones en caso de implicancias, por ejemplo, ya por el juez, ingeniero o escribano del distrito más próximo, ya por

nombramientos ad hoc hechos por el ministro del ramo de la Nación o de la Provincia.

- 449. Más bien que una penalidad propiamente dicha, que correspondería al código de la materia, la sanción penal establecida en el art. 22, en el concepto del Código de minas, viene a ser una causa de vacancia de las minas o derechos obtenidos en contravención del art. 20. Nuestro artículo dice así:

Art. 22. — Los contraventores a lo dispuesto en el ar-ticulo 20, pierden todos los derechos obtenidos, que se ad* judicarán al primero que los solicite o denuncie. No podrán pedirlos ni denunciarlos las personas que hubiesen tenido participación en el hecho.

No hubiesen sido eficaces las prohibiciones anteriores sin la sanción penal correspondiente, la cual ha pasado por todos los grados de rigor desde las Ordenanzas citadas (67 y 68) del Nuevo Cuaderno, de la Recopilación de Indias (ley 60), Ordenanzas del Perú y otras, hasta la codificación actual, representada para nosotros, por los Códigos de Chile (Art. 23) y la ley española de 1859, Art. 49. Aquéllas iban hasta la confiscación general y el destierro; las últimas, sin perjuicio de las acciones penales, se limitan a despojar a los adquirentes contraventores o a la pérdida de lo adquirido durante la inhibición.

La segunda cláusula del artículo salva un importantísimo caso que puede ocurrir; aquel en que interesados en adquirir esos derechos incitasen a los funcionarios inhabilitados por los artículos anteriores para adquirir, o proceder en contravención de la ley, con el fin de denunciar en seguida las minas puestas en vacancia por aquella causa. Según los términos del artículo y la explicación del codificador, la prohibición de denunciar esas minas o derechos, comprende también a aquellas personas que los hubiesen transmitido a quienes tenían prohibición de adquirirlas. (N. al Art. 22).

LA PROPIEDAD DE LAS MINAS

Estudios legales y constitucionales relativos a la Reforma del Código de Minería.

1913 -1915

I

REFORMA DEL CODIGO DE MINERIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Buenos Aires, 31 de agosto de 1914.

Excmo. señor Ministro de Agricultura, doctor Horacio P. Calderón,

I

La reforma general de la legislación minera

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en mi carácter de comisionado del Poder Ejecutivo para proyectar la reforma del Código de Minería vigente, para presentarle un proyecto de modificación parcial, limitado al régimen de conservación y caducidad de la propiedad concedida por el Estado, o adquirida por los particulares por cualquiera de los medios del derecho común.

Aunque mi propósito es dar a ese Ministerio todas las razones de mi demora, cuando presente la revisión general, que creo podrá ser en los primeros días del mes de marzo del próximo año 1915, cumplo hoy en el deber de manifestarle la fundamental, y es la coincidencia de mi nombramiento para tan difícil tarea, con un período de movilidad y cambios radicales en esta legislación en los principales países mineros, y en particular Francia y los de Sud América, desprendidos del mismo tronco que el nuestro, y por tanto, fijados a la misma tradición jurídica.

Por lo que se refiere a Francia, cuya ley de 21 de abril de 1810 con su vasto y erudito comentario, sirvió de base a nuestro codificador, como su Código Civil lo había sido para esa rama de nuestro derecho substantivo, es notable la serie de proyectos de reforma presentados al parlamento, desde el de 1873 hasta los de 1908 y 1910 de los señores Barthou y Mille-rand, que si no concluyeron en una ley general, dieron origen a la de 4 de julio de ese último año, limitada a la faz financiera, o sea, a las contribuciones que debían pagar las minas, o en último análisis, al conjunto de obligaciones que van incluidas en la concesión, unas como medio de conservar la propiedad y determinar la pérdida de la misma, otras en favor del progreso local, otras, como la proposición Millerand, inspiradas en el pensamiento de dar participación al obrero en las ventajas de la explotación.

Esta serie de proyectos realmente asombrosa, pues llega a treinta y cuatro en el transcurso de treinta y siete años, demuestra hasta la evidencia, la necesidad de meditación y de espera de un momento en que las ideas llegasen a fijarse sobre asunto de tanta importancia, sobre todo por el advenimiento de nuevas corrientes de opinión y de intereses, las cuales imponen una base diferente a la ley de fondo. Es lo que hizo decir a uno de los más recientes autores y parlamentarios, a Mr. Maurice Ajam, en su libro La nouvelle le-gislation miniére de 1911, en la página 263:

“Pero nuestros lectores deben recordar que atravesamos un período de transición; que en todas las naciones el derecho minero sufre en la actualidad una evolución rápida, y que estamos obligados a notar con toda prontitud las fases fugitivas de esta evolución.” Y además de la instabilidad legislativa, que abarca precisamente el período de nuestra revisión, debe contarse otro elemento de variación de los principios establecidos: es la apertura de los territorios coloniales de las viejas naciones legisladoras del derecho minero, como la Francia, la Rusia, la Alemania; y por otra parte, la reforma completa de la ley francesa de 1810, adoptada en Bélgica, por el desarrollo extraordinario de la industria hullera, y por la influencia del principio socialista en las formas orgánicas de los contratos, y en lo que, en resumen puede llamarse la vida de la mina.

“La reforma del régimen minero es un hecho consumado por ellos —los belgas— desde la reciente ley promulgada el 6 de abril de 1911, después de un trabajo legislativo que ha durado varios años, tras de discusiones apasionadas, durante las cuales el Partido Socialista representado por Mr. Dénis, ha tratado en vano de obtener la monopolización”. Entretanto, el parlamento ha conservado la base del derecho napoleónico de la propiedad de la mina distinta de la del suelo, crea-da por el Estado, la cual “le ha parecido más ventajoso para estimular las energías individuales de exploradores y capitalistas.”

Entre nosotros existía, además de la causa ya expuesta, — por lo que atañe a la doctrina y legislación de fondo de las naciones modelos, y a las modificaciones introducidas en el viejo sistema español por los países más mineros de la América hispánica, como Méjico, Perú, Bolivia y Chile,— la incorporación de los territorios nacionales, los que, libres del reato tradicional de los antiguos establecimientos provinciales, formados y regidos por la costumbre del viejo régimen, reclaman una ley propia, que no sólo responda a los caracteres físicos de cada región mineral, hasta hace poco mal o insuficientemente exploradas, sino también a los progresos técnicos más recientes, a la dotación de vías de transporte modernos, y al nuevo descubrimiento de yacimientos de importancia, que habrá de contemplar la nueva ley de fondo, ya para incorporarla en ella, ya para considerarla como una reserva o monopolio del Estado.

Dentro de las mismas provincias antiguas, donde las regiones mineras más conocidas se han trabajado desde hace uno, dos y aun tres siglos, se estaba practicando investigaciones del mayor valor, ya por los profesores de las Academias y Museos de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, ya los menos importantes realizados y publicados por los técnicos del Ministerio de Agricultura. Todos estos trabajos importa cambiar los cimientos de nuestra legislación minera, de simple tradicional y consuetudinaria que es hasta ahora, en verdaderamente científica y racional, como será la que he de presentar en breve.

Y por fin, para concluir con esta nota preliminar, significaré una diferencia esencial en el concepto de la nuestra con las legislaciones de los otros países; estos deben tener en cuenta una industria existente, permanente y no interrumpida desde muy antiguo, y aquélla sólo puede pensar en cohonestar las exigencias de los pocos minerales trabajados que ha habido y hay aún en algunas provincias, como Mendoza, La Rioja, Catamarca y Jujuy, con un propósito principalmente prospectivo, o sea de estímulo, de depertamiento y de exploración de las regiones en las cuales la ciencia ha denunciado ricas existencias en minerales, no sólo de los llamados preciosos, sino de los que, en general, denominaremos secundarios, ya que es difícil comprenderlos a todos, por su utilidad, fuera de aquella primera designación.

II

El trabajo obligatorio y el denuncio Bases económicas de su derogación

Para resolverme a elevar hoy a Vuestra Excelencia este primer proyecto de reforma parcial al Código de Minería vigente, he tenido en cuenta la urgente necesidad, —tanto mayor en estos momentos, en que la Nación debe preocuparse de producir todas las materias que requerirá su propia vida industrial,— de eliminar del cuerpo de ese Código, cuanto antes, las causas evidentes de retraimiento y de indiferencia de los capitalistas extranjeros y nacionales, respecto de nuestra industria minera. Entre ellas, las principales, según una directa experiencia del autor de estas líneas, residen:

l^9 En el sistema de conservación o amparo de la propiedad de la mina concedida o adquirida, llamado del trabajo obligatorio, “o trabajo forzado”, como le llama un ilustrado crítico del Código.

2^9 En la perpetua amenaza del denuncio, consecuencia inmediata del anterior, por cuyo medio o acción judicial o administrativa, cualquier aventurero o pleitista de profesión puede despojar al verdadero minero, al más serio y honesto de los trabajadores, en un momento de mero descuido o en un accidente cualquiera de la explotación, de la propiedad de la mina, así sea colosal la instalación que posea.

El trabajo obligatorio, —que en un país sin tradiciones curiales como los nuestros, será acaso sostenible en teoría, como con toda elocuencia y erudición bibliográfica lo hace el autor del Código en su larga nota al artículo 147,— no se inspiraba en la antigua ley española trasmitida a nosotros con los títulos de las minas antiguas, en principio alguno económico, sino en la conveniencia práctica de dar a las minas del .Rey o de la Corona, y a las de los particulares concedidas, el mayor rendimiento posible, mediante el impuesto del “quinto real”, y otros numerosos que convertían la titulada propiedad de la mina, en la América española, en poco menos que una ilusión, salvo, naturalmente, el artificio del fraude y el contrabando, que eran tanto más corrientes y habituales, cuanto más tiránico era el sistema legal o fiscal de la minería.

La mina, según su categoría o importancia, debía ser amparada, es decir, trabajada, como mínimum, con cuatro operarios por pertenencia o unidad de medida de la concesión durante cierto número de días en el año, con sus dispensas por fuerza mayor u otras causas; doscientos treinta días en un año, por el artículo 269 de nuestro Código, para las substancias de la primera categoría, y en una escala variable para las de la segunda (§ V, título IV). Este trabajo debe ser permanente y continuo, de manera que cualquier aventurero de mala fé, —como tuvo el infrascripto oportunidad de verlo en un mineral célebre,— oculto detrás de una piedra con dos testigos, espía el momento en que, por una enfermedad o una comisión urgente fuera del distrito, u otra causa semejante, la mina se hallaba sin el número completo de operarios, —era el caso observado el de “un grupo” de cuatro minas y faltaban dos operarios en la hora del “golpe”, — y entonces se presenta el capataz, le pregunta y exige la declaración sobre el número de operarios que tiene en trabajo, y como no se hallasen todos en la mina, labra acta, corre en su muía al vecino pueblo, asiento del Juzgado u oficina, y hace la denuncia y solicitud para él de la mina “despoblada”. Supóngase que el Juez o empleado autorizado para oir la denuncia se dé cuenta del lazo o engaño, y considere la demanda maliciosa o temeraria; con todo, ya es un pleito, una grave molestia, por la interrupción del trabajo, bajada de los cerros al pueblo, nombramiento de abogado, busca de testigos, y si la “autoridad” se halla complotada, ya se verá lo que importa para una empresa seria o para cualquier minero honrado, esta perpetua y terrible amenaza del denuncio, esto es, del espionaje, la delación, el fraude, la celada y la acechanza perennes, de parte de cualquier interesado en sorprender un descuido o un accidente inocentes, que en nada perjudican el trabajo continuo de la mina.

He ahí el enemigo de la minería seria en nuestro país, bajo el régimen del trabajo obligatorio con la sanción penal y civil del denuncio; he ahí la más formal queja expuesta por las compañías extranjeras y nacionales, que se han propuesto explotar muchas veces en grande escala algunos de nuestros ricos minerales; he ahí la semilla fecunda de ese mal endémico, secular, de la industria grande y chica en la República, —el del pleito ineludible y fatal que, comenzando por esta trampa, concluye en las grandes transacciones que dan el primer golpe al capital importado, para continuar en sucesivas causas de desaliento, las cuales, agregadas a otras no imputables al país, sino a las mismas empresas, acaban por la quiebra de las más firmes y animosas.

“Precisamente, dice un comentador del Código, la condición del trabajo forzado para la conservación de las miñas es la que en el sistema legal ha principiado a recibir modificaciones radicales, aconsejadas por el resultado negativo que ella ha producido, y en el interés de reparar los males que ha causado. En varios Estados de América y en España misma, se ha substituido el trabajo forzado con una patente anual sobre la pertenencia, o sea el espacio de terreno determinado para la explotación de la mina, con mejor resultado para el desarrollo de la industria” (1).

Pero limitándonos por ahora al sentido económico del sistema, es un hecho averiguado y fácil de comprobar con una exposición de la legislación comparada de un gran número de naciones mineras, que el que ha dominado y domina en ellas es el contrario, del pago de un canon anual por unidad de medida, —hectárea o pertenencia,— como medio o condición resolutoria de conservación de la propiedad minera, lo mismo que la propiedad raíz común, la cual, por firme y sólida que sea, siempre cede al interés fiscal del pago de las contribuciones o impuestos con que se halla afectada o gravada toda propiedad; y es precisamente lo que se proponía fundar la legislación francesa de 1810 con la renta impuesta, no modificada en la nueva ley de 1910, y la reforma española de 1868, la cual, según su autor Ruiz Zorrilla, se proponía hacer de la propiedad minera “una propiedad firmísima”.

“Para realizar la condición de la seguridad, decía el Ministro de Fomento en la exposición de motivos del Decreto-ley de bases del 29 de diciembre de 1869, establece el ministro que suscribe, que las condiciones (de la propiedad) sean perpetuas y que constituyan propiedades firmísimas, de las que, bajo ningún pretexto, puedan ser despojados sus dueños mientras que paguen las cuotas correspondientes; así la denuncia queda anulada por completo: “ese eterno peligro de la industria minera, ese amago a la propiedad, ese in-

- (1) Dr. M. A. Sáez, El Código de Minería para la Confederación Argentina, N^9 58; 1886.

menso riesgo creado artificialmente contra las compañías, y para el cual no hay sociedades de seguros, no existirá de hoy más, y la persona o la asociación que a esta clase de trabajos dedique sus capitales, estará segura de recoger el fruto de sus desvelos, sin que la mala fe de un denunciante le arranque, o por lo menos le dispute, lo que en buena ley le pertenece”.

Como dije más arriba, la razón expuesta por los defensores del sistema del trabajo obligatorio, es que se mantiene una continua producción, y se da la mina sólo a aquel que sea capaz de trabajarla por los recursos de que disponga» Pero agregué también dónde estaba la causa efectiva del tal régimen. Por otra parte, la historia de la minería americana ha dado cuenta de ese régimen, una vez comprobada su ineficacia para estimular el trabajo, y conocidos los vicios que engendró desde su establecimiento.

El se explicaba, y se explicaría aún, en un sistema fiscal que considerase las minas como una fuente de rendimientos para el Estado, como un pseudo monopolio o monopolio indirecto, según el cual, cada concesionario en el nombre fuese, en realidad, un agente del Estado para trabajar las minas que éste declara de su dominio privado, como lo hacen nuestro Código Civil (artículo 2376, inciso 2^9), la ley de 26 de agosto de 1875 y el Código de Minería en su artículo 7^9; pero no tiene sentido compatible con la vida efectiva y las modalidades propias de la nueva industria, según las cuales, las asociaciones o acumulaciones de capital para el trabajo de las minas, obedece a la ley permanente y universal de la demanda, determinada por la necesidad de las substancias reclamadas por la creciente industria en todos los pueblos; de manera que la exigencia del trabajo no parte de la necesidad que tenga un país de producir minerales, sino de la exigencia del consumo de los mismos por la industria, allí donde ella tiene sus focos más activos. Aquella producción será tanto más buscada cuanto más positiva sea la demanda de ella por el mercado; de manera que si éste no la reclama, por desuso o superproducción, como aconteció con la plata, cuya crisis dura todavía, serán inútiles las leyes de trabajo forzoso, porque las labores serán abandonadas sin más recurso, sin beneficio para el país exigente, el cual, con el sistema del canon, podrá por lo menos, mantener en vigencia los derechos concedidos, con más el provecho de la contribución, que mantendrá la propiedad y esperará la vuelta de la demanda del mineral, en el incesante flujo y reflujo de la oferta y la demanda en el mercado universal.

Un territorio que contenga las substancias preciosas o más necesarias para la industria, en un período o en una región, o por vitales exigencias del consumo universal, será buscado por el capital, que por sí solo se estimula y trata de producir su ganancia e interés, sin que ninguna coacción legal o fiscal sean parte a darle mayor o menor actividad ni estímulo por la obligación del trabajo, sino por facilidades de otro orden, de carácter económico o estimulante, y ninguno más eficaz que el establecimiento de un régimen de seguridad en la propiedad, en la obtención del beneficio y en la cómoda colocación del producto en su mercado propio.

Y bien, si a estas ligeras y elementales consideraciones se agrega las de la experiencia, tan valiosas en estas materias, no podrán ya dudar los legisladores argentinos, en punto a decidir entre el sistema de trabajo obligatorio como condición para mantener la propiedad de la mina, y el del canon o patente anual, apresurándose a sancionar el segundo adoptado en la inmensa mayoría de las naciones más productoras del mineral en el mundo contemporáneo; y por una razón de semejanza, de vecindad y de historia, es digno de señalar el ejemplo de Méjico, sede clásica de la legislación española de las Ordenanzas de su nombre de 1783, y del Perú, donde rigió también esa ley después de las viejas Ordenanzas del siglo XVII, hasta la nueva ley de 1901; de Bolivia, sujeta a aquellas mismas y colocada, con evidente ventaja, bajo el sistema del canon o patente desde la reforma de 1880, que fué el principio de otras importantísimas que forman un valioso material de estudio y experiencia; de Chile, país minero por excelencia, donde se habían formado nuestros más expertos mineros de las Provincias andinas, y cuya reforma legislativa dió motivo a debates del mayor interés demostrativo de nuestra tesis, y a la promulgación del nuevo Código de Minería el l^9 de enero de 1889.

El presidente Balmaceda, al recomendar la sanción del nuevo Código, dijo: “Es universalmente reconocida la necesidad de constituir la propiedad minera sobre la base única de la patente fiscal, porque ella ampara regularmente la propiedad, evita litigios azarosos, atrae el capital extranjero y permite la organización de la minería en forma vasta y acabada, que asegure su constitución como industria verdadera”; opinión formada en la experiencia y en las conclusiones y estudios de la Sociedad Nacional de Minería, después de los cuales, “se pasó a la Cámara de Diputados de aquella República, el proyecto de reforma de 1884, en el que se establecía el pago de una patente moderada para la constitución y conservación de la propiedad minera, creyendo así eliminar las cuestiones de denuncio y despueble, tan odiosas y perturbadoras para el desarrollo de estas industrias” (2).

En idéntico sentido se expresa el ilustrado expositor del Nuevo Código de Minería del Perú, del 6 de julio de 1900, doctor Paulino Fuentes Castro, quien dice, que con el sistema del impuesto anual del título IV, “la propiedad minera legalmente adquirida es irrevocable y perpétua como la propiedad común. Al asignar el Código este carácter a la adjudicación de las minas, es indudable que ha querido operar una transformación en seguridad de los mineros y de los capitales, dando forma de verdadera propiedad particular a cosas en las que conservaba el Estado un dominio inmanente” (3).

Sin especializar en este párrafo el sentido jurídico de la reforma, se ve que ella obedece en absoluto a un pensamiento

- (2)  Robustiano Vera, Código de Minería de la República de Chile, páge. 3 y 4.

- (3)  Código de Minería, etc., 1905, págs. XVII y 8.

económico: el de afirmar la propiedad de las minas sobre las bases más seguras de la común, como una verdadera propiedad, según lo había definido la ley francesa de 1810, y la española de 1868; y no creemos que pueda ser otro el móvil de toda ley de este género, destinada a regir la industria más valiosa, más decisiva en el progreso humano, y más científica y perfecta, desde que reclama la aplicación de todos los progresos que el ingenio humano ha realizado, en el aprovechamiento de los múltiples elementos que la naturaleza ha atesorado para el bienestar del hombre y adelanto de la civilización.

III

El canon o patente anual. — El denuncio. Gratuidad esencial de la concesión

Se ha creído, por lo general, por todos los autores de proyectos de reforma en esta parte de nuestro Código que bastaba una declaración de adopción de la patente en substitución del trabajo, para que aquella quedase consumada. Este ha sido un punto de vista limitado o incompleto. Se olvidaba que se trata de un Código de relativa extensión, estrechamente articulado y coherente, en el cual existen multitud de previsiones íntimamente conexas con la que impone el trabajo obligatorio, y crean un intrincado mecanismo que la justicia administrativa y contenciosa debe aplicar en detalle a los casos ocurrentes. Entre estas correlaciones se cuenta el denuncio de que he hablado más arriba, el cual viene a ser la acción creada por la ley, en manos de todo interesado en adquirir la mina, de revelar ante la autoridad el estado de despueble de ella, o sea de falta del trabajo suficiente o mínimo de la ley, y por tanto, de la caída en falta del actual poseedor o concesionario.

El denuncio es, además, un modo de declarar la caducidad de la propiedad de la mina, porque una vez proveído de conformidad, ésta vuelve virtualmente al poder del Estado, aunque más no sea que pasajeramente, pues, sólo se halla en este caso, mientras se admite el estado de despueble y se adjudica al nuevo reclamante o denunciante» La propiedad, así, no hace sino pasar de una mano a otra, es decir, del propietario actual a la del delator o despojante, quien tiene en ese caso el auxilio del brazo del poder público para dar valor legal al despojo.

Varias legislaciones adelantadas que no se basan en el trabajó obligatorio, establecen también un término durante el cual el concesionario debe comenzar sus labores, pasado el cual se declara aquella vacante; pero bien se vé el objeto y la diferencia de esa medida con la del sistema de nuestro Código, porque en aquéllos sólo se trata del primer trabajo, o instalación de la labor; y cuando se nota que ese plazo es de tres años como en la ley belga, y en el último proyecto francés y en alguna otra, se comprende cuánta liberalidad y tolerancia han creído deber emplear para llevar el estímulo a sus mayores extremos. En nuestra ley esa situación es permanente, y de ahí la amenaza y la inseguridad.

Además, en ésta, la mayor confusión jurídica resulta de la doble significación que tiene la palabra denuncio: porque se aplica csq mismo nombre, a la petición legítima de la mina nueva, o de la abandonada y puesta en disponibilidad, que a la colocada en situación de despueble por falta del mínimum de trabajo obligatorio. Una nomenclatura más clara e inconfundible será presentada en el proyecto de reforma general, no siendo de este capítulo sino lo relativo a la fijación del canon, y de la forma de readjudicar la concesión caducada.

De todo esto se deduce otra consideración fundamental, que ejercerá en el sistema del Código una influencia interpretativa primordial: es la que define el canon como una representación del animus en el interesado, de conservar la propiedad adjudicada, y de parte del Estado y del legislador, el símbolo permanente de esa voluntad de parte del adqui-rente de la mina. Luego el canon no es una contribución fiscal propiamente dicha, sino una condición i nh trente a la propiedad minera; porque, al asimilarla el Código Civil y el de Minería a la propiedad común, han querido que asumiese los mismos caracteres; y así, una y otra no requieren más forma de adquisición y de transmisión originarias, y una vez en poder de los particulares, quedan sometidas al mismo régimen fiscal.

La propiedad minera ha sido considerada por todos los tratadistas como esencialmente gratuita y libre de gravámenes fiscales, en particular en aquellos países como el nuestro, de industrias nacientes o en formación, y por otras diversas razones, y entre ellas:

1? Las enormes dificultades materiales que entraña para los particulares el planteamiento de las explotaciones, y más que todo, por la ingente suma de capitales requerida para darle un mediano desarrollo y magnitud, por el costo excesivo y por su naturaleza rigurosamente técnica;

2* Por el carácter esencialmente aleatorio de la industria, dada la naturaleza incierta, irregular, instable, de los yacimientos, que exponen a los empresarios a los mayores riesgos de súbita desaparición, extinción o impracticabilidad de los depósitos minerales, situados por lo general en terrenos montañosos, abruptos, inclementes y llenos de peligros y vicisitudes superiores a los de toda otra industria;

3* Por la influencia económica, el enriquecimiento general, y el despertar inmediato que una próspera explotación minera trae de otras industrias auxiliares, principalmente las agrícolas y ganaderas y sus derivados, las de consumos de todas clases y del comercio regional, todas las cuales se traducen en un aumento indudable de las fuentes de imposición o de la renta fiscal, sin necesidad de acudir al gravamen de las minas mismas o de sus productos.

IV

CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXENCIÓN FISCAL

El sabio autor del proyecto de Código de Minería, doctor Enrique Rodríguez, había comprendido esta necesidad de la franquicia fiscal de la industria minera, y en el artículo 18 del mismo, suprimido por el Congreso, establecía lo que hoy es una imposición de la experiencia y de la legislación de numerosos países de los más adelantados, diciendo: “La propiedad minera queda desde la promulgación de este Código, exceptuada de toda contribución...” Y al fundar en su nota esta cláusula, exponía discretísimas razones. “En algunas secciones americanas, especialmente en Chile, se ha atribuido el decaimiento de la industria minera a los impuestos que gravan la producción. Y entre nosotros el mal sería mucho mayor a causa de la poca discreción con que algunos Estados, en el interés de crearse una renta, gravan ciertas industrias en términos de anularlas: la industria minera, en la que tiene hoy el país fundadas tan legítimas esperanzas, correría el mismo peligro si se permitiera gravarla con impuestos que, para ser provechosos, tienen que ser relativamente exorbitantes; y el mal no sería sólo para los Estados que, poniendo trabas al desarrollo de la industria, se privarían de los inmensos beneficios que bajo otros aspectos puede producirles: el hecho afectaría también los intereses generales y hasta el crédito de la Nación...”

La supresión de este artículo por la Comisión de la Cámara de Diputados obedeció a una idea exagerada de cons-titucionalidad: se creyó que él afectaba los derechos de las Provincias, olvidando que el Código de Minería, como ley de fondo, podía establecer todos los caracteres de validez que creyese convenientes a la propiedad privada de la mina, sin que con ello afectase lo único que la Constitución exceptúa o deja bajo el régimen de cada Provincia, o sea, por medio de las leyes de forma, o de procedimiento, que determinarían la aplicación del Código bajo los fueros nacional o provincial, según que las cosas o las personas cayesen bajo una u otra jurisdicción.

Desde este punto de vista analizado, el Código Civil se hallaría plagado de disposiciones inconstitucionales, pues son numerosas las que afectan el concepto federativo del régimen de gobierno, juzgado con esa forma de criterio.

Teniendo en cuenta lo que he dicho más arriba sobre el carácter naciente de la industria en nuestro país, es más cierto aquí que en ningún otro, que la ley de minas tiene que ser una ley de estímulo, de protección y de llamamiento al trabajo de este género de riquezas naturales; y tal es el concepto de la Constitución, cuando en el inciso 16 de su artículo 67, faculta al Congreso para dictar leyes protectoras de esos fines, y entre éstas las que crean privilegios, acuerdan exenciones de impuestos en todo el territorio de la Nación, como se halla confirmado ya por la Corte Suprema de Justicia Federal en varios fallos concordantes. En nada se afecta las facultades jurisdiccionales de las Provincias para la aplicación de los códigos de derecho común en sus respectivos tribunales, de acuerdo con sus propias leyes, porque el Código de Minería declare como una condición esencial a la propiedad minera, constituida en virtud de la potestad legislativa en esta materia, l^9, el pago de un canon anual único como símbolo de la voluntad de canservarla, y 2^9 la exención de todo otro impuesto nacional, provincial o municipal: en el primer caso, porque esa prescripción no afecta el derecho de la Provincia de percibir el impuesto único o canon para su tesoro, y en el segundo, porque el privilegio, hallándose dentro de la potestad del Congreso, afectaría en igual medida a la Nación, a las Provincias y a los municipios, porque a todos beneficia en múltiples formas el nacimiento, desarrollo y expansión de una industria que tantos progresos despierta en su medio inmediato.

Por otra parte, la ley de fondo puede establecer las causas o condiciones según las cuales una propiedad que originariamente no es de la entidad abstracta “pueblo”, sino de la entidad jurídica “Estado”, como representación visible de la Nación o Provincia, pasa a ser individualizada con un fin determinado y preciso, el de hacerla útil a la comunidad por la explotación privada; la cual, siendo la mina un bien privado del Estado, sólo pasa a ser un bien privado de los particulares individualmente considerados, por medio de la concesión debidamente otorgada. La Constitución ha querido que haya un código nacional de derecho minero, de régimen de la propiedad y del trabajo mineros, y con eso sólo ha previsto que el legislador nacional había de establecer todos los caracteres y relaciones de derecho inherentes t a este género de bienes, no sólo al concepto abstracto o de orden natural que le es propio, sino al que la evolución jurídica e histórica y consuetudinaria le hubiesen impreso en el transcurso del tiempo, en todas las legislaciones similares. Y así había nacido esta rama de la legislación común en Roma, se trasmitió a España, y demás naciones desprendidas de ese tronco ancestral, para constituir la unidad científica y jurídica llamada “derecho minero”, y que se organizara en códigos más o menos comprensivos, los cuales fueron tenidos en cuenta por los constituyentes de 1853, cuando consignaron y votaron la cláusula 11* del mencionado art. 67, antes 64.

En resumen y conclusión sobre este punto, diré, pues, que la reforma propuesta en cuanto establece: 1Q el pago de un canon anual como forma constitutiva y conservativa de la propiedad minera en territorios nacionales o provinciales y, 2^9 la exención de todo otro impuesto, tributo o gravamen fiscal, de orden nacional, provincial o municipal, —no afecta en manera alguna la prerrogativa soberana de las Provincias para dictar las leyes de forma o de procedimiento para la aplicación del Código de Minería en sus respectivas jurisdicciones, en los casos contenciosos o administrativos que ella origine; porque la Constitución no ha fijado otra limitación al poder del Congreso en esa materia, y porque la disposición vigente, que ha formado conciencia jurídica en la Nación en este orden de principios, no está en la Constitución sino en el Código Civil (artículo 2342) : y éste es de la misma fuerza y autoridad constitucional que el de minería, y este último de más autoridad y fuerza que aquél en la materia de minería, que directa y especialmente rige. Y aunque de los preceptos orgánicos de las Provincias, consignados en la Constitución, se desprende que ellas son en general dueñas y soberanas de su suelo, dentro de sus límites, tales atribuciones ceden a las expresas atribuciones concedidas al Congreso en la sección especial a éste consagrada, según las cuales éste puede acordar dentro del territorio de las Provincias todas las exenciones, privilegios y concesiones fiscales que crea convenientes, para el estímulo de las industrias y para promover el progreso económico de todas y cada una de ellas.

V

El estímulo a la producción minera. — Problema vital

El proyecto que, como una desmembración del Código general, y en atención a la urgencia y reclamación unánime que desde hace cerca de diez años procede de los centros industriales de la República, tengo el honor de elevar a la consideración de Vuestra Excelencia, se inspira en las más avanzadas doctrinas económicas, en las conclusiones más recientes de la crítica jurídica, y en las últimas proposiciones legislativas de los países más adelantados, entre los cuales vuelvo a mencionar la Francia y la Bélgica, cuya legislación sirvió de modelo y base a la nuestra. No he adoptado un sistema mixto establecido por vía de conciliación o tolerancia en algún país, y propuesto en el proyecto de los señores senadores Virasoro y Pérez en 1905, porque considero el trabajo obligatorio inconveniente en cualquier grado o extensión que se lo aplique, y por la razón que da un reciente autor francés, al juzgar el régimen español de 1868, “porque esta superposición de dos legislaciones de las cuales la segunda es una declaración de principios, es una causa de confusión que no concluirá sino por la realización del Código Minero en preparación desde hace largos años”; y porque en este título, como en todo el cuerpo de la reforma general, he querido poner a la ley argentina en plena posesión de los más adelantados principios de la ciencia.

“Esta orientación del derecho minero moderno, dice otro autor francés, es aún más neta en la transformación del derecho español e hispano-americano, en la abolición de su célebre denuncio y su reemplazo por la sola causa de caducidad, en el no pago de las tasas, las cuales son calculadas de tal suerte que, siendo fáciles de soportar por quien explota, se vuelven difícilmente tolerables para quien no explota. La caducidad así entendida y limitada, no es más que una especie de renuncia voluntaria del concesionario a su mina. Este es el sistema que, más especialmente adaptado, es verdad, a países nuevos, bajo modalidades diversas, ha prevalecido, como lo hemos visto, en todas nuestras colonias de legislación minera reciente”.

“Por todas partes, en este orden de ideas, ha parecido que se podía confiar al interés privado el cuidado de explotar las minas, con toda la actividad que comporta la situación comercial del momento. No hay más minas inexplotadas, se ha pensado, que las minas inexplotables. Si puede haber algunos abusos en el abandono de ciertas minas, se los ha encontrado compensados, y con exceso, por una seguridad mayor dada a la industria extractiva” (4).

Luego el fundamento aparente del sistema del Código, esto es, el estímulo de una constante producción por el laboreo continuo de las minas, ha quedado desvanecido por la experiencia de un siglo del régimen contrario, y por los resultados de la vida económica de los países de más activa producción.

(4) Pierre Aguillon, De la déchéance du droit d'exploiter les mines, 1904, págs. 213 y 214.

El proyecto adjunto se propone realizar el estímulo a la grande industria en nuestro país, eliminando lo que ha sido su remora más insalvable hasta ahora: las causas de todos los litigios y despojos contra el minero de buena fé, por el aventurero que sólo busca medrar con la dificultad del trabajo ajeno, y por la creación de obstáculos que luego el dinero vencerá* reducido el capital a su última línea de defensa. Luego, la liberación de cargas fiscales es un auxilio poderoso para el minero, como queda demostrado más arriba. El mayor peligro de la libertad de imposición a la minería por la Nación, las Provincias y los municipios, reside en la misma diversidad y en la diferente situación financiera de las Provincias entre sí. Mientras algunas que disponen de otras fuentes de rentas más productivas, podrán prescindir de los gravámenes a la minería, las más verán, como sucede en la actualidad, en ella, la principal rama de imposición; y tanto por esto, como por su diversidad, las empresas extranjeras o nacionales tendrán que preferir otro género de inversión de sus capitales* y los consumidores y el Estado se verán forzados a pagar al productor extranjero la materia prima indispensable.

Uno de los motivos que me ha determinado a anticipar la presentación de esta parte del proyecto general, es la actual situación del comercio de intercambio con Europa, empeñada en una guerra general que no sólo interrumpe las comunicaciones regulares con nuestro país, sino que la obligará a reservar para las necesidades de la misma guerra, los productos más importantes de la minería, como los combustibles, que si bien nuestro suelo no los ha producido aún en condiciones de competir con los extranjeros, ni aun a bastar al consumo interno, con una buena legislación protectora puede poner en condiciones de fácil provisión, los conocidos yacimientos de algunas Provincias, como la de Mendoza, y alumbrar por exploraciones científicas, otros yacimientos señalados por los geólogos como de segura y abundante extracción.

La mayor parte de las minas conocidas en diversas Provincias se hallan sin trabajo desde hace mucho tiempo, debido a la falta de condiciones favorables en el país, al fracaso sucesivo de algunas fuertes empresas extranjeras, acobardadas por los litigios, los costos de explotación en parajes lejanos y climas inhospitalarios, los fletes de transporte de minerales y aprovisionamientos de toda clase, las gabelas fiscales y la instabilidad y variabilidad de las medidas administrativas que les conciernen, la falta de caminos de acceso a los lugares de la explotación y provisión de medios de subsistencia, y por muchas otras causas de prolijo detalle. La ley nueva se propone allanar las más de estas causas de paralización del trabajo, facilitando la conservación de las minas a las empresas serias que, aunque impedidas por el momento de seguir sus trabajos, esperan una situación más propicia de los mercados del exterior, pudiendo conservar la propiedad de sus concesiones al abrigo de la caducidad, por la falta de un trabajo imposible de plantear, con muchos ni pocos operarios, allí donde en las circunstancias actuales, nada es posible por el estado general de los negocios.

Los pequeños empresarios, que en las épocas de crisis y de ausencia de las grandes compañías monopolizadoras de todo un mineral, como ocurre en el cerro de Famatina, suelen mantener un activo trabajo de menor cuantía sobre los metales más ricos, para venderlos y beneficiarlos en las fundiciones existentes, deben suspender todo trabajo por la falta de mercado, y exponerse a perder sus minas o sus derechos por la escasez y carestía generales. Mientras que, con el sistema del proyecto, se hace posible, mediante el pago de una reducida contribución por pertenencia, que puedan conservarse trabajando con menor número de operarios que el máximum del Código, y dar vida así a las poblaciones vecinas, dejadas, como en la región de Famatina, en la más espantosa miseria por la suspensión del trabajo de las minas y usinas y del alambre carril del Estado.

[1]

Rec. de Ind., 1. 15, tít. XVI, lib. II; V. además las leyes 2 y 3, tít. IV.

[2]

Part. I; ley 46, tít. VI; V. además Rec. de Ind., ley 2 y 4, tít. XII, lib. I.

VI

Reseña sumaria de las disposiciones proyectadas

Llamo la atención de Vuestra Excelencia sobre algunas disposiciones del proyecto, las más importantes, para no recargar su atención con detalles de fácil explicación. Ante todo, y concordante con el pensamiento de hacer de la explotación de las minas una industria protegida, conviene no dar al impuesto otro carácter que el de una condición intrínseca a la conservación de la propiedad, y no como un ramo de comercio sujeto a imposición o lucro fiscal. Esto ya ha sido discutido en Francia con motivo de los varios proyectos de reforma. El artículo 38 del último proyecto en vías de convertirse en ley, mantendrá a la explotación de las minas su carácter civil, si bien serán conmerciales todos los demás actos que tiendan a comercializar el expendio de los productos de la mina.

Por esta consideración, el canon anual fijado en el proyecto se halla en un término equidistante, entre un valor insignificante que equivaldría a una simple fórmula sin autoridad ni sanción efectiva, y otro que importase un recargo incómodo para la media potencial de los empresarios que la ley debe contemplar. Pero los proyectos anteriores, inspirados en el francés, o en las leyes similares de Chile, Perú y Solivia, aforan el canon a razón de diez pesos por hectárea de terreno concedido, olvidando la existencia y extensión de la pertenencia o unidad de medida de las concesiones o minas legales, las que, en muchas circunstancias, cambian de forma y dimensiones, se superponen unas a otras, se agrandan o reducen según la naturaleza del terreno; las hay en planos inferiores a las minas más próximas a la superficie, y se confunden con las ampliaciones, demasías y minas incompletas, las cuales, por el aforo por hectárea, traerían mil complicaciones insalvables, mientras que por pertenencias son siempre individualizable8 y fáciles de realizar.

El Código contiene infinidad de otras disposiciones en íntima conexión con las del título IX, relativas al despueble y caducidad, por una parte, y otras que definen concesiones que, sin ser minas propiamente dichas, equivalen a ellas en sus efectos, y que los proyectos no comprenden por falta de estudio de todas sus secciones, como son los socavones, los cuales implican concesión de explotar yacimientos mineros, que quedarían exentos de la obligación de pagar el canon, y para cuyo abono es menester tomar medidas lineales en vez de las cúbicas de la pertenencia ordinaria y normal; y así mirado el problema, la fijación de la tasa de diez pesos por hectárea resulta inconveniente y de confusa aplicación, porque la pertenencia minera normal es un sólido cuadrangular de trescientos metros de longitud por doscientos de latitud, es decir, tres veces el valor de una hectárea superficial, y muchas más veces aún si se considera el derecho de explotar la mina en profundidad, la cual puede ir en unos casos usque ad inferos, y en otros quedar interceptada por planos transversales intermedios, lo que da lugar al caso de la llamada por antonomasia, “mina subterránea”, y así muchos otros casos, que se hallan previstos en el proyecto.

El canon fijado en éste es variable, según la diferente extensión de la pertenencia y las categorías de las substancias clasificadas en el Código; pero él coincide en general con el de los otros proyectos y leyes del Perú, Chile y B olivia, al ser divididas las pertenencias en hectáreas. Las diferencias que se notan son deliberadas, y se fundan unas veces en la necesidad de dar la mayor uniformidad posible a la tasa del ím. puesto, y en otras a la innecesaria rebaja o privilegio concedido a algunas substancias, que, en realidad, no logran su objeto, dado el espíritu comercial de toda empresa de este género, como en el caso del combustible, en que los pequeños explotantes no convienen al Estado, y en cuanto a los grandes, nada les significa cinco pesos más por pertenencia o por hectárea.                    9

Por lo que respecta al procedimiento para declarar la caducidad, como para readjudicar la mina al nuevo solicitante, él se halla conforme con los mejores proyectos publicados en el extranjero y en el país, y se funda en el principio de que la mina caducada no debe ir directamente a las manos del nuevo interesado, por no sancionar la delación o el fraude, que es el denuncio, sino que debe retrotraerse al Estado, su dueño originario, para ser otra vez adjudicada de nuevo al mejor postor, y al que ofrezca mejores seguridades de una buena y útil explotación» Otras disposiciones usuales en las nuevas leyes que han adoptado el régimen del impuesto único, son más de carácter reglamentario que legal, y entran en el cuerpo de la ley de régimen administrativo y procesal minero, que será presentada conjuntamente con el Código reformado, o en caso necesario, antes de éste, de acuerdo con una indicación del ministerio de Vuestra Excelencia, cuando lo desempeñaba el doctor Eleodoro Lobos.

Dejo así expuestas las razones y fundamentos que me han decidido a presentar este proyecto, separado del cuerpo general del Código de Minería, en la creencia de haber respondido a una verdadera necesidad y urgencia, dada la situación de paralización de casi todos los trabajos mineros en la República, a la mayor precisión todavía de no ver morir o retirarse las últimas empresas que aun quedan, a la espera de una legislación más propicia, y estimulante para los que se han lanzado a las lejanas regiones de las Provincias o territorios extremos, exponiendo capitales y fatigas ingentes, para dar vida y movimiento a una industria asendereada y sujeta a tan violentas y diversas vicisitudes en nuestro país.

Cuando en los primeros meses del año próximo de 1915 tenga el honor de elevar al Poder Ejecutivo el proyecto de revisión general del Código, y el de la ley de organización y procedimiento de la autoridad minera, conforme a los principios de la Constitución, será cuando, con la extensión que ahora no me parece pertinente, expondré, con mayor precisión, método e información jurídica, científica, económica y estadística, los fundamentos de la nueva legislación, la cual, es mi creencia, responderá a las verdaderas necesidades de la industria y de la civilización argentinas, y a los progresos que la ciencia de la legislación y la jurisprudencia han realizado hasta el día, y que es justo que la nuestra asimile y convierta en norma progresiva de tan valiosa rama de la riqueza nacional.

Saludo a V. E. con mi más distinguida consideración.

Joaquín V. González.

II

EL PROYECTO DE REFORMAS

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO Y TEXTO DEL PROYECTO

1. MENSAJE DEL P. E.

Buenos Aires, septiembre 29 de 1914.

Al Honorable Congreso de la Nación:

El señor doctor don Joaquín V. González se halla comisionado, por decreto del Poder Ejecutivo, para revisar el Código de Minería vigente, y presentar un proyecto de reformas del mismo, a fin de ser sometido a la consideración de Vuestra Honorabilidad.

En cumplimiento de este mandato, el señor doctor González ha entregado, como parte terminada de su trabajo total, la relacionada con el amparo, pueble y denuncia de las minas.

Por las consideraciones amplias y eruditas que el Comisionado aduce en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo, al compartirlas, considera oportuno y necesario elevar al juicio y deliberación de Vuestra Honorabilidad el trabajo de la referencia, a cuyo efecto lo remite, adjunto con la exposición de motivos acompañada por el mismo autor.

Al elevar a Vuestra Honorabilidad este trabajo, el Poder Ejecutivo cree conveniente dejar constancia de que la legislación que proyecta, tanto a su juicio como al del doctor González, no se refiere a los yacimientos petrolíferos, los cuales necesitan leyes y disposiciones especiales, por la especialidad de sus características fiscales y económicas.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

V. de la Plaza. Horacio Calderón.

2. TEXTO DEL PROYECTO

TÍTULO IX

CONDICIONES DE LA CONCESION

§ 1.

DEL CANON MINERO

Artículo 269. — Las minas son concedidas a los particulares a perpetuidad, mediante un canon o patente anual por pertenencia, que el concesionario abonará al Gobierno de la Nación o de las Provincias, según la jurisdicción en que las minas se hallaren situadas, y según las medidas del Título VII, párrafo l^9 de este Código.

Art. 270. — No se impondrá sobre la propiedad de las minas otra contribución que la establecida en el artículo precedente, ni sobre sus productos, establecimientos de beneficio, maquinarias, talleres, vehículos o animales destinados al laboreo o explotación. Exceptúase la renta de papel sellado, el cual, en todo caso, será el común de actuación administrativa o judicial.

Art. 271. — El canon se fijará en la siguiente forma y escala:

l^9 Para las substancias de la primera categoría enunciadas en el artículo 3^9, y los placeres del artículo 4^9, inciso l^9, y artículo 85 de este Código, cien pesos ($ 100) moneda nacional por pertenencia o unidad de medida, de cualquiera de las formas consignadas en los artículos 224 a 230.

2^9 Para las substancias de la segunda categoría, enumeradas en el artículo 4^9, con excepción de las del inciso 2^9, cincuenta pesos ($50) moneda nacional por pertenencia, de acuerdo con las medidas del Título IV, párrafo III.

3Q Las concesiones provisorias para exploración o cateo, de las substancias de la primera categoría, sea cualquiera el tiempo que duren, según las disposiciones de este Código, pagarán dos pesos ($ 2.—) moneda nacional por unidad de medida, de acuerdo con las disposiciones fijadas en el artículo 27.

4^9 Las minas cuyo dominio corresponde al dueño del suelo, una vez transferidas a un tercero o registradas por el propietario, pagarán en la misma forma y escala de los artículos anteriores, según su categoría.

Art. 272. — El pago del canon se hará por partes iguales en dos semestres, que terminarán el 30 de junio y 31 de diciembre. La contribución comenzará a devengarse desde el día del registro, debiendo contarse toda fracción de semestre como semestre completo y abonarse antes o en el acto del registro.

Art. 273. — La propiedad y concesión de la mina caducará ipso jacto por falta de pago de la patente, o canon que les corresponde, dentro de los plazos fijados en los anteriores artículos, sin que tenga derecho a reclamar indemnización, ni pago alguno por las obras que hubiese ejecutado en la mina, salvo lo dispuesto en el artículo 175.

Art. 274. — En caso de caducidad, la mina volverá al dominio del Estado y será puesta en pública subasta, sin que el pago del precio del remate exima del pago del impuesto anual en las condiciones ordinarias.

Del importe del precio se retendrá para el fisco la cantidad adeudada, los gastos originados y el diez por ciento del total, debiendo devolverse el resto al concesionario ejecutado.

Este podrá suspender el remate pagando una suma doble del valor de la patente adeudada, más los gastos, y no se le admitirá a hacer ofertas por sí o por interpósita persona, el día del remate, mientras no abonase una multa igual al doble del valor de la patente adeudada, más los costos de la licitación. En caso de descubrírsele fraude, se declarará caduco el derecho que hubiese adquirido.

Si no hubiese postores, la mina quedará vacante, se inscribirá cono tal en el registro y en condiciones de ser adquirida como tal, de acuerdo con las prescripciones pertinentes de este Código.

Art. 275. — Todo concesionario o minero puede hacer abandono de su concesión o su mina, de acuerdo con el art. 149 del Código, y sólo, desde la fecha de su manifestación a la Autoridad competente, queda libre del pago del impuesto. La autoridad minera de la respectiva jurisdicción deberá publicar cada semestre, o a más tardar cada año, un padrón, en el que se anotarán todas las minas, por distritos, secciones o departamentos, y el estado en que se hallasen las concesiones.

Art. 276. — Antes de proceder a la licitación de las concesiones caducadas, se publicarán avisos en los periódicos del lugar o, en su defecto, en carteles, en que se indicará el día y lugar del acto, el cual se realizará a los sesenta días de la fecha en que se hubiese publicado el decreto de remate.

Art. 277. — Todo nuevo adjudicatario de concesión o mina vendida en pública subasta, se substituye al anterior propietario en todas las obligaciones y derechos reconocidos por este Código, sin más solución de continuidad que desde el día de la caducidad hasta el de la nueva adjudicación consignada en el Registro de Minas.

Art. 278. — Las disposiciones de los artículos anteriores relativos al pago de la patente o canon minero, se aplicarán en la misma forma, aun en los casos en que, por ampliación o acrecentamiento, o formación de grupos mineros, o compañías de minas, conforme a los artículos 191, 193, 195, 261 y 338, auméntase el número de unidades de medida de cada concesión.

Las demasías, sea cualquiera su extensión, serán consideradas a los efectos del pago de la patente, como una pertenencia completa, en todos los casos y variantes establecidos en el párrafo III, sección IV del título VI.

Art. 279. — Los concesionarios de socavones generales, en los casos del artículo 210, y los de los artículos 206, 211 y 217, pagarán un canon anual de cincuenta pesos ($ 50) moneda nacional, además del que les corresponda por cada pertenencia de mina nueva, o abandonada, que adquiriesen en conformidad con las disposiciones de los artículos 215 y 216; y en el caso del artículo 217, abonarán el canon a razón de dos pesos ($ 2.—) moneda nacional, por cada cien metros de la superficie que declarase como zona de explotación a cada lado de la obra.

Art. 280. — Todo descubridor de nuevo mineral será eximido por tres años del pago de la patente que corresponda a las pertenencias que se le adjudicasen (artículos 111, 112, 132); el de nuevo criadero, por el término de dos años (artículo 111, párrafo 3^9; 132, párrafo 3^9), y el de mina nueva o estaca (artículo 138) por el de un año. No se comprende en la exención el impuesto correspondiente al permiso de cateo.

Art. 281. — El artículo 136 del Código queda reformado como sigue: “Si treinta días después de vencidos los plazos concedidos por los artículos 133, 134 y 135, el descubridor no hubiese solicitado la mensura, la autoridad procederá a darla de oficio a cargo del interesado, situando a todas las minas pedidas en la corrida del criadero. Los derechos del descubridor serán declarados caducados, y la mina o minas pedidas por él serán registradas en calidad de vacantes, y en la situación de los artículos 276 y 277 que anteceden.”

Art. 282. — El artículo 146 quedará en la siguiente forma: “Las pertenencias nuevas en criaderos conocidos se considerarán vacantes, y sujetas a lo dispuesto en los artículos 276 y 277, cuando vencidos los plazos de los artículos 144 y 145, no se ha dado cumplimiento a las obligaciones en ellos establecidas. La autoridad procederá al registro en dicha condición, si treinta días después de notificado el concesionario, no hubiese practicado las diligencias omitidas.”

Art. 283. — A los efectos de la conservación de los derechos concedidos con sujeción al Código de Minería vigente, las condiciones fijadas por los precedentes artículos empezarán a regir desde el 1Q de enero de 1915.

Art. 284. — Derógase el artículo 17, el párrafo V del título IV; el artículo 137; el 2^9 inciso del artículo 147; el artículo 268; el párrafo II del título VI, y la sección I del título IX; y en todas las demás divisiones del Código y en los mismos artículos citados, se entenderán inaplicables todas aquellas disposiciones que tengan por fundamento la existencia de la obligación del amparo o pueble de la mina con trabajo, y los que establezcan, reconozcan o reglamenten el derecho de denuncio de concesiones por despueble.

Art. 285. — Los jueces y las autoridades administrativas en tales casos, y mientras no se sancione la reforma general del Código, aplicarán las disposiciones del actual, teniendo en cuenta la supresión del pueble por trabajo y el denuncio por despueble; y en los casos de silencio u oscuridad insubstituibles, se guiarán por los principios generales de esta legislación, por los del Código Civil y por los de leyes análogas.

Art. 286. — El presente parágrafo substituirá a la Sección I del Título IX del Código de Minería vigente.

Joaquín V. González.

III

ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD MINERA

EL PROYECTO DE REFORMAS DEL TITULO IX, § I DEL CODIGO DE MINERIA

Discurso en el Senado de la Nación

Sesiones del 12 y 19 de agosto de 1915

I

Palabras de explicación personal. — Valor de la minería y su legislación. — La reforma del Código, en preparación. — Razón del cambio en las ideas y enseñanzas del autor.

Sr. González. — Pido la palabra.

Obligado, señor Presidente, a tomar parte en esta discusión, por los antecedentes personales que se ha recordado varias veces durante el debate, tengo que empezar por pedir disculpa a la honorable cámara, por la demora que he causado con mi ausencia, motivada por razones serias de salud, que me han obligado a abandonar durante un mes las tareas ordinarias que me incumben.

Debe creer la honorable cámara que con verdadero sentimiento he procedido así, y apelo a su reconocida benevolencia para que quiera excusarme de esta falta.

Desde luego, señor Presidente, tengo que referirme a antecedentes personales respecto de esta cuestión de la legislación minera del país. Por razón de mi nacimiento y de mi profesión, me he vinculado desde muy joven a las cuestiones mineras. El pueblo donde yo he nacido, es el pueblo minero por excelencia de la República; se encuentra el pie del mineral más grande, quizá, que exista en la América del Sur, famoso por sus enormes depósitos de metal y minerales de toda

especie, y por lo antiguo de las explotaciones que allí han tenido lugar desde una época anterior a la conquista española. Debido a esta vinculación, mis predilecciones juveniles de estudiante y las posteriores se han manifestado en este orden de ideas y de estudios, lo que motivó la osadía con que yo me atreví a presentarme candidato a la cátedra de Legislación de Minas creada en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, lleno de entusiasmo por las doctrinas y teorías, y sobre todo, con la firme creencia que aun abrigo, de que el estudio de esta legislación, es una de las causas que traerán algún día el resurgimiento de la minería argentina, y su colocación en un grado de prosperidad y actividad que todavía no ha empezado.

La ignorancia de la legislación es una de las razones porque la minería vive estagnada y sujeta a tan tristes vicisitudes. Nuestro mundo forense y universitario, alejado de los centros mineros de la República, pocas veces ha tenido ocasión de fijar su mirada sobre esta faz de la riqueza y de la actividad nacionales, motivando con esto un retardo verdaderamente lastimoso en el advenimiento de una de las industrias que más figuración tienen en el resurgimiento de las naciones que ya le han prestado atención preferente; sabiéndose bien, que las poblaciones asombrosas del sur de Africa, del oeste de Estados Unidos, de las colonias francesas de Africa central y septentrional, y en fin, mil otras ciudades, se han debido á los descubrimientos mineros que en un momento han transformado su situación vacilante, para convertirlas de la noche a la mañana en verdaderos emporios de civilización y de riqueza.

Tal es el caso proverbial y sorprendente de la ciudad de Johanesburg en el sur de Africa, que el año 1884, no era sino una serie de casuchas de madera a la orilla de un arroyo, en donde fué descubierta una mina de diamante, y hoy es una ciudad de cerca de 300.000 habitantes con todos los progresos de la civilización; de tal manera que si algún argumento viviente pudiera hacerse en beneficio de esta industria para las naciones que tienen la suerte de comprenderla y aprovecharla con buen método e inteligencia, sería, pues, bastante para llamar la atención de los hombres públicos argentinos, hacia ella, y en particular, de los que tienen interés en resolver el problema integral de la riqueza argentina. Digo integral, en el sentido del territorio, porque es evidente, que casi todas las Provincias del interior, situadas en la falda de la cordillera, y algunas en las regiones montañosas centrales, poseen abundantísimas riquezas mineras, que algunas veces han sido explotadas pobremente, intermitentemente, dominadas y absorbidas por el incentivo más inmediato de otras industrias más superficiales, o solicitadas por el comercio exterior, que ha venido a enriquecer a nuestro país por medios más fáciles, y no se ha prestado a la industria minera la atención que merece, dejando así, hasta ahora, una inmensa riqueza acumulada, muerta, estéril y sin concurrir, como debiera, ella sola, acaso, a salvar las dificultades de la Nación, en cuanto a sus compromisos exteriores, y a la cifra general con que concurre al equilibrio del comercio universal.

El Código de Minería vigente fué sancionado y puesto en vigor el año 1887. Desde que este Código se aplicó, se anotaron por jurisconsultos y reconocidos peritos en esa materia, muchos defectos que han sido publicados y tomados en cuenta; motivando así el encargo que el ministerio de Justicia e Instrucción Pública del año 1896, hizo el honor de conferirme para estudiar esta legislación y proyectar la reforma general del Código de Minería, de acuerdo con los resultados de la experiencia, y todo cuanto pudiera ser un elemento de juicio para llegar a una reforma digna de los progresos legislativos de la República, en otras ramas de su legislación.

Con este motivo, yo me decidí a estudiar no sólo en los libros, sino también en el terreno; y la oportunidad que las minas más importantes me presentaban, de hallarse situadas en el gran cerro de Famatina, en la Provincia que represento, me permitió realizar estos estudios en una forma menos difícil de lo que habría sido para otras personas. Me he valido así del consejo de ingenieros de minas, famosos, que han recorrido siempre nuestro país, y de mineros prácticos y de industriales que habían hecho el negocio de esta industria en Chile y en otros países. He seguido con atención el progreso de la legislación universal, desde esa fecha hasta ahora, y he podido observar, como lo afirmaba en mi informe o exposición de motivos presentada, que precisamente desde el momento que este Código fué puesto en vigencia, se produjo en el campo de la legislación del género, en todo el mundo, un movimiento activísimo de reformas, procurando llegar a uña fórmula definitiva y menos instable, que permitiese a la República adoptar un sistema legal susceptible de continuar, no solamente el estado presenté de la minería, sino impulsarla hacia adelante con la razón de progreso que han marcado todas nuestras ramas de actividad. Esta es una razón que enunciaba para explicar la demora en la presentación del proyecto.

Aun hoy mismo resulta, que estando concluido totalmente el estudio de este proyecto, aparecen nuevas dificultades en el campo de la legislación, y en la situación de los estados y países productores, las cuales imponen un nuevo compás de espera.

La situación de Europa en general, influye en este sentido ;y parecería quizá aventurado lanzarse a fijar definitivamente un tipo de legislación, que acaso no habrá variado fundamentalmente, después de reabiertas las fuentes de trabajo en todos esos países, que hoy se encuentran sumidos en la guerra. Pero, de todas maneras, el estudio está realizado, la obra puede decirse completa y sólo es cuestión de oportunidad el presentarlo.

Por otra parte, señor Presidente, casi todos los países de Europa que han sido directores en esta rama de la industria, son países colonizadores, y las fuentes más importantes de legislación comparada en cuestiones mineras proceden de la legislación dictada para las colonias. Así, por ejemplo, la Francia, cuya ley de 1810 es clásica en la materia, ha sido la fuente principal de nuestro Código y ha empleado muy distintos criterios legislativos, cuando se ha ocupado de dictar las leyes para la minería de sus colonias, apartándose funda? mentalmente muchas veces, del principio inspirador de la del año 10, para mirar solamente el interés industrial, el estado del mercado en el momento, la necesidad de mayor producción de determinadas substancias, en vez de las clásicas conocidas y permanentes de los metales preciosos, y para aprovechar la riqueza particular de cada una de esas colonias en las mejores condiciones industriales. Lo mismo que digo de Francia, lo diré de Inglaterra y otros países mineros, como la Rusia, en particular, cuyos yacimientos petrolíferos serán quizá nuestro modelo, cuando nuestra legislación haya de fijarse con caracteres de permanencia en nuestro país.

Decía que se ha podido utilizar un material de estudio muy vasto y provechoso para mejorar nuestra propia legislación, y aquí debo manifestar mi modo de pensar respecto a lo que podríamos llamar la estabilidad de los principios jurídicos en ciertos géneros de legislación. No creo que las leyes deban ser inmutables. En materia de legislación industrial, este criterio importaría un retroceso; sería la muerte. Todo en derredor del hombre evoluciona, incluso el hombre mismo; y si esto no fuera así, contrariaríamos una de las leyes fundamentales de la vida. Esto me lleva a hacer algunas manifestaciones respecto a lo que ha solido decirse en la honorable cámara, al juzgarme inconsecuente con mis opiniones vertidas en años anteriores, tanto en el parlamento, como en libros o artículos de mi producción.

El progreso es una consecuencia de la evolución; tanto las ideas como las instituciones evolucionan constantemente y a ello se debe el adelanto colectivo, moral, intelectual y científico. Vinculado como se encuentra a las necesidades más primordiales de la existencia, el hombre, individual y colectivamente considerado, es el fundamento de toda civilización y cultura.

Una simple ojeada por la historia demostraría que esto es así. Entonces, pues, si la minería hubiera de quedar estag-nada, detenida en homenaje a un principio legal establecido en el siglo anterior, habríamos de condenar a la humanidad a un estado de petrificación igual al de los minerales, los que, si evolucionan, lo hacen tan lentamente, que es casi imperceptible su ley de progresión y crecimiento, —lo que los romanos llamaban incrementum latitens, o sea, incremento oculto de la materia. Como yo necesito para evitar, una vez por todas, este recurso tan efectista del reproche de inconsecuencia que se hace siempre en los debates del Congreso, cuando se quiere atraer la censura del público sobre los hombres políticos, voy a permitirme manifestar a la honorable cámara unas cuantas opiniones que concuerdan absolutamente, con las mías, en el sentido de que la evolución de las ideas es una necesidad del espíritu humano, es una ley natural.

Cicerón fué una vez criticado por su cambio sucesivo de opiniones, y contestó: “lo que he aprendido, lo que he visto y leído en los escritores célebres, lo que me han enseñado los hombres más sabios y más ilustres, es que no conviene profesar y sostener siempre las mismas opiniones, sino aquellas que imponen el estado de los asuntos, la disposición de los tiempos y el interés de la paz pública”. El eminente ministro' inglés Peel, censurado en el Parlamento porque en el año 1829 prohijaba la emancipación de los católicos, cuando se había opuesto a ella bajo Canning, tres años antes, contestó también con estas palabras que voy a referir: “Yo no puedo procurar ganarme el apoyo de mis honorables amigos prometiendo persistir en todos los tiempos y en toda circunstancia, como ministro de la corona, en las opiniones y en los argumentos que haya podido sostener hasta ahora en la Cámara. Me reservo el derecho de regular mi conducta según las exigencias del momento y los intereses del país. Así han procedido todos los hombres de Estado dignos de este nombre en todos los tiempos”.

Podría citar muchos otros dichos célebres, incluso el del más sabio de los sabios, que es el “vulgo”, el cual ha inmortalizado esta sentencia: que “de sabios es mudar de consejo”. Nuestro ilustre compatriota Ameghino, cuya glorificación concluye en estos momentos, bien merecida, por su labor exclusivamente científica, tiene en los primeros párrafos de su Credo filosófico, unas palabras, que son dignas de ser escuchadas, dice: “Una creencia destruida deja en nuestro espíritu un gran vacío; no debemos, pues, abandonar una creencia sino en el caso de que podamos substituirla con otra que creamos más próxima de la verdad. Durante mi ya bastante larga existencia, he abandonado muchas creencias, sin que dejaran vacío alguno en mi espíritu, porque siempre tuve la buena suerte de substituirlas con otras que encontraba más en armonía con los conocimientos que iba adquiriendo...”

Y ya que de sabios hablamos, también debemos recordar el libro seguramente conocido de todos los señores senadores, de Gustavo Le Bon quien, aunque no es un sabio técnico en el sentido estricto de esta palabra, es el sabio en la generalización de las ideas. En su notable libro, exponiendo el actual estado de la ciencia y que se titula La vida de las verdades, después de una serie de exámenes de ideas y opiniones de hombres distinguidos, —entre ellos Lord Kelvin, quien después de haberse consagrado al estudio de la electricidad, concluyó su vida diciendo: “no sé lo que es la electricidad”,— Gustavo Le Bon, al hacer la síntesis filosófica de la ciencia, dice estas palabras: “La intolerancia que gravita aún tan pesadamente sobre nuestra vida social, resulta de una incomprensión frecuente de las leyes de evolución del espíritu, una ciencia bastante extensa, capaz de remontar hasta las raíces de las cosas, nos hace siempre comprensivos y por consiguiente tolerantes; una ciencia demasiado limitada conduce fatalmente a lo absoluto imaginario... Ninguna filosofía, ninguna ciencia social pueden establecerse antea de haber comprendido claramente la fase relativa de nuestras certidumbres y percibido las leyes de su génesis.” Y concluye: “se reconoce, entonces, que no existen ya verdades definitivas para el hombre, como no hay seres definitivos para la naturaleza”.

Esa es, en efecto, señor Presidente, la síntesis filosófico-científica del mundo moral, en este momento de la historia. La ley de la evolución es la ley de la vida; y basta decir vida para decir progreso; y si desconocemos la ley de la evolución de las cosas, en períodos más o menos amplios, más ó menos estrechos, desconocemos la ley del progreso.

La verdad es, que yo he escrito, he sostenido y he enseñado una legislación escrita, codificada, de acuerdo con los principios que en ese momento eran el resultado de mis estudios; y debo decir, haciéndome tal vez un honor yo mismo, ya que estoy obligado a ser lógico en este momento, que en materia de ciencia jurídica he podido progresar en dos o tres ciclos posteriores a aquel en que empecé a dictar mi curso de Legislación de Minas en la Facultad de Derecho. He escrito muchos libros desde entonces; y como creo que cada libro, cada producción de un espíritu estudioso es un escalón de la inmensa gradería que conduce a la verdad, yo no me avergüenzo, muy al contrario, miro siempre de lejos, desde la altura a que los años y el estudio me han conducido, miro con verdadera simpatía y con espíritu de conciliación perfectamente explicable, en cualquier momento, las gradas inferiores que ha recorrido mi espíritu en busca de la verdad.

Si fuéramos a quedar petrificados en un solo momento de nuestra producción intelectual, tendríamos que desconocer que hay manera de ascender en las alturas morales como en las intelectuales, y que la verdad no es más que una. Entonces, visto que en el mundo orgánico „e intelectual no existe ninguna verdad definitiva, porque existe la evolución de las cosas y de las ideas, es que no creo menoscabada mi personalidad moral e intelectual, porque hoy, inspirado en el mejor deseo de servir a mi país en una de sus ramas de vida más importantes, pienso que conviene, y con urgencia, adoptar un sistema legal diferente de aquél, que habiendo regido hasta tres siglos durante la colonia, y casi treinta años en nuestro país en la época constitucional, no ha producido un paso adelante en la producción de la riqueza pública, y en el progreso económico del país vinculado con la minería»

Sería yo, pues, un ciego, —o como decía Burke, aquel incomparable orador, en el Parlamento inglés,— no sería sólo un ciego sino un loco, si no tuviera que reconocer que esta jurisprudencia y sistema legal no es un error, por lo menos para las condiciones legales de nuestro país, desde que no ha producido en tres siglos y un tercio, un paso adelante en el sentido del progreso.

El proyecto que está en discusión, como ya he tenido ocasión de decirlo, no se propone hacer una reforma general del Código de Minería, sino modificar una sección de un título de ese Código, el cual queda con su organismo jurídico establecido, y en el proyecto de reforma que ha de ser presentado en breve al Poder Ejecutivo, siguiendo un criterio racional de legislación, no se destruye la armazón del Código, no se derriba la fábrica: se sustituye en una gran parte de su sección los elementos fundamentales, pero quedando siempre el sistema, la armazón fundamental.

Así, pues, para no causar trastornos y perturbaciones en la interpretación del Código actual, un criterio racional, como decía, aconseja no proceder por destrucción, sino por substitución.

II

El proyecto en discusión y su lugar en el organismo del Código de Minería. — Inconvenientes de las reformas inarticuladas.

El proyecto sólo reforma una sección, aquella que trata de la manera de conservar la propiedad minera. Esta es toda la cuestión; verdad es, como muy bien decía el señor Senador por la Capital, en su erudito estudio de este asunto, que estas cuestiones transitorias se vinculan con todas las cláusulas del Código, con el resto de las disposiciones que él contiene, puesto que es un conjunto orgánico, en donde no hay una sola cláusula, ni artículo, ni materia, que no esté correlacionada con todas las demás. Esto es 1q que hace difícil siempre en el Congreso, el estudio, las discusiones aisladas de los códigos, y lo que ha acentuado la tendencia moderna, a entregar su estudio a particulares o a comisiones especiales, a los cuales, —debidamente controlados unos con otros, con el criterio científico o técnico, que la autoridad puede agregar, — se ha considerado siempre, que debe darse una especie de voto de confianza, y someter a la experiencia sucesiva la indicación de los correctivos que debían introducirse en esos cuerpos legales. Así se ha hecho, con todos nuestros códigos fundamentales, con excepción de uno que otro, en cuyo caso, por cierto, se ha pagado caro esta impremeditación.

La razón de ser de la presentación parcial de este proyecto, ha sido enunciada ligeramente en una sesión anterior: es el estado presente de la minería argentina. En ninguna de las Provincias mineras, que son casi todas las de la región de la cordillera, se trabaja una sola mina en estos momentos, y eso que rige el sistema del trabajo obligatorio. ¿Por qué es que, existiendo, como existen en mi provincia, por ejemplo, 500 minas conocidas en el solo mineral de Fa-matina, no se trabaja ninguna; y sin embargo, rige la ley de trabajo obligatorio para todas, y se aplica, como todos los códigos, y no hay poder humano que haga trabajar a un minero, que le haga tomar una barreta en la mano? Sencillamente, porque no hay el estímulo, no hay una corriente económica, no hay la demanda que se necesita para estimular el trabajo de las minas, y porque las minas no se trabajan sino con capitales considerables, con maquinarias completas, y si no hay minas no hay industria en el sentido económico de la palabra; y puedo agregar, con una convicción completa de la verdad, que el sistema del trabajo obligatorio, forzoso, para conservar la propiedad, ha traído a la Nación Argentina al estado de estagnación y de muerte de su minería. De qué manera se explica que las gentes dedicadas al trabajo de las minas conserven sus propiedades actualmente? Debido a un juego que se produce, lo mismo con la patente y el canon, que con el trabajo forzoso. Cuando hay impotencia o imposibilidad de trabajar las minas, se buscan entonces los expedientes legales, y por sucesivos abandonos y pérdidas de la propiedad, por despueble y por denuncias de los interesados, muchas veces los mineros se van pasando la propiedad de manos de unos a otros, como un papel fiduciario, hasta que llega una época en la cual un minero de buena fe, o una compañía poderosa, se disponen a arrancar a costa de cualquier valor, las riquezas que contiene la mina para concurrir al mercado universal.

El minero afortunado es aquel que en el momento de la especulación se encuentra en posesión del papel difuciario; pero durante algunos períodos se produce una especie de escamoteo, a que da lugar el trabajo obligatorio, pues hace imposible con su ficción el mantenimiento de la propiedad, no siendo, en realidad, sino el escamoteo a que da lugar el traspaso entre muchas manos, de los títulos de la propiedad. Pero ninguna de estas minas se conserva en manos de un solo propietario por la razón que he dicho. Hay ejemplos de hombres que, como en un juego de lotería o de dados, han hecho una gran fortuna porque les ha tocado la suerte de, en el momento de la especulación, haber tenido en sus manos el papel o títulos de propiedad de la mina. Así que es inútil la obligación de tenerla, pues ha demostrado la práctica de más de tres siglos, que esta obligación es ineficaz cuando el interés del minero radica en otras cosas.

Todos los países americanos que han mantenido el sistema del trabajo obligatorio, heredado de la colonia, han debido pasar por las mismas crisis, con la diferencia que han tenido la suerte de anticiparse a esta evolución que nosotros ahora comenzamos. ¿Y por qué los pueblos como Bolivia, Chile y el Perú, menos dotados que el nuestro de otras fuentes de riqueza, con las cuales puedan mantener la actividad nacional en condiciones productivas, se han dedicado a la minería? Porque ha sido la fuente de riqueza más inmediata y más po« derosa que ellos tenían en sus manos, y ha sido maravilloso el resultado que han obtenido esos tres países, advirtiendo que los tres son hermanos del nuestro en cuanto a la herencia legal de la madre patria común.

¿Por qué razón nosotros solos nos hemos quedado en este sistema, inmóviles, sin atrevernos a modificarlo? No diré que sea porque no hayamos comprendido la razón de la reforma y la necesidad de ella, sino por la razón económica a que he aludido. Nuestro país, esparcido en tan vastos territorios, y de tan diversa potencialidad, no ha necesitado recurrir a la minería como fuente de producción inmediata, y ha dejado a ésta como un arca sellada, donde se guarda una inmensa fortuna destinada para hacer la suerte de las generaciones futuras. Tal vez nuestros descendientes, precipitados en alguna gran crisis, de la que ningún pueblo se puede escapar, necesiten acudir, alguna vez, a ese tesoro guardado por los abuelos en el arca fundamental y entonces, acaso se acuerden de que tienen esa inmensa riqueza, mantenida intacta por sus antepasados.

A un economista inglés, gran financista de la Bolsa de Londres, que visitó el mineral de Famatina, le oí declarar en una reunión pública, que éste poseía metales en condiciones de fácil extracción, suficientes para pagar íntegramente, en un día, la deuda nacional. Esto lo digo, porque se puede probar en discusiones de otro orden que no es del caso hacer ahora.

Se necesita dar un impulso a la minería nacional, y este impulso debe proceder de una ley que consulte la experiencia de otros países, no países lejanos, sino congéneres con el nuestro, en una situación económica y social más o menos análoga, y nada hay más aleccionador, diré, o experimental, que los resultados comprobados de las naciones antes nombradas.

Pero antes de entrar en el examen de puntos precisos de la discusión, quiero manifestar, ya que en una de las sesiones anteriores se ha expresado el deseo de la Cámara, de conocer una idea sintética en general del proyecto de refor-

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475 ma, quiero manifestar, decía, que hablar de esto conviene para que la Honorable Cámara comprenda qué fácil es llegar a la conciliación de las ideas en debate, con sólo darse cuenta del plan general del Código, y no olvidar que sólo tratamos de reformar una sección de un título, es decir, proveer a una necesidad inmediata de la industria minera, y no hacer una reforma general.

Las ideas presentadas a la Comisión que ha enunciado el señor senador por la Capital, están dentro de las ideas generales que informan el Código de Minería. He tenido ocasión de manifestar en la Comisión, y lo repito en la Cámara, que no hay inconveniente en adoptar algunas de esas disposiciones, que han de ser incorporadas al Código, porque armonizan con él, pero que no pertenecen a esta sección del mismo; y si hemos de conservar su unidad estructural, ténganlos la paciencia de esperar que la reforma general se presente y entonces este valioso estudio que ha hecho el señor senador por la Capital, será una de las fuentes para la redacción del nuevo Código.

El Código tiene un título de introducción que contiene los principios jurídicos dominantes en toda la materia, así como lo tiene el Código Civil para explicar las cuestiones que se presentan en el resto de los artículos. En ese lugar del Código, el que define la propiedad, tanto respecto del Estado como del explotante, es donde deben establecerse todos los principios de orden general que sirven para expresar el concepto fundamental orgánico del Código y es allí donde la mayoría de la comisión tomará en cuenta las observaciones del señor senador por la Capital.

Así el Código, después de definir la propiedad, y por consiguiente la clasificación de las minas en distintas categorías, tiene que entrar a definir las maneras de adquirir, los procedimientos para constituir la propiedad misma, las relaciones de la propiedad superficial con la propiedad subterránea, las distintas medidas de las minas, —materia gravísima que se relaciona tanto con esta cuestión, pero cuya enuncia-

ción nos llevaría sumamente lejos,— y la materia igualmente difícil, de coordinar o conciliar los intereses del Estado, los intereses del minero y los intereses industriales, los tres grandes factores que inspiran esta legislación.

Por último, las relaciones de esta legislación con las demás de orden común, porque las instituciones civiles y comerciales en particular, directamente vinculadas con el ejercicio de la industria minera, se encuentran a veces regidas por dos legislaciones: la legislación civil y la legislación comercial, por ejemplo, en cuanto a sociedades anónimas, y la legislación minera, particularmente en cuanto a los contratos exclusivamente mineros, en las sociedades exclusivamente mineras; de donde ha resultado el caso, por cierto, algunas veces curioso, de pleitos de carácter puramente mineros, que requiriendo el fuero de esta materia, han sido tratados en el fuero comercial o civil, produciendo de esta manera verdaderas nulidades de fondo, sobre las cuales sería hasta peligrosa la simple enunciación del problema.

Es que no se han preocupado los jueces y abogados, de establecer la lénea de separación de los fueros en esta materia; —y no hago ofensa a nadie al afirmar que no se preocupa de ella nuestro foro,— y desconocen los jurisconsultos profesionales, los fundamentos y variaciones que la naturaleza subterránea de las minas impone a la institución jurídica, y así juzgan de la propiedad de las minas y de sus operaciones contractuales y de la obligación del minero respecto de ellas, con el mismo criterio que juzgan a la del agricultor que labra la tierra superficial, sin ninguna dificultad y con límites definidos y perceptibles a la simple vista. Se desconoce en absoluto este dificilísimo problema que resulta de la circunstancia de ser subterránea esta propiedad, es decir, hallarse lejos de la vista de las personas más peritas; y aun se necesita un conocimiento muy hondo de la cuestión técnica y experimental, para poderse dar cuenta de una cantidad de fenómenos, que a mí me sería muy difícil explicar en una cámara legislativa, sin entrar en disquisiciones de orden científico que nos conducirían muy lejos del caso concreto qué discutimos.

Por esto, señor Presidente, hay que tener en cuenta al juzgar de las reformas de este Código, la absoluta necesidad de no desarticular la materia; porque si nosotros procedemos con el deseo o necesidad de introducir modificaciones aconsejadas por las doctrinas corrientes, y por el mejor deseo del servicio público, simplemente nos podemos engolfar en un laberinto sin salida, mucho más tratándose de minas, en que todo ocurre en un terreno laberíntico, es decir, subterráneo.

Yo reclamaría, pues, de los señores senadores, un poco de atención sobre este criterio de no admitir, sin un estudio muy detenido, y sin una reflexión muy amplia, reformas de carácter parcial, que no estén en absoluta concordancia con el resto del Código; y uno de los trabajos más prolijos y minuciosos que el redactor se ha tomado, como puede verse por el texto del proyecto, es la concordancia literal de las cláusulas con todo el resto de la articulación del Código; porque si no se hace así, vamos a inducir a los jueces, a los particulares, a los abogados, en confusiones insalvables.

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Origen y evolución colonial de la legislación y de la propiedad minera argentina. — La reforma de 1853. — El dominio del Estado sobre las minas.

Bien, señor Presidente: durante el curso de la discusión, y con un conocimiento que hace honor indudablemente a la cátedra en que ha estudiado sus primeras lecciones el señor senador por la Capital, ha enunciado el principio de la constitución y del origen de la propiedad minera.

No voy a entrar yo en una disquisición histórica sobre esto, por lo mismo que quiero ser breve; pero es necesario decir, que nuestro Código de Minería procede de una tradición muy antigua: del derecho romano ha pasado al derecho español de las Partidas y otros cuerpos legislativos, hasta llegar a la legislación española del siglo XVI. El primer Código, más o menos conocido en esta materia, es uno que se denomina del Nuevo Cuaderno. Este Código pasó a América cuando los españoles ocuparon el territorio y encontraron enormes yacimientos mineros. Las primeras ordenanzas americanas en esta materia, las Ordenanzas del Perú, del Virrey de Toledo, fueron por asi decirlo, el primer código americano sobre esta materia. Estas han pasado después por modificaciones sucesivas, al formar las distintas ordenanzas para el régimen de las colonias, como las Ordenanzas del Perú que rigen hasta fines del siglo XVII, y las de Méjico, hasta fines del siglo XVIII, en que pasaron a ser códigos del Virreynato del Río de la Plata y de la Capitanía General de Chile. Así, que las Ordenanzas llamadas de Méjico fueron dictadas primitivamente para la Nueva España, como se llamó entonces, y viene luego a ser el Código general minero de la América del Sur, vinculado a la herencia española.

Es este el Código que hemos encontrado en vigencia los argentinos cuando nuestra Nación declaró su independencia; y naturalmente, en una larga serie de evoluciones, reformas y adopciones de cédulas reales, debido a las vicisitudes de los tiempos, se ha mantenido esta industria, siguiendo todas estas alternativas, hasta la Constitución de 1853, cuya Convención o Congreso, se ocupó de dictar la ley financiera para organizar, en una forma más o menos racional, continuada, integral, las diversas fuentes de la riqueza pública, obedeciendo a un sistema económico bien definido, como el que bosquejó el eminente argentino doctor Mariano Fragueiro, cuyas ideas económicas y jurídicas podrían colocarlo en la familia de los que llamaremos socialistas filósofos.

El señor Fragueiro, presentó su proyecto de ley de minería, como parte de la ley financiera, que se denominó el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación, el cual, dentro del sistema que después adoptó la ley española de

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479 1868, estableció un punto de partida, que se llamó con justicia, una revolución doctrinal en las ideas jurídicas de la América.

Este estudio constituye un verdadero progreso en la legislación universal; y ha tenido la gloria de la iniciativa, es verdad que chocando directamente con el sistema secular del amparo por el trabajo; él vino a derogar este sistema, y a establecer como un medio de estimular la minería, el pago de un canon anual como signo constitutivo de la propiedad, y no propiamente como un impuesto, el cual constituye un concepto fundamental sobre el que llamo la atención de la honorable cámara.

Este no era una improvisación del Congreso del año 53, sino una institución tan antigua como la civilización misma; porque los romanos, algunos siglos antes de la era cristiana, ya tenían el sistema de canon metalicus, que era el signo de la constitución y conservación de la propiedad concedida a los particulares, desprendida del patrimonio imperial.

Además, quiero decir, por lo que el criterio jurídico pudiera encontrar una falla, que no desconozco la evolución de esa legislación romana; pues, lo mismo que en Roma, ocurrió en el Imperio Británico, que teniendo una ley clásica, doméstica, para el Reino Unido, como en el suelo itálico en la Roma antigua ha llegado a crear una variación infinita, según las circunstancias lo aconsejaban, en el régimen de la minería, dictado para sus colonias en Africa y Asia. Así, sucesivamente, los emperadores fueron obsorbiendo la totalidad de las propiedades mineras, incorporándolas al patrimonio del Estado desprendidas poco a poco de manos de los particulares, para constituir una propiedad pública bajo el sistema regalista, que es el trasmitido después a sus sucesores.

Hecha esta salvedad o digresión, diré cómo este sistema ha pasado a nuestro Código. España lo transmitió a América, al dictar las reglas para la constitución de la propiedad en los

distintos reinos en que se dividía su vasto dominio territorial en este continente.

Una vez proclamada la independencia, se produce la reversión de todas esas propiedades constituidas en provecho de la corona, a favor del verdadero dueño, del soberano, del pueblo de cada una de las naciones independizadas. Es por eso que la propiedad minera de la República Argentina pertenece por derecho de sucesión legítima al pueblo argentino, es decir, a la Nación; pero como ésta no es una persona, sino que tiene que ser representada por la entidad jurídica del Estado, es que el derecho civil moderno ha creado esta personalidad, —el Estado como entidad jurídica,— como persona susceptible de adquirir derechos como de contraer obligaciones; y en ese sentido es que debemos entender el Código Civil, cuando define la propiedad minera como bien privado del Estado, nacional, o provincial, según el territorio donde se encuentre. Así es cómo se llama a este sistema ‘legalista”, más por el sentido histórico que jurídico, porque no podemos llamarle regalismo cuando no tenemos reyes o soberanos. Es un sistema de dominio, simplemente: dominio público y privado; pero no es el Código Civil el que debe definir la propiedad minera, como lo hace en concurrencia-con el de Minería; y de aquí se producen muchas otras confusiones.

IV

Bases constitucionales del problema de la propiedad minera. — Las minas, bienes privados de la Nación y las Provincias. — El Código Civil y la propiedad de las minas. — El Estado, distribuidor de la propiedad minera.

La Constitución de la República no dice una sola palabra de la propiedad minera; no hace sino enunciar que el Congreso dictará el Código de Minería; por lo cual debemos entender que ha comprendido un código orgánicamente completo. Se entiende por legislación minera en la Constitución

Nacional, la establecida por los siglos y la costumbre, y como la costumbre es la verdadera elaboradora de las leyes, éste es el criterio de la interpretación más racional.

Pero, naturalmente, la Constitución ha dejado al Congreso la libertad absoluta de dictar el Código minero, y ha hecho de él una legislación unitaria, apartándose del resto de la legislación y estableciendo prescripciones diferenciales. Pero ha establecido con toda claridad que, si es verdad que el Congreso debe dictar el Código de Minería sustantivo, como ley nacional, las Provincias, como sucede con los demás códigos, deben dictar las leyes orgánicas y de procedimiento dentro de su jurisdicción; y esto no obsta en nada al concepto de la propiedad de la mina del derecho sustantivo.

El Código Civil, pues, cuando ha legislado en general la propiedad, ha tenido en cuenta, además de los principios jurídicos de su propio dominio, circunstancias de hecho, como la de no existir una legislación que comprendiese el derecho común de la minería. Era el primer Código que se sancionaba después de la Constitución; era el primer Código completo de todas las cuestiones fundamentales; y así, él refleja el espíritu vasto, enciclopédico, de esos temas, y comprende muchas materias que no corresponden al Código Civil, y que la costumbre, —para que se vea cuánto pesa ésta en las decisiones de los jueces y de las sanciones jurídicas,— ha hecho admitir como propias de aquél, sin duda porque es mejor admitir un conjunto de leyes como ese, antes que entrar en las vicisitudes de las reformas accidentales, que el tiempo aconsejaría en todo caso.

El Código Civil ha definido la propiedad minera de acuerdo con las ideas regalistas, combinadas igualmente con las ideas clásicas romanas, en que era tan versado su autor, y dice en su inciso 2^9, artículo ,2376: “Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y substancias fósiles, no obstante el dominio de los particulares sobre la superficie de la tierra, son bienes privados de la Nación y de las Provincias”. Para que se vea cómo el Código Civil no era el que debía definir la materia minera, haré notar la insuficiencia absoluta de la enumeración que hace el Código Civil; y así parecería que no hubiera más minas que las de oro, cobre, plata, piedras preciosas y substancias fósiles: lo cual demuestra que el Código Civil invade una jurisdicción que no le corresponde. Así, el concepto de la mina está limitado a una cantidad de substancias que no alcanzan a ser, en realidad, lo que llamamos las riquezas minerales.

El Código Civil no puede ser aplicado a la defensa de la propiedad minera, sino incompletamente, si bien es verdad que por espíritu de previsión, consignó, a manera de excepción, el valor específico que tendrían las leyes especiales y reglamentos administrativos de la materia.

Al amparo de esta excepción se puede salvar el resto de la doctrina. El Código de Minería, como decía, es el que debe definir la propiedad minera. Arranca su existencia directa del mandato constitucional del inciso 11 del artículo 67, que prescribe al Congreso la obligación de dictarlo junto con los otros. Entonces, pues, el Código de Minería era el llamado a recoger todo el legado histórico, toda la tradición y costumbres mineras establecidas en nuestro país, para armonizar con el espíritu del tiempo, con la índole de las instituciones adoptadas y con los consejos de la ciencia y de la experiencia, destinados a producir el progreso industrial en esta rama de la actividad colectiva.

El Congreso, por su parte, interpretando ampliamente el mandato de la Constitución, dictó la ley de 26 de agosto de 1875, cuatro años después de la aprobación del Código Civil, mandando redactar uno nuevo, el de Minería, sobre la base del principio de que son las minas bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren.

Entonces, pues, esa es obra del Código de Minería, el cual contiene toda la doctrina necesaria para definir la propiedad minera, constituirla y reglamentarla. El Código Civil queda simplemente como una interpretación subsidiaria y secundaria en los conflictos que se originen, más como analogía que como una ley especial.

Resumiendo, pues, esta evolución histórico-jurídica, podemos llegar a esta conclusión: que la intención de los constituyentes del año 53 ha sido, sin duda, la de hacer de las minas una propiedad del Estado; que esta propiedad debe ser concedida a los particulares para su explotación, en las condiciones que las circunstancias económicas del país, o las ideas dominantes en ese momento, aconsejasen como más convenientes; que el objeto que debe tener la ley al dictarse el Código, y especializar sus distintas secciones, debe ser el de producir la mayor prosperidad pública y la riqueza colectiva, aumentar los recursos generales del Estado, nacional o provincial, en forma conveniente y económica, y por último, aumentar igualmente las fuentes de trabajo, de ocupación de los miembros de la comunidad social argentina.

Estos son los tres aspectos sobre los cuales la ley o el Código de Minería debe dictarse; y entonces no hay ninguna razón lógica explicable, que mantenga una trabazón tan indestructible entre el sistema legal adoptado y el de la propiedad, ni que tampoco obligue al Estado a trabajar sus minas directamente, ni que lo prive de ello, ni obligue exclusivamente a dar las minas a los particulares, dejando su resolución a lo que aconsejen las circunstancias.

Por eso es que, cuando he dicho que la razón de ser de la propiedad minera, es el dominio público, es decir, que el Estado es el dueño originario de la riqueza llamada mina, no es para que él lo explote con sus manos, esto es, por agentes directos suyos; porque el Estado es una persona moral que sólo representa una abstracción jurídica y los verdaderos dueños o representantes, o explotantes que aprovechan la propiedad minera, son los individuos del pueblo, son los miembros de la comunidad nacional, cuya condición deriva del régimen jurídico adoptado, de acuerdo con la necesidad económica y la imposición de la producción de la riqueza pública.

Entonces, pues, este es el verdadero sentido, a mi juicio, de los principios legales que informan el Código de Minería. Tampoco la Constitución ha fijado un límite, ni regla especial al Congreso, para definir la propiedad particular; le ha dejado un campo de absoluta discreción; y lo único que hay que tomar en cuenta, es una observación que hacen muchos jurisconsultos, de que la propiedad de la mina es semejante, en cuanto a su constitución, a la propiedad de la superficie, siendo natural y originariamente distintas la una y la otra, por más que siga el sistema inglés, primitivo romano. La naturaleza y la ciencia demuestran que la mina es una entidad natural, diferente de la superficie por su constitución geológica, por su destino, por la manera de producirse y de operar, por la independencia natural que existe entre una y otra, porque los explotantes de la superficie pueden estar siglos enteros trabajando su tierra, ignorando que debajo de ella existe tal vez una veta de oro riquísima, que ellos podrían trabajar con independencia del suelo.

Por eso es que, cuando se trató la ley Napoleón, en el año 1810, este político y jurisconsulto a la vez, enunció la teo-tría que lleva su nombre, de la separación de las dos propiedades, según la cual, la ley minera creaba una propiedad nueva, es decir, la propiedad de la mina, con independencia de la propiedad del suelo, aumentando así la riqueza pública francesa con un nuevo renglón, que no habían tenido en cuenta las leyes dictadas hasta entonces.

Esta es la ventaja absoluta del reconocimiento de esta doble propiedad por la Nación y las Provincias; siendo, pues, doble el tesoro de la superficie y del subsuelo, pueden ser perfectamente explotables con independencia la una del otro; y este es el ideal de la legislación, hacer posible que la pro-pidad del suelo, como la de la mina, sean tales propiedades. ¿Y por qué razón, —dicen todos los jurisconsultos y reformadores de la legislación antigua,— por qué razón las leyes han de tratar de hacer de la propiedad de la superficie de la tierra, una verdadera, definitiva y perpétua propiedad, y no la de la mina, que tiene los mismos caracteres dentro de su especialidad; por qué razón es que la mina, que tiene más contingencias, más dificultades, más vicisitudes, debido a su naturaleza, está gravada con esta especie de tara de la instabilidad? ¿Por qué no ha de llegar a constituir una propiedad efectiva, como la propiedad-tierra, que es más variable, más fácil de explotar, más útil directamente, a los individuos, y que puede cambiar de dueño con toda facilidad?

Sin embargo, se ha reconocido que por su naturaleza, ésta propiedad es absoluta e inconmovible; y así se explica la alternativa porque ha pasado la industria minera, debido al sistema regalista, que ha confundido a las personas dedicadas a esta industria, y aun a los gobiernos, quienes han abusado de sus privilegios primitivos, hasta querer convertir la mina en una propiedad inaccesible, en una propiedad perpetua del Estado.

Eso es un contrasentido, porque el Estado, —como decía, — no es una persona material, sino una entidad moral representativa de la suma de personas que constituyen el pueblo de la Nación. Lo que quieren la Constitución, la ley y la razón filosófica, es que el Estado sea el distribuidor de la riqueza originaria, ya sea en la superficie o en el subsuelo; porque de alguna manera se ha de constituir la propiedad. Si el Estado no puede explotar sus tierras, ni sus minas, debe aljudicar a alguno el título de propiedad individual para explotarla; y esta es la razón porque se establece ese título particular en favor del individuo que debe explotar la propiedad llamada mina. Dentro, pues, de las ideas generales que informan la legislación, no hay una razón aceptable ni visible que justifique esta diferencia, según la cual la tierra superficial ha de tener un título perpetuo y no lo ha de tener la propiedad subterránea.

V

El trabajo forzoso en la ley y en la economía coloniales. — Este es un interés privado de la corona y no un interés nacional; es un hecho fiscal y no un hecho económico. — El trabajo forzoso y las ideas actuales.

Bien; en la historia de la legislación práctica minera, han aparecido cuatro sistemas para conservar la propiedad. El sistema del amparo, así llamado por el pueble con trabajo obligatorio, que es el de las leyes españolas, de nuestro Código de Minería y el de los otros países sudamericanos hasta mediatos del siglo XIX, más o menos.

El sistema del amparo, por el pago de un canon que ha sido impropiamente llamado patente, e impropiamente considerado un impuesto, como se puede ver teniendo en cuenta que este pago es hecho por el particular al Estado desde los tiempos primitivos de Roma, donde se había establecido, no como una contribución de la mina a la riqueza pública, porque esta contribución se establecía en otra forma :—los romanos la llamaban vectigal,— contribución de la mina al Estado, y se establecía cuando se concedían propiedades de minas de _ las que el Estado se reservaba la mitad, según se halla también en algunas leyes españolas.

De manera que el canon metallicus, que es el canon romano, no es un impuesto, como lo asegura Mispoulet, autor que recomiendo a los señores senadores que se interesen por esta materia. La Legislación romana de minas lo demuestra perfectamente, sobre todo en .vista del descubrimiento de la tabla de Aljustrel, en Portugal, que ha venido a ser, evidentemente, el único reglamento conocido de minas de la antigua época romana. En esa tabla, se encuentra perfectamente legislada esta materia, y se ve que el canon metalicus no ha sido nunca un impuesto, porque la contribución, la participación del Estado en el producto de una mina, se establecía de otra manera, por medio de la entrega de una parte del producto a los empleados encargados de recolectarla. Lo mismo que se ha hecho en España, en tiempos de la colonia, en que se recogía una parte, tercera, quinta o décima, según las materias y según su productividad.

El tercer sistema podríamos decir, que es el de la contribución proporcional de la propiedad; sistema francés y de otros países que lo mantienen conjuntamente con el del canon; porque en esos países la minería está muy desarrollada; es un verdadero negocio, es una especulación. Es, en virtud del principio fundamental de que no se puede enriquecer un individuo sin darle al propietario, al dueño o al soberano, una participación equitativa, que las naciones ricas, muy desarrolladas en esta industria, han establecido, además de la patente, que corresponde a la mina como propiedad, la contribución proporcional del producto.

Queda, por último, el sistema enunciado de las concesiones, como se lo llamó, entendiendo, a mi modo de ver, que por este sistema, en cada caso de acordar la propiedad de la mina, se haga un contrato entre el Estado y el particular y se establezca el cuaderno de condiciones. Pero como no lo voy a examinar en este instante por no molestar la atención de los señores senadores, pasaremos a otro punto.

Lo que interesa mucho, por lo menos a mí, enunciar, es la razón de ser de este amparo por el trabajo obligatorio, durante toda la época en que ha regido en la península y en las colonias de América. Siendo, como se decía, las minas de propiedad de la corona por derecho de conquista, y dadas las ideas del tiempo en materia económica, y muy en particular del gobierno español de esa época, el amparo por trabajo importaba una forma indirecta que la Corona tenía de hacer trabajar sus minas para enriquecer su propio tesoro, sin preocuparse en manera alguna, como lo ha demostrado la historia económica de América, del efecto económico social que la mina debía producir; porque ninguno de los trabajos de las minas estaba constituido sobre bases sociales, sino obligatorias y dictatoriales; y así se explica la odiosa institución de la mita, de la encomienda y de la esclavitud: porque la mita era el destino de los indios al trabajo forzado de las minas, institución que motivó, como todos lo saben, la protesta secular de América, por la extinción de los indios, dada la crueldad y excesivo trabajo a que se les sometía; lo que dio por resultado, como todos los sistemas de este género, la extinción de la industria por la extinción de los brazos. La minería ha muerto en América debido a estos antecedentes, porque ha sembrado en toda la América el terror a la institución por el abuso secular.

También sabemos que de muchas de estas cosas no tiene la culpa España, porque en realidad España hacía todo lo posible para mejorar la condición de los indios; y son admirables las ordenanzas, las reales cédulas y decretos que dictaba en ese sentido; pero bien sabemos que a través del océano, estas reales ordenanzas, si llegaban a conocimiento de los interesados, llegaban muy tarde y no se cumplían. Esta también es una vieja historia.

El caso es que las minas del Estado, cuando se concedían a los particulares, era para obtener de ellos que las hicieran producir en metales y piedras preciosas, con los cuales contribuían a que se constituyera un verdadero tesoro.

Las ideas económicas de entonces no son las mismas de hoy, y los metales y piedras preciosas constituían los verdaderos tesoros, pero era a costa de la población de América y del trabajo del indio ejecutado sin control, sin limitación, sin consideración de humanidad, lo que motivó, lo mismo que en las encomiendas, la entrega de un lote de indios a un encomendero, para que explotase la propiedad de acuerdo con sus intereses. Estos eran títulos hereditarios por toda la vida; la esclavitud en forma de institución pública. En último caso entraba el criollo. Trabajaban las minas obligatoriamente los indios, los negros, los esclavos de toda procedencia y el criollo. El criollo, desconocido casi entonces por la política española, pasó desapercibido, casi confundido con los otros en su condición civil, principalmente. Esta institución fué la que motivó la primera protesta, la primera ley argentina dictada por la primera Asamblea argentina del año X, la supresión de la mita y encomiendas, y todas las instituciones semejantes que tendían a mantener el trabajo forzoso del indio y del esclavo. Luego, pues, señor Presidente, cuando la primera Asamblea revolucionaria argentina se preocupó, como primer asunto, de restablecer el imperio de la libertad en nuestro país, asumiendo así su soberanía originaria, suprimió la mita, la encomienda y todas estas instituciones, que consistían en esclavizar el hombre y someterlo al trabajo forzoso en favor del Estado, y a favor del particular.

Para no perder tiempo en esta materia, recomiendo y citaré en mi apoyo la obra famosa de Escalona, titulada Ga-zofilacio Real del Perú, o sea el sistema económico y rentístico de España en sus colonias de América; Gamboa, en su Comentario, libro II, Capítulos I y II; Solórzano y Pereyra, en su Política Indiana; las Leyes de Indias, etc.

Este sistema, decía, de la minería con trabajo forzado, se practicaba en vista de un interés fiscal exclusivamente, al cual se sometía toda otra consideración, sin orden, sin miramientos hacia ninguna razón de carácter humanitario, que por otra parte, el tiempo no exigía mayormente; régimen que España ha inmortalizado, puede decirse, en sus dos fases: el monopolio y el trabajo forzado.

Un distinguido jurisconsulto boliviano, Loaiza, en su libro titulado La nueva legislación minera de Solivia, en sus páginas 12 y 15, habla de esta institución de la mita y la encomienda, en los mismos términos que acabo de mencionar, y que no leo, para no fatigar más la atención de la Cámara; y en el mismo sentido el estudio, admirable bajo diversos conceptos, del señor Amunátegui Soler, ex rector de la Universidad de Santiago de Chile, sobre las Encomiendas en Chile en el régimen colonial español. Leyendo estas dos obras, especialmente la última, nos damos cuenta clara de la diferencia y del carácter que tenía esta legislación de las minas en tiempo de la conquista, y que el trabajo de las minas no era un hecho económico, sino un hecho fiscal. Tan es así, y lo saben los señores senadores, que España llegó a prohibir la exportación y la importación de productos de cualquier género, de nuestro continente, por determinados puertos, singularizándose, entre ellos, con el puerto de Buenos Aires; y favoreciéndolo, acaso, porque al prohibir la exportación por el puerto de Buenos Aires, hizo lo que hacen las corrientes subterráneas, que, cerradas en su cauce por un lado, abren por otro una salida; y así, cerrando el cauce normal del Río de la Plata, se abrió otro mucho más amplio y fecundo, porque después éste absorbía al otro: hablo del contrabando, que ha sido el origen de la grandeza obligada de estas regiones de América, debido al sistema cerrado, estrecho y monopolizador de España.

Por esta razón todos los particulares eran sometidos al trabajo obligatorio de las minas, y con el fin de engrosar el tesoro de la Corona, es que se estableció el denuncio. De ahí procede esta odiosísima institución, que es el espionaje obligatorio, y jurídicamente establecido para despojar a los mineros de su propiedad por un simple descuido o por una intriga cualquiera: famosísima institución que ha hecho la ruina de la minería de América. El denuncio es, pues, el incentivo que la Corona estableció para que todos los particulares, todos fuesen vigilados por el Estado, para que las minas no estuvieran un instante sin producir minerales en beneficio del tesoro de la Corona.

De esta manera, estimulaba el interés, la concupiscencia, la rapiña, toda clase de malas pasiones de los aventureros que pululan siempre alrededor de las minas para despojar a los verdaderos poseedores; para apoderarse de esas minas, inventando cincuenta mil cosas para obligarles a caer en la trampa de la caducidad. Con las cosas que yo podría contar a la honorable cámara sobre esto, podría escribirse una novela! Estos parásitos de la minería viven escondidos detrás de las peñas, sin que se pueda saber cómo viven ni con qué se alimentan, a la espera de poder ver salir a un peón que va al pueblo a curarse de su chucho, o de cualquier enfermedad inherente a esa clase de trabajos, para presentarse ante un escribano a denunciar la falta de los cuatro operarios obligatorios, y poder despojarlos de su mina.

Es mil veces peor, señor Presidente, la institución del trabajo obligatorio con cuatro operarios, que la absoluta libertad; porque siendo una libertad absoluta la de la mina, hay la ventaja de acogerse a la ley común, según la cual la propiedad no se puede quitar sin sentencia legal de un juez. Pero el sistema de la denuncia es la rapiña legal, la rapiña con la complicidad de las autoridades y jueces de minas, que generalmente son legos. Es también necesario dar una expli-ción de cómo se establece la justicia en esas alturas de las montañas, inhabitables e inclementes, donde es necesario forzosamente acudir a aquel sistema primitivo de justicia que con tanta razón se ha llamado justicia de paz; la justicia de paz, señor Presidente, que está basada en la buena fe y en la buena inspiración de los hombres, es la única justicia posible en ese ambiente.

Este sistema odioso, como decía, ha sido implantado oficialmente por la legislación colonial, con un espíritu puramente fiscal y codicioso: aumentar en la mayor suma posible de riqueza lo que se llamó el Tesoro de la Corona; y agregúese a esto que no solamente tenía el rey la participación en forma de cuota parte del producto de los impuestos, sino también la reserva de minas que se llamaban “minas del rey”, es decir, minas propias y exclusivamente destinadas, sin participación de ningún particular, a engrosar los fondos privados de la Corona.

Bien, señor Presidente: los que estudien lo que podríamos llamar la economía política del tiempo de la Colonia, se explicarán perfectamente la inmensa diferencia que hay entre un sistema y otro. Si en aquel tiempo podía explicarse la obligación del trabajo como manera de hacer producir la mina para su dueño, ya que no para entregarla a la circulación universal, no se explicaría hoy, con la dificultad de comunicaciones, con la clausura de puertos, con los monopolios de todo género oficial, que hacían imposible que éstos entraran a la circulación de la propiedad minera a producir el beneficio social a que está destinado por su naturaleza. Hoy este sistema sería imposible, y tan imposible que no se puede ejecutar aunque esté escrito en los códigos; que no se practica porque ese es el destino fatal de las instituciones y resoluciones extemporáneas. El trabajo obligatorio es, entonces, inocuo, porque la mina que no se puede trabajar, no se trabaja ni con todas las obligaciones del mundo, porque no hay fuerza capaz de obligar a un minero a producir una substancia, con todo su esfuerzo personal y con todo su capital, para tenerla guardada sin beneficios de ninguna clase. Luego, entonces, es la ley de la oferta y la demanda, la que determina el movimiento del trabajo.

Verdad es que hay substancias de valor permanente, como los llamados metales preciosos, en particular el oro, y accidentalmente otras substancias que cambian de valor según las necesidades y exigencias de la industria, como pasa actualmente con el cobre, que vale relativamente más que el oro, pues se vende hoy hasta doscientas libras esterlinas la tonelada que es lo que se ha llegado a pagar, cuando el precio normal, en circunstancias ordinarias, es apenas de 40 a 50 libras la tonelada.

Sr. Zabala. — Si el señor senador se halla fatigado, podríamos pasar a un cuarto intermedio.. •

Sr. González. — No tengo inconveniente en continuar, pero si los señores senadores desean un descanso, acepto el cuarto intermedio.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, invito al honorable Senado a pasar a cuarto intermedio.

VI

Carácter práctico y actual de la cuestión en debate. — El trabajo forzado de las minas y las razas indígenas de la América española. — El monopolio fiscal de la Colonia y el del socialismo moderno. — Mineros de pleitos y mineros de minas. — La primera y pasajera reforma argentina de 1853.

Sr. Presidente. — Continúa la discusión del proyecto de reformas al Código de Minería. El señor senador por la Capital, doctor del Valle Iberlucea, ha comunicado que continúa enfermo.

Sr. Irigoyen. — Pido la palabra.

Yo creo, señor Presidente, que procede continúe con su exposición el señor senador por La Rio ja, que quedó pendiente en la sesión anterior. Si estuviera en condiciones de hacerlo, creo que la Cámara lo escucharía con gusto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor Senador por La Rio ja.

Sr. González. — Lamento la indisposición del señor senador por la Capital, que le impide estar presente en esta sesión; y lo lamento por la misma razón que él manifestaba de tener interés en escuchar la exposición que yo estoy haciendo. Pero el señor senador por la Capital podrá informarse por medio del Diario de Sesiones, de todas las incidencias del debate. Por mi parte, acato la voluntad de la Cámara, que me es muy grata, para ahorrar tiempo y molestias, porque, naturalmente, este es un asunto que interesa poco al espíritu siempre vivaz de nuestra raza y de nuestro pueblo.

Además, esta cuestión ha sido colocada en un terreno superior a su importancia, como tuve ocasión de manifestarlo al principio de mi exposición. El señor senador por la Capital, llevado por su espíritu doctrinario y teórico de hombre de estudio y de meditación, ha sacado este debate del terreno práctico e incidental que le corresponde por la naturaleza del proyecto de que se trata, y nos ha Revado a una academia, a un terreno puramente doctrinal y abstracto, comprendiendo la totalidad de la legislación minera a propósito de una sección, de un título del Código de Minas; y cuando habíamos demostrado, tanto el miembro informante, como el representante del Poder Ejecutivo y el que habla, que no se trata de una cuestión puramente teórica sino de una cuestión práctica y transitoria, destinada a salvar los intereses de la minería argentina, en este momento crítico para todas las industrias de la Nación.

Coincidiendo este propósito circunstancial con una de las medidas fundamentales del Código de Minería, es decir, con una de las articulaciones esenciales de su mecanismo, como es el modo de conservar la propiedad minera, asunto al cual las legislaciones sudamericanas han prestado especial cuidado, son ellas las que nos interesan más que todo. Como en la sesión anterior, en que nos ocupamos de este asunto, aludía al régimen minero de la Colonia, tuve ocasión de mencionar cómo el rey de España, es decir, la Corona, que a los efectos fiscales era lo que es hoy la Tesorería, la Aduana, la Dirección de Rentas, se interesaba en hacer trabajar las minas de cualquier naturaleza y de cualquier manera, por todos los medios al alcance del hombre en ese tiempo, para enriquecer exclusivamente el tesoro particular del Rey, sin miramiento alguno a la economía nacional, ni a la concurrencia de ésta al mercado universal; es decir, era una industria verdaderamente despótica, a cuyo servicio se ponían todas las instituciones, que en aquella época importaba la privación de la libertad humana.

He citado la mita, que era el trabajo forzoso de los indios, considerados según los escritores de la época y las leyes más rigurosas del período más álgido de la dominación española, menos que personas, como personas miserables; que no eran verdaderamente animales, pero que tampoco eran personas, y para darles una clasificación aceptable, mediana o intermedia, se les denominó en esa forma, sin duda, para hacerlos trabajar como animales. Debido a eso fué que se extinguió la raza indígena, la cual quedó sumida bajo una lápida; porque se decía, que los indios eran una raza inferior, individual y colectivamente incapaz de asimilarse a la civilización.

Este es un problema sociológico de mucha importancia, sin duda alguna; pero la verdad histórica es la siguiente: que el trabajo forzoso de las minas causó la ruina, la destrucción, la extinción de la raza primitiva de América, muchas de cuyas divisiones se denominaban naciones; y lo fueron como los imperios de los Incas y de los Aztecas, que se manifestaron capaces y susceptibles de una alta civilización: lo que demostraba qué los indios, sometidos a un trabajo regular y racional, habrían podido llegar a una verdadera civilización en América. Pero las ideas de la época, no favorecían este tratamiento humano y civilizador; y a pesar de las leyes sabias que la España dictó, y de las cuales nosotros estamos acostumbrados a extraer las mejores joyas que en realidad poseemos; a pesar de todo esto, los aventureros, los industriales, los empresarios venidos a América a explotar laB grandes riquezas naturales, desoían todas estas leyes, y amparados por la enorme distancia y la debilidad con que llegaba a nuestra tierra la vigilancia de la autoridad central, cometían toda clase de excesos, y derogaban de hecho las leyes, algunas de ellas benéficas y caritativas que se dictaban en favor de los indios¿ En materia de instituciones, yo creo más en las que se practican, y no en las que se escriben; y ya sabemos cuál ha sido el resultado de las practicadas en la América española, de origen real.

Es curioso que la escuela social o política, a que pertenece el señor senador por la Capital, se empeñe en restaurar el antiguo monopolio colonial, con todas sus exageraciones, teniendo solamente en cuenta el interés de una sola clase social, y nunca el interés general de toda Nación y de todos los gremios que entran a constituir la gran entidad de la riqueza pública; sin considerar, además, que el trabajo nacional nó está destinado solamente a alimentar la población nativa, sino que es un concurso al trabajo universal, cuando él demanda cosas que produce nuestro suelo.

La doctrina que el señor senador por la Capital enuncia y quiere restablecer, como decía, es el régimen fiscal de la colonia y el régimen del trabajo forzoso, obligando, dentro de los límites explicables, y a pesar de la distancia que nos separa de aquel tiempo, a los interesados, a la explotación de las minas que determina el Código en su extensión y limitación, aunque la materia mineral no sea reclamada por el mercado, y aunque ella no esté en ese momento dentro de la corriente circulatoria de toda producción económica.

Es, naturalmente, un error fundamental de la doctrina. Este sistema de trabajo obligatorio estaba inspirado en el interés fiscal de las colonias españolas de aquel tiempo, o del sistema general del monopolio, la clausura de puertos y caminos establecido en la época, y cuya víctima principal, como es sabido, fué el puerto de Buenos Aires, que no sé por qué razones, como lo he dicho ya, estaba prohibido o vedado para el comercio de importación y exportación en esta parte de la América del Sur.

Estos son errores económicos que, según los mismos tratadistas y economistas españoles, han determinado la ruina de las colonias, y fueron motivo de la gran reacción económica inciada bajo el reinado de Carlos III, que fué a su vez inspirador, como decía el doctor Vicente Fidel López, de la legislación liberal del tiempo de Rivadavia. No son, pues, economistas extranjeros, es decir, de otros pueblos o razas, sino de la misma sangre española y americana, los primeros en condenar el régimen cerrado y prohibicionista de España, y por consecuencia, el trabajo forzoso del indio esclavo.

El sistema que el señor senador por la Capital se propone establecer, según sus ideas, es ese. En nombre de cierta faz estrecha y limitada del socialismo moderno, que se aviene perfectamente con despotismos conocidos en los sistemas políticos militantes, trata de someter la industria minera a ese régimen limitado del trabajo forzoso, sin tener en cuenta esa escuela, que es la denominada socialista, porque tiene los caracteres sociales de la industria.

Hoy ya la industria minera no es una industria oficial, por muchas razones, principalmente por su naturaleza alea** loria, que no permite al Estado ser empresario de empresas inciertas; y después porque el Estado no es una entidad susceptible y capaz de asumir negocios determinados. Son conocidas las materias que el Estado puede monopolizar, establecidas ya por la costumbre; y todas las empresas que el Estado toma a su cargo son de otro carácter y no del de la industria minera, ni ninguna industria extractiva. Ya haré, a mi vez, algunas salvedades sobre industrias que transitoriamente ha tomado a su cargo el Estado.

De manera, señor Presidente, que dejo anotadas estas coincidencias regresivas de la escuela que trata de mantener todavía entre nosotros el sistema del trabajo obligatorio en las minas, tradición del régimen despótico de la Colonia, régimen que, transmitido a los Estados independientes de la América del Sur, después de la Revolución, continuó ejerciendo su influencia en forma de costumbre, de abusos heredados, de vicios perpetuados igualmente sobre la población nativa, de las naciones principalmente empeñadas en las industrias mineras, como ha sucedido en el Perú, Méjico, Chile, Solivia, y nuestro propio país.

Los vicios principales de la industria minera, heredados de la época antigua, son, en primer lugar, los que se refieren a la busca y conservación de la propiedad minera. Existen en el interior verdaderos gremios dedicados al arte de la busca de minas, en forma de pleitos de todas clases, de ardides y de astucias, para conseguir despojar al verdadero poseedor, y correr la aventura de colocar en mercados nuevos o en otras manos las minas, y esto se ha formado al amparo del trabajo forzoso, que ha regido durante tres siglos en América.

No es el sistema del canon o de la patente el que ha originado estas corruptelas, porque el sistema del canon o el del amparo por el pago de una patente, es un sistema que ha regido transitoriamente en la República desde el Estatuto de Hacienda y Crédito de 1853 hasta la sanción del Código de Minería; y ha regido en la época en que no se ha ejercido industria ninguna, durante la larga tiranía de Rosas. Así que, en realidad, el sistema de la patente, o del canon, no ha regido, prácticamente en la República Argentina, ni ha alcanzado, por lo tanto, a crear ninguna costumbre, que es ley experimental, hasta que el Código de Minería fué puesto en vigencia.

VII

Los países de trabajo obligatorio son los primeros en derogarlo. Méjico, Perú, B olivia, Chile. — Influencia de la reforma en el Perú. — La reforma en Chile y su éxito. — Ventajas de la reforma en Solivia.

Entonces, pues, la costumbre se ha transmitido a los países directamente heredada de las costumbres mineras coloniales, y éstas son las que he mencionado, las cuales, es curioso observar, y llamo la atención de los señores senadores sobre ésto por la coincidencia y aplicación científica de las comparaciones. Méjico ha sido el centro minero por excelencia de la colonia española. Es allí donde se ha puesto en práctica las ordenanzas y leyes antiguas de explotación, desde el llamado Nuevo Cuaderno, dictado por Felipe II, hasta las Ordenanzas de Méjico, que así se llamaban, dictadas en 1783 por los reyes próximos a la época de nuestra independencia. Méjico, pues, ha sido el verdadero centro donde el sistema se ha ensayado; y Méjico es uno de los primeros países que se ha colocado en la nueva corriente de la reforma.

§ I-

Lo mismo pasa en el Perú. £1 Perú, mucho más antiguo en materia de legislación minera, se rigió por las célebres Ordenanzas del Perú, que fueron dictadas por el virrey don

Francisco de Toledo, y rigieron desde 1574, hasta la erección del Virreinato del Río de la Plata en toda esa región.

Durante esta época, cuando se dictó las Ordenanzas de Méjico, fueron ampliadas sucesivamente al Virreinato del Río de la Plata y a la Capitanía General de Chile. Ya que no era conveniente dictar leyes nuevas, se adoptaban las que habían sido formadas de acuerdo con muchos consejos que se enviaban de aquí a la autoridad central. Estas Ordenanzas de Méjico no derogaron el viejo sistema de trabajo obligatorio; introdujeron muchas otras modificaciones, en mil otras articulaciones de la legislación, lo que llegó a constituir ya una verdadera reforma.

Las naciones, pues, que antes se rigieron por el amparo del trabajo obligatorio y que heredaron ese sistema, sori: el Perú, Solivia, Chile, Méjico, Ecuador y todos los países que estaban bajo el dominio español; pero los que empezaron la evolución reformista, adoptando el nuevo régimen del canon para conservar la propiedad son, precisamente, el Perú, con su ley del 12 de enero de 1877; Solivia, con la ley de 1880; Chile, con el nuevo Código de 1889; Méjico y Ecuador, con las leyes de 1892, y Honduras con la de 1898. De manera que, como se ve, son precisamente los estados más vinculados a la legislación vieja los que dan la señal de la reforma; y vamos a ver en qué se funda cada uno de esos países más notables, ateniéndonos sólo a Perú, Chile, Méjico y Solivia, porque están más cerca de nosotros, y en los cuales la legislación ha dado realmente pasos muy avanzados.

Felizmente, llega a mis manos en este momento en que estamos discutiendo este proyecto, una revista que se publica por la Universidad de Lima, órgano oficial de aquella Universidad, donde un señor profesor, el respetable jurisconsulto Alfredo Solf y Muro, dedica un artículo a nuestro proyecto en discusión, en términos que no voy a reproducir sino en cuanto hace a nuestro debate. Con este motivo, hace una reseña de la legislación del Perú, muy interesante, y llega a esta conclusión, sobre la cual llamo la atención de la hono-rabie cámara: “La experiencia de más de medio siglo, en que ha vivido la minería del Perú, bajo el régimen del laboreo legal, (trabajo forzado), no sólo en la época colonial, sino durante la independencia, revela que él no sirvió de estímulo para la constante producción de las minas. La trascendental medida de la ley de 1877, junto con las no menos importantes del establecimiento de la escuela de minas y la construcción de ferrocarriles, produjeron un gran movimiento en la industria del Perú, movimiento detenido durante diez años por la guerra nacional y sus consecuencias, pero que con mayor intensidad se ha sentido en el último cuarto de siglo.”

Para comprobar la verdad de este aserto, voy a citar a la honorable cámara unas cifras que revelarán el desarrollo inmediato que experimentó la minería del Perú, apenas aplicada la nueva reforma. Es conocida más o menos la potencialidad económica y financiera del Perú, para que se aprecie el valor de las cifras que voy a mencionar; los minerales explotados son: el oro, la plata, el cobre, el cobre argentífero, el plomo, el plomo argentífero, el carbón de piedra, como el petróleo y otros, todos los cuales dan un total de explotación de 113.200.000 kilogramos, con un valor de soles de 14.193.391,50.

El año 1891, la producción de minas del Perú es naturalmente, de una proporción mucho mayor, que no hace ya al caso mencionar, desde que mi propósito es probar el efecto inmediato de la adopción de la nueva ley. En cuanto a exportación, el oro, plata y cobre, principalmente, dan un total de 34.697.488 kilogramos, con un valor de $ 11.445.000. Cito esto para demostrar —como decía— el efecto de la aplicación del nuevo sistema, y el autor de este artículo, concluye con observaciones que yo también quiero hacer presente a la honorable cámara, respecto a la legislación que debe ser aplicada y adoptada, como punto de comparación en nuestro país.

El profesor de filosofía y jurisconsulto de la nueva escuela, indudablemente, no puede adherir al antiguo sistema ni a fórmulas conocidas en las cátedras antiguas, sino al principio sociológico moderno, que hace de las instituciones algo relacionado con la vida real de la sociedad, y no simplemente con el cálculo teórico y abstracto de las leyes escritas. El mismo autor, antes citado, dice: “Al citar las legislaciones extranjeras no olvidemos que el derecho minero es un derecho nacional por excelencia, o sea una obra ligada a las condiciones de la industria en cada país y a su organización social y administrativa. Los países europeos legislan para una industria existente y establecida desde muy antiguo, y que cuenta para su ensanche con buenos caminos, transportes baratos, grandes mercados, garantías de seguridad personal y real, y con la aplicación de los procedimientos de la técnica moderna. Nosotros debemos tener en cuenta que nuestras minas se hallan en parajes lejanos y en climas inhospitalarios, con dificultad para el acceso a los lugares de la explotación, con fletes altos, falta de garantías y de medios de aprovisionamiento, etcétera, y que por estas circunstancias las leyes mineras deben caracterizarse por un fin principalmente prospectivo y de atracción.”

Las leyes no son obligatorias por el solo valor imperativo del mandato, no atraen el capital extranjero y no están ligadas con el mandato nacional. Por consiguiente, nosotros no podemos legislar para los extranjeros, sin ofrecer garantías, seguridades y ventajas para aquellos que, espontáneamente, vengan a traer su capital y emplearlo útilmente en nuestro territorio; y esto no se hace con leyes imperativas, obligando a trabajar lo que no se puede conservar.

Otro autor, comentador del Código de Minería del Perú, el reputado abogado Paulino Fuentes Castro, hace también observaciones de mucho interés, respecto de esas leyes, y en su enumeración de los principales puntos de la reforma, dice:

“Otra declaración substancial que se desprende del Código, es su tendencia bien manifiesta a radicar la propiedad de las minas en los mismos industriales o explotadores, independizándola del Estado, el cual viene a quedar en la condición que el derecho común le atribuye sobre la propiedad censística. El impuesto viene a ser el censo; pero la propiedad minera legalmente adquirida es irrevocable y perpetua como la propiedad común. Al asignar el Código este carácter a la adquisición de las minas, es indudable que ha querido operar una transformación en seguridad de los mineros y de los capitales, dando forma de verdadera propiedad particular a cosas en las que conservaba el Estado un dominio inmanente.”

§ 2.

Bien, hablemos ahora de Chile, porque no es mi propósito demorarme en estas comparaciones, sino enunciarlas. Chile ha sido el país minero por excelencia en esta parte de América; nuestro modelo y muchas veces un centro de atracción de los obreros que quedaban desocupados en este lado de la Cordillera, y de muchos otros gremios trabajadores, y aun sociales, que durante la tiranía de Rosas tuvieron que refugiarse en su suelo, a lo menos para buscar los necesarios medios de vida.

En Chile se había adoptado, como dije, la Ordenanza, de Méjico, o sea el sistema del trabajo forzado; y la primera revolución social de Chile obedece, tiende, al mejoramiento de la producción y de la industria, y de ello se han preocupado sus principales escritores, Lastarria, Amunátegui y otros que no citaré.

La reforma de la legislación minera del año 1889, fué muy discutida, como lo ha recordado en su discurso el señor senador por la Capital. Se hizo grandes argumentos en pro y en contra, como siempre sucede; pero, naturalmente, cuando se trata de una discusión, no es justo citar sólo los discursos, porque en todo debate hay siempre discursos en pro y en contra; lo que hay que citar es la solución, porque ésta determina el triunfo de la doctrina.

El Congreso de Chile adoptó para su nuevo Código el sistema del canon, considerándolo susceptible de hacer progresar esta industria. Claramente lo expuso el Presidente Balmaceda en sü mensaje, cuando dijo:

“Es umversalmente reconocida la necesidad de constituir la propiedad minera sobre la base única de la patente; porque ella ampara, reglamenta la propiedad, evita litigios azarosos, atrae el capital extranjero y permite la organización de la minería en forma vasta y acabada, que asegura su constitución como una industria verdadera.”

Antes de esa época se había encargado a una comisión de distinguidas personas, vinculadas a la minería de Chile, de preparar un proyecto de Código. Esta comisión se expidió en 1875, manteniendo el trabajo obligatorio como un medio de conservar la propiedad; pero este proyecto no fué adoptado por el Poder Ejecutivo, y por consiguiente no fué sancionado por el Congreso: fué desechado; y bien es sabido que de la adopción de este nuevo sistema ha dependido el extraordinario desarrollo de la industria minera en Chile, hasta el punto de constituir una de las bases de su sistema financiero; y al decir esto, no me refiero sólo a minas de metales, sino a los grandes depósitos de salitre y de fosfato, que constituyen su riqueza nacional, y se explotan por el sistema de la libertad, que es el único compatible con las grandes industrias.

§ 3.

Bolivia dependía antiguamente del Virreinato del Perú, y se regía por las viejas Ordenanzas de esta denominación. Después, cuando la creación del Virreinato del Río de la Plata, entró a regirse por las Ordenanzas de Méjico, las que conservó hasta muy avanzado el siglo XIX, puesto que en 1880 recién se adoptó el régimen actual, que constituye, con otras leyes posteriormente dictadas, un verdadero Código, lleno de doctrina y de progreso, en el que debe inspirarse toda legislación de los nuevos países sudamericanos.

El resurgimiento de la minería de Solivia data de esta época. Antiguamente era casi ignorada, casi desconocida des-pues del agotamiento de los antiguos veneros de Potosí, y hoy es una verdadera fuente de riqueza para esta república hermana. Y es curioso, señor Presidente, que sean los que nosotros consideramos Estados más pobres y menos desarrollados en grandes industrias, los que nos han de dar la lección en esta materia; y es justo recogerla, cuando esa lección es sabia y experimentada.

Estamos obligados a reconocer el enorme progreso que esta reforma representa, y aprovechar para nuestro propio país el noble ejemplo de estas naciones vecinas y hermanas, que se han criado junto con la nuestra, que han trabajado y sufrido juntas todos los inconvenientes del monopolio colonial, y que en materia de minas han tenido el medio de independizarse mucho antes que nosotros, hasta el punto de ver el resultado de que todas ellas tienen hoy sus minas en movimiento, tienen sus corrientes der capitales perfectamente establecidas y normales, y su vida económica asegurada gracias a esta industria, la cual tiene tantos prodigios guardados en su seno para los que saben explotarla, mientras que la República Argentina, que se ha quedado sólo con Guatemala, en la América Española, manteniendo el sistema del trabajo forzoso, no tiene hoy una sola mina en explotación en su vasto territorio.

Yo creo que ante este argumento no puede haber teoría, ni doctrina, ni ciencia que se tengan, sean cuales sean los defectos del sistema del canon, y las ventajas que se atribuyen al sistema del trabajo obligatorio. El hecho histórico es, que todas las grandes empresas de minería en nuestro país fracasan a la larga o a la corta, y que en la actualidad, en el momento clásico por excelencia, en que la República, debe explotar o beneficiar sus grandes riquezas minerales, no tiene una sola mina en explotación.

Un distinguido jurisconsulto boliviano, de quien ya hice mención en la sesión anterior, el señor Loaiza, confirma también las opiniones que vengo enunciando, cuando dice que: “Solivia, a pesar de su mezquino y retrógado Código, ocupa el tercer lugar entre las naciones productoras del Atlántico... (y se refiere al sistema antiguo). Operada entre nosotros la misma reforma de la ley, y al abrigo de la paz, no tardará en tomar un poderoso incremento la minería. Allí donde ella ha podido establecerse sobre bases sólidas, inmediatamente ha sido el núcleo de una gran actividad. En descubriéndose bonanza, resuena el grito por todas partes, y de los más remotos lugares confluyen al mineral descubierto con el aliciente de la riqueza: lo que antes era un erial, se convierte en populoso vecindario, las más apartadas soledades se tornan en espléndidas regiones; se abren los caminos como por encanto, porque la minería es industria esencialmente transportadora, y su influencia benéfica se extiende a la agricultura, al comercio y a las otras industrias; se acrecientan las fortunas de los particulares, y con ellas aumenta al mismo tiempo y proporcionalmente la riqueza pública. Estas condiciones no pueden menos que atraer los capitales y el excedente de las poblaciones europeas, ejerciendo también útil influencia, porque crea hábitos de trabajo y de orden, multiplica las clases laboriosas y eleva el nivel intelectual.” Era este el enunciado de la nueva legislación propuesta al Congreso de Bolivia y que rige actualmente.

VIII

La reforma en España. — Sus frutos económicos. — La desidia argentina y sus consecuencias. — La razón de imitación y sus inconvenientes: el ejemplo de los impuestos.

Todas estas reformas proceden de una sola fuente; y no deja de llamar la atención que la misma España, autora del régimen tiránico de las colonias por el monopolio, la esclavitud y el trabajo forzoso, sea la primera que en el siglo XIX, en condiciones apreciables, haya iniciado la reforma liberal y económica de la substitución del trabajo forzoso pof el canon como signo conservativo de la riqueza. Es uno de los frutos que ha dejado la revolución republicana del año 1868, que en su corto interregno tuvo por ministro a don Manuel Ruiz Zorrilla.

Como es sabido, entre las diversas leyes reformistas que propuso, envió también al Congreso la ley de reforma de la legislación de minas, fundada en su célebre “Decreto-ley de bases generales”, que fueron luego elevadas al rango de ley, el 29 de diciembre del año 68. Esta ley ha quedado como la fuente clásica de la reforma en el régimen del canon, y aunque no le pertenezca propiamente a él esta iniciativa, — pues ya demostramos como fué anterior a esta ley, la del Estatuto de Hacienda y Crédito argentino, la primera en presentar la reforma en este sentido, desde que data del año 53,— quiero creer que no era conocida en España, y procedía entonces de otra fuente.

El señor Ruiz Zorrilla decía al fundar su proyecto: “La propiedad en la minería como en todos los ramos de la industria humana, es tanto más fecunda, cuanto menos cuesta adquirirla y más firme es su posesión; pero ambas condiciones faltan en España para el propietario de minas, y por faltar, esta fuente de riqueza se estanca y se esteriliza, y brotan abusos, obstáculos y complicaciones sin cuento. Larga tramitación en las oficinas, investigaciones previas para hacer constar la existencia del mineral, restricciones no escasas para la concesión; esto en primer término, y más tarde un amago constante de despojo; tal es la situación a que está reducida esta importantísima industria y esta clase importantísima de propiedad, si semejante nombre merece el efímero disfrute de lo que, si hoy se posee de hecho, mañana a una simple denuncia, queda en litigio, y que si el denunciador triunfa, es tras largos trámites y con pérdida de la paciencia, de la tranquilidad y del tiempo, que a fomentar la mina y no a defenderla de la malicia ajena, debió emplearse. Faltan, pues, en la industria de que se trata, si al nivel de las demás ha de llegar, estas dos condiciones: facilidad para conceder, seguridad para explotar.”

Y me va a perdonar la Cámara que lea otro párrafo interesante :

“Para realizar la segunda condición, es decir, la seguridad, establece el ministro que suscribe, que las concesiones sean perpetuas y que constituyan propiedades firmísimas, de las que bajo ningún pretexto puedan ser despojados sus dueños mientras paguen sus cuotas correspondientes. Así la denuncia queda anulada por completo: ese eterno peligro de la industria minera, ese amago a la propiedad, ese inmenso riesgo creado artificialmente contra las compañías, y para el cual no hay sociedades de seguros, no existirá de hoy más, y la persona o la asociación que a esta clase de trabajos dedique sus capitales, estará segura de recoger el fruto de sus desvelos sin que la mala fe de un denunciador le arranque, o por lo menos le dispute, lo que en buena ley le pertenece”.

Esto es lo que se llama el Decreto-ley de bases, del 29 de diciembre de 1868. Al amparo de esta legislación fué inmediata la reacción económica producida en la industria minera, como lo atestigua el mismo jurisconsulto Loaiza, quien trae las cifras que importaron al tesoro español las operaciones mineras realizadas inmediatamente después de las reformas. Según los ingenieros Henry Sewel y Denys de la Garde, por sólo lá mina de “Río Tinto”, recibió el gobierno 2.000.000 de libras; se ha invertido más de 9.000.000 de libras de capitales ingleses en compra de minas, construcción de ferrocarriles, muelles y puertos, para la extracción de metales, produciendo al fisco pesos 7.350.000 anuales, término medio, desde 1861 a 1869, cantidad que habrá aumentado, pues que en este último año la exportación era sólo de 3.070.223 quintales, y del año 1869 a 1876 se ha acrecentado la exportación, llegando a 16.000.000 de quintales”. Esto es en el período inmediato a la aplicación de la ley de la reforma al viejo código de minas.

Bien es conocida hoy la influencia considerable que ejercen los capitales ingleses sobre las industrias de España; y muchas de las regiones en que se divide ese rico territorio, han sentido los beneficios del resurgimiento de una industria, que por sí sola basta para mantenerlo en condiciones ventajosas.

Es curioso, decía, señor Presidente, que siendo los países asiento de este régimen del trabajo forzoso los que se han apresurado a abandonarlo, sintiendo en seguida los beneficios de esta reforma, nosotros nos mantengamos todavía aferrados a él por espíritu de teoría, por simple indiferencia, más que por otra cosa, por falta de estudio y atención a esta rama de la industria, y cuando es conocido nuestro país por el espíritu liberal que caracteriza todos los órdenes de su legislación.

El progreso nacional avanza en todos los órdenes; y es curioso, repito, que la riqueza más grande que nuestro país posee, y que podría servir de base para el resurgimiento de sus Provincias, —que antiguamente han tenido vida propia hasta que se produjo este estado de abandono y descuido verdaderamente culpables,— no progrese por no tener un momento de decisión, y por no proceder como proceden todos los pueblos experimentados e inspirados en las nuevas condiciones de la vida.

Es necesario, señor Presidente, que esta indiferencia ter- ' mine. Si es verdad que nuestro Código de Minería es un cuerpo de legislación abundante, extenso, complicado, lleno de ciencia, lleno de grandes verdades, de grandes ventajas, y lleno también de grandes defectos, es necesario, una vez por todas, dar un paso adelante en este sentido, y dejarnos resuelta y valientemente de rendir culto a teorías enteramente abstractas. La legislación minera no es solamente un cuerpo de leyes jurídicas, propiamente dichas, en cuanto rige las relaciones del individuo con la propiedad privada, sino que es una ley esencialmente industrial, una ley de carácter económico y financiero, que tiene que dictarse, por consiguiente, en vista de resultados económicos y financieros, porque ya la parte jurídica no tiene dificultades de ningún orden, porque es perfectamente conocida.

El autor del Código se había educado en la antigua escuela jurídica de la Colonia, y era muy versado en la legislación francesa; pero ésta, que ha servido de base, como las fuentes más abundantes de nuestro Código de Minería, pertenecía a una nación distinta de la nuestra; y es el caso de recordar las palabras de un jurisconsulto peruano: “Se trata de una industria secular, perfectamente establecida y con mercado hecho, mientras que los nuestros son pueblos nuevos, recién desprendidos de la Corona, de siglos de régimen monopolista y despótico y de minería no formada”. Todo esto está diciendo que no podemos nosotros adoptar regímenes financieros y locales por el solo hecho de que son un monumento de legislación, porque el Código Civil francés haya servido de base al Código argentino, y porque las leyes de Napoleón hayan servido de base a los códigos modernos.

Todo esto es ajeno a esta cuestión, y lo único que debemos tomar en cuenta es el punto en debate, es decir, si el medio adoptado por la legislación para conservar la propiedad es ventajoso o no, y si es el más apto para producir el desarrollo, el resurgimiento de esta industria, o bien susceptible de producir atrasos o regresiones. En Francia no existen estos sistemas; existe un sistema compuesto que consiste en una triple contribución de la minería al Estado en forma de renta fija y en forma de renta proporcional. Además del resto de los impuestos que por otros conceptos recaen sobre la minería, pero relativamente a la mina en sí, existen dos impuestos llamados redevance fixe y redevance proportionelle. Estas dos formas de contribución no son iguales, si bien es cierto que la renta fija puede asimilarse al canon, no es con este carácter que la tienen establecida en Francia, sino como una contribución fiscal de la producción de la mina, en proporción a las ventajas o al lucro que recibe el industrial, de la explotación de un bien del Estado.

Por eso es que nosotros no podemos adoptar el sistema de la renta fija combinada con la renta proporcional, porque nuestra industria está en pañales* no tenemos industria todavía, y es este el error de muchos gobiernos de Provincia, al suponer que aprovechan la industria minera, porque fijan patentes e impuestos de toda clase a una industria que todavía no se ha desarrollado y producen el efecto contrario; como sucede en mi Provincia, una de las más pobres financieramente, y en la cual he tenido ocasión de pedir muchas veces que se supriman los impuestos que en algunas épocas se habían establecido sobre diversas ramas de la industria minera.

En épocas en que aun no está la industria desarrollada, y en que lo indicado es más bien un régimen de protección para estimularla sobre bases firmes y estables que faciliten la producción, no es conveniente gravar de esta manera la industria. Y este es el error, repito, de algunos’ gobiernos, que en el deseo de hacer obras públicas y fomentar el progreso general de sus Provincias, apelan muchas veces a esta industria, que parece no sólo tener por objeto sacar oro y plata de la tierra, sino sacarlos labrados y amonedados. Por eso el autor del Código, en esta parte de su proyecto, que no fué aceptada, proponía eximir a la minería de todo impuesto, tributo o contribución. Es natural, que esto no podía ser, porque también era un extremo.

La historia de la minería argentina, de la que no voy a ocuparme en detalle y sobre la cual haré sólo algunas observaciones más, es una historia llena de accidentes y vicisitudes.

IX

Influencia de la instabilidad y la inseguridad de la vida y la legislación, en la historia minera de la República Argentina. — Situación actual de la industria y deber de la hora presente. — La tierra y la mina: su mal destino común. — El retrógrado sistema argentino: la propiedad condicional, incompleta, revocable.

Los partidarios del sistema del trabajo forzoso creen que la minería no produce porque no se trabajan las minas, sencillamente; pero la cuestión no consiste en eso, es elemen-

tal, sino en saber por qué no se trabajan; cuál es la razón histórica persistente por la cual la minería argentina se mantiene inmóvil. Si alguna vez, periódicamente o por intereses transitorios, se aventuran algunas empresas a venir a ocupar grandes zonas para explotar nuestros minerales, no tardan en experimentar una desilusión y desaliento inherentes al esfuerzo estéril. Nuestra minería, diseminada como se encuentra en tan vasto territorio, necesita muchos concurrentes y auxiliares. No basta la ley, no bastan el trabajo forzoso ni las ventajas del canon: son circunstancias múltiples de carácter económico, de auxiliares materiales, de agentes industriales diversos en que consiste el alimento de las minas.

Desde luego la falta de exploraciones científicas del territorio, hechas en una forma metódica, directamente encaminada a producir la atracción del capital extranjero, es lo que ha mantenido alejados a los mineros de otros países. A esto hay que agregar las épocas de desórdenes políticos que comienzan en tiempo de Rivadavia, continúan bajo Rosas y no cesan durante la Confederación. Siempre fueron esas circunstancias anormales para la República, de agitaciones interiores, de despotismos sangrientos, los que motivaron la ausencia por muchos años, del capital, aterrorizado por los excesos, como ocurrió con aquella empresa de que habla en términos tan interesantes el historiador López, la cual se había constituido para la explotación de las minas de Famatina, en tiempo y bajo los auspicios de Rivadavia.

Este episodio está lleno de incidentes de importancia social y política, pues se vincula en una parte con los primeros actos del gobierno de San Juan, del cual se refiere que durante el gobierno del doctor Salvador María del Carril, se propuso éste dictar una carta consaitucional avanzada, la famosa “Carta de Mayo”, que la pasión política y el fanatismo religioso hicieron fracasar. Todas esas cosas reunidas, produjeron una violenta crisis, que dió por resultado un auto de fe curioso, de que se ocupa uno de los exploradores mineros, invitado por Rivadavia, y el cual no sirvió sino para demostrar cómo este país no se encontraba todavía en condiciones de fomentar la explotación minera en condiciones normales, con grandes capitales y personal de trabajo científico.

Otro de los ingenieros explotadores de esa empresa fué a la provincia de la Rioja y, según cuentan las crónicas, se encontró con Facundo Quiroga, quien creyó que este ingeniero llevaba mucho dinero, o que había obtenido preciosos hallazgos de minerales. Se cuenta que hubo un incidente de orden pasional, acaso romántico, que sirvió de pretexto para caer sobre el desgraciado explorador a quien la aventura costó la vida. Estos hechos fueron narrados en Europa, y produjeron por consiguiente, el espanto que es de suponer, y la resistencia a arriesgar capitales, donde no existían siquiera garantías para vivir.

Son estos hechos, reales o legendarios, los que han formado la triste historia de esta industria, en condiciones tan interesantes y dignas de la novela; de todo lo cual resulta, que lo más urgente es desvanecer con hechos elocuentes la inveterada deconfianza que aun existe, y la creencia en la dificultad de acometer empresas de esta naturaleza; y esto no se puede conseguir, sin crear una ley, un sistema que importe todo lo contrario, es decir, que infunda la fe en la propiedad de la mina, como se ha formado felizmente en la propiedad de la tierra. Y yo decía en la sesión anterior respecto de la propiedad superficial de la tierra, a esta garantía que la Constitución establece, hacerla extensiva a la propiedad de la mina, que es tan propiedad como la otra, y un bien susceptible de producir tanta riqueza y quizá más que la misma propiedad superficial. Este es el argumento que nunca han podido contestar los adversarios del canon, mejor dicho, los partidarios del trabajo obligatorio, porque ellos creen siempre que obligando a trabajar la mina, ésta produce más: y éste es el gran error económico, un contrasentido que no necesita ya demostración.

Yo quiero referirme en este momento, con el motivo ocasional de esta ley, a la situación en que se encuentra la República enfrente de naciones de antigua producción y de exportación hacia nuestro país. La guerra europea, que abarca ya casi todo el mundo, ha cortado, como se sabe, las fuentes de comunicación de los productos industriales de aquel continente con el nuestro, en una gran parte, y nos ha obligado, por lo menos, a pensar en la conveniencia de crear un régimen de industria nacional. Evidentemente, no vamos a improvisar este régimen, pero debemos empezar por dar las bases que han de hacernos una nación industriosa, capaz de bastarse a sí misma en sus necesidades en las grandes crisis, como ésta, que el destino depara siempre a las naciones, sin que ellas puedan preverlas.

En muchos aspectos de la vida nacional ésta es una verdad incontestable, a mi juicio. Tenemos que hacer lo posible para crear la base de una industria nacional, atrayendo hacia nuestro territorio los capitales que deberán venir a buscar, por una ley de natural retribución, la mejor inversión de sus ahorros, que si antes de la guerra concurrían con ilimitada facilidad, después de la guerra vendrán, con mayor razón todavía, en procura de una inversión más provechosa para reponer las pérdidas sufridas.

Hay que estar preparado para cuando se abran de nuevo las puertas de la inmigración europea y de los capitales, para recibirlos con confianza y seguridad. Hay que dar a la propiedad minera de la República Argentina, la estabilidad de que carece, porque no es propiedad lo que queda en manos del dueño originario con cláusulas de reversión, en una forma u otra, sin incorporarse al patrimonio definitivo del que la explota.

Avellaneda, en su libro famoso sobre las tierras públicas, ha hecho sentimiento argentino, exponiendo la verdadera filosofía de la materia. Así, en materia de propiedad minera como en la superficial, nuestro país está sufriendo las consecuencias de la mezquindad, contrariando el crecimiento de la población, inferior al que corresponde a otros países en igualdad de condiciones.

Mezquinamos la tierra; no la damos en propiedad al que ha de trabajarla; y entonces nadie vendrá a establecerce, porque nadie va a abandonar su hogar originario para ir a buscar un hogar problemático en tierra extranjera; y por eso, debido a ese criterio curioso de aldea, han creído muchos hombres públicos que el extranjero favorecido con la propiedad de la tierra, va a ser seguido por ésta, y que va a guardársela en el bolsillo y se la va a llevar a su país. Este es un fenómeno imposible, porque la propiedad lo nacionaliza, porque la tierra es inmóvil y el hombre es móvil; de manera que es un contrasentido creer que la propiedad va a seguir al extranjero, mientras es él quien debe seguir a la propiedad; es la ley de atracción natural de todo territorio y de todo país hacia los demás, siguiendo aquella ley humana de que cada uno halla la felicidad donde encuentra su bienestar o su fortuna.

Esta es también la lección que nos suministran otras naciones, como los Estados Unidos. Nos admiramos del crecimiento de este país en igual tiempo, en una proporción infinitamente superior a la de otros estados civilizados en general, y no tenemos en cuenta las causas fundamentales de por qué crecen esos países en mayor proporción que nosotros. Esto se debe a que son más liberales; que tienen el concepto de la propiedad general y particular, y son mucho más progresivos que nosotros.

Bien, pues; en materia de minas el sistema argentino es un sistema retrógrado, mezquino, porque, como dije ya en la sesión anterior, las minas son originariamente del Estado nacional o provincial, según el territorio en que se encuentren, y los particulares adquieren esas propiedades mediante una concesión legal.

Pero el Estado, —como pasa con las tierras públicas,— les pone trabas, les reserva una especie de cláusula reversiva, por la cual el particular no se hace en realidad dueño de la propiedad; porque se le impone una condición de trabajo con determinado número de operarios durante cierto tiempo del año, sometido siempre a riesgos como el de la denuncia privada, es decir, el espionaje legal establecido para desposeer al minero, que se encuentra un buen día, por cualquiera de esas incidencias, sin el número de operarios que corresponde a cada pertenencia. Esta es la espada de Damocles puesta encima de la propiedad misma, y que nunca dejará de producir sus efectos, mientras no cortemos con mano firme y decidida este viejo cáncer de la minería.

En cuanto a la misión del poder público, desde el momento que el Estado se reserva el derecho de entregar la mina a particulares, tiene que crear una propiedad fija, o no crearla; o ser un monopolio de Estado directo, una explotación de las minas por los funcionarios públicos, o una propiedad absoluta en manos de los particulares. Pero una propiedad condicional no es propiedad; y esto influye en el ánimo, en el espíritu industrial de las naciones extranjeras y de nuestros propios nacionales, quienes no se sienten atraídos hacia una industria que no ofrece ventajas de ningún género, y que ni siquiera ofrece las condiciones de satisfacción moral para poder decir: soy propietario, soy dueño de esto. Esa es la razón de por qué el minero no trabaja y de por qué está siempre desalentado; y lejos de confiar en el resultado gradual ' de su trabajo personal libre, y en sus combinaciones financie* ras, está pensando en las especulaciones aleatorias que le ofrezcan una ganancia pingüe, antes que se venza el plazo de la caducidad marcada previamente por la ley.

Entonces, es por eso que fundamentalmente este sistema estimula el agio, la trampa, el espionaje y todos los miles de artificios de ganar dinero sin trabajar. De manera, pues, que si el Estado no va a explotar directamente sus minas, si el Gobierno no se va a hacer minero, tiene que conceder a los particulares que sean ellos en realidad los dueños.

Cuando se dice el Estado es dueño de las minas, parece que el Estado fuera una persona que nos hace, competencia, que nos quita nuestros bienes, o rivaliza con nosotros en las ventajas que la propiedad importa; y el Estado es la sociedad misma; no es más que el representante jurídico de todo el cuerpo nacional, de los ciudadanos y de los habitantes del país. De manera que cuando el Estado cede en propiedad la mina a un particular, no la enajena de la Nación, —se la entrega al verdadero dueño, al que ha de explotarla en beneficio común.

Con esto basta para definir la diferencia entre la propiedad originaria de la mina y la propiedad particular; porque es necesario que la mina, como el suelo superficial, sea una propiedad verdadera, y no expuesta a las contingencias de la caducidad en cualquier momento.

X

Críticas al Código de Minería vigente. — La crítica jurídica: el doctor M. A. Saez. — La crítica profesional y técnica. — El trabajo forzoso es antisocial y antieconómico. — La ley de la oferta y la demanda.

Desde que se presentó, señor Presidente, el proyecto de Código de Minería, y se sancionó con buen criterio, librando a la experiencia el descubrimiento de los defectos que tuviera, se manifestaron muchas opiniones en contra de este sistema. He seguido recolectando todas estas críticas; y en este momento, este cúmulo de antecedentes hace que no sepa cómo sintetizar o abreviar mi exposición; pero haré sin embargo, lo posible para ahorrar a los señores senadores la molestia de una exposición más extensa.

El primer crítico que escribió contra el Código, fué el doctor M. A. Sáez, de Mendoza, jurisconsulto de espíritu liberal y amplio, quien observó, en primer término, la inmensa desventaja que había en adoptar este sistema de trabajo forzoso, recordando lo que había pasado antes; pero dada la forma como se sancionó el Código, no se pudieron tomar en cuenta sus observaciones. Los mineros prácticos también han observado estos defectos; y yo haré conocer en seguida algunas observaciones de mineros respetabilísimos de Chile, Perú y otros países.

Además, si es que en realidad conviniera a los industriales el sistema del trabajo obligatorio, como se ha afirmado, los gremios industriales habrían manifestado alguna vez, en forma de petición colectiva a los poderes públicos, su anhelo de verlo conservado; pero no ha sucedido así, y sólo algunos abogados teóricos, —entre los cuales yo mismo me he encontrado cuando estudiaba por primera vez esta legislación, penetrado de las antiguas leyes,— hemos considerado este sistema, en teoría, como el mejor, dado el aforismo conocido de que la mina para que produzca es necesario que se la trabaje. Entonces yo me decía, que si el trabajo es la ley de la mina, debía de ser así; pero no es ésta la razón, como he tenido ocasión de manifestarlo: y la experiencia, que es la más sabia maestra, ha marcado ya el camino que debe seguir esta legislación. Al decir experiencia, no me refiero a lo que han dicho los demás, sino a la comparación de la legislación escrita con los resultados reales; y esto es lo que me induce, en primer lugar, a estar con el sistema del canon.

Se ha citado opiniones de ingenieros vinculados con esta industria, pero no se ha citado opiniones de personas que hayan trabajado directamente una mina, que se hayan ocupado de esto exclusivamente, y las opiniones que traeré a la Cámara son de origen técnicamente minero y directamente formadas en las costumbres mineras.

El sistema del trabajo obligatorio como medio de amparo de la propiedad, adolece de infinidad de defectos que no voy a enunciar en particular sino en síntesis. Basta enunciar que la mina es trabajada obligatoriamente, para decir que no tiene un beneficio cifrado en el principio económico de la oferta y de la demanda. Una persona que obtiene una mina de oro, de cobre, en momentos en que estos metales no son demandados por el mercado, no tiene un interés ni puede ser obligado a trabajar la mina. Una persona que tiene una concesión de borato, por ejemplo, caso que tanto se ha citado aquí, en momento que no hay demanda de borato en el mercado, ¿en virtud de qué principio económico sería obligada a extraer borato constantemente, si está mejor guardada la substancia mineral debajo de la tierra que en la superficie? Debajo de la tierra no se deteriora ni se destruye, mientras que en la superficie, en canchas fuera de la mina, se ex* pone a todos los inconvenientes de deterioro y pérdida de su valor. La mina que es verdaderamente útil, debe conservarse donde está, en condiciones accesibles para el trabajo, cuando el mercado la reclame, o cuando la ley de la oferta y de la demanda, venga a reclamar del minero el tesoro escondido. Pero obligar a una persona a gastar enormes cantidades, para extraer y conservar minerales que no tienen una inversión inmediata en el mercado, es verdaderamente cometer, no digo ya un error, sino un crimen económico, porque no hay obligación ni ley alguna que obligue a una persona a trabajar sin fruto, porque esto sería una ley enteramente regresiva, inconsulta, en el sentido más lato de la palabra.

He citado ya, al hablar en la primera sesión sobre este asunto, la diferencia del concepto de la época colonial, porque el Rey mandaba trabajar las minas para sí a fin de aumentar su tesoro personal de metales y piedras preciosas en particular; por eso es que se ve, que se exceptuaba el trabajo de otras minas de orden secundario, que no tenían un valor inmediato acumulativo, y porque en aquellos tiempos, hace tres siglos y medio, la ley de la oferta y de la demanda, —la circulación y el estrechamiento de relaciones comerciales de todas las naciones del mundo,— no era tan apremiante como ahora. Hoy esta es una ley imperativa, mientras que en aquellos tiempos no existía.

Obligado, pues, el minero a trabajar forzosamente en sus minas durante 230 días en el año, y sujeto a todas las condiciones materiales y fatigas de toda especie, es, además, una pena, significa infligir un castigo al minero que se ha aventurado en una región despoblada e inclemente, en busca de un beneficio para la Nación; y en cambio, se le paga con una pena obligándole a gastar y minar su salud y su fortuna, sin provecho alguno, sin tener probabilidades de exportar y vender en un mercado conveniente, el producto que saque de su mina. ¿Qué ley humana puede tener razón para exigir semejante sacrificio estéril a un hombre? Por eso es que el sistema despótico colonial no respetaba la libertad humana, porque los indios eran personas miserables y los esclavos eran esclavos, y el criollo, aunque era reconocido coro persona, sus fueros de libertad personal no eran tenidos en cuenta. Se explica así el régimen tiránico de la corona, que como una aberración viene ahora a resucitarse por una escuela que no sé debido a qué anomalía se apoya también en el despotismo por un lado y en la democracia por el otro.

Por otra parte, señor Presidente, como punto de vista económico, la producción permanente de las minas de metales o minerales en general, que no son demandados por el mercado, importa crear un estancamiento que no puede ser sino perjudicial para la misma nación que lo ha producido.

Estos son valores muertos, y por consiguiente, valores regresivos en la economía nacional y en la economía general. Crear valores muertos es estancar el progreso. Por eso es que la ley de trabajo forzoso es antieconómica, es antisocial. Sucedería lo que pasa tantas veces en las grandes minas. Yo he tenido ocasión de ver en mi Provincia minas de oro riquísimas, con gran caudal de mineral acumulado, que no tienen mercado ni tienen salida posible fuera de la “cancha de la mina”, como dicen los mineros; porque falta el resto de las condiciones económicas que hacen posible y necesario el movimiento de una propiedad arrancada al seno de la tierra.

Luego, señor Presidente, la ley fundamental en materia de trabajo de minas, es la oferta y la demanda; y esto no puede obtenerse con el trabajo forzoso. No ocurre así si se opera con un sistema como el del canon permanente, según el cual cada minero es propietario de su mina y la tiene disponible para responder a la demanda del consumidor extranjero; y puesto que la utilización de los minerales en el mercado universal es un fenómeno intermitente, alternativo, —porque no todos los minerales se usan en todos los momentos, sino que hay a veces más demanda de unos que de otros— actualmente se puede decir que el cobre vale más que el oro. Todas las minas de oro del mundo producen suficiente cantidad para abastecer el mercado universal, y el mercado monetario; mientras que el cobre hace falta por el desarrollo de la electricidad, por la fabricación de armas en Europa, y por otras razones vinculadas al progreso de las industrias químicas, que hacen hoy su demanda universal a tal punto, que se ha podido ver cómo hace tres años el valor del cobre era en plaza de 52 a 53 libras esterlinas la tonelada; y hoy llega a 200 libras esterlinas.

Y entonces, yo digo: si una nación que posee como la nuestra, inmensos depósitos de cobre, como el mineral de Fa-matina, en la provincia de la Rioja, cuya zona mineral a base de cobre abarca 30 kilómetros por 20, según los exploradores más sabios, no veo cómo podamos disculparnos ante nosotros mismos, ante el criterio patriótico, de mantener inactiva una producción que haría la riqueza de nuestro país, en este momento en que está haciendo la riqueza de otras naciones que han tenido la previsión de explotar sus minas de cobre para suministrar a Europa la cantidad que necesita por el precio que ellas quieren imponer al mercado universal.

Yo no pregono la ley del egoísmo nacional, pero no pregono tampoco la ley de la tontería nacional; que teniendo artículos por los cuales puede enriquecerse, está padeciendo miserias, penurias y crisis, cuando podría abastecer al mundo entero con lo que le sobra en las entrañas de su territorio.

XI

La grande y la pequeña industria: el trabajo obligatorio impide una y otra. — Las minas y el crédito bancario: la hipoteca minera. — Ausencia de un título perfecto.

Se ha hablado mucho, señor Presidente, de la “grande industria” y de la “pequeña industria”. Dicen del trabajo obligatorio sus partidarios que estimula la “grande industria”, y el canon, por el contrario, detiene el trabajo de las minas y facilita la conservación de las mismas sin trabajo. Esta es simplemente una cuestión de espejismo; es un error experimental y práctico.

El sistema del trabajo obligatorio, como su nombre lo dice, obliga al minero a trabajar con cuatro operarios en cada pertenencia, durante un tiempo del año. El sistema del canon, no obliga al trabajo con ningún número de operarios; es decir, declara la libertad de la explotación; de manera, que la ley, por este sistema, viene a regular una proporción media de producción, equivalente al trabajo de cuatro hombres en una pertenencia. Las pertenencias son de 300 metros por 200, en la primera categoría, y en las otras varía según la clase del mineral.

Se ve, pues, que el sistema del trabajo obligatorio establece una proporción matemática de producción, regulada por el trabajo de cuatro hombres; mientras que la libertad de trabajo facilita y permite los dos extremos. En tiempo de carestía minera, el minero pobre no puede trabajar, y a eso se debe que los distritos mineros de la Rio ja, como el de Fa-matina y otros, se encuentren en la más espantoso miseria, emigrando sus individuos a centenares hacia las Provincias vecinas, que les ofrecen trabajo, y abandonando lo que ha sido para ellos el sustento habitual de toda la vida. Por esa razón es que se ha producido la miseria existente hoy en todos los distritos mineros; y por qué los poseedores de minas, que las pudieron obtener por la facilidad de adquisición, no las pueden trabajar, y llega entonces cualquier aventurero y se las quita, sin que les quede el consuelo de tiempos más antiguos, en que un hombre podía extraer el mineral de su pertenencia, trabajando él solo por medios primitivos, pero siquiera pudieúdo ganar su subsistencia mientras llegan tiempos mejores para la industria.

Los mineros pobres, aquellos que estaban acostumbrados ante a realizar esa labor individual, no pueden tener siquiera el beneficio de vender en la plaza sus metales, arrancados por su propio esfuerzo, porque no es posible mantener la mina con el trabajo de un solo operario, que sería el mismo dueño, pues deben mantener como mínimum, cuatro operarios por pertenencia.

Se vé, pues, que el sistema del trabajo obligatorio, no es el que conviene al trabajador pobre, pues por este sistema no es posible que conserve la propiedad ni se estimule tampoco la gran producción. En esa forma las grandes compañías pueden monopolizar una región, manteniendo el trabajo de cuatro operarios en cada pertenencia, lo que no es nada para una compañía, pero para un pobre es un imposible.

Por otra parte, señor Presidente, siempre dentro del sentido económico, el estímulo al capital extranjero no puede realizarse por el sistema del trabajo obligatorio, mientras se mantenga lo que se ha llamado la espada de Damocles sobre la propiedad; porque los capitales de las empresas mineras de Europa se forman por la subscripción de todos los pequeños rentistas que tratan de colocar sus dineros en acciones mineras, como ha sucedido, y es porverbial, en las minas de Sud Africa y Estados Unidos; pero el pobre que invierte sus ahorros en acciones de una sociedad minera, lo hace en la seguridad de que va a transcurrir un tiempo suficiente para que ese capital produzca su renta, y entonces él reciba el beneficio proporcional a sus acciones.

Pero una empresa minera de proyecciones aleatorias, de continua instabilidad, de inseguridad absoluta, no puede atraer nunca la subscripción del pequeño capitalista. ¿Cómo puede establecerse una renta vitalicia sobre una propiedad que tiene pendiente sobre sí la condena de caducidad debido a un descuido, a una mala administración o a otra causa? Esto explica por qué las empresas mineras no atraen la confianza pública, y no pueden conseguir la formación de capitales para ese género de inversiones, y esto mantiene la paralización de tan valiosa riqueza del país.

Es necesario, pues, incitar esos capitales, y entre los medios de estimularlos, no hay uno más eficaz que el de la adopción de un sistema legal que asegure la propiedad perpetua, irrevocable, de la mina, como lo es la de la superficie de la tierra. Es natural, se dice también, que la mina esté sometida a contribuciones como la superficie del suelo, y que en alguna forma contribuya al mantenimiento del orden social por medio del impuesto. Esta es la forma mínima que la ley establece, equiparándola al resto de la propiedad superficial, para mantener la propiedad de la mina, como una verdadera propiedad. Una de las cosas, como decía, que se ha notado en el país respecto del fomento de la industria minera, es la falta de suministro de capitales, la falta de confianza en los bancos de descuentos, o los hipotecarios para hacer operaciones sobre minas; y es proverbial en el mundo de las finanzas y reconocido hasta en la carta orgánica de los bancos hipotecarios, que “no hay dinero para minas”. ¿Por qué esta condena a la propiedad de la mina respecto de la hipoteca y del préstamo común? Por la condición de inseguridad e instabilidad de la propiedad y por la imperfección del título de la misma.

Los bienes que constituyen una mina no son la mina sola: son todos sus accesorios; porque, por una teoría antigua, todos los muebles inherentes a una mina se consideran inmuebles; de modo que la mina ofrece en sí misma mucho más valor para la hipoteca que la propiedad superficial, la cual, es cierto, ofrece en cambio la producción periódica que permite el más largo plazo y da más fácilmente un rendimiento; pero la mina produce, si es trabajada racionalmente, mucho más en menos tiempo que la propiedad superficial. Así resulta un buen negocio hecho en forma regular, y es mucho más conveniente para los bancos el préstamo sobre la mina, porque le devuelve el capital con exceso en mucho menos tiempo. Estas son las razones de por qué las minas de nuestro país no tienen crédito sino en Europa, y ante uno que otro especulador seducido por las personas que dirigen la sociedad, o por otras causas que incitan al agio de bolsa, y la subscripción de capitales por acciones. Basta mencionar las empresas mineras que han venido a nuestro país, salvo algunas excepciones honrosas: muchas han sido, en primer lugar, sociedades especulativas, sociedades de agio, que si al principio lograron interesar algunos capitales, las dificultades posteriores han precipitado a los capitalistas a salvar sus capitales por medio de operaciones de bolsa.

Esto que digo de la hipoteca, no es simple conjetura mía; es también la opinión de Fuentes de Castro, quien al hablar de la nueva ley del Perú, enuncia esta misma cuestión en forma convincente:

“Rompiendo el Código con la añeja doctrina de la hipoteca, que sólo se creía aplicable a los inmuebles, establece esta garantía real sobre las minas, sometiendo el contrato que la cause a las reglas establecidas por el derecho común. Aun más, concede al acreedor hipotecario de una mina el derecho de pagar el impuesto que obliga al propietario, adquiriendo por este hecho el título de preferencia sobre cualesquiera otros acreedores, y autoriza la creación de bonos hipotecarios. Se ve, pues, que hay en esta declaración legal un derecho nuevo, una garantía en favor de los créditos que se contraigan para la explotación de minas, semejante a los que tienen por objeto el cultivo y la labranza de las tierras y de la industria agrícola, expresada en las leyes especiales de instituciones del crédito territorial y agrícola”.

Luego, señor presidente, si nosotros lográsemos, por la creación de un título absolutamente perfecto, tal como lo define el Código Civil, respecto de la propiedad superficiaria, crearíamos no sólo la posibilidad del descuento bancario, y del crédito hipotecario en favor de la mina, sino que crearíamos, en favor de los bancos esta nueva base, este nuevo objeto de especulación, que hoy queda limitado simplemente a los terrenos superficiarios.

XII

Opinión inédita contra el sistema vigente: del señor Adolfo Ibáñez. — El trabajo forzoso y el denuncio: la espada de Damocles sobre el propietario. — Ideas de reforma. — Una valiosa opinión técnica del Ingeniero Emilio Hüniken. — Su proyecto de reformas. — Una ilustrada opinión jurídica sin firma de autor.

Voy a acelerar la terminación de esta exposición, a la cual he sido obligado por la forma en que el señor senador por la capital planteó el debate; pero no puedo dejar, naturalmente, de citar algunas opiniones, que son, a mi juicio, convincentes, porque he prometido autorizar mi palabra con la de verdaderos sabios en esta materia, y no con la de aquellos que, por compromisos teóricos o doctrinales, se ven obligados a sostener, sin mayor interés, una doctrina dada. Voy a citar la opinión de dos autoridades que en el gremio minero de América son indiscutibles e insospechables. La primera de ellas es la del señor don Adolfo Ibáñez, huésped nuestro hace algunos años y a quien, dada su competencia en materia jurídica, la Facultad de Derecho de Buenos Aires le otorgó el título de miembro honorario. Tengo en mi poder un escrito inédito del señor Ibáñez; inédito porque fué presentado como dictamen a la Sociedad Nacional de Minas, que se formó, hace más de veinte años, y del cual era presidente el conocido y apreciado industrial señor Adolfo E. Carranza.

Se le pidió al señor Ibáñez su opinión sobre el Código de Minas, y él contestó entre otras muchas cosas que no están en debate, estas palabras que, como son inéditas, tendrán más tolerancia los señores senadores para escucharlas. Dice el señor Ibáñez: “Mas ya que so protexto de utilidad pública o de cualquiera otra consideración, se ha puesto a la propiedad o al dominio del suelo las limitaciones que casi todos los códigos establecen en favor de la minería, fuerza es que la misma propiedad minera, ya que así se ha constituido, reúna en cuanto sea posible, todos los caracteres y atributos del más amplio dominio. El amparo por medio del pueble y el trabajo es lo más ocasionado a la instabilidad e incertidumbre del minero.

“Ese medio es el origen y causa de los infinitos pleitos en que se ve envuelto, tan pronto como la suerte, o una atinada dirección en los trabajos, le han hecho encontrar el filón apetecido, o el rico alcance que ha perseguido con tesón.

“El denuncio por despueble es la espada de Damocles que siempre pende sobre la cabeza del minero, sujeto a una legislación que lo establece. La patente, mientras tanto, o el pago de una contribución como reconocimiento de una regalía del Estado salva todos aquellos inconvenientes, y viene a establecer una especie de conciliación entre los partidarios de la propiedad exenta de limitaciones, y los que sostienen el principio de la utilidad pública y derechos exclusivos del mismo Estado. A mi juicio, pues, es necesario modificar en este sentido las disposiciones que al respecto contienen los párrafos primero y segundo, título noveno, del Código vigente y las demás que con ellos se relacionan.

“El proyecto de reforma que pende actualmente ante la consideración del Senado, adopta en este particular un siste-^ ma mixto bastante ingenioso, como es de verse en el título séptimo de dicho proyecto. Mas este sistema mixto, lejos de allanar los inconvenientes del pueble, o amparo mediante el trabajo, no hace sino aumentarlos, introduciendo un nuevo elemento perturbador que complica todavía más el derecho de conservar la propiedad. En lugar de la simplificación viene la complicación. Lo que en realidad tiene este título de verdadera importancia, es la disposición contenida en el artículo 120 que por lo mismo copio a continuación:

“Dice así: “Los Estados no pueden someter las minas o su producción, como tampoco los establecimientos destinados al beneficio de sus propios metales, ni los talleres, acémilas y vehículos para uso exclusivo de sus concesionarios, a ningún otro impuesto que el papel sellado de actuación”. Con ello, y con el pago de la contribución de patente, los mineros quedan exentos de toda otra gabela de este género. Tal disposición, además de importar la mayor forma de protección que puede prestarse a la industria minera, importa a la vez la solución satisfactoria de muchas otras cuestiones que se tocaron en el seno de la Junta el día de la sesión de mi referencia.” (1)

Pero además de esta opinión, que del punto de vista jurídico y experimental tiene para mí un inmenso valor, citaré la de otro verdadero sabio, no ya en jurisprudencia, sino en minería, y que al mismo tiempo que fué ingeniero de minas y geólogo procedente de la escuela alemana, contribuyendo a enriquecer la ciencia geológica argentina, ha sido durante largos años minero práctico en Chile y también en nuestro país. Me refiero al ingeniero Emilio Hüniken, hijo de noble familia, alejado de su patria por razones que ignoro y residente en Chile desde los últimos tiempos de nuestra Confederación, hasta que vino a radicarse definitivamente en la Rioja, donde ha ejercido su profesión, dejando al país, en libros que por desgracia no creo sean suficientemente conocidos, el fruto de su larga experiencia de minero, de ingeniero y de práctico, como ingeniero geólogo en los distintos minerales del interior de la República.

El señor Hüniken, con motivo de la primera Exposición Nacional de Minería, presentó una serie de trabajos de exploración geológica y mineralógica, en donde exponía el capital minero de cada una de las provincias del interior, desde Mendoza hasta Jujuy. Su libro es un tesoro inagotable de observaciones y de ciencia útil y práctica para todo industrial. Este hombre, que había abandonado su país, donde tenía gran porvenir como hombre de ciencia, vino a vincularse con nuestra industria minera y vivió en ella cerca de cuarenta años. Por eso me permito citar sus opiniones, más como las del minero científico y práctico, que como las de un jurisconsulto,

(1) Véase Apéndice del cap. II.

puesto que él no profesaba esta ciencia. A su enorme erudición en otras materias, se unía un espíritu justo y equilibrado.

Hablando del amparo sobre las minas, en un trabajo que tuve ocasión de pedirle personalmente, y sobre el cual me contestó, con la galantería que lo caracterizaba, con un verdadero libro en que estudiaba el Código de Minas bajo el punto de vista científico y práctico, dijo lo siguiente:

“Los gobiernos de los Estados que desde tiempo inmemorial son dueños de los tesoros subterráneos, exigen en todos los países del orbe, como única recompensa para la cesión de una pertenencia de minas, que sea trabajada, por ser éste, el trabajo, el único medio de hacer progresar la industria minera, este ramo importantísimo de la economía o hacienda nacional.”

“Nadie puede negar que tal obligación es lo más sano, necesario y justo que puede haber; pero al imponerla, hay que reflexionar muy bien sobre todas las circunstancias del caso.

“Es preciso conocer bien el estado social e industrial del país para el cual se quiere legislar, conocer su población, su agricultura, su vialidad, su topografía, su meteorología, el carácter de sus habitantes, su comercio, los recursos generales, etcétera.

“Poco de esto ha tomado en cuenta el redactor del Código de Minas para la República Argentina. Es imposible que las leyes sobre minería sean cortadas con la misma tijera para todos los países; aún en nuestra República, que es más grande que el Imperio federal de Alemania y la República Francesa juntos, se deben hacer las diferencias del caso entre los Estados del sur y los del norte, entre los cerros nevados de la Tierra del Fuego y las playas tropicales de Misiones y Jujuy.

“El mandato de amparar las minas con cuatro operarios y por tantos días fijos en el año, se ha hecho ya estereotípico para todos los códigos, y las palabras de un legislador, Gamboa, que cita el doctor Rodríguez varias veces, en vez de favorecer la minería rioj ana, la matan.

“Son éstas: el que carece de dinero para costear el pueble, debe buscar otro oficio, pues lo principal es el caudal para la labor y el pueble, que siempre la mina quiere mina.

“Creo que esta máxima es completamente errónea. Ella da a los acaudalados el monopolio de trabajar las minas; y si las minas dan lo suficiente para costear todos los gastos de amparo ¿quién no las ampara?

“Debemos dejar aquí constancia de una verdad. Todo lo que es hoy nuestra minería riojana, los progresos que ha hecho, el gran comercio que ha creado al pie, y alrededor del cerro de Famatina las simientes halagüeñas para un gran futuro, todo, se debe únicamente al minero pobre, sin caudal, pero lleno de entusiasmo, laboriosidad y constancia sin igual. Estos zapadores del progreso han mostrado al mundo, desde hace más de medio siglo, que tan sólo con el tesoro o caudal del trabajo se pueden explotar millones en las faldas y cumbres de nuestra serranía. Exigir aquí el trabajo de cuatro mineros, como dicta el artículo 270 del Código, para amparar una mina, es dar el golpe de muerte a la minería”. Y termina más o menos diciendo: “Es completamente injusto el querer aplicar un sistema de rigor a una industria, cuando a las demás se las deja en plena libertad. A los plantadores de caña, como al que cría gusanos de seda, la ley no les exige determinado número de trabajadores, confiando en que el esfuerzo individual, será más tarde el trabajo colectivo que honra y da riqueza a un país.”

Y sigue en ese mismo orden de ideas con otras observaciones que ya me parece largo reproducir.

Para concluir, citaré la opinión de un jurisconsulto, emitida sin firma en un diario de esta Capital, en el que ha publicado un estudio sintético del Código de Minería, que por sí sólo serviría para repetir ampliamente y en su conjunto toda la argumentación que se pueda hacer; pero voy a citar sólo algunas de esas observaciones:

“El trabajo constante de una mina no depende de una imposición injusta y arbitraria, porque la producción minera, como cualquier otra, está sujeta a la ley de la oferta y de la demanda. Cuando el cobre se cotiza en Londres a libras esterlinas 85 la tonelada, no hay poder bastante para obligar al minero de la Rioja, por ejemplo, a que trabaje sus minas, porque el precio de costo es mayor que el de venta; y preguntamos ¿qué beneficio recibe el interés público del hecho de que el minero se arruine, obligado a proseguir una explotación que no le conviene?

“Si la depresión del mercado pasa y el precio sube, el interés por la explotación renace y las minas vuelven a ser trabajadas con empeño.

“Dos conclusiones se derivan de esta observación, a saber: primera, que el trabajo de la mina no depende de la obligación impuesta por la ley; y segunda, que si ha de ser provechoso para el industrial y para el país, debe ajustarse a las fluctuaciones del mercado y ser constante y enérgico o intermitente, según convenga.” Sigue sus observaciones y más adelante dice: “Además, ¿qué interés público es éste vinculado a la explotación minera que lleva al Estado a imponer obligaciones tan irracionales y a cometer injusticias tan irritantes? ¿Por qué no sujeta a las demás industrias a la misma legislación? La agricultura, por ejemplo, es en nuestro país una industria mucho más importante que la minera, y en ella está el interés público especialmente empeñado, y sin embargo, a nadie se le ha ocurrido que se podía despojar al agricultor de sus campos sólo porque no los cultive.”

Y concluye en una serie de consideraciones interesantes, en estos términos: “Afirma nuestro codificador que el trabajo obligatorio deriva necesariamente del principio regalista” (argumento que hace el señor senador por la Capital erróneamente, desde que la propiedad de la mina corresponde originariamente al Estado, y éste la adjudica al particular en la forma más conveniente) “que con él se justifica, porque se sirve al interés público, multiplicando la producción mi-ñera y fomentando con ella todas las industrias. La experiencia, sin embargo, demuestra lo contrario: durante los años de vigor del sistema, la minería nacional se ha arruinado. Las más ricas y fabulosas minas del país quedaron poco menos que abandonadas, y en los últimos años no había un solo minero que no estuviese al borde de la ruina. Si esto no prueba que esa crítica situación se debía por completo a leyes inconvenientes, prueba la ineficacia del trabajo obligatorio, como medio de mantener las minas en constante explotación.

“Además, es falso que el trabajo obligatorio sea consecuencia racional del regalismo, porque este principio se aviene perfectamente con el amparo por medio de la patente, el cual, además, consulta el interés público, porque libera al minero de la odiosa obligación, le ofrece una propiedad firme y segura, en la cual puede invertir confiado sus capitales, y deja librado a su albedrío graduar la explotación según las exigencias del mercado, y las leyes inexorables que rigen la producción en relación con el consumo.”

Una faz de esta cuestión, señor Presidente, que yo no quiero dejar pasar sin observar, es a la cual generalmente los jurisconsultos que no son mineros, o no han estudiado la ciencia de la minería, poca atención le prestan, es a la consecuencia jurídica que deriva de la naturaleza de las minas, de lo que llamaremos, en general, la técnica minera. Es un hecho muy común en las grandes empresas, —como en las pequeñas,— la inseguridad de las substancias, de las vetas, en su corrida, como dicen los mineros, o en su prolongación. Los cálculos financieros de las empresas se hacen teniendo en cuenta los estudios científicos sobre la extensión y desarrollo longitudinal de la veta minera. De acuerdo con ese cálculo, que por ser subterráneo es siempre incierto, se forman todos los demás que se relacionan con la constitución de la compañía, de los capitales, en cuanto a su monto y los medios de producción. Pero la mina, como que es subterránea, guarda sorpresas naturalmente inesperadas; muchas veces se va a trabajar un filón de gran potencia que generalmente alcanza a cuatro metros por tres, cuatro por cuatro, o cuatro por cinco, que es lo que se llama un gran filón. Pero las montañas están sometidas, como todas las cosas, a diversas causas de variación, o a modificaciones de sus planos, por efecto de los movimientos sísmicos, que son repentinos o son lentos, y producen desplazamientos que hacen, en un momento dado, que un filón que va en un plano horizontal determinado, se interrumpa de pronto, y sea interceptado por otro plano contrario, que le hace perder su dirección y orientación, obligando al minero a detenerse en su trabajo por tiempo indeterminado o indefinido, hasta que nuevas investigaciones le permitan encontrar la línea de continuidad interrumpida.

Otras veces se produce lo que los mineros llaman salto, intermitencias en la dirección de la línea de prolongación del filón. De manera que importa al minero un período de suspensión del trabajo, que puede ser indeterminado y que indudablemente continuará después de una experiencia, más o menos prolongada o prolija, que le permita encontrar la continuación en el mismo rumbo del filón interrumpido. Otras veces se encuentra con la falla absoluta del filón, que es así, como lo llaman ellos: es decir, que se agota de pronto la veta mineral.

En fin; en el primero de los casos, que es el más grave de todos, la compañía o empresa minera de cualquier naturaleza que sea, se ve obligada a suspender su trabajo sin término fijo, sin término conocido, puesto que dependerá de la continuación de las nuevas exploraciones que realice en el fondo de la tierra.

Entonces, pues, señor Presidente, si un minero está obligado a mantener este trabajo constantemente, y sujeto a la pérdida de la propiedad, porque deja pasar dos, tres o cuatro años sin continuar su empresa, indudablemente esa empresa no puede hacer cálculos futuros para afrontar las sorpresas de este género que le reserva la naturaleza misma. Y esto ocurre muy a menudo. En cambio, el fenómeno contrario también no es escaso, el de encontrarse de pronto con una inmensa riqueza acumulada que los mineros llaman stock-works, es decir, depósito accidental de minerales en determinados puntos que, por el equilibrio de las fuerzas primitivas de formación de los minerales en las montañas, han quedado formando grandes hoyadas repletas de minerales. Este es el momento del gran alcance, como dicen los mineros, de gran prosperidad, que les permite realizar en poco tiempo, todas las expectativas que han podido guardar de sus cálculos de rendimiento. Estas son las compensaciones que guarda la naturaleza a los que la trabajan con ahinco. Pero de ninguna manera, con el sistema de trabajo forzoso, a plazo fijo, con intermitencias determinadas, podrá afrontarse situaciones de esta clase, que ocasionan, por consiguiente, verdaderas ruinas y quiebras.

XIII

El denuncio o delación legalizada es inherente al régimen del trabajo forzoso. — El falso argumento del monopolio y del trust, — Valor real y jurídico de estas palabras. — Las asociaciones mineras, sus ventajas y limitaciones en el Código argentino.

El denuncio, que estamos todos de acuerdo —incluso el señor senador por la Capital— en suprimir, porque es la delación oficialmente autorizada, legalmente establecida, contra el minero que no trabaja con el número de obreros obligatorio, es la primera consecuencia que se produce en el trabajo forzoso; y entonces, pues, todos los que están interesados en adquirir la mina, ya sea por denuncio o por traspaso del Estado al particular, están en primer lugar interesados en hacer conocer a la autoridad que el minero ha incurrido en una falta respecto al número de operarios que se le fija. El denuncio tiene aquí su origen y, como decía, fué establecido para estimular en los particulares el descubrimiento de faltas en el trabajo obligatorio: esto se explicaba perfectamente cuando el rey o el fisco directamente se hallaban interesados en la explotación de las minas, a fin de que su trabajo no se abandonara; y por el temor de perder la propiedad al dejarla improductiva, se autorizó esta delación universal para que fueran a manifestar a la autoridad en qué momento y en qué sitio la mina tal estaba despoblada. Esto no puede ocurrir con el sistema del canon, porque el canon constituye una propiedad absoluta de la mina, y no habiendo trabajo forzoso, no hay razón para la denuncia o delación, y el pedimento ante la autoridad. Luego, pues, es evidente como la luz, que la consecuencia del sistema obligatorio es la denuncia; mientras que el sistema del canon no depende de la denuncia, porque si no paga la patente, es la autoridad la primera que lo sabe.

Se ha dicho, señor presidente, que el sistema del pago del canon facilita el monopolio y el latifundio minero. Esto es también un error tradicional, y la palabra monopolio es como el duente de las instituciones liberales del país. Todo el que quiere desacreditar una institución, no hace más que decir: “este es un monopolio, este es un trust"; son dos palabras que se han incorporado al lenguaje alarmista de la época; y todo el que quiere dar una impresión inmediata contra la tesis que ataca, no hace sino enunciar la cuestión del monopolio o del trust.

No es el monopolio malo en sí, sino por el objeto que puede perseguir; ni el trust es malo sino cuando tiene fines malos; pero condenar la natural expansión de las fuerzas humanas, que tratan de abarcar mayor espacio en su medio, es condenar las energías para el trabajo y el espíritu de iniciativa.

El monopolio es solamente condenable cuando abarca la esfera de acción de otros y produce el conflicto de intereses, que la ley es la primera en prever, desde el momento que ha establecido aquel aforismo tan conocido y que por ser tan conocido lo diré en latín: Sic utere tuo ut alienum non laedas: “usarás de tu derecho pero sin perjudicar a otro”.

En el terreno de la práctica el monopolio no es odioso, porque cuando está en manos de particulares, asociaciones o compañías, la ley, naturalmente, lo regula, y la ley minera entre todas, regula el número máximo de pertenencias que puede adquirir una persona o sociedad.

El monopolio del Estado es el monopolio más grande, porque el del Estado, que preconizan los socialistas, es la prohibición de la libertad del trabajo y de la industria, que por ley de la Nación, pertenece primaria y definitivamente a la Nación misma, es decir, a los individuos del cuerpo social, que son los dueños individuales del conjunto de la propiedad colectiva, llamada pública. Por consiguiente, el monopolio del Estado es la violación de esa ley, porque el Estado como entidad jurídica se arroga derechos de explotar una industria que pertenece a los miembros de la sociedad.

El monopolio personal, fuera de los límites racionales marcados por las leyes, es un peligro y un mal, porque impide la concurrencia de las demás industrias particulares; pero el monopolio de Estado es mil veces peor, porque impide sistemáticamente la concurrencia y mata la iniciativa de la industria, que es inherente a todo el régimen económico nacional. Esto no significaría, como dije al principio, que el Estado no pudiera monopolizar, es decir, reservar para su explotación y uso directo, ciertas substancias que están vinculadas con el bienestar social, con el bien público, con la defensa nacional, y por muchas otras razones con que se explica las reservas que de tiempo en tiempo establecen los Estados sobre aquellas, como, por ejemplo, el salitre, el carbón de piedra, el petróleo y otras, y todas aquellas que principalmente contribuyen a cubrir alguna necesidad especial del Estado, o que afectan en cierto modo la defensa de la Nación.

Sobre estas substancias no hay duda alguna, y accidentalmente sobre otras, que por ser de nuevo descubrimiento, de reciente hallazgo, no son conocidas de la explotación privada; y conviene hacer, entonces, explotaciones y ensayos durante tiempo más o menos largo, y suficiente para una experiencia racional, bajo la dirección de técnicos del Estado. Es lo que ocurre con el petróleo de Comodoro Rivadavia; porque no siendo habitual esta industria entre los mineros del país, es racional y prudente que el Estado lo monopolice durante cierto tiempo, hasta formar la costumbre y hacer conocer al país, en toda su particularidad, esta industria, y entonces entregarla a la libre explotación.

No hay que dejarse seducir ni alarmar con el ruido de las palabras. El monopolio no es una institución mala de por sí; es mala por su objeto; como tampoco el trust es una institución mala por sí misma, sino por los fines malos que se propone, porque encarece la vida, dificulta la concurrencia y mata determinadas industrias en provecho de una sola. Todas estas cosas son conocidas en el mercado universal; pero el trust es una necesidad como lo es la asociación misma, porque el trust no es otra cosa que la asociación de empresas con el objeto de defenderse, dentro de un período de crisis, abaratar la producción y salvar-situaciones difíciles de la colectividad. Decir que esto es malo en sí mismo es desconocer el principio de asociación. ¿Puede decirse que toda sociedad es mala porque hay hombres que se asocian para hacer el mal? Este sería un grave error. La sociedad es buena, porque la sociedad es el estado natural de la humanidad y de todos los esfuerzos humanos; y el trust no es más que una asociación de sociedades, de corporaciones o empresas destinadas a un fin dado. ¿De qué puede alarmarnos el trust minero? Ello sería un contrasentido y hasta cierto punto una irrisión. ¿Qué vamos a temer de los trusts cuando no poseemos ninguna industria organizada, ninguna industria minera desenvuelta, desde que estamos recién en el período de gestación? Temer los trusts en estas circunstancias es realmente cometer un abuso de imaginación.

Aludiendo a una industria nacional, radicada felizmente en alqunas provincias argentinas y en el Territorio de los Andes, se afirma una inexactitud cuando se dice que existe una compañía que monopoliza las borateras. Esto, repito, no es exacto, porque al principio, hace muchos años, en 1896, más o menos, se presentó al país la primera empresa explotadora de borato; era una empresa belga, que fué la primera en abrir el mercado argentino al comercio universal, desenvolviéndose hasta constituir otra asociación llamada “Compañía Internacional de Bórax". Esta empresa no ha sido nunca mono-polizadora de los boratos argentinos; yo conozco concesionarios particulares que han sido favorecidos con la propiedad de determinadas áreas de terreno explotables, y sé que actualmente tampoco existe monopolio alguno ni una empresa única, y sé de tres compañías: la Internacional de Bórax, la de Bracht y Cía., y la de Portalis y Cía., perfectamente conocidas de los señores senadores.

Desde el momento en que para una industria naciente, incipiente, existen formadas tres compañías, no es posible decir que haya monopolio, que haya absorción; y tanto es así, que el miembro informante de la mayoría de la Comisión manifestaba en su discurso que dos de esas sociedades, la de Bracht y la de Portalis, se habían presentado solicitando prórroga por dos años, porque no podían trabajar debido a la situación que atraviesan la industria y el comercio de boratos en el país, no pudiendo tampoco ofrecer al mercado universal en condiciones económicas estos productos.

Bien; yo no creo necesario entrar en mayores consideraciones para afirmar que ni el monopolio ni el trust sean un peligro para la industria minera, y además, porque el Código de Minas establece que no puede pasar cada pertenencia de cierto límite en las diferentes clases. No puede pasar en las de la primera clase de 300 metros por 200, cada pertenencia, y además, fija el máximum de pertenencias por persona, ya sean sociedades o particulares; porque es bueno recordar que la ley de minas permite a los particulares ubicar en los filones descubiertos, hasta tres pertenencias continuadas o separadas, y a las compañías les permite crear lo que se llama “grupos mineros", que dependen para su extensión, de la naturaleza de la substancia y de la naturaleza del terreno, y de la manera como se presenta el yacimiento; y así resulta que los grupos de carbón de piedra, según el artículo 268 del Código de Minería, pueden constar de veinte unidades, es decir, de 2.000 metros cuadrados; los de hierro hasta de quince unidades o sea 1.500 metros cuadrados, y las otras, de diez unidades, o sea 1.000. De manera que una sociedad de carhón de piedra, para conservar la propiedad tendría que mantener tantas veces cuatro obreros como unidades, es decir, ochenta operarios para mantener la propiedad de sus minas de carbón de piedra; las de oro de quince unidades tendrían que mantener sesenta obreros, y las otras cuarenta obreros.

Dígase, pues, qué empresa seria, qué industria racional y verdadera, que importe un concurso a la riqueza nacional, f

puese ser ésta de una industria que tiene ochenta obreros empleados en las minas de carbón y sesenta en las minas de hierro! Para esto es mejor, como lo reconocen los hombres prácticos, entregar la explotación al sistema de la libertad del trabajo, porque cuando una empresa minera explota un yacimiento carbonífero es para pesar en el mercado universal, y no ha de echar mano para ello de ochenta obreros cuando necesita ochocientos o más. De modo, pues, que son términos ridículos los que establece este sistema como medio de fomentar la minería, con esta exigüidad de trabajo, que demuestra la imposibilidad de plantear una nueva industria en condiciones ventajosas, y mantener la propiedad con la libertad y discreción que las conveniencias exigen.

XIV

La cuestión constitucional sobre impuesto a la propiedad minera. — El canon es un signo representativo de la propiedad misma. — Opinión del jurisconsulto doctor Ramón Ferreyra.

Antes de terminar, señor Presidente, voy a ocuparme brevemente de la cuestión constitucional que se ha insinuado en la honorable Cámara de Diputados, a propósito de la cláusula del proyecto que establece la prohibición de fijar impuestos sobre la minería, o que crea un solo impuesto Ha-mado el canon minero. Se ha enunciado que el Congreso no puede establecer este impuesto dentro de la jurisdicción de las Provincias que, como dueñas de las minas según el territorio en que ellas estén, son las que deben fijar estos impuestos, su monto y demás circunstancias.

Esta es la cuestión fundamental en el derecho constitucional que me ha requerido mayor dedicación; pero no porque ello necesite mayor tiempo para demostrarlo y resolverlo.

He dicho antes, que la Constitución ha hecho de la materia minera una materia de legislación unitaria. No hay ninguna disposición que se refiera a minas en la Constitución argentina, más que la del inciso 11 del art. 67, que manda al Congreso, dictar el Código de Minería; no hay ninguna otra cláusula que defina la propiedad del suelo ni establezca ninguna otra regla de criterio. Lo único que dice es que el Congreso dictará la ley minera. Quiere decir, entonces, que ha puesto a discreción del Congreso adoptar el método que le parezca más conveniente; y lo único que la Constitución reserva es lo que el proyecto también reserva: la aplicación de la ley minera de fondo, en los procesos a que da lugar su aplicación, de acuerdo con el precepto del inciso citado, que dice: “correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones”.

El Código es nacional y es de aplicación a todas las Provincias, y corresponde a ellas establecer el fuero contencioso y administrativo ante el cual deben ventilarse las cuestiones que derivan de la legislación minera. Esto no lo prohíbe el proyecto. En cambio existen otras disposiciones, —como las del inciso 16 del mismo artículo 67,— que autorizan al Congreso para dictar leyes protectoras de los intereses industriales de la Nación y de todas las Provincias por los medios que crea convenientes.

Puesta en discusión esta cláusula en la Corte Suprema de Justicia federal, con motivo de una exención de impuestos provinciales en favor de una empresa de ferrocarriles, aquel alto tribunal, en una sentencia cuya lectura no he de hacer en este momento, porque es muy conocida de todos los que se ocupan de estas cuestiones, estableció que era perfectamente constitucional, y estaba comprendido dentro de las atribuciones del inciso 16, acordar esta exención de impuestos provinciales y municipales a las empresas que tengan por objeto promover la prosperidad del país e importar capitales extranjeros, etc.

Por otra parte, del punto de vista de las conveniencias públicas, me bastaría leer la nota que el codificador doctor Rodríguez, puso al artículo 120 de su proyecto, para demostrar plenamente la conveniencia económica de la exención de impuestos a la industria minera naciente; y esto confirma, además, la sabiduría con que aquella cláusula constitucional ha sido fijada, a la discreción del Congreso, que determina la ocasión en que debe aumentar, suprimir, crear impuestos inherentes a la minería, pues en su facultad exclusiva está el legislar sobre estas materias. Esto era lo más prudente, lo más sabio, lo que, por otra parte, nada tenía de extraño, y se explica perfectamente dadas las personas que formaron ese cuerpo constituyente, quienes han dejado rastros imborrables en la legislación de esta materia, como con razón citaba el _ señor senador por la Capital.

Para que se vea cómo esta es una opinión fundada, citaré también el caso, enunciado ya por el miembro informante de la mayoría, de que el canon no es un impuesto; el canon no es más que un signo representativo de la soberanía del Estado respecto de la mina, de la propiedad, de la cual se desprende para contribuir a la riqueza común. El verdadero dueño es el pueblo, como he dicho, representado por sus individuos al ejercer las industrias que libremente autoriza la Constitución.

El canon, antiguamente llamado “metálico” por la ley romana, era este impuesto que ahora se establece, es decir, el signo representativo de la soberanía respecto de la propiedad que se acuerda a los particulares. Siendo la mina, como es, propiedad pública y propiedad privada del Estado, “la patente que establece la ley de minas, dice el jurisconsulto Loaiza, propiamente no es un impuesto; es sólo el medio de hacer constar la conservación de la propiedad de las pertenencias adjudicadas; es el medio de evitar que ellas se retengan sin trabajo por personas que no se propongan trabajarlas; es, en fin, el medio de garantizar al adjudicatario procurándole el documento auténtico que hace constar la conservación de la propiedad; tal documento es el recibo que otorga el administrador del tesoro público, del importe de la respectiva patente. Presentado este recibo, el adjudicatario está a cubierto de todo pleito, de toda tentativa que se proponga desposeerle; está perfectamente garantizado. La minería, como toda otra industria, no está libre del impuesto, y contribuye largamente a los servicios públicos.” Entonces sigue estudiando el sistema de impuestos que rige en otros países, y aludiendo luego a la reforma a que ya me he referido, establecida en el régimen español, la enuncia como un modelo para la nueva legislación de Bolivia, y es la que en realidad ha servido de base al nuevo Código de Minería.

Por otra parte, un jurisconsulto argentino de ilustres servicios a la República, un jurisconsulto de los de antigua cepa, de esos que concurrieron a formar la Constitución y a hacer en el espíritu público su ambiente, por la primera interpretación que ellos dieron, —me refiero al jurisconsulto cordobés doctor Ramón Ferreira,— siendo Procurador General de la Confederación, tuvo que expedir una visita muy ilustrada respecto de la jurisdicción minera, y tengo, naturalmente, la satisfacción de coincidir a esta altura de mis estudios con aquel que fué el iniciador, se puede decir, de la doctrina en estas materias. El señor Ferreira decía: “Cuando las minas existan en territorio federalizado o tierras públicas nacionales, ninguna duda puede ocurrir sobre la jurisdicción plena del Gobierno Nacional, porque ejerce una soberanía exclusiva de dominio por la Constitución Nacional, artículo 67, inciso 27; mas si se trata de minas en tierras provinciales, varía mucho la cuestión sobre la intervención o jurisdicción que corresponda en la materia al Gobierno Nacional. La Constitución Nacional le da la facultad de dictar los códigos generales para toda la República, inclusive el de minas, sin que ellos alteren en su aplicación las jurisdicciones locales, según corresponda el asunto contencioso a la jurisdicción federal o provincial.

“También se declaró contribuyente de un impuesto nacional, aunque no se ha realizado el cobro en los años anteriores por pura tolerancia, o falta de organización. Estos títulos bastarían para justificar la jurisdicción administrativa del Gobierno Nacional, su inspección y vigilancia, puesto que proteje y diepensa emolumentos de su tesoro y cobra impuestos de contribución. Pero, además, por dicho artículo 67, inciso 16 de la Constitución, es encargado de proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las Provincias, promoviendo la ilustración, la industria, etc. En todas partes del mundo la industria mineral ocupa la atención preferente de los gobiernos, y es considerada la más influyente en el bienestar y prosperidad del país, de los particulares y de la riqueza pública. Ella es de interés común y requiere la protección y la vigilancia de la Nación, a más de la que puede darle la autoridad local.

“El Gobierno Nacional ha ejercido siempre esta facultad por medio de visitadores e inspectores, siendo uno de ellos el ingeniero don Augusto Bravard, que murió en el terremoto de Mendoza.

“Por los fundamentos expuestos, opina el fiscal que la materia de minas en territorio provincial, en lo contencioso es regida por los códigos nacionales, como la mercantil, civil y penal, sin alterar la jurisdicción local; y que en lo administrativo, ejerce el Gobierno Nacional la facultad de inspección, protección y vigilancia sobre su progreso y el cumplimiento de las leyes de la materia. Por Consiguiente, el Gobierno Nacional sólo debe costear las autoridades y agentes administra-

tivos de la inspección que nombrara, siendo de su resorte exclusivo la elección y dotación del personal, etc.”

Entonces, pues, el jurisconsulto nombrado reconoce en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de ejercer vigilancia sobre una industria protegida por leyes o decretos federales; lo cual no significa desconocer a las Provincias su jurisdicción administrativa y contenciosa, como ocurre en muchas otras materias semejantes. Pero respecto del canon, no entra en la materia administrativa; es, como decía, una institución inherente a la propiedad de la mina; y si el Código de Minería regla la transmisión y la mutación respecto de la propiedad privada, es natural que tome en consideración, como materia exclusivamente jurídica o de derecho común, lo que significa un signo representativo de esta propiedad, que viene siendo transmitida de pueblo a pueblo y de siglo en siglo como parte integrante del patrimonio colectivo. Sucede con esto como en la legislación romana con el canon metálico; y es así como han pasado a la legislación común actual todas estas instituciones como inherentes a la propiedad misma.

Por consiguiente, señor, no tengo ningún reparo en aceptar esta excepción representativa de la propiedad, considerándola, como lo hace el proyecto, no como una renta fiscal, sino como signo-título, como un simple canon representativo de la propiedad del Estado.

XV

Las bases del senador del Valle Iberlucea. — El sistema de la propiedad a término. — El sistema del contrato por cada mina concedida. — Resumen de las ventajas de la reforma. — Votación del proyecto.

Ahora, señor Presidente, voy a ocuparme ligeramente de las bases que el señor senador por la Capital ha enunciado como fundamento del proyecto que dijo presentará, pero que ya forma parte del Diario de Sesiones, al hacer su dictamen como minoría de la Comisión. El señor senador por la Capital presenta siete bases bien conocidas de los señores senadores: una de las más importantes es la que me va a ocupar un momento, la que establece la concesión, el tiempo de la explotación de la mina, el cual nunca excederá de cincuenta años, después de los cuales la mina volverá al dominio del Estado.

Esta cláusula que propone el señor senador por la Capital es absolutamente regresiva, y contradice en absoluto el sistema de la propiedad garantido por la Constitución Nacional, la cual, interpretada y legislada ampliamente por el Código Civil, hace de la propiedad un derecho perpetuo y absoluto, y éste es el carácter que ella tiene en el espíritu de nuestras instituciones seculares.

Pretender, pues, crear una propiedad verdadera y fijar un término de cincuenta años, no es crear una propiedad ni hacer industria, puesto que nadie va a exponer capitales de importancia por una empresa, que no solamente está sujeta a la espada de Damocles por la falta del trabajo obligatorio, sino que tiene, además, el término fijo de cincuenta años, que contradice todas las aspiraciones de libertad de la industria moderna, y la práctica establecida invariablemente por los Estados más cultos, de fijar a esta clase de concesiones, por lo menos el término de noventa y nueve años, como es el uso en los ferrocarriles y otras concesiones análogas. Pero la propiedad de la mina, por su naturaleza, no es regresiva, porque es propiedad inmueble por excelencia; lo único que la diferencia de la otra es la naturaleza de las cosas, porque la naturaleza lo ha establecido así, y porque el propietario de la superficie puede vivir y transmitir de generación en generación su propiedad, sin tener noticias ni advertir tampoco la existencia de riquezas minerales debajo de su territorio.

Este es un principio perfectamente establecido en la vasta literatura jurídica sobre esta materia, iniciada en la época en que Napoleón la discutía con los mismos sabios jurisconsultos que crearon el Código Civil y la Ley de Minas en par* ticular. Napoleón fué en realidad el enunciador de la doctrina de que la propiedad de la mina es diferente de la del suelo; y él, con el espíritu de progreso de las naciones y de la legislación, enunció que la ley hacía de las minas una propiedad nueva, pero una propiedad dentro del sentido de la Constitución y como la consagraba la ley romana; y es por eso que yo reclamo que la propiedad minera sea constituida con el mismo carácter que la propiedad superficial: absoluta, perpetua e irrevocable.

Paso por alto otras cuatro o cinco bases que enteramente salen del marco de la legislación actual, porque afectan otros títulos del Código, y que, como he dicho ya, podrían ser admitidas e incorporadas a la reforma; pero sí, no puedo dejar de mencionar el último enunciado del señor senador por la Capital, cuando dice que el régimen de la propiedad minera debe someterse al que él llama de la concesión, es decir, que una substancia mineral, descubierta por un particular, debe ser motivo de un contrato especial con el Estado, creando así, pues, una situación que llamaríamos de disolución del Código de Minería, porque no existe código allí donde cada una de las materias que son objeto de ese código, va a ser motivo de un contrato particular y distinto de los otros.

Precisamente, se ha codificado las materias que se refieren a las industrias para simplificar este procedimiento primitivo. Esto que se propone el señor senador por la Capital, sería un procedimiento de la época primaria de la civilización, cuando no existía una ley general, y cada uno de las fracciones de las tierras eran consideradas como donativos del rey, soberano o déspota. Entonces se explicaba perfectamente esta especie de regresión que preconiza el señor senador por la Capital, quien también propone —y en esto admiro su lógica— el sistema de la concesión particular de cada substancia. Entonces los códigos no existirían, porque dentro de ellos no sería posible establecer diferencias entre las reglas generales y las excepciones.

El Código de Minería actual contiene la legislación diferencial de todas las substancias, según sus leyes generales de afinidad, según su naturaleza, en primer lugar, y según la substancia, la forma de yacimiento, la manera de explotación y mil circunstancias más que determinan la diferencia, la variación de cada una de estas materias. Por eso es que a unas substancias se les asigna la superficie de 300 por 200, a otras se les dá más superficie, etc.; porque hay yacimientos que necesitan gran extensión, porque el mineral se presenta así en la naturaleza, como ser las salinas o los salitrales, que no pueden ser medidos con la misma regla con que se miden los otros minerales. Lo mismo pasa con los yacimientos auríferos de los arroyos, arenas y filones, cuyos modos de concesión varían según las condiciones naturales del mineral. Pero esto lo sabe el legislador; esto lo sabe perfectamente el Estado; y al dictar la ley minera general, establece las bases de la diferencia de cada substancia; y esto contiene nuestro Código, cuando establece las bases diferenciales para las substancias de la primera categoría y de la segunda con sus subdivisiones, y las de la tercera categoría.

Luego, el sistema que propone el señor senador por la Capital es regresivo, es inconveniente, y requeriría por sí solo una administración vastísima. Ocurriría aquí lo que pasa con el célebre registro de la propiedad inglesa, que data desde el año 600 de la era cristiana, es decir, el libro de la propiedad raíz fundamental, que debe constar ya de varios miles de volúmenes, puesto que registra con toda fidelidad las propiedades de Inglaterra desde aquellos tiempos.

Estas son cosas que ya no se puede hacer en la época actual; y precisamente, la proposición del señor senador, adolece, entre otros defectos, como he dicho, del de su impracticabilidad.

Para terminar, señor Presidente, puedo refundir las observaciones que he hecho, confesando que he eliminado mucha información, porque creo que las manifestadas son suficientes para ilustrar el criterio de la cámara. Pido disculpas a mis colegas por haber tenido que entrar en esta forma de discusión, obligado por la manera cómo el señor senador por, la Capital ha planteado esta discusión, sacándola de sus límites para llevarla al dominio de la ciencia que ya no tiene límites, pero en el cual me he visto forzado a entrar.

En resumen, señor Presidente, puedo decir, que el poder ejecutivo y la mayoría de la comisión, creen que esta reforma parcial satisface las exigencias de la minería actual, consolida los intereses públicos del Estado, y prepara una época de. resurgimiento, como ha ocurrido en todos los demás países coherederos con el nuestro, de la legislación minera española.

Producirá, además, un efecto mejor, como es el de infundir confianza en los mercados europeos proveedores de capital para estas grandes industrias, en la seguridad de que la propiedad minera será garantida por la Nación, contra las vicisitudes de todos los litigios y acechanzas diversas, inheren*) tes a esta industria en el régimen del trabajo forzoso vigente.

Llevará también a los grandes mercados financieros la noticia de haber llegado al fin, para la minería argentina, la seguridad en la propiedad, y la libre concurrencia del trabajo y de la iniciativa privada, sin verse expuestas a cada momen-, to, vuelvo a repetir, ni a las acechanzas, ni a la delación, ni a los caprichos, aun de las autoridades, de las cuales podemos decir, que si hoy son buenas, mañana pueden no serlo.

La Nación, por su parte y cada Provincia por la suya, podrán contar, además, en adelante, una vez que este régimen* se establezca en el país, con una fuente de recursos económicos y financieros, que hoy sólo tienen de nombre, porque al respecto no hay que hacerse ilusiones. Un sabio, Alejandro de Humboldt, decía a principios del siglo pasado, que estas naciones de Sud Américas, dueñas de tan inmensas riquezas naturales, se parecían a un pobre-rico, que teniendo un lecho de oro para dormir, le faltan cobijas para taparse: y nada más aplicable que este símil, a nuestra industria minera.

Difícilmente, señor presidente, habrá provincias mineras más ricas que las de nuestra región andina; y sin embargo. son las que se llaman vulgarmente pobres; son las provincias económicamente más ricas, lo que representa también un fenómeno económico que sólo la ley puede resolver, y es así cómo esa riqueza se revela, no por medios forzados, porque la fuerza no conduce a ningún resultado ordinario y normal, sino por el prestigio de la libertad y la confianza que es la única que estimula la acción fecunda en la vida del hombre.

Por último, la comisión debe manifestar, en su mayoría, que acepta la enmienda propuesta por el señor Ministro de Agricultura en el sentido que él indudablemente le dá, y es de que el Congreso tiene en todo tiempo la facultad de enmendar, aumentar y suprimir cláusulas de las leyes que dicta, tanto de los códigos como de las leyes generales. No es, por cierto, necesario establecer esta facultad, porque la tiene por la Constitución: la de modificar las leyes. Pero al indicar que el canon sea periódicamente fijado, enuncia un buen principio, y sugiere, desde luego, al mismo legislador la oportunidad de introducir modificaciones que consulten la necesidad del momento por medio del alza o baja del canon, pu-diendo defenderse contra las posibles usurpaciones y abusos de los monopolios, o demasiado extensas concesiones que puedan obtener ciertas empresas.

En este sentido, creo que el Congreso enuncia una cláusula defensiva y reguladora de su propia acción en esta for-na; y pido disculpa a la honorable cámara por el tiempo que le he tomado, y termino esta exposición pidiendo al Senado, que dé su voto a este proyecto, en la confianza absoluta de que él no va a causar perjuicios a la Nación, y que tenga la seguridad, por toda la experiencia acumulada, que ha de ser éste un proyecto de verdadera reacción en la vida económica del país.

Sr. Irigoyen. — Pido la palabra.

Con motivo del proyecto de modificaciones al Código de Minería, el señor senador por la capital, doctor Del Valle Iberlucea, dejóse arrastrar sin duda, por la tiranía que en su espíritu ejerce la afición a la cátedra; y nos ha hecho una larguísima e interesante exposición doctrinaria de la legislación minera en general, lo que ha puesto al señor senador por la Rio ja, que también es maestro, y que también suele ser víctima de la misma tiranía, en la necesidad de hacernos una larguísima y no menos interesante exposición. Los señores senadores, que en este caso somos los discípulos, o podemos considerarnos como tales, estamos perfectamente orientados en el asunto, y por consiguiente, creo que es el caso de cerrar el debate y de proceder inmediatamente a votar el proyecto, por cuya razón hago moción en este sentido.

Sr. Esteves. — ¿Con la modificación del señor Ministro? ...

Sr. Irigoyen. — Sí señor; con la modificación propuesta por el señor Ministro.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de si se cierra el debate, y luego si el proyecto se ha de votar en una sola votación.

Sr. Mendoza. — No se puede votar en una sola votación. Sr. Presidente. — Sí señor, como se votan los Códigos.

Sr. Crotto. — Pero hay que votar en general y luego en particular.

Sr. Presidente. — Se puede hacer la votación en general, y luego se hace otra en particular, como cuando se votan los Códigos.

Se va a votar, desde luego, si se cierra el debate.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar en particular, con el agregado propuesto por el señor Ministro de Agricultura.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto.

IV

EL CODIGO DE MINERIA ANTE LA CONSTITUCION

FACULTADES DEL ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL SOBRE CONCESIONES DE MINAS

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1913.

Señor Juan P. Bredius.

Muy señor mío:

Tengo el agrado de contestar a su atenta carta-consulta de fecha 5 del corriente, relativa a la legalidad del decreto del P. E. de la Provincia de Santa Fe, mandando reservar una zona comprendida dentro de un círculo cuyo radio sea de 5.000 metros en terrenos que se consideran petrolíferos, en la estación San Cristóbal del Ferrocarril Central Norte, y disponiendo que “dentro de esa zona no se concederán permisos de exploración y cateo durante el término de cinco años”.

Es lo que ella dice en la citada cláusula:

“Corresponde al Congreso... dictar los códigos:

Civil,

Comercial,

Penal, ¿r

de Mimería,

sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales; correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.”

Sería excesivamente prolijo reproducir aquí la serie de sentencias de la Corte Suprema, que han confirmado y fijado el sentido ya interjiversable de este precepto, que define de modo tan fundamental el régimen federal de gobierno de la República, concordando con otras cláusulas igualmente claras, como las de los artículos 5, 104, 105 y 106. Pero puedo citar, por su autoridad y la proximidad a la época, y por consiguiente, al espíritu de la generación de jurisconsultos que hicieron la constitución, el sencillo comentario del doctor Ramón Ferreyra, en un dictamen como Procurador General, en setiembre de 1863, en el cual dice:

“Cuando las minas existan en territorio federalizado, o tierras públicas nacionales, ninguna duda puede ocurrir sobre la jurisdicción plena del Gobierno Nacional, porque ejerce una soberanía exclusiva de dominio por la Constitución (1). Mas si se trata de las minas en tierras provinciales, varia mucho la cuestión sobre la intervención que corresponde en la materia al Gobierno Nacional. La Constitución le da la facultad de dictar los códigos generales para toda la República, inclusive el de minas, sin que ellos alteren en su aplicación de jurisdicciones locales... Y resulta de lo dicho que la jurisdicción contenciosa de minas se halla en el mismo caso que las otras de comercio, civil y penal, respecto a los tribunales competentes, puesto que ni la Constitución ni el Congreso Federal han hecho ninguna distinción especial...” (2).

Luego, pues, de los textos constitucionales referentes a la legislación y materia mineras, resulta un doble orden jurisdiccional: el común o contencioso, que consiste en la aplicación del Código de Minería a todo asunto en que se haga cuestión del dominio o régimen privado de las minas, y el administrativo o político, que consiste en toda disposición legal o reglamentaria por las cuales se ejerza la potestad de organización de la justicia local, o de vigilancia, control y garantía de los derechos de la Provincia o Estado, y de los particulares sobre esa clase de bienes.

Y por lo que respecta al valor y fuerza imperativos del Código de Minas, es indudable que éste tiene el mismo que los códigos Civil, Comercial y Penal, puesto que la Constitución los enumera sin hacer distinción alguna entre ellos. No habría, pues, razón para que fuesen más inviolables o respetados por el Gobierno de la Nación o los que obran en su nombre, los tres códigos —Civil, Comercial y Penal— que el de Minería, que rige la propiedad de esta clase. Siengo de notar que si el Código de Comercio ha sido considerado como una extensión de la ley civil a los asuntos de su especialidad, no hay razón para que ésta, por el hecho de ser más frecuente, haya de ser más respetada e íntegramente mantenida, que el de minas, que es, más que aquél, un desprendimiento dircto de la ley común de la propiedad llamada “propiedad minera”, con todos los derechos y obligaciones inherentes a su naturaleza propia.

Por otra parte, del punto de vista de la garantía al derecho de propiedad, la Constitución ampara a las Provincias y a los particulares en el uso y goce de sus bienes propios, que son los que han quedado dentro de sus límites después de definidos los de los territorios nacionales, y las tierras o lugares cedidos a la Nación o adquiridos por ella para fines nacionales (3), ya que de estas prescripciones se deriva el carácter de “persona jurídica”, que en su calidad de Estados, les reconocen el Código Civil y la jurisprudencia continua de los tribunales de la Nación desde su establecimiento. Si esto no bastase a deslindar estos caracteres, se citaría el artículo 107, que reconoce a las Provincias el poder para “promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias...” Además, de acuerdo con numerosos fallos de la Corte Suprema, bien conocidos de todo letrado, las Provincias tienen la facultad de dictar toda ley u ordenanza “que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución” (4), derivada de los artículos 104 y 105 de la misma. Luego, siendo las minas situadas dentro de su territorio parte integrante del patrimonio de cada Provincia, les corresponden las mismas garantías que a la propiedad superficial, o sea a las tierras de su dominio privado.

Los particulares, a su vez, que pueden hacerse propietarios de las minas situadas dentro del territorio de una Provincia, por los medios que establecen las leyes comunes, y en especial la de minas, quedan igualmente amparados por la garantía de la Constitución Nacional, la cual declara que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley” (5); “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: trabajar y ejercer toda industria lícita... de usar y disponer de su propiedad...” (6) 9 derechos expresamente extendidos a los extranjeras en todo el territorio de la Nación (7).

Se comprende, pues, con toda evidencia, que la propiedad minera de las Provincias, y la de los que de ellas adquieren, o de otros dueños, los particulares, se halla plenamente garantida por la Constitución y por los códigos que rigen la propiedad y los derechos patrimoniales de toda clase, no sólo contra despojos arbitrarios de otros particulares, sino contra los mismos avances jurisdiccionales que pudiera realizar el Gobierno Federal dentro del territorio de cualquier Provincia, o fuera de los límites de sus propios derechos patrimoniales. Lejos de eso, su deber explícito es velar por el fiel cumplimiento y observancia de la Constitución y de las leyes de la Nación, en todo el territorio, y por consiguiente, porque sean cumplidos y respetados en toda su integridad los Códigos dictados en virtud del mandato expreso del inciso ll^9 del artículo 67.

Pudiera pretenderse, ya que tan lejos se ha llevado en muchas materias, la ingerencia del poder federal dentro de la vida de las Provincias, que el Gobierno de la Nación pudiera acogerse a los términos del inciso 16, artículo 67 de la Constitución, y a su amparo, llevar su vigilancia, control o intervención, a título de fomento de la industria minera, hasta la disposición de la propiedad misma. Pero esto es un absurdo jurídico que en ninguna forma cabe dentro de los precisos y claros términos de dicha cláusula. Esta dice que corresponde al Congreso “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las Provincias... promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros... por leyes protectoras de estos fines... etc.”

¿Qué criterio medianamente versado en la lectura de textos constitucionales y legales, sostendría que bajo los términos de esta cláusula, el Gobierno de la Nación pudiera ir a despojar a las Provincias de su dominio privado sobre sus tierras o minas, a título de fomento industrial? No se necesita mayor raciocinio para afirmar que aquí sólo se trata de leyes o actos de estímulo o fomento del progreso industrial de la Nación; pero, naturalmente, bajo las formas y procedimientos que las leyes han establecido para el régimen de la propiedad de las Provincias y de los particulares. Así, cuando la Nación ha enviado comisiones exploradoras de la riqueza forestal, agrícola o mineral de la República, en todas las Provincias, en diversas épocas, de las cuales han resultado las valiosas publicaciones de los de Moussy, Bravard, Rickard y otros posteriores, jamás pensó que por el hecho de enviarlas o costearlas, esas tierras o minas quedaban substraídas o reservadas del dominio provincial o privado, ni menos que cada Provincia se creyese autorizada a derogar, para su aprovechamiento, la legislación común de la propiedad territorial o minera. Tal es el sentido que da a la referida cláusula, el mismo fiscal nacional doctor Ferreyra, en la vista antes citada.

II

Imperio nacional del código de minería

La legislación del Congreso dictada en ejecución de los artículos constitucionales transcriptos, desde 1853 hasta 1887, en que comienza a regir el Código de Minería, ha sancionado el régimen según el cual las minas son propiedad de los Estados en cuyo territorio se encuentran, y adjudicables a los particulares de acuerdo con las leyes comunes o especiales de la materia, cuando no ha existido el Código que prescribe el inciso ll^9 del artículo 67.

El primer acto legislativo que dictó el Gobierno Nacional relativo a minas, fué el Estatuto de Hacienda y Crédito Público, de 17 de diciembre de 1853, sancionado por el mismo Congreso General Constituyente, y el cual considera a las minas como una de las fuentes de la riqueza general del país, y ordena su régimen provisorio, en el título X, titulado “de las propiedades subterráneas o de minas”, y dispone: ‘‘Artículo l^9 — Interin el Congreso dicta el Código de Minería, regirán en la Confederación las Ordenanzas de Méjico, con las modificaciones que las legislaturas de Provincia hayan hecho en ellas, en todo lo que no se derogue por la presente ley”. “Art. 5^9 —Toda persona o sociedad de personas es hábil para denunciar y trabajar minas”. Y es bien sabido que el régimen de las Ordenanzas de Méjico, que se hallaba vigente en el Virreynato del Río de la Plata, por mandato de la Ordenanza de Intendentes de 1783 y 1803, era el de la regalía, o sea el que reconoce en el Estado la propiedad originaria de todas las substancias minerales entregadas a la explotación de los particulares por medio de la concesión legal. (8)

Así como la ley minera, la legislación civil pasó por un largo período de provisoriato, durante el cual siguen en vigencia las antiguas leyes españolas, hasta la sanción del Código Civil, el cual debía definir las reglas fundamentales que derivasen de la Constitución General de la Nación, que debían regir los derechos de los Estados y de los particulares respecto de todo género de propiedad. Era, en suma, la ley común que debía realizar la suprema garantía de todos los derechos personales y reales que constituyen el patrimonio del hombre en nuestro territorio.

El Código Civil, que comienza a regir el l^9 de enero de 1871, al definir los derechos reales, precisa el sentido de la propiedad minera originaria, diciendo en su artículo 2342 (2376 nueva numeración), que “son bienes privados del Estado general o de los Estados particulares: l^9 Todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro dueño; 2^9 Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y substancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra”.

Aunque en este artículo no se mencionan los “aceites

- (8) Fallos de la S. C. de J. N., t. XXV, pág. 13. minerales”, incluidos más tarde por el código especial de la materia, esto nada obsta a mi tesis, primero, porque no me propongo aquí tratar esta faz particular de la cuestión, sino demostrar el dominio privado de las Provincias sobre las minas en general, y las tierras que las contienen, dentro de sus límites; y segundo, porque según todos los comendadores, la enumeración del inciso 2% es sólo enunciativa y no limitativa o excluyente de las materias o substancias que no menciona literalmente. Y en cuanto a mí, para opinar de ese modo, me fundo en el artículo 2518 (2552 nueva numeración), que al definir el dominio del suelo, dice que se extiende a toda su profundidad... comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas por las leyes especiales sobre ambos objetos". Y bien; aquí el codificador no distingue substancias determinadas, sino que habla en términos generales de minas, y remite a la legislación especial, como tenía que ser, las definiciones y especificaciones más particulares, propias de la materia.

Es lo que hace el Código de Minería, previo mandato expreso del Congreso, que al ordenar la preparación del mismo, sobre la base de la revisión del proyecto de don Domingo de Oro, prescribe al que haya de realizar la obra, esta base fundamental: Art. 2[1] — El redactor del Código tomara como base, para la confección de este trabajo, el principio de que las minas son bienes privados de la Nación o de las Provine das, según el territorio en que se encuentran” (9).

De esta manera el Congreso, siguiendo la tradición rega-lista de la legislación colonial, el ejemplo de las más adelantadas naciones modernas, y la lógica jurídica del sistema de gobierno adoptado, según el cual las Provincias eran Estados autónomos, de personalidad política indestructible, y dueños de un patrimonio propio y exclusivo, entendía dar cumplimiento al mandato constitucional del inciso 11* del artículo

67 de dictar el Código de Minería, y a la vez, entrando en el terreno propio de la legislación especial minera, aclaraba y extendía el concepto del Código Civil, y dejaba al legislador de tal especialidad, la definición de la propiedad, y la enumeración y clasificación de las substancias que habían de caer bajo el imperio del nuevo Código, así como el régimen de los derechos de los mismos Estados y de los particulares respecto de aquéllas.

III

LOS DERECHOS DE LOS ESTADOS ¥ DE LOS PARTICULARES ANTE EL CÓDIGO DE MINERÍA

Y ninguno de nuestros códigos de derecho común define la materia de este escrito con mayor claridad y método que el primer título del Código de Minería, el cual empieza por reproducir, a manera de fundamento general, el mandato de la ley de 1875, diciendo en su artículo 7^9: “las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren”. Pero del hecho de ser propiedad privada, no se deduce que el Estado se convierta en un industrial o monopolista de la minería, sino que la posee, según las palabras de E. Dalloz: “no como un propietario que vende su cosa, sino como tutor de la riqueza pública y como representante de los intereses generales”, en cuyo carácter, “crea por vía de concesión, un derecho de propiedad sobre el subsuelo mineral, en favor del particular que ofrece mejores garantías de buena explotación” (1®).

Es lo que el Código ha convertido en precepto legal, disponiendo:

Art. 8^9 — Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como due* ños, con arreglo a las prescripciones de este Código.

- (10) De la proprieté des mines, I, c. I, sec. 4.

Art. 10. — La propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal.

Art. 9^9 — El Estado no puede explotar ni disponer de las minas sino en los casos expresados en la presente ley.

Se ve, pues, que en el sistema del Código de Minería argentino, si las minas son bienes privados de los Estados, no es para que éstos se conviertan en empresarios de las mismas y las exploten administrativamente ni en provecho directo del fisco, sino que ha hecho de ellas una propiedad colectiva, cuya explotación entrega a la libre concurrencia, bajo la garantía de la protección del Estado, y con el fin de concurrir a la riqueza social y común. Son los particulares, es la industria privada, la que debe ponerla en descubierto y convertirla en un valor económico, por el trabajo concurrente de todos los capitales traídos a constituir de la minería una verdadera industria libre, no un monopolio del Estado, tan ajeno a esta clase de empresas, de suyo instable y aleatoria en gran parte.

“La ley —dice el autor del Código— no considera las minas como un productivo ramo de entradas que engruese directamente las rentas del Estado. Otros muy diferentes y de mayor importancia son los beneficios que de las minas debe reportar la sociedad... La ley contrariaría abiertamente su objeto, adjudicando las minas al fisco, para que con el precio de su venta, de su arrendamiento, o con los productos de su explotación, enriqueciese su tesoro o acrecentase sus rentas. Lejos de ésto, la ley de minas está llamada a conceder a los particulares su dominio, y a disponer de ellas a nombre de la Nación sin otra norma ni otra mira que el interés público” (11).

Prohibida al Estado la explotación o negociación comercial de las minas, en su calidad de fisco, y declarada su adjudicación a los particulares, individuos, corporaciones o sociedades, ¿cómo se constituye esta propiedad privada? Creando el derecho de exploración, que es el camino para llegar a la

- (11) Nota al art. 7^9. apropiación, por los procedimientos que se reglan en el título III, sección I, del mismo código, según cuyo artículo 23, “toda persona capaz de administrar sus bienes puede solicitar de la autoridad permiso exclusivo para explorar un punto determinado, por el tiempo y en la extensión que señala la ley”. Pasadas estas diligencias y cumplidos los requisitos legales, se constituye la propiedad minera particular, la originaria, después de la cual, la mina queda convertida en un bien común, y aparte de su explotación de acuerdo con la ley minera, ella puede ser vendida, arrendada o negociada en todas las formas lícitas, como cualquier otro bien, dentro de las condiciones propias de la especialidad (12).

Tanto al Estado general como a los Estados particulares o Provincias, les está prohibido explotar minas; y esto por razones de elevado interés social y económico: l^9 Por la naturaleza aleatoria de la industria, ajena de las funciones del Estado; 2^9 Por la concurrencia insostenible que haría a la industria particular, lo que importaría tanto como suprimirla, pues ello significa un verdadero monopolio de Estado, y una violación de los artículos 14 y 20 de la Constitución, que consagran la libertad industrial para todos los habitantes del territorio. Las únicas excepciones que el Código contiene a este principio, son de orden especialísimo: el artículo 16 que prescribe el derecho de expropiación de la mina por razones de un orden superior al del privilegio propio de la misma, y el artículo 106, que se refiere a las canteras, o sea substancias de 3^9 categoría, cuya propiedad exclusiva pertenece a los dueños del suelo, y cuya reserva para el Estado crea la misma ley minera. Dentro de la índole de esta ley y de la civil, el Estado no podría disponer de la propiedad minera que está adjudicada a los particulares sino por vía de expropiación, como toda otra propiedad, siendo impropio que, con exclusión de aquéllos, se dedique a explorar o catear en su exclusivo provecho.

- (12) Arts. 11 y 349.

El Estado, —y menos el Estado bajo el modo de ser argentino,— no puede ser explotante de minas: “Necesitando valerse de empleados para un negocio en el que no cabe presupuesto, en el que no es posible calcular gastos, ni asegurar la producción, no sólo será mal explotador comparado con los particulares, que trabajan directamente por sí y en provecho propio, sino que se verá expuesto a grandes pérdidas y perjuicios. Los negocios de azar no son para el Estado: si vende, arrienda o celebra cualquier otro contrato, habrá de monopolizar el ramo en favor de los contratistas; y si permite al mismo tiempo que exploten los particulares por su cuenta, ha de imponerles condiciones que hagan difícil la competencia”, casi siempre ruinosa para el particular, ha podido agregar el codificador a su nota que transcribo en este párrafo.

Siendo así vedada al Estado nacional o provincial, la explotación directa o por su cuenta, de las minas, ¿cuál es la forma en que ejerce su misión tutelar sobre la riqueza mineral de su territorio? La respuesta se halla en la misma Constitución Nacional: la acción que corresponde a las Provincias respecto de sus minas es la que corresponde a la Nación dentro de su esfera: la de promover el desarrollo de la industria en manos de los capitales privados, entregándoles, por un régimen conveniente de concesiones y garantías de seguridad y liberalidad, la gran tarea de sacar a luz y poner en circula* ción económica las riquezas contenidas en el suelo, y que sólo por la general concurrencia pueden dar aquel resultado. Es el sentido de los artículos 67 inc. 16, y 107 de la Constitución, y de los que he transcripto del Código de Minería, que rigen expresamente el punto en discusión.

Para concluir con esta parte de mi exposición, me resta mencionar en particular la doctrina que corresponde a la substancia, que ha sido objeto de los pedimentos anotados en el plano adjunto, y de la reserva ordenada por el decreto de la Provincia de Santa Fe, de 19 de agosto de 1913. Esa substancia llamada petróleo, es un aceite mineral, y por tanto se halla comprendida literalmente en el segundo inciso del artículo 3 del Código de Minería, que los coloca entre los minerales de la primera categoría. Ahora bien, estas minas, del punto de vista del derecho, se hallan definidas por el artículo 2, esto es, con relación a los derechos que el Código reconoce y acuerda como: “minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad competente". Luego, vistas las disposiciones de los artículos 7, 8, 9 y 10, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, no puede substraer al régimen del Código de Minería, dichas minas, adjudicándolas al fisco, y privando a los particulares del derecho de exploración y de apropiación, a los fines de la ley minera, que dichos artículos establecen, sin que haya precedido una ley del Congreso que derogue el artículo 9, según el cual “el Estado no puede explotar ni disponer de las minas”, y el 8, que concede a los particulares “la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños”, después de haberlas adquirido por los procedimientos, cuya primera diligencia es la petición de cateo o exploración, que precriben los artículos 23, 24 y siguientes.

IV

El decreto de 19 de agosto ante la Constitución y el Código de Minería

En vista de los textos transcriptos, llama la atención de un modo extraordinario la existencia de un decreto como el dictado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de 19 de agosto del corriente, en el cual éste suspende los efectos, o mejor dicho, deroga una parte del Código de Minería de la Nación, la que rige la adquisición por particulares, de las minas de primera categoría, que el artículo 2, inciso l^9 y artículo

3, inciso 2^9 definen y enumeran las substancias que la constituyen, y entre las cuales se encuentran los aceites minerales.

Los artículos 8 y 10 crean en favor de los particulares un derecho de exploración en los terrenos mineros; los artículos 23 y siguientes establecen el procedimiento para su adquisición del poder del Estado, y el 9 dicta la prohibición al Estado de convertirse en explotante, en concurrencia con el trabajo privado. Entre tanto, el Decreto de 19 de agosto empieza por declarar que existen indicios de un yacimiento de petróleo en el Departamento de San Cristóbal; reconoce “que se han presentado ya al Ministerio de Agricultura de la Provincia varias solicitudes de permiso para practicar exploraciones y cáteos en la misma región”; y confirma las opiniones de los solicitantes particulares, por medio de las perforaciones que ha efectuado allí el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Cuando, de acuerdo con la ley minera, hubo de esperarse que el Gobierno de la Provincia decretara las providencias que establecen los artículos 23 y 25, los cuales tienen por objeto fijar las zonas exclusivas de la exploración, investigación o cateo, a cuyo objeto los artículos 27 y 28 fijan las condiciones de espacio y tiempo para realizarlos, y llegar a determinar el yacimiento, y por tanto, la ubicación de las pertenencias y otorgamiento de la concesión. Y la ley agrega que “desde el día de la publicación o anotación de la solicitud, nadie podrá hacer calicatas ni otras labores mineras dentro de los límites en ella indicados, y después de otorgado el permiso, dentro de los fijados en la ubicación.” (13).

Ha habido aquí de parte del Gobierno de la Provincia, una doble violación de la ley nacional o Código de Minería.

1* Que ha omitido dar curso a las solicitudes de exploración de los peticionantes, y por consiguiente, privándoles de los derechos de preferencia que les otorgan los artículos referidos, para obtener la concesión definitiva;

- (13) Art. 26.

2* Que ha usurpado directamente esos derechos en daño evidente de aquellos que han sido en realidad los verdaderos descubridores, pues se ha substituido a ellos, y se ha declarado beneficiario exclusivo de la zona de 10.000 metros de diámetro, dentro de la cual ha prohibido la exploración por el término de cinco años.

Una invasión indudable de derechos que la ley reserva a la industria privada, ha cometido el Gobierno de la Provincia, al atribuir al de la Nación y a sí mismo el papel de explorador o cateador de minas animus adquirendi, cuando la Constitución y el Código de Minería sólo dan a esos trabajos el valor y significado de fomento, de alumbramiento, diré así, de la riqueza mineral subterránea, con el objeto de entregarla a la explotación privada, que es el régimen establecido para las substancias minerales en general, según las palabras de Dalloz que al principio he reproducido.

Supóngase que el Estado o Provincia de Santa Fe tuviera el propósito de reservar el monopolio en esa región, de la explotación del petróleo: el autor del Código y todos los demás jurisconsultos y especialistas piensan, y es práctica además, que el Estado puede “en casos especiales y por razones de utilidad pública, monopolizar algunas substancias o algunas regiones mineras” (14) ; pero habiéndose hecho de la propiedad de las minas una propiedad privada en favor de los particulares, y en general, prohibido al Estado su explotación, es evidente que:

l^9 No puede hacerse esta reserva por la autoridad de una Provincia, porque el Código de Minería es ley común de la Nación, como los Códigos Civil, Comercial y Penal (15), ni menos por un decreto del poder ejecutivo del gobierno; porque la única autoridad que podría modificar o derogar el todo o parte de un código de derecho común, es el Congreso Nacional, de acuerdo con aquella cláusula.

- (14)  Nota al art. 9.

- (15)  Constitución, art. 67, inc. II^9.

2^9 No podía en otro caso realizar ese monopolio o reserva fiscal sino por vía de expropiación, como lo establece el artículo 16 del Código de Minería, esto es, “por causa de utilidad pública de un orden superior a la razón del privilegio que les acuerda el artículo 13 de este Código”. Este artículo dispone que “la explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad pública”, razón por la cual el minero puede ocupar la propiedad superficial, dado que la mina forma una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran (16). Sea cual fuese esa razón superior de utilidad pública, es un absurdo constitucional y legal, que sea definida y decre-• tada la expropiación de hecho por el sólo poder ejecutivo, siendo evidente que sólo una ley puede calificarla y autorizarla. Y luego, todo acto realizado dentro de la autorización de una ley, como es el Código de Minería, crea un derecho, —en este caso, el derecho a la concesión,— tanto más cuanto que los interesados han debido realizar gastos en viajes, estudios y diligencias de diversa naturaleza y cantidad, para llegar a conocer la situación del yacimiento y presentarse ante la autoridad competente.

¿Quién indemniza a los primeros solicitantes dichos perjuicios, que el decreto del poder ejecutivo provincial de 19 de agosto les origina, al omitir las diligencias y trámites establecidos por el Código y al desalojarlos arbitrariamente de la zona denunciada? No es razón bastante la que da el considerando tercero del decreto, —o sea el deber de adoptar medidas para impedir que la exploración y explotación de esos yacimientos “puedan ser materia de obstáculos o especulaciones,”— porque para evitar tales peligros el Código ha creado un sistema propio y bien calculado, de seguridades y garantías en favor del interés público, las mismas que el Poder Ejecutivo no ha tenido en cuenta, pues ha empezado por desconocer la existencia del mismo Código de Minería, que regla

- (16) Art. 11.

el modo de llegar a la adquisición de las minas de toda clase en el territorio de la Nación y Provincias.

Tan lejos se ha hallado el Poder Ejecutivo santafecino de pensar en el Código de Minería, a pesar de citar uno de sus artículos, el que rige la exploración y explotación de los aceites minerales, que por sí sólo, y como si fuera un asunto de simple policía administrativa, suprime toda la parte del mismo Código que se refiere a las “limitaciones del derecho de cateo" (17), en donde se enumeran los únicos casos en que el derecho del explorador está limitado por imperio de la misma ley, por razones de vecindad, seguridad y orden público, y otras, pero nunca por el solo interés del Estado, que quiere aprovechar para sí en monopolio fiscal las zonas minerales en cuestión.

Es error muy generalizado en este país, donde tan poco se estudia estas cuestiones, el creer que sólo el Estado es capaz de velar por el progreso ordenado de la riqueza pública; y a este error contribuyen los funcionarios mismos, en su empeño de magnificar su propio ministerio. Olvidan que quien trabaja, y crea y acrecienta la riqueza nacional, es el particular, el industrial privado, el capitalista y el obrero, que arrancan a la tierra sus tesoros para convertirlos en valores económicos, en un trabajo regulado por la suprema ley del beneficio líquido, pasando por la dura prueba de los gastos de exploración, explotación, refinamiento y circulación, y de la oferta y la demanda, los cuales constituyen una seguridad social mucho más efectiva que las complacencias y desórdenes clásicos de administraciones rutinarias o mal habituadas, en cuyas manos el manejo de la difícil y peligrosa industria de la minería sería un desastre y un descrédito para el país en sus fuentes más vitales de riqueza.

Nuestro Código de Minería pertenece a una escuela jurídica y económica muy avanzada, y de larga experiencia en América y Europa, abonada por la sabiduría de los más gran-

- (17) Título III, § II, arts. 31 al 37.

des jurisconsultos clásicos y modernos, y las leyes más sabias del mundo; y en todas ellas se ha inspirado cuando ha establecido su sistema de concesiones y garantías para la explotación de la riqueza mineral en las mejores condiciones posibles para el país y para los capitales invertidos en ella. Y luego, la principal fuente de inspiración ha sido la Constitución misma, que ha hecho del llamamiento al capital, el brazo y la experiencia científica e industrial del extranjero, su principal preocupación económica; y mal podía, siendo así, pensar que los Estados provinciales o el Estado nacional habrían de constituirse en empresarios o explotantes de las industrias extractivas, agrícolas o ganaderas, o en fabricantes o comerciantes.

V

Procedimiento legal

n

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe no podría excusarse, al haber dictado su decreto, en el hecho de que no existiese en ella una legislación orgánica, administrativa o procesal en materia de minas, después que hace veintiséis años que el Código de Minería se halla en vigencia. La Constitución de la Nación, que ha ordenado la sanción de ese Código, como ley común, dejando a las Provincias su aplicación, no puede dejar de cumplirse por aquella causa, como no ha dejado de cumplirse en varias Provincias, en las cuales no existían esas leyes de forma. En primer lugar, todas las constituciones de Provincia deben aplicar la ley común por medio de sus tribunales de justicia para los casos contenciosos, y por sus departamentos políticos para lo administrativo; y en segundo lugar, el mismo Código marca el procedimiento adquisitivo de la propiedad, de manera que a la ley provincial poco o nada le resta por hacer.

Cuando el Código habla en sus artículos, de “autoridad”, se refiere a la rama del poder público encargado por la Constitución o leyes respectivas, de la materia de minas, de industrias, o de hacienda; y cuando ninguna existiese nominativamente encargada de esta función, ella correspondería al propio poder ejecutivo, ya que no puede dejar de cumplirse la Constitución y el Código nacionales por alguno de sus poderes, erigidos por aquélla en “agentes naturales” para hacerla ejecutar y observar en todo el territorio de la República.

Así, los solicitantes particulares que se han dirigido al Ministerio de Agricultura y buscado la constancia de ellas ante el Escribano de Gobierno, han procedido correctamente; y era deber del Poder Ejecutivo el ordenar las publicaciones de que habla el artículo 25, y las inscripciones en el registro de minas, o el civil o comercial habilitado al efecto, y el otorgar los permisos una vez transcurridos los plazos, realizados los trabajos, resueltas las oposiciones si las hubiere, a fin de determinar el derecho exclusivo de cada recurrente. Porque todo este procedimiento concurre a dar existencia a una concesión provisoria de la mina, llamada “pertenencia de cateo”, que tiene por objeto intensificar los trabajos de exploración, para comprobar y precisar la existencia del yacimiento, determinar su importancia o riqueza; en suma, preparar la explotación definitiva, después de la formal concesión de la mina y otorgamiento del título de propiedad.

Nada de esto ha tenido en cuenta el Poder Ejecutivo de Santa Fe en el caso en cuestión, pues lo ha tratado como un asunto de orden administrativo interno, o como una simple incidencia policial, impidiendo que se cumpla el proceso adquisitivo de los permisos exclusivos para exploraciones, que tan importantes derechos crea en favor de los solicitantes. De aquí la procedencia del recurso de nulidad del decreto de la referencia, y la consiguiente cuestión de indemnización en caso de negativa, pues aquéllos han hecho uso de un derecho concedido por la ley común, desconocida y violada por el poder ejecutivo, con abierta infracción, además, de mandatos prohibitivos del Código de Minería, como los de los artículos 9, 31 al 37, 26 y otros ya citados, los cuales, o prohíben al

Estado reservar minas para sí sin la correspondiente ley de expropiación, o enumeran las únicas limitaciones permitidas al derecho de exploración, o establecen en favor del concesionario del permiso, un verdadero derecho de prioridad y exclusividad dentro de la zona manifestada en el pedimento.

Para terminar, y dejando de lado demostraciones y comprobaciones doctrinales que creo fuera del espíritu de la consulta, para limitarme al sentido extricto de la Constitución y leyes vigentes en el caso en estudio, haré notar cómo el poder ejecutivo de la Nación ha creído indispensable una ley que lo autorice a reservar para sí la explotación de ciertas substancias, como lo expresa en el mensaje de remisión del proyecto de “exploración y explotación de aceites minerales”, el cual “establece una excepción a las disposiciones del artículo 9 del Código de Minería a favor de los combustibles minerales, los cuales podrán ser explotados por el Estado, en todos los casos en que la conveniencia pública lo exija” (18) ; y aunque el decreto del poder ejecutivo de Santa Fe se inspirase en los mismos propósitos y tuviese la intención, que no manifiesta, de realizar la misma división que aquél, en zonas reservadas al Estado y otras libradas a la industria particular, en ningún caso podrá realizarlo él, ni por decreto ni por ley, siendo materia de exclusiva jurisdicción del Congreso, por el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional, según ya lo he demostrado.

En conclusión, y fundado en los raciocinios precedentes opino que el decreto de 19 de agosto del corriente, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, que motiva esta consulta, es contrario a la Constitución de la Nación, porque deroga disposiciones del Código de Minería, que es ley nacional, impide a particulares la concesión de derechos acordados por aquel Código, crea una reserva fiscal de tierras reputadas minerales y sobre las cuales versan peticiones legí-

- (18) Memoria del Ministerio de Agricultura por el año 1912, pág. 148.

timas de exploración, expresamente instituida por el mismo Código, y por tanto, puede ser demandada su anulación ante los tribunales competentes.

Dejando así contestada su grata de fecha 5 del corriente, me suscribo su más atento y s.s.

Joaquín V. González.

V

EL IMPUESTO PROVINCIAL A LA MINERIA

[1]

Ley N[1] 726, de 28 de agosto de 1875.

I

La ley de impuestos a la minería, sancionada por la Legislatura en substitución de la patente que regía hasta el l^9 de enero de 1888, ha levantado en los mercados argentinos y europeos una tempestad cuyas ráfagas amenazan el porvenir financiero de la Provincia.

La prensa de la Capital, por medio de sus órganos más serios, ha hecho críticas que a nuestro modo de ver, han evidenciado el error que ha dado origen a la creación del impuesto de todos conocido. Se le considera ruinoso para las empresas, para la sociedad y para la renta pública; y se lo ha encontrado más oneroso que el legendario quinto que recogía la Corona de España en el tiempo de su dominio.

Nos consta que la Legislatura provincial ha procedido de la más perfecta buena fe, y que sólo que ha habido un error en nada censurable, si se tiene en cuenta que buscaba el acrecentamiento de la renta. El mal ha estado en no mirar las consecuencias económicas de la medida.

El Gobierno ha oído las críticas, ha meditado sobre la gravedad del asunto, ha estudiado su trascendencia financiera, y se ha convencido de que la ley es inaplicable, porque es ruinosa para él público y para su propia renta, y está dis-pusto a pedir su derogación.

* Artículo publicado por el autor el 19 de abril de 1888, en el periódico La Rioja moderna.

Estudiémosla para buscar el remedio de los males producidos, los cuales son de tal magnitud que aun no se han meditado con suficiente atención.

Es una costumbre, más que una doctrina, el creer que la renta pública aumenta levantando los impuestos. La tesis contraria es ya un axioma económico. Los impuestos excesivos esterilizan la tierra y la fuerza humana; y si momentáneamente se consigue un poco más de dinero, luego la materia imponible se agota o se inmoviliza. La muerte es la consecuencia.

Sucede con los impuestos lo que con las cuerdas de un instrumento: éstas resisten una tensión determinada, más allá de la cual se rompen; y así la tierra, obligada a dar más de lo que produce, cae extenuada y rendida.

En cambio, abaratad los impuestos, y la tierra se sentirá rejuvenecida. Savia nueva la reanima, y sus frutos se multiplican y vigorizan: resultado, la multiplicación de la renta.

Ahora, pues, no es un misterio para nadie que una crisis general nos agobia; que ella es casi endémica entre nosotros por causas tradicionales, naturales y humanas; y que esa crisis, lejos de ser combatida en sus raíces, se ahonda cada vez más con el recargo de los impuestos.

Se sabe igualmente que la Rio ja es de las provincias que tienen más impuestos, teniendo pocas industrias. Y como la renta crece cuando crecen las industrias, la consecuencia debe ser que, estimulando las segundas por medio de excepciones y privilegios justos, lícitos y moderados, o por medio de primas especiales de estímulo, habremos dado un impulso poderoso a la renta. El remedio está en la base. Ataquemos, pues, la enfermedad en su génesis.

II

Muchas son las materias imponibles por el Estado: la propiedad privada en sus múltiples transformaciones rinde su tributo al bien común; pero las minas son consideradas desde los tiempos más antiguos como un algo especial que se aparta de la propiedad común. Siendo sus productos los que más directamente vienen a hacer la riqueza pública en su sentido más vasto, llevan en sí un sello de utilidad general que nunca les ha sido desconocido.

Es cierto que en diferentes épocas, y según la índole de las ideas dominantes en el mundo, los gobiernos las sujetaron a su dominio directo, haciendo de ellas un patrimonio real o fiscal; pero es indudable que las ideas económicas modernas han democratizado la propiedad minera, haciéndola accesible a toda la sociedad porque sus productos la benefician más positivamente. Así se ha llegado a establecer que las minas no son una fuente directa de renta fiscal, sino como decimos, una fuente que beneficia más extensamente la riqueza social.

El autor del Código de Minería dice en su preciosa nota al artículo 7Q: “La ley no considera a las minas como un productivo ramo de entradas que engruese directamente las rentas del Estado. Otros muy diferentes y de mayor importancia son los beneficios que de las minas debe reportar la sociedad. Así, gravarlas con inmoderados impuestos, sería contrariar ese propósito; y en vez de esto, el interés público pide exen-dones y privilegios para la industria minera, privilegios y exenciones que siempre le concede la ley. Nada entonces per-derían las Provincias dejando de percibir los modestos impuestos que podría pagar la propiedad minera."

La historia financiera, en cuanto se refiere a las minas, nos enseña que desde la época del nacimiento de la economía política, ellas han sido objeto de privilegios, continuados y sostenidos hasta ahora, y con mayor razón hoy día en que las fuerzas productoras se han multiplicado de un modo sorprendente. Las leyes españolas, y en especial las Ordenanzas de Castilla, están llenas de esos privilegios; las del Perú, las de Méjico, las leyes de Chile, donde tanto vuelo ha tomado la minería debido a la protección del Estado, y por último, las leyes de las provincias argentinas, todas nos enseñan cuánto gana la riqueza pública con la protección.

Los países más ricos de la tierra nos dan el ejemplo. Inglaterra considera la industria minera lo mismo que las demás: es libre, y por lo tanto, sólo sujeta a las cargas comunes de la propiedad. La concurrencia le impuso su vuelo prodigioso, abaratando los transportes y el precio, por lo tanto, de los artículos en el mercado.

Los Estados Unidos dejan también la minería en la categoría de industria libre, correspondiendo a los Estados la jurisdicción administrativa y contenciosa. Sus cargas son las comunes a toda propiedad. Las minas en los Estados Unidos, gracias a su liberal sistema, son un prodigio económico. Las cifras de su producción, que podríamos citar, nos abrumarían. Baste decir, con el autor de la Democracia triunfante, que en la década de 1870 a 1880 sus minas produjeron pesos 340.000.000 (60 millones de libras esterlinas) contra pesos 350.000.000 (70 millones de libras esterlinas) de todas las minas juntas de la América española.

En Francia existe desde la ley de 5 de abril de 1810, con pequeñas modificaciones, un impuesto de 5 por ciento sobre el producto líquido de la explotación; pero si se tiene en cuenta las múltiples deducciones que se hace del producto bruto, y las innumerables excepciones a la regla, resulta que tal impuesto viene a ser insignificante. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de los consejos de prefectura está llena de esas excepciones establecidas en el interés de la industria minera.

En Bélgica se sigue más o menos el mismo sistema inaugurado por la ley francesa de 1810.

Las franquicias que conceden a las minas los Estados alemanes son dignas de tenerse en cuenta. Hay entre ellas una verdadera lucha de beneficios, que redunda en provecho de la riqueza pública del Imperio.

España, a pesar de su tradición absorbente, ha tenido que acordar rebajas y facilidades considerables, llegando por el decreto de 3 de octubre de 1873 casi a equipararse con la Francia, y estableciendo excepciones muy favorables a la regla de aplicación de su impuesto de 3 por ciento sobre el producto líquido de las minas de carbón y hierro, y de 5 por ciento sobre el de los demás.

Y así, —para evitar enumeraciones largas,— la tendencia de las ideas es aliviar la minería de las cargas que la esterilizaban y ahogaban.

Nuestra legislación ha sido bien sencilla; y aunque el Estatuto de Hacienda y Crédito hubiese tenido en vista la creación de una renta con la contribución establecida por el artículo 9 del título X, por la ley de 1Q de agosto de 1855, se acordó excepciones que iban rectamente a estimular el trabajo de las minas.

III

El nuevo Código es la más alta expresión de la liberalidad financiera respecto de las minas, a la vez que de las doctrinas económicas modernas, y en especial de las que afectan al porvenir de la industria argentina. El se ha inspirado en las necesidades prácticas; ha comprendido que con la libertad del trabajo minero se vigorizan la producción y la riqueza común; y en cuanto a la renta fiscal, ella aumenta con el mayor producto, puesto que valoriza la propiedad general imponible, ofreciendo al Gobierno, además, una vasta fuente de recursos indirectos.

El Código, es cierto, no ha podido quitar a las provincias la facultad de imponer contribuciones a las minas; y al suprimir la patente, sólo ha querido evitar que por ese medio se la conserve indefinidamente en estado improductivo. La patente era la manera de conservar la propiedad, y nada más: no llevaba la idea de contribución.

Pero veamos el pensamiento del codificador: “La ley no impone a las minas las contribuciones que gravan la propiedad común; no impone tampoco una contribución especial a las concesiones, ni en beneficio del tesoro público, ni como estímulo para el mantenimiento de los trabajos.

“Nuestras Ordenanzas, es verdad, asignaban una parte de la producción a la Corona, —tributo tal vez menos oneroso, porque no recaía, como aquél, sobre las minas improductivas.

“La cuota real, como sus demás preeminencias, han desaparecido con las antiguas instituciones. El impuesto que después se ha cobrado es a la producción como artículo de comercio, impuesto que por más moderado que sea, convendría muchas veces suprimir."

He ahí, pues, las ideas que debieron inspirar a nuestros legisladores para desarrollar esta industria que constituye nuestra grandeza no lejana; las mismas que deben tenerse en cuenta hoy para salvar la crisis minera que amenaza convertirse en una ruina.

Hay que convencerse: las rentas no aumentan con impuestos que agotan la tierra, sino con el estímulo a la producción. Gravar las minas es oprimir la expansión de la riqueza más positiva.

Las minas son el gran porvenir de la República, y las más ricas son sin disputa las de nuestra Provincia: lo afirman los sabios, los financistas que han estudiado sus metales y han calculado sus productos; lo afirma el autor del Código, hombre competentísimo en todos los aspectos de la materia legislada. No alentarlas sería una negligencia culpable ante la ley humana y social.

Por otra parte, una crisis profunda aflije a la Provincia, y con especialidad a la minería. Causas ajenas, superiores a la voluntad y al trabajo del hombre, la han producido. El Gobierno, encargado de velar por los bienes sociales, está obligado a combatir esa crisis. ¿De qué manera? Ya lo veremos.

El artículo 278 del Código autoriza a suspender los trabajos en casos de fuerza mayor sin originar el despueble; y como al Gobierno provincial corresponde aplicar el Código, está en sus manos aliviar la situación de las empresas, prorrogando el plazo de la aplicación del nuevo amparo, reemplazando, si así se prefiere, la patente, con un impuesto que equivalga a ella a los objetos de la renta.

Con ésto, no se contraría la ley, ni se arroga atribuciones ajenas; al contrario, siendo el sistema del Código la protección, el juez que lo interprete, tiene que fallar, en la duda, en favor del empresario de la mina abandonada por esas causas incontrastables.

Además del impuesto, y además de la crisis industrial y monetaria que aflige a la minería, hay otra razón imperiosa para que el Gobierno se apresure a suspender la aplicación de la ley: esa razón es la competencia declarada y manifiesta que a las minas de La Rioja hacen otras provincias, y en especial, San Juan y Mendoza.

Los signos que lo demuestran son evidentes: l^9 el interés que los gobiernos se toman por organizar la minería sobre bases liberales, y buscando darle un lugar primordial entre los asuntos de Estado; 2^9 las franquicias acordadas a las empresas mineras, entre las que se cuenta la supresión, o la casi insignificancia de sus impuestos; 3^9 el rol activo que asumen en la formación de sociedades mineras.

La Rioja ha sido atacada en su fibra más sensible, herida en lo más delicado de su organismo; está en el deber de defenderse de esa concurrencia que puede arruinar su crédito adquirido por siglos de trabajo. No hacerlo, sería despreciar una gran masa de capitales que irían a fecundar el suelo de sus rivales, engrosando sus arcas.

¿Cómo combatir esa influencia? Concediendo a la minería mayores franquicias que las acordadas por las otras Provincias. La lucha daría por resultado la más ventajosa solución al gran problema. Los capitales prontos a emigrar, suspenderán su fuga, recobrando la confianza, y otros nuevos serán atraídos por los alagos de la libertad, tanto más preciosa si se ampara el trabajo del hombre.

Hay más aun. El Congreso acaba de sancionar cinco vías férreas para La Rioja, en atención a sus inmensas riquezas mineras que serán su tráfico, su vida. Una de ellas se construye, y dentro de poco pondrá al Famatina en contacto con las grandes plazas comerciales.

El nuevo impuesto arruinando la industria por la absorción del producto, dejaría burlados los propósitos generosos del Congreso al dotarla de ferrocarriles; aparte de que disminuye en un 50 por ciento el tráfico probable de los mismos.

Esta consideración, de un enorme pesó, exige que se dé desde luego la más amplia de las libertades, y las franquicias y estímulos de más fecundos resultados. No purgaríamos jamás la falta de haber esperado la primera locomotora con los almacenes vacíos de metales.

Comentar la ley que crea el impuesto, es destruirla; pero sería tarea muy extensa. Baste decir que es obscura, cruel, injusta, antieconómica, destructora, onerosa, inaplicable, impolítica, y en ciertos detalles, inconstitucional: obscura, porque hay cláusulas que necesitan explicación; cruel, porque fija un tipo exhorbitante; injusta, porque no es equitativa; antieconómica, porque tiende a impedir la extensión de la industria; destructora, porque absorbe la producción; onerosa, porque el personal necesario para cumplirla cuesta más al Gobierno que el producto del impuesto; inaplicable, por la complejidad de su mecanismo; impolítica, porque es inoportuna; inconstitucional en alguna de sus cláusulas, porque grava la exportación fuera de la provincia, lo cual está prohibido, y no puede hacerse ni siquiera indirectamente.

Su efecto nocivo ha sido inmediato. Contratos realizados se han rescindido, capitales en viaje se han acobardado, trabajos en acción se han suspendido. Y el resultado ha sido que ni la ley ha podido aplicarse, ni el impuesto ha producido hasta ahora nada, y la crisis es abrumadora.

IV

¿Cuál es, pues, el remedio final?

Tres caminos proponemos al Gobierno, y a la Legislatura en su caso: l^9 Suprimir todo impuesto directo sobre la producción de las minas, a ejemplo de algunas naciones y provincias; 2^9 Reemplazarlo por un impuesto módico sobre el producto líquido de la venta, con las excepciones de la ley francesa y su jurisprudencia; 3Q Prorrogar el tiempo para la aplicación del Código en cuanto se refiere al amparo y al pueble de las minas, basándose en el artículo 278, mientras dura la crisis industrial y obrera, dejando subsistente, en vez de la patente antigua, un impuesto general que represente su valor.

Pero insistimos sobre la conveniencia de aplicar por dos o tres años el primero de los medios propuestos, que reputamos el más conveniente en el actual estado de las cosas.

El solo anuncio de la medida que se proyecta ha causado ya una reacción favorable en el mercado de negocios de Buenos Aires: los empresarios que se hallaban dispuestos a levantar sus trabajos, vuelven a dedicarse a la labor abandonada. He ahí de antemano sancionada por el éxito la derogación de la ley.

Debemos, para ser justos, criticar el proceder de los mineros en presencia del impuesto. Ellos debieron reunirse como gremio y presentar a la Legislatura o al Poder Ejecutivo los perjuicios que les traía el nuevo impuesto, y no protestar calladamente, levantando sus trabajos. El particular perjudicado por un acto de gobierno, tiene en todo caso el derecho de petición, y siendo este el camino legal, no comprendemos por qué se lo ha abandonado.

La opinión pública ha demostrado el error de esta ley, y el gobierno se dispone a dar una amplia satisfacción a la opinión pública y a los intereses industriales de la Provincia, derogando el impuesto.

¿Se quiere un procedimiento más honrado? ¿Podrá la Legislatura negar su aprobación a un acuerdo que suspendiera los efectos de esa ley?

No es posible. Nuestros representantes son todos hombres que aman, sobre todo otro interés, la felicidad de su pueblo; y así como pudieron votar una ley que creyeron buena, inspirados en necesidades» apremiantes, así también no tendrán inconveniente, en corregir lo que ha resultado un error que perjudica los intereses más fundamentales de la sociedad.

Tal resolución adoptada en medio de la crisis general de la Provincia, vendrá como una ráfaga saturada de frescura a reanimar nuestro organismo fatigado por la lucha incesante contra una naturaleza avara en beneficios.

La opinión del país entero, los capitales que nos dan la vida, verán en la supresión del impuesto un reconocimiento que llama de nuevo hacia nuestros cerros cuajados de metales preciosos, las fuerzas vivas que elaboran los productos de la industria humana y la riqueza social.

Habremos correspondido así a la fama secular de nuestras minas, que comienza desde la época mitológica de nuestra historia, en que los Incas se adornaron con el oro de nuestro Famatina, y en que el Sol ostentaba en sus templos monumentales la riqueza nativa, anunciada por la luz reflejada en sus planchas metálicas.

VI

CARTA DE D. ADOLFO IBAÑEZ

Apéndice del capítulo II

CARTA DE D. ADOLFO IBAÑEZ

Apéndice del capítulo II

Sr. Don Adolfo E. Carranza

Presidente de la Junta Nacional de Minería.

Muy señor mío:

En la sesión celebrada el 17 del que rige por la “Junta Nacional de Minería” que usted tan dignamente preside, y a la cual asistió el señor senador don Eugenio Tello, miembro de la Comisión que debe informar sobre el proyecto de reforma del Código de Minería, se me dió el encargo de suministrar a dicho honorable señor Tello, las observaciones que pudiera sugerirme la lectura y estudio de esa reforma, a fin de facilitar, si ello er^ posible, su más pronto despacho en la Cámara ante la cual pende en la actualidad su consideración.

I

DE LA REFORMA DE CÓDIGOS, Y EN PARTICULAR, DEL DE MINERÍA

Al emprender el estudio, en cumplimiento de su encargo, pude notar, desde luego, que si bien la reforma proyectada tendía a satisfacer necesidades que en parte se han hecho ya sentir, ella, sin embargo, se embarazaría y se postergaría indefinidamente, si siguiese el camino por el cual han optado los ilustrados autores del proyecto de reforma.

En éste, con efecto, no se trata de ligeras modificaciones, fáciles de una resolución más o menos rápida, sino de substituir en todo y por completo, el actual Código de Minería vigente, por el que se presenta ya redactado en todas sus partes. Siendo así, es también evidente que la discusión de la misma reforma dará lugar a importantes y prolongados debates, y demorará por un tiempo quizás indefinido, prolongándose también indefinidamente una situación a la cual es necesario poner término a la brevedad posible.

Sucede de ordinario, que cuando el Congreso trata de otorgar su sanción a un Código o a un voluminoso cuerpo de leyes, otorga también su confianza al autor o autores de tales proyectos, toda vez que estos vienen aparejados de los antecedentes indispensables, para estimarlos como el producto del estudio amplio y concienzudo de la materia. En tales condiciones la sanción legislativa no se hace esperar, y el país entra desde luego en posesión de leyes sabias y previsoras que lo hacen avanzar en el camino del progreso. Pero tratándose, no ya de un código o cuerpo de leyes armónicas y concordantes entre sí, sino por el contrario, de un código que va a introducir modificaciones substanciales al que existe, la confianza legislativa no puede sobrevenir tan fácilmente como en el caso anterior, puesto que las mismas modificaciones introducidas darán lugar al estudio de ellas y a su confrontación con las que se trata de reemplazar, produciéndose así una controversia tanto más prolongada, cuanto son más latos y comprensivos los tópicos sobre que habrá de recaer.

Por otra parte, el actual Código de Minería no ha estado todavía en vigencia tan largo espacio de tiempo, y bastante para formar el caudal de experiencia necesario con el objeto de conocer sus inconvenientes y ventajas, y de anotar las faltas que sea necesario subsanar y corregir.

Pocos peligros hay más graves para una sociedad bien constituida que el prurito de reformar sus leyes, sin que antes una premiosa necesidad así lo exija.'La Inglaterra es a este respecto un ejemplo que nunca conviene echar en olvido. A la sombra de sus antiguas tradiciones y al amparo de sus vetustas leyes nació, creció y se desarrolló, hasta ser hoy acaso el más poderoso imperio, y a la vez, el pueblo más libre y más próspero del universo.

Lo repito: las leyes de un país y sobre todo aquellas que reglan los derechos civiles de los ciudadanos, no pueden ni deben reformarse sino cuando una larga experiencia fundada en hechos prácticos y bien conocidos, hagan indispensable la reforma. En este particular el Estado debe siempre ser conservador.

Por lo demás, y si bien se mira, el actual Código, lejos de merecer las acerbas apreciaciones de la crítica, es digno, por el contrario, de sus mayores elogios.

Con efecto; de todos los códigos especiales de la materia que han llegado a mi conocimiento, ninguno es más completo que el que formuló y redactó el sabio e ilustrado doctor Rodríguez. Apoyado en una base verdaderamente científica, expone y desenvuelve sus diversas prescripciones con armónica y metódica precisión; y acaso su único defecto consiste en remontarse demasiado a las regiones de la teoría, como previendo y divisando ya el grandioso porvenir que aguarda a la industria minera, para la cual ha sido consultado especialmente.

Dados, pues, estos antecedentes, que son por decirlo así, las síntesis de mis convicciones al respecto, no me ha parecido de utilidad ninguna el entrar al estudio detenido y concienzudo del trabajo que es objeto de estas observaciones.

Tal vez habría entrado en él, y sin tal vez, le habría prestado mi aquiescencia en la mayoría de las disposiciones reformadas, si tuviese siquiera la presunción fundada de que el Congreso Nacional hubiera de despacharlo en la oportunidad conveniente. Pero por las razones indicadas me parece que ello no sucederá; y entonces habríamos producido una situación transitoria, y por lo demás, incierta, y con ella los perjuicios inherentes a todo lo que es deleznable y pasajero.

II

LA REFORMA DE MATERIAS ESPECIALES: LA AUTORIDAD

Y EL PROCEDIMIENTO

A mi juicio, pues, no debe emprenderse la reforma completa del Código de Minería: ella debe, por el contrario, limitarse a lo más indispensable. Lo único que no se puede postergar; lo único que hay que atender inmediatamente es el complemento indispensable de la ley substantiva, esto es, la ley adjetiva: aquella que constituye la autoridad minera y fija los procedimientos, tanto en lo que concierne a la constitución de la propiedad, como a la secuela y decisión de las cuestiones litigiosas.

El sabio redactor del Código vigente dedicó los títulos finales de su proyecto, el 18 y el 19, a llenar esta deficiencia; pero estos títulos fueron suprimidos, acaso por no encontrarse todavía el país en condiciones convenientes para entrar en este género de reformas.

Y a fe que hubo razón para ello.

El proyecto entraba a organizar un rodaje especial para los asuntos judiciales en materia de minería, estableciendo tribunales superiores, jueces letrados de primera instancia, jueces de distritos minerales, y las demás oficinas consiguientes y accesorias.

Este rodaje judicial, además de ser muy dispendioso y no estar por lo mismo en relación con la importancia de las necesidades que se intentaba satisfacer, introducía un procedimiento de excepción en el régimen ordinario y regular de la administración de justicia, perturbando así el orden ya establecido en la República sin positivas e inmediatas ventajas para el ramo de minería.

Por lo tanto, la labor del legislador debe circunscribirse ahora a llenar este vacío, y si se quiere, a introducir alguna modificación en la parte substantiva del Código vigente, como después lo indicaré.

Débese, pues, desde luego, crear y establecer lo que en dicho Código se apellida la “Autoridad minera", y débese en seguida indicar el procedimiento que habrá de seguirse, ya para la constitución de la propiedad, ya para la secuela de los juicios especiales en el ramo, su conocimiento y decisión. Sin ello, la propiedad misma queda incierta y precaria, y las disenciones y dificultades a que dé origen quedan también sin la inmediata solución que es indispensable.

Es de notar, desde luego, que en el Código de Minería se diseñan dos autoridades con atribuciones bien diversas entre sí: la una es la autoridad meramente administrativa, y la otra es la judicial, tanto para lo que puede llamarse la administración de justicia voluntaria, como la contenciosa.

A mi juicio, y mientras no se dicte un Código especial en la materia, bastaría con dictar al respecto las siguientes disposiciones: Primero, que la autoridad administrativa se ejerza por los gobernadores de provincia o de territorios nacionales, según sea la ubicación de las minas o establecimientos mineros, con la facultad de nombrar delegados en todos los puntos o centros en que, por su importancia, sea necesaria su asistencia. Correspondería a estos funcionarios todo lo que se relaciona con la seguridad, policía, orden y correcta administración de las minas. Segundo: que a los jueces ordinarios, ya provinciales, ya nacionales, según sea igualmente la ubicación de los minerales, corresponda todo lo que se relacione con la constitución de la propiedad minera, ya para tramitar las solicitudes de denuncios, de amparo y demás que correspondan a la administración de justicia voluntaria, ya para entender y conocer en todos los juicios contenciosos que se suscitaren con motivo de las transacciones mineras. En los lugares en que hubiere dos o más jueces, se daría a uno solo de estos la atribución especial de entender en el ramo de minería. Tercero: en cada provincia o territorio nacional habría por lo menos un escribano de registro encargado de llevar el de minería. Donde existan varios se daría a uno de ellos el encargo de llevar dicho registro, debiendo además actuar con el juez de minería en los asuntos del ramo. Los recursos que podrían entablarse serían los mismos que en los demás asuntos judiciales, y para ante los tribunales ordinarios.

En cuanto al procedimiento que debiera seguirse en los juicios de minería, yo adoptaría el que fija el título XIV del Código de Minería de Chile, y además el del título XV para la ejecución sobre minas.

Dictada una ley que comprendiera todas estas disposiciones, se habría, a mi entender, satisfecho una necesidad urgente, sin lo cual, el ramo de minería habrá de seguir en la situación verdaderamente irregular y anómala en que actualmente se encuentra, con evidente perjuicio y menoscabo de esa industria.

III

DEL AMPARO DE LAS MINAS: EL TRABAJO OBLIGATORIO

Y EL CANON

Pero he dicho poco ha, que tal vez convendría introducir alguna modificación en la parte substantiva del Código vigente, y con ello me refiero al amparo de las minas, o su pueble por medio del trabajo de cierto número de operarios durante un determinado tiempo, u otros medios equivalentes.

Este sistema de amparo sin el cual la mina cae en despueble, y queda en condiciones de poder ser denunciada y adquirida por otro, ha caído ya en desuso en la mayor parte de los países mineros, y se ha desechado como contrario al incremento de la minería y ocasionado dificultades sin cuento.

En Chile, donde estuvieron vigentes las Ordenanzas de Méjico, imperó aquel régimen, que continuó después con el Código dictado en 1874; pero fué abolido por el de 1889, que substituyó la patente a ese sistema de amparo. En Bolivia ha sucedido igual cosa.

La práctica ha venido a comprobar las ventajas de este nuevo sistema, que vino a dar a la propiedad minera la consistencia y estabilidad de que antes carecía, y que, más que ninguna otra industria, necesita.

En el campo de la teoría yo soy partidario de la propiedad en la más lata acepción de la palabra, hasta en sus mismas exageraciones. La propiedad es la base fundamental de todas las instituciones políticas y civiles de una sociedad, siquiera medianamente organizada, y sin ella, sin el respeto que se le debe, todo vacila y se desmorona. Para mí, pues, el dueño del suelo, el dueño de una finca, debe serlo igualmente de cuanto se encuentre dentro de sus límites, cualquiera que sea la condición de las substancias en él contenidas y cualquiera que sea su yacimiento.

Pero sé bien que esta teoría acaso no tenga más partidarios que yo, y por lo mismo, debo abandonarla por completo.

Mas, ya que so pretexto de utilidad pública o de cualquiera otra consideración, se ha puesto a la propiedad o al dominio del suelo las limitaciones que casi todos los códigos establecen en favor de la minería, fuerza es que la misma propiedad minera, ya que así se ha constituido, reúna, en cuanto sea posible, todos los caracteres y atributos del más amplio dominio.

El amparo por medio del pueble y el trabajo es el más ocasionado a la instabilidad e incertidumbre del minero. Ese medio es el origen y causa de los infinitos pleitos en que se ve envuelto, tan pronto como la suerte, o una atinada dirección en los trabajos, le han hecho encontrar el filón apetecido o el rico alcance que ha perseguido con tesón. El denuncio por despueble es la espada de Damocles que siempre pen< de sobre la cabeza del minero, sujeto a una legislación que lo establece.

La patente, mientras tanto, o el pago de una contribución como reconocimiento de una regalía del Estado, salva todos aquellos inconvenientes, y viene a establecer una especie de conciliación entre los partidarios de la propiedad exenta de limitaciones, y los que sostienen el principio de la utilidad pública y derechos exclusivos del mismo Estado.

A mi juicio, pues, es necesario modificar en este sentido las disposiciones que al respecto contienen los párrafos l^9 y 2^9, Título IX, del Código vigente, y las demás que con ellos se relacionan.

El proyecto de reforma que pende actualmente ante la consideración del Senado, adopta en este particular un sistema mixto bastante ingenioso, como es de verse en el título VII de dicho proyecto.

Mas ese sistema mixto, lejos de allanar los inconvenientes del pueble o amparo mediante el trabajo, no hace sino aumentarlos introduciendo un nuevo elemento perturbador que complica todavía más el derecho de conservar la propiedad. En lugar de la simplificación viene la complicación.

IV

EL IMPUESTO A LA MINERÍA — CONCLUSIÓN

Lo que en realidad tiene este título de verdadera importancia, es la disposición contenida en el art. 120, que, por lo mismo, copio a continuación. Dice así: “Art. 120. Los Estados no pueden someter las minas o su producción, como tampoco los establecimientos destinados al beneficio de sus propios metales, ni los talleres, acémilas y vehículos para uso exclusivo de sus concesionarios, a ningún otro impuesto que el papel sellado de actuación”. Con ello y con el pago de la contribución de patente, los mineros quedan exentos de toda otra gabela de este género.

Tal disposición, además de importar la mejor forma de protección que puede prestarse a la industria minera, importa a la vez la solución satisfactoria de muchas otras cuestiones que se tocaron en el seno de la Junta el día de la sesión de mi referencia.

Di jóse en ella, que convendría establecer que las minas eran originariamente propiedad del Estado federal y no de las provincias, a fin de someterlas siempre a las autoridades federales, que daban más garantías que las provinciales para su régimen y administración. Pero de aquí dimanarían graves cuestiones, no sólo constitucionales, sino también de aquellas que se rozarían con la condición autónoma de las Provincias, lo cual daría origen a serias y tal vez insalvables dificultades.

La disposición transcripta allana los inconvenientes, ya que ellos provendrían, en especial, del estímulo que siempre sienten las autoridades provinciales de procurarse recursos para atender a la satisfacción de sus múltiples necesidades.

Si una ley del Congreso Nacional indica taxativamente los únicos impuestos con que puede gravarse la minería, ésta queda libre de aquellos peligros, y puede tomar el vuelo y desarrollo que sólo se consigue dentro de un ambiente libre y despejado.

Nótase, además, en el proyecto de reforma la supresión del título XIV sobre la prescripción de las minas, materia que no debe sin duda quedar sujeta a las disposiciones de la ley común.

Considero, por lo que he expuesto, con toda la concisión y brevedad que me ha sido posible, que, a mi juicio, la ley que habría conveniencia en dictar, consitiría sólo en la que estableciese la autoridad minera y las oficinas de registro, y el procedimiento en asuntos de minería.

Sería, además, conveniente, la reforma del Código en lo relativo al amparo y conservación de las minas; pero esto no reviste los caracteres de urgencia que tiene la anterior medida, y podría esperarse otra oportunidad, que sería aque-lia en que el natural desarrollo de la industria la hiciera indispensable ([1]).

Me he permitido hacer por escrito estos ligeros apuntes a fin de que ellos puedan servir de base para las discusiones sucesivas que en el seno de la Junta se habrán de verificar, tratándose de la industria minera, llamada a figurar con ventaja y en un porvenir no remoto entre las más importantes de la República.

Con las consideraciones de mi distinguido aprecio, me es grato ofrecerme de usted afectísimo.

Adolfo Ibáñez.

INDICE

INDICE

LEGISLACION DE MINAS

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- 16.  Influencia de la minería en la sociabilidad hispanoamericana 31

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81. Derechos del usufructuario

83

82. Condición esencial...............................

.......... 84

83. Discusión y conciliación de textos

85

84. Los tutores y curadores

86

85. La hipoteca......................................

.......... 86

86. La dote

87

C. Epoca imperial.

87. Fisonomía general de la tercera época

89

88. El regalismo

90

89. Leyes excepcionales sobre canteras

90

90. Minas de oro y otros metales

92

91. Derecho privado minero

93

92. Impuestos a la minería

94

93. Síntesis del régimen administrativo

94

94. Minas de sal

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95. Resumen general

96

Lección III

Exposición y comparación de las fuentes de las leyes de minas

§ I. Legislación española antigua

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§ V. Legislación vigente en Europa y América del Norte. Países de derecho de accesión

§ IV. Período orgánico y legislativo (1853-1871.

Lección V

La legislación de minas en el derecho público nacional

§ I. Derecho constitucional

- 198.  Posición del Código de Minería en la Constitución Nacional 199

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§ II. Derecho administrativo

Pá?.

Lección VI

Del Código de Minería y de la legislación minera en general

§ I. De la legislación de minas en sus principios

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Lección VIII

Del dominio de las minas

§ I. De los sistemas fundamentales

- 379.  Teoría del trabajo, de Thiers

- 380.  Crítica y conclusiones

Pág.

- 347

- 348

§ IV. Sistema que considera las minas como res nullius

381.

Su definición

350

382.

Papel del Estado en esta teoría

351

383.

La escuela y su crítica

352

384.

Consecuencias jurídicas y prácticas

353

385.

Conclusiones

355

Lección IX

Del dominio de las minas,

( Continuación)

El sistema dominial y regalista

§ I. Definición del sistema

- 403. Explotación ferroviaria y explotación minera

614

Pág.

Lección X

Del dominio de las minas

( Continuación) § I. Caracteres especiales de la propiedad

Pág.

Pág.

- III. Estabilidad de la Propiedad Minera.

El proyecto de reformas del Título IX, § I del Código de Minería. Discurso en el Senado de la Nación              463

- I. Palabras de explicación personal. — Valor de la minería y su legislación. — La reforma del Código, en preparación. — Razón del cambio en las ideas y enseñanzas del autor                                              463

- II. El proyecto en discusión y su lugar en el organismo del Código de Minería. — Inconvenientes de las reformas inarticuladas                                        471

- III. Origen y evolución colonial de la legislación y de la propiedad minera argentina. — La reforma de 1853. — El dominio del Estado sobre las minas                  477

- IV. Bases constitucionales del problema de la propiedad minera. — Las minas, bienes privados de la Nación y las Provincias. — El Código Civil y la propiedad de las minas. — El Estado, distribuidor de la propiedad minera                                               480

- V. El trabajo forzoso en la ley y en la economía coloniales.

— Este es un interés privado de la corona y no un interés nacional; es un becho fiscal y no un hecho económico. — El trabajo forzoso y las ideas actuales        486

- VI. Carácter práctico y actual de la cuestión en debate.

— El trabajo forzado de las minas y las razas indígenas de la América española. — El monopolio fiscal de la Colonia y el del socialismo moderno. — Mineros de pleitos y mineros de minas. — La primera y pasajera reforma argentina de 1853                                493

- VII. Los países del trabajo obligatorio son los primeros en derogarlo. — Méjico, Perú, Bolivia, Chile. — Influencia de la reforma en el Perú. — La reforma en Chile y su éxito. -— Ventajas de la reforma en Bolivia         498

- VIII. La reforma en España. — Sus frutos económicos. — La desidia argentina y sus consecuencias. — La razón de imitación y sus inconvenientes: el ejemplo de los impuestos                                                  505

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- IX. Influencia de la instabilidad y la inseguridad de la vida y la legislación, en la historia minera de la República Argentina. — Situación actual de la industria y deber de la hora presente. — La tierra y la mina: su mal destino común. — El retrógrado sistema argentino: la propiedad condicional, incompleta, revocable         510

- X. Críticas al Código de Minería vigente. — La crítica jurídica: el doctor M. A. Saez. — La crítica profesional y técnica. — El trabajo forzoso es antisocial y antieconómico. — La ley de la oferta y la demanda             516

- XI. La grande y la pequeña industria: el trabajo obligatorio impide una y otra. — Las minas y el crédito ban-cario: la hipoteca minera. — Ausencia de un título perfecto                                                  520

- XII. Opinión inédita contra el sistema vigente: del señor Adolfo Ibáñez. — El trabajo forzoso y el denuncio: la espada de Damocles sobre el propietario. — Ideas de reforma. — Una valiosa opinión técnica del Ingeniero Emilio Hüniken. — Su proyecto de reformas. — Una ilustrada opinión jurídica sin firma de autor            525

- XIII. El denuncio o delación legalizada es inherente al régimen del trabajo forzoso. — El falso argumento del monopolio y del trust, —• Valor real y jurídico de estas palabras. — Las asociaciones mineras; sus ventajas y limitaciones en el Código argentino                      533

- XIV. La cuestión constitucional sobre impuesto a la propiedad minera. — El canon es un signo representativo de la propiedad misma. — Opinión del jurisconsulto doctor Ramón Ferreyra                                 538

- XV. Las bases del senador del Valle Iberlucea. — El sistema de la propiedad a término. — El sistema del contrato por cada mina concedida. — Resumen de las ventajas de la reforma. — Votación del proyecto                   543

- IV. El Código de Minería ante la Constitución.

Facultades del Estado nacional y provincial sobre concesiones de minas                                            553

Pág.

- V. El impuesto provincial a la minería.

Un artículo de 1888

577

587

- VI. Carta de don Adolfo Ibáñez.

- I.  De la reforma de Códigos, y en particular, del de

[1]

Adviértase que esta carta fué escrita en 1893, es decir, hace veintitrés años; y por consiguiente, las condiciones de la minería nacional y del mundo han cambiado hasta poner de estricta oportunidad y urgencia la solución a que este párrafo se refiere. (N. del AJ.

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OBRAS COMPLETAS

JOAQUIN V. GONZALEZ

l9 Caracteres excepcionales de la ley minera con r

LECCION III

152. Suiza. 1. En este país, como en Alemania, rig

39 Razones de doctrina, dentro ya de la especialid

LECCION VI

“El sistema de este proyecto reposa sobre el princ

LECCION VIII

LECCION IX

En la sesión del 21 de abril de 1810, el conde Est

VI

VI

XIII

I